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Este 20 de febrero se conocieron un par de documentos donde la Academia Nacional de Medicina, junto a otras agremiaciones de médicos, manifiestan su opinión frente a la reforma a la salud que está impulsando el gobierno de Gustavo Petro. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico de Cundinamarca, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), el Colegio Médico Colombiano y la Federación Odontológica Colombiana, son algunos de los grupos de especialistas que también firman uno de los textos.
En él, señalan los puntos del proyecto de reforma en los que coinciden. En primer lugar, resaltan la necesidad de llevar a cabo una reforma, pues, escriben, después de casi 30 años de la aprobación de la Ley 100, el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud (SDSSS) “necesita una reforma que permita avanzar en el goce efectivo de este derecho fundamental”. (Lea también: Reforma a la salud: parece que seguimos atrapados en los años 90).
También se destacan otros aspectos de la reforma, como la necesidad de fortalecer la Atención Primaria Integral en Salud (APIS) y “el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud”.
“Saludamos la conformación del Consejo Nacional de Salud, aunque consideramos que para ser más operativo debería tener un número menor de consejeros y que se reevalúe su conformación”, se lee en el documento firmado por varios gremios médicos.
Así mismo, dicen, “coincidimos en la reivindicación de la autonomía de los profesionales de la salud (Art. 17) el fortalecimiento de la Supersalud y el desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano, procurando su formalización laboral y la mejora en las condiciones de vida y de trabajo dignas y justas”.
Igualmente, a sus ojos, es valiosa “la creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud en cumplimiento”. Es un punto que también resalta otro documento publicado, exclusivamente, por la Academia Nacional de Medicina, y firmado por su presidente, Germán Gamarra Hernández, y su vicepresidente, Gabriel Carrasquilla.
Sin embargo, en ambos documentos manifiestan varias inquietudes.
Dudas frente a la reforma a la salud
En el documento firmado por varias organizaciones médicas, entre las que se encuentra la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE), dejan claro que tienen varias inquietudes. Una de ellas tiene que ver con la proliferación de entidades con funciones superpuestas.
Para estos organismos, la existencia de “tres nuevas entidades del orden nacional, más el fortalecimiento de tres ya existentes, 21 entidades regionales, sumadas a seis entidades por cada territorio (más de 60) que deberán hacer contratación con las IPS, auditoría, revisión de cuentas y flujo de recursos, además de otras múltiples actividades”, puede causar una “colisión de competencias” y un “riesgo de inoperancia, riesgo de cooptación política regional y desvío de recursos.” (lea también: PND: rectores de las universidades del país apoyan la meta de 500 mil nuevos cupos).
Asimismo, las organizaciones consideran que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) no está en capacidad técnica para asumir nuevas funciones, y también se habla de que la propuesta de crear siete redes distintas sin que se evidencie integración entre ellas en los territorios “advierte riesgo de fragmentación, nuevas barreras de acceso y afectación en la integralidad de la atención”.
Tampoco está claro, según el comunicado, la forma como se obtendrán los recursos financieros y de talento humano que se requerirán para la puesta en marcha de más de 2.500 centros de atención primaria (CAPIRS) que se propone adecuar o construir.
Para las asociaciones que firman el comunicado, “los médicos y las demás profesiones de la salud en servicio social obligatorio son insuficientes para cubrir las necesidades de los EMIT (Equipos Médicos Interdisciplinarios Territoriales) propuestos”. Además, cuestionan la conveniencia de que especialistas en formación sean trasladados a zonas periféricas, dado que las prácticas en lugares de carente infraestructura y formación docente puede interponerse en el proceso de aprendizaje.
“Si bien se propone formalizar a los trabajadores de las categorías operativas (42.784) y apoyo (85.859), iniciando por niveles de atención, a un costo estimado de $9 billones para los primeros 4 años, no se precisan las fuentes para la sostenibilidad de tal incorporación en el largo plazo”, se lee en otro apartado del boletín publicado este 20 de febrero.
Otro párrafo deja entrever una duda más frente a la creación de “comités de autorregulación médica en las IPS, en las cuales se incluyen otros profesionales, comités de temas financieros, y otros más, vulnerando el principio mismo de la autorregulación que debe ser por pares profesionales”.
“Advertimos que las sanciones penales y disciplinarias, enunciadas en el capítulo XVII, además de carecer de unidad de materia, desconocen las actuales y vigentes instancias para los procesos éticos – disciplinarios para los profesionales de la salud”, escriben los grupos médicos.
Por último, señalan que el documento presentado por Carolina Corcho establece nuevas definiciones de salud que no se ajustan con la evidencia científica global; que se evidencia un desestímulo en los trabajadores independientes para que se afilien a un CAPIRS y adquieran el derecho al Plan de Beneficios; y que no hay cifras totales de los recursos que requerirá el sistema en los próximos años, “incluido un plan financiero que defina fuentes y garantice sostenibilidad”.
Tampoco se evidencia un periodo definido de transición. Sobre ese mismo punto, el documento publicado exclusivamente por la Academia Nacional de Medicina también deja en claro su preocupación: “No está claro cómo será, ni cuánto tiempo tomará el proceso de transición entre el actual modelo de salud y el que se propone. El artículo 149 del Proyecto de Ley 339 se enfoca en el régimen de transición y evolución hacia el sistema de salud. Este artículo parece estar dirigido solo a que las actuales EPS hagan entrega de sus afiliados a los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva (CAPIRS). No obstante, en el punto 3 de este artículo, en el segundo párrafo, se anota que se hará un proceso de territorialización de las EPS, ¿Indica esto que las EPS continuarán en las áreas concentradas donde puedan organizar Redes Integradas de Servicios de Salud (RIIS)? ¿Por cuánto tiempo?”. (Lea también: Reforma a la salud: ¿será más fácil tener una cita con un especialista?).
Asimismo, la Academia advierte un riesgo de doble trámite de traslados para millones de usuarios. Y, por último, se señala que no hay un plan definido para evitar la corrupción y la cooptación de las instituciones del sector salud por parte de agentes ajenos, situación que ha afectado el acceso a este derecho fundamental para los colombianos.
Estos son los comunicados completos publicados por las agremiaciones médicas y por la Academia Nacional de Medicina.
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