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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) publicó este 9 de mayo un pronunciamiento, haciéndole seguimiento a iniciativas legislativas como el proyecto de reforma a la salud. Esta ha sido una de las reformas más sonadas durante el gobierno de Gustavo Petro, y también una de la que ha generado más discusiones.
Una de ellas es por el costo fiscal que implicaría la reforma. A finales de febrero, el Ministerio de Hacienda había informado que el primer año de la reforma costará 9 billones de pesos. Más recientemente, recordó el CARF, las cifras publicadas por el Gobierno están entre 4 y 7 billones de pesos de gasto adicional fiscal anual para esta reforma.
Pero el nuevo informe del Comité advierte que, incluso si esos recursos son programados dentro de los topes de gasto compatibles con la Regla Fiscal, se identifican cinco riesgos asociados al proyecto de la reforma, que ahora cursa por el Congreso, que podrían elevar el costo fiscal de esta. (También puede leer: Esta es la “nueva” ponencia de la reforma a la salud)
Aunque los costos directos totales de la reforma serán evaluados por el Comité una vez que el proyecto de ley avanza por el Congreso, el informe ya señaló los cinco riesgos identificados. Estos son: el costo de la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto; el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan; insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones; falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación en el esquema propuesto, previamente compartido con el sector privado; e indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.
Por ejemplo, con relación a los costos de la atención primaria, el Comité explica que las estimaciones de Gobierno sobre la atención primaria podrían estar subestimadas, “por los costos de adquisición o renta, y/o de dotación y contratación, para los centros de atención prioritaria en los diferentes lugares del país”.
Y, por otra parte, destaca que el esquema actual, con las EPS, la restricción presupuestal y la unidad de pago por capitación, entre otros, protege los excesos de gatos en la atención primaria, mientras que “un esquema de subsidios a la oferta podría resultar en excesos de gasto que recaerían directamente sobre las finanzas del Gobierno Nacional”. (Le puede interesar: Contraloría llama al Gobierno a que precise el “costo real” de la reforma a la salud)
Según el análisis que hizo la entidad sobre lo que ha reportado el gobierno, el principal costo corresponde al asociado a los Centros de Atención Primaria (CAPS), pues sería responsable de alrededor del 27% del total de los gastos directos. Por eso, el Comité recomienda que una forma de mitigar el riesgo asociado estos podría ser a través de asociaciones público-privadas.
“Se deben valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma en el Congreso, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto”, dio como recomendación final el CARF.
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