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La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) presentó un ejercicio de estimación del costo del sistema de salud con la implementación de la reforma que se discute en el Congreso y que acabó de ser aprobada en primer debate en la Comisión Séptima. Según los empresarios, el proyecto de propuesta no es compatible con las capacidades fiscales del país en los próximos años. La Andi proyectó el costo total del sistema de salud con reforma en los próximos 10 años (desde 2025 y hasta 2034), que es el horizonte que han utilizado los Ministerios de Hacienda y de Salud en sus proyecciones. “Si se sigue por la senda que llevamos, vamos a tener un inmenso problema fiscal que el país no está contemplando en el marco fiscal de mediano y largo plazo. No tenemos los recursos”, resumió Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
A la asociación que reúne a los empresarios le preocupa el costo fiscal de la reforma. Según la Andi, las proyecciones de Minhacienda subestiman en $163 billones el costo del sistema. Anwar Rodríguez, vicepresidente de la cámara de salud de la Andi, detalló que los cálculos de Minhacienda no son realistas ni corresponden al texto de la ponencia que acabó de ser aprobado en primer debate. De hecho, hay gastos que ni siquiera se consideraron, por ejemplo, lo que costaría el sistema de información en el sistema.
De esta manera, por ejemplo, si se implementara la reforma a la salud desde el 1 de enero de 2025, la Andi estima que ese año los costos del sistema de salud ascenderían a $112 billones, mientras el Gobierno está estimando que serían de $99,6 billones. Las diferencias se seguirían ampliando en los siguientes años: en 2030, la Andi proyecta que el sistema de salud (implementada tal cual está hoy la reforma) costaría $143 billones, mientras que para el Gobierno el costo sería de $126 billones. En 2035 los empresarios creen que el costo anual llegaría a los $178 billones, mientras para el Gobierno sería de apenas $148 billones.
La variable fundamental que explica la diferencia entre lo que proyecta la Andi y el Gobierno está en el gasto de mediana y alta complejidad, los servicios que históricamente son más caros. “Se está dando una falsa sensación de sostenibilidad fiscal en el sistema”, dijo Rodríguez. Según las proyecciones del Gobierno, la tendencia de crecimiento en este gasto pasaría de poco más de $70 billones en 2024, a $94 billones en 2034. Sin embargo, la Andi estima que ese crecimiento sería mucho mayor: de alrededor de $118 billones en 2034. Adicionalmente, los empresarios tampoco están de acuerdo con las proyecciones de Minhacienda alrededor de lo que costaría el saneamiento de los pasivos de los hospitales públicos. Mientras el Gobierno estima que eso costará $3,6 billones, la Andi estima que eso costará, en cambio, $10,4 billones, a corte de junio de 2024.
Otras sendas de gasto que no están bien evaluadas para la Andi son el crecimiento del SOAT y lo que costarán los incentivos del gasto en mediana y alta complejidad que estipula la reforma. Hay variables que no están en el concepto del Minhacienda y que los empresarios sí consideran. Por ejemplo, la formalización del talento humano de las instituciones de salud del estado costaría más de $1,5 billones. El proyecto de ley que fue aprobado también establece que la Nación “podrá” asumir los pasivos de Nueva EPS, la EPS más grande del país y en donde el Gobierno tiene el 49% de las acciones. A 1 de marzo, esa entidad tiene un patrimonio negativo de $6,5 billones. Este costo, según la Andi, tampoco es considerado por Minhacienda.
Por otro lado, la Andi incluye otras variables interesantes, como el recaudo de los impuestos saludables, que se transferirían al sector salud, según lo estipula el proyecto en el apartado de nuevas fuentes de financiamiento. Ese recaudo representaría $1,7 billones de ingresos adicionales al sistema. “Los dineros no alcanzan para cumplir la promesa que el Estado le ha hecho a los ciudadanos en materia de salud”, concluyó.
¿En qué va la reforma a la salud?
El Gobierno logró que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobará el pasado 18 de septiembre la reforma a la salud en primer debate. Como lo explicamos en estas páginas, la reforma traería grandes cambios en el sistema de salud, entre ellos que las EPS deberán decidir si se convierten en Gestoras de Vida y Salud. La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), el llamado banco de la salud, asumiría como pagador único del sistema. Esto significa que efectuará giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías, de naturaleza pública, privada y mixta.
Sin embargo, para que la reforma se convierta en una realidad, aún debe transitar un largo camino, pues le quedan todavía tres debates: uno en la plenaria Cámara, otro en la Comisión Séptima del Senado y uno más en la plenaria del Senado. Posteriormente, y si pasa todos estos debates, iría conciliación. “Luz verde a la Reforma a la Salud en su primer debate en la Comisión VII. Este avance es un resultado concreto del Acuerdo Nacional, materializado gracias al diálogo en mesas técnicas con representantes del sector salud. El Congreso, y en particular la Comisión VII, demostraron que es posible construir consensos y mejorar las propuestas iniciales del Gobierno”, escribió en su cuenta de X, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Sin embargo, para uno de los opositores más visibles de la reforma, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, “este proyecto no resuelve los problemas actuales. El gobierno sigue darle la cara a los pacientes que sufren enfermedades de alto costo; sin pagar los presupuestos máximos. Debería asumir las responsabilidades actuales y darle la cara a los pacientes”, aseguró luego de que se llevara a cabo la votación. Entre otros argumentos, Forero criticó que las redes de servicio que plantea el gobierno son “enmarañadas”, y en lugar de facilitarle el acceso a los pacientes, “se los termina complicando”.
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