Investigan presuntos cobros excesivos en medicamentos para la hipertensión pulmonar
Tres empresas están implicadas en el presunto cobro excesivo de este medicamento, que al parecer, se estaba comercializando con una diferencia del 150 % sobre el valor regulado.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra las compañías encargadas de la distribución y comercialización del medicamento Remodulin, el cual se usa para tratar la hipertensión arterial pulmonar. De acuerdo con la entidad, Ferrer Internacional S.A., Ferrer Colombia S.A.S. y Pint Pharma Colombia S.A.S, habrían realizado “distintas actuaciones para eludir la regulación del control directo de precios del Remodulin, con el fin de incrementar excesivamente su precio”.
Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2022, cuando, según la SIC, Ferrer Internacional, habría realizado una modificación formal a la presentación del medicamento para obtener la asignación de nuevos CUM (código único de medicamento), la identificación con la que se regulan los precios máximos del Remodulin, y así eludir este control.
(Lea; OMS alerta la falsificación de productos para adelgazar y tratar la diabetes)
“La modificación formal que Ferrer Internacional realizó consistió en adicionar unos dispositivos que no eran fundamentales para la aplicación o efectividad del medicamento, que podrían adquirirse por separado y que no justificaban la significativa diferencia entre el precio de venta y el regulado”, afirma la Superintendencia en un comunicado.
Esta situación, agregan, llevó a que Pint Pharma y Ferrer Colombia, presuntamente, comercializaran los medicamentos con la misma composición y cantidad que el medicamento regulado, pero con un precio excesivamente mayor al determinado en la regulación, (150 % más elevado).
(Lea: Habla el interventor de Nueva EPS: “Aquí no hay objetivos económicos ocultos”)
“El medicamento Remodulin se comercializa principalmente en el canal institucional debido a su alto precio. Por lo anterior, el comportamiento habría generado un posible detrimento al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que abastece los medicamentos para atender las necesidades de los afiliados a dicho sistema”, informó la SIC.
En caso de que estos hechos sean comprobados, las empresas implicadas podrían ser multadas con hasta 100.000 salarios mínimos mensuales.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra las compañías encargadas de la distribución y comercialización del medicamento Remodulin, el cual se usa para tratar la hipertensión arterial pulmonar. De acuerdo con la entidad, Ferrer Internacional S.A., Ferrer Colombia S.A.S. y Pint Pharma Colombia S.A.S, habrían realizado “distintas actuaciones para eludir la regulación del control directo de precios del Remodulin, con el fin de incrementar excesivamente su precio”.
Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2022, cuando, según la SIC, Ferrer Internacional, habría realizado una modificación formal a la presentación del medicamento para obtener la asignación de nuevos CUM (código único de medicamento), la identificación con la que se regulan los precios máximos del Remodulin, y así eludir este control.
(Lea; OMS alerta la falsificación de productos para adelgazar y tratar la diabetes)
“La modificación formal que Ferrer Internacional realizó consistió en adicionar unos dispositivos que no eran fundamentales para la aplicación o efectividad del medicamento, que podrían adquirirse por separado y que no justificaban la significativa diferencia entre el precio de venta y el regulado”, afirma la Superintendencia en un comunicado.
Esta situación, agregan, llevó a que Pint Pharma y Ferrer Colombia, presuntamente, comercializaran los medicamentos con la misma composición y cantidad que el medicamento regulado, pero con un precio excesivamente mayor al determinado en la regulación, (150 % más elevado).
(Lea: Habla el interventor de Nueva EPS: “Aquí no hay objetivos económicos ocultos”)
“El medicamento Remodulin se comercializa principalmente en el canal institucional debido a su alto precio. Por lo anterior, el comportamiento habría generado un posible detrimento al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que abastece los medicamentos para atender las necesidades de los afiliados a dicho sistema”, informó la SIC.
En caso de que estos hechos sean comprobados, las empresas implicadas podrían ser multadas con hasta 100.000 salarios mínimos mensuales.