¿Hay conflicto de intereses en el Tribunal de Ética Médica?

En días recientes, a la sede de El Espectador llegó una petición anónima, también dirigida al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la que se exige una aclaración ante la forma como se “llevan los procesos en el Tribunal Nacional de Ética Médica”, entidad encargada de sancionar a los médicos en relación con conflictos disciplinarios y éticos. La razón de esta solicitud, explican los autores, parte de lo que ellos interpretan como un posible conflicto de interés de su presidente, el doctor Jaime Fernando Guzmán.

Su primera preocupación se remonta a un correo que envió la Federación Médica Colombiana, también presidida por el doctor Guzmán, en la que se informa sobre la apertura de un servicio de asesoría jurídica al que pueden recurrir los afiliados de la federación. “Adicionalmente, este presidente, que tiene formación médica, jurídica y bioética, estará pendiente en forma directa de todos los procesos encargados a nuestros abogados”, dice el correo.

Por otra parte, la petición anónima se pregunta por la seguridad de los casos que llegan al tribunal, partiendo del hecho de que el doctor Guzmán también tiene un contrato como abogado especializado con el Hospital Militar. “Queremos y exigimos garantías en estos procesos”, solicitan al ministro.

Y aunque el anónimo considera estas dos razones suficientes para cuestionar las sentencias del tribunal firmadas por el presidente, el doctor Guzmán cree que se trata de una calumnia que busca desvirtuar su trabajo.

En principio, aclara, no existe ningún conflicto de interés. “Los magistrados somos particulares en ejercicio de función pública, no somos empleados públicos, por lo que no tenemos incompatibilidad con otro trabajo particular”.

El consultorio de abogados que abrió la federación, agrega, busca que los médicos tengan un lugar a donde acudir cuando son demandados o reciben quejas. La idea, a la final, es generar claridad respecto a algunas sentencias de la Corte que resultan absurdas desde el punto de vista médico, como “prohibir por jurisprudencia las infecciones hospitalarias o exigir legalmente que en el posoperatorio no puedan darse eventos adversos”. Su rol en este consultorio es ser un puente entre el médico y los abogados de la federación. “Ahí no tengo nada que ver, ni ninguna partición económica”, aclara.

En cuanto al contrato firmado con el Hospital Militar, a pesar de que en un inciso dice que una de sus actividades es “realizar el acompañamiento y seguimiento permanente necesario de los casos de falla frente al Tribunal de Ética Médica”, Guzmán aclara que, en la práctica, esta función no ha llegado a tal punto. “En el Hospital Militar tengo un contrato de prestación de servicios y simplemente asesoro. No litigo, ni voy ante los juzgados”.

Ahora, una de las grandes dudas que se puede leer en la solicitud anónima gira en torno a las ventajas que podrían tener los médicos, ya sea los que buscan la asesoría jurídica de la federación o los del Hospital Militar, a la hora de ser juzgados por el Tribunal de Ética Médica. Al respecto, el doctor Guzmán es contundente: si se da el caso, él tiene la obligación de declararse impedido.

“Cuando el tema es relacionado a ética médica o si ya está anunciado ante el tribunal, me declaro impedido porque soy segunda instancia y ni siquiera puedo conocer el caso. Si lo llego a conocer, entonces también me tengo que impedir de juzgar”, aclara.

El doctor Guzmán, además de tener cuatro especialidades médicas, entre las que se encuentran patología y cirugía cardiotorácica, es abogado con maestría en derecho penal y actualmente está cursando un doctorado en bioética. Trayectoria que, según cuenta, le ha dado mucha visibilidad, pero también varios enemigos. Por eso especula que la solicitud anónima podría venir de magistrados del Tribunal de Bogotá o del Tribunal de Cundinamarca que van a retirar de sus cargos prontamente, o gente que no ha estado conforme con sus fallos.

Al preguntarle si, aunque no exista ningún conflicto de interés, considera que podría estar en una zona gris, que algunos ven mal, responde que, en caso de que lo esté, estaría dispuesto a entregar la presidencia, pero seguir como magistrado.

Por ahora, lo cierto es que está a la espera de reunirse con el Ministerio de Salud para conocer una información que aún no ha llegado a sus manos. “La documentación me la van a dar prontamente y voy a responder por escrito”, concluye.

Mientras, según conoció El Espectador a través de un segundo derecho de petición, también anónimo, el Ministerio respondió que no tiene la facultad para adelantar este tipo de investigación y, en cambio, fue remitido a la Procuraduría.

En días recientes, a la sede de El Espectador llegó una petición anónima, también dirigida al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la que se exige una aclaración ante la forma como se “llevan los procesos en el Tribunal Nacional de Ética Médica”, entidad encargada de sancionar a los médicos en relación con conflictos disciplinarios y éticos. La razón de esta solicitud, explican los autores, parte de lo que ellos interpretan como un posible conflicto de interés de su presidente, el doctor Jaime Fernando Guzmán.

Su primera preocupación se remonta a un correo que envió la Federación Médica Colombiana, también presidida por el doctor Guzmán, en la que se informa sobre la apertura de un servicio de asesoría jurídica al que pueden recurrir los afiliados de la federación. “Adicionalmente, este presidente, que tiene formación médica, jurídica y bioética, estará pendiente en forma directa de todos los procesos encargados a nuestros abogados”, dice el correo.

Por otra parte, la petición anónima se pregunta por la seguridad de los casos que llegan al tribunal, partiendo del hecho de que el doctor Guzmán también tiene un contrato como abogado especializado con el Hospital Militar. “Queremos y exigimos garantías en estos procesos”, solicitan al ministro.

Y aunque el anónimo considera estas dos razones suficientes para cuestionar las sentencias del tribunal firmadas por el presidente, el doctor Guzmán cree que se trata de una calumnia que busca desvirtuar su trabajo.

En principio, aclara, no existe ningún conflicto de interés. “Los magistrados somos particulares en ejercicio de función pública, no somos empleados públicos, por lo que no tenemos incompatibilidad con otro trabajo particular”.

El consultorio de abogados que abrió la federación, agrega, busca que los médicos tengan un lugar a donde acudir cuando son demandados o reciben quejas. La idea, a la final, es generar claridad respecto a algunas sentencias de la Corte que resultan absurdas desde el punto de vista médico, como “prohibir por jurisprudencia las infecciones hospitalarias o exigir legalmente que en el posoperatorio no puedan darse eventos adversos”. Su rol en este consultorio es ser un puente entre el médico y los abogados de la federación. “Ahí no tengo nada que ver, ni ninguna partición económica”, aclara.

En cuanto al contrato firmado con el Hospital Militar, a pesar de que en un inciso dice que una de sus actividades es “realizar el acompañamiento y seguimiento permanente necesario de los casos de falla frente al Tribunal de Ética Médica”, Guzmán aclara que, en la práctica, esta función no ha llegado a tal punto. “En el Hospital Militar tengo un contrato de prestación de servicios y simplemente asesoro. No litigo, ni voy ante los juzgados”.

Ahora, una de las grandes dudas que se puede leer en la solicitud anónima gira en torno a las ventajas que podrían tener los médicos, ya sea los que buscan la asesoría jurídica de la federación o los del Hospital Militar, a la hora de ser juzgados por el Tribunal de Ética Médica. Al respecto, el doctor Guzmán es contundente: si se da el caso, él tiene la obligación de declararse impedido.

“Cuando el tema es relacionado a ética médica o si ya está anunciado ante el tribunal, me declaro impedido porque soy segunda instancia y ni siquiera puedo conocer el caso. Si lo llego a conocer, entonces también me tengo que impedir de juzgar”, aclara.

El doctor Guzmán, además de tener cuatro especialidades médicas, entre las que se encuentran patología y cirugía cardiotorácica, es abogado con maestría en derecho penal y actualmente está cursando un doctorado en bioética. Trayectoria que, según cuenta, le ha dado mucha visibilidad, pero también varios enemigos. Por eso especula que la solicitud anónima podría venir de magistrados del Tribunal de Bogotá o del Tribunal de Cundinamarca que van a retirar de sus cargos prontamente, o gente que no ha estado conforme con sus fallos.

Al preguntarle si, aunque no exista ningún conflicto de interés, considera que podría estar en una zona gris, que algunos ven mal, responde que, en caso de que lo esté, estaría dispuesto a entregar la presidencia, pero seguir como magistrado.

Por ahora, lo cierto es que está a la espera de reunirse con el Ministerio de Salud para conocer una información que aún no ha llegado a sus manos. “La documentación me la van a dar prontamente y voy a responder por escrito”, concluye.

Mientras, según conoció El Espectador a través de un segundo derecho de petición, también anónimo, el Ministerio respondió que no tiene la facultad para adelantar este tipo de investigación y, en cambio, fue remitido a la Procuraduría.