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A finales de julio el presidente Iván Duque concedió una entrevista a este diario. Una de las dudas que resolvió estaba relacionada con la propuesta que en 2020 hicieron India y Sudáfrica para suspender temporalmente algunos aspectos de las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Era un camino, advertían, para permitir que más países accedieran a ellas. El presidente Duque, entonces, aseguró que su Gobierno ya le había dado el respaldo a esa iniciativa y que solo hacían falta unos pasos protocolarios para hacer efectiva su posición en Ginebra, Suiza. En otras palabras, la orden parecía estar dada.
El anuncio oficial, sin embargo, nunca se hizo público. A oídos de quienes conocen el mundo de la propiedad intelectual y los medicamentos tampoco llegó esa noticia. Carolina Bortero, directora de la Fundación Karisma, resumía ayer en una columna de El Espectador lo que parece haber ocurrido en este año: “Desde que la propuesta se hizo, hace más de un año, ha tenido amplio respaldo de los países del sur global, organizaciones de la sociedad civil y academia alrededor del mundo, sin embargo, la oposición ha sido sobre todo de los países ricos y... Colombia ha estado allí. Primero apoyó la propuesta de los grandes del Norte para pedir más evidencia, y últimamente simplemente ha decidido estar en silencio”. (Le puede interesar: Las otras preguntas sobre la farmacéutica Moderna)
La última respuesta provino esta semana del Ministerio de Salud, al contestar un derecho de petición que había interpuesto Vivian Newman, directora de Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); Rodrigo Uprimny, investigador de esa organización, y Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder”, de la Universidad Nacional.
En dos páginas, el Minsalud despejó las dudas: “Como lo ha manifestado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se sostiene una postura equilibrada y solidaria con la realidad. Colombia trabajará sobre el texto de la propuesta de exención en discusión, aquellas que se han manifestado por otros miembros y aquellas que surjan en el camino para lograr un consenso. Todas las opciones de solución deben ser contempladas, y Colombia está comprometida con este objetivo, priorizando la construcción de una solución que responda al acceso real de vacunas a escala mundial”.
“Se hace necesario destacar que las soluciones planteadas deberán ser reales y efectivas, con el fin de que sea una opción real de proporcionar acceso global a vacunas y tratamientos en esa posición del Gobierno colombiano”, apuntaba el Minsalud más adelante. (Le puede interesar: India aprobó la primera vacuna de ADN en el mundo. ¿Qué significa para la pandemia?)
¿Quiere decir eso que el Gobierno no ha apoyado, como prometió, la iniciativa de India y Sudáfrica? A los ojos de quienes enviaron el derecho de petición, esa es la conclusión más clara. Para despejar la duda intentamos comunicarnos desde el jueves con el ministro de Salud, pero al cierre de esta edición había sido imposible.
Como lo dice el documento, la respuesta que dieron a los investigadores de Dejusticia y a la profesora Vaca estaba basada en la postura que en junio había manifestado el Ministerio de Comercio. En otra respuesta a un derecho de petición realizado por Dejusticia, sus voceros hacían un resumen de lo dicho por la delegación colombiana en las reuniones que se llevaron a cabo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad donde se discute la propuesta de India y Sudáfrica.
A lo largo de 14 páginas, María Paula Arenas Quijano, directora de Inversión Extranjera y Servicios, y Mauricio Andrés Salcedo, Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, explicaban, palabras más, palabras menos, que la postura del país, hasta aquel entonces, no estaba alineada con la suspensión temporal de patentes. (Le puede interesar: En estos casos Colombia permitirá combinar terceras dosis con Pfizer y Moderna)
“Colombia ha manifestado la necesidad de hacer una revisión integral de las posibles alternativas, incluyendo las medidas para evitar la restricción y facilitar exportaciones. El uso de la propiedad intelectual debe estar encaminado al fortalecimiento de cadenas de producción y suministro de vacunas, que podrían ayudar a superar la crisis que estamos viviendo”, señalaban en un apartado.
“Colombia ha manifestado también la importancia de discutir las alternativas para atender globalmente incrementos súbitos de la demanda de medicamentos, vacunas u otros bienes necesarios para atender la emergencia, a partir de la transferencia de información, conocimiento y de tecnologías, para asegurar que se garantice el acceso global, de tal forma que se atiendan las necesidades de toda la población”, anotaban en otro.
Al final hacían una síntesis de su postura frente a la propuesta que ya han apoyado más de 100 países: “Colombia ha reiterado la necesidad de que la decisión que resulte del consenso de los miembros de la OMC constituya una opción real para proporcionar acceso global a vacunas y tratamientos en contra del COVID-19”.
Un párrafo más resumía su posición: “La estrategia y la posición país debe ser cuidadosamente presentada con miras a no frustrar el objetivo diplomático buscado conforme a los lineamientos de política exterior y comercial relevante”.
La pregunta en este punto es si esa iniciativa podría, realmente, cambiar el panorama actual de escasez de vacunas, del que ya Colombia se ha visto afectada. Para Newman, Uprimny y Vaca, tal y como escribieron en el derecho de petición, esa “liberación temporal” de patentes y la transferencia de conocimiento a otras compañías o instituciones que puedan producir biológicos permitirían un incremento rápido de la producción.
Ya, de hecho, algunas empresas han intentado solicitar una “licencia voluntaria” a las farmacéuticas dueñas de las vacunas, pero estas se han negado. Biolyse Pharma Corp. de Canadá, por ejemplo, le hizo la solicitud a Johnson y Johnson para producir 400.000 dosis por semana. Su respuesta fue un rotundo “no”.
