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El Gobierno y las asociaciones de pacientes, las cuales aseguran que están teniendo problemas para acceder a servicios de salud y tratamientos, atraviesan momentos de tensión. Ayer, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) emitieron un comunicado en el que afirman que la tardanza en aprobar o rechazar nuevos medicamentos no se debe a su alto costo, sino a que los mecanismos de aprobación “no son tan confiables como se quisiera”.
Por ejemplo, el Invima se refirió al producto Ataluren, el cual es para tratar una enfermedad rara y tiene un valor por paciente y por año de aproximadamente $200 millones. La Adres, dice la entidad, ha pagado más de $22.700 millones por este medicamento durante los últimos cuatro años. Sin embargo, este se retiró recientemente del mercado en Europa y Estados Unidos por no haber demostrado utilidad.
Según el comunicado, hay una campaña de deslegitimación al Invima que viene ocurriendo desde hace un par de años, en particular hacia los miembros de la Sala Especializada de Medicamentos de la Comisión Revisora, debido a la tardanza en aprobar las innovaciones.
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El Invima menciona que la narrativa de la llamada “crisis por el desabastecimiento de medicamentos” resultó en la medida cautelar de octubre de 2023 que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso al Ministerio de Salud y al instituto, en la que se le ordenaba agilizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos y alimentos que supuestamente estaban pendientes en ese momento. Sin embargo, recientemente, la medida fue revocada por el Consejo de Estado.
Además, en el documento se asegura que “es importante diferenciar que una cosa son las organizaciones y otra cosa son los pacientes que diariamente enfrentan barreras de acceso a medicamentos. Las mismas organizaciones que se tomaron las calles para presionar al Ministerio y al Invima, por el desabastecimiento de medicamentos vitales para epilepsia, diabetes y enfermedades raras, con origen en problemas estructurales del sector farmacéutico, son las que ahora presionan por el retraso en la aprobación de innovaciones. El tema sale a flote siempre que en el Congreso de la República se debate la Reforma a la Salud”. Más adelante, se agrega “no es aceptable que se instrumentalice la esperanza de pacientes y familias por perseguir una rentabilidad económica o se utilice como arma política contra la reforma a la salud”.
La respuesta al Invima y a la Adres por parte de Pacientes Colombia no se hizo esperar. Las 198 asociaciones agrupadas allí afirmaron que el comunicado de las entidades se contradice con lo que dijo públicamente Francisco Rossi, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en octubre, cuando participó en el “II Congreso de Enfermedades Raras para Latinoamérica y el Caribe”.
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“En los últimos tres meses una vez cada dos semanas estamos invitados a un evento en el que se nos pregunta por qué el Invima se demora tanto en aprobar medicamentos nuevos e innovaciones. Siempre la respuesta es muy compleja, pero empezamos diciendo que porque son muy caros. Son tan caros, que sus precios hacen que sean medicamentos que no están destinados a países en desarrollo”, aseguró en ese momento el funcionario.
Su intervención generó polémica. La Asociación Colombiana de Genética Humana (ACGH) calificó las declaraciones como “desafortunadas y problemáticas”. Cuatro fundaciones de pacientes de enfermedades huérfanas también manifestaron su molestia. A través de dos cartas, expusieron sus razones, como informamos en El Espectador.
Por su parte, Pacientes Colombia sostiene que el Invima “de forma intencional y extralimitándose de sus funciones, ha demorado la aprobación de medicamentos para ciertas enfermedades, actuando así en contravía de lo establecido por la Constitución. El instituto no tiene entre sus competencias definir qué tratamientos deben comprarse para el beneficio de los pacientes. Es una falla disciplinaria y un abuso de poder que la entidad se crea en la capacidad de priorizar qué vidas deben salvarse, bajo una lógica de costo eficiencia que no le compete”.
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Mientras que el Invima expresa que su prioridad es la salud y el bienestar de los pacientes y que su misión es velar por aprobar medicamentos eficaces y seguros, las asociaciones apuntan que las funciones regulatorias y sanitarias de la entidad no se están cumpliendo. Según ellas, el Invima atraviesa por una crisis operacional en la que, afirman, ha acumulado un gran número de trámites. “Hoy es la agencia con los tiempos más largos de aprobación de toda América Latina, incluso entre países que tienen menos capacidad operativa”, se lee en el comunicado de Pacientes Colombia.
De acuerdo con el documento de las asociaciones, algunos medicamentos no tienen registro solo en seis países, siendo uno de ellos Colombia. Además, se han negado moléculas que ya fueron aprobadas por autoridades de referencia internacional como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
“Como pacientes, exigimos ser escuchados y respetados. (...) Las graves aseveraciones del Invima y la ADRES desdibujan nuestra lucha por más de 15 millones de pacientes de enfermedades crónicas, severas, huérfanas y de alto costo e impacto social (...) Las 198 organizaciones de pacientes ratificamos que nuestros intereses no responden a ningún interés político ni mucho menos comercial, como lo señala el comunicado del Invima y la Adres”.
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De ese modo, Pacientes Colombia solicitó a dichas entidades que se retracten de las afirmaciones que, según la organización, instan a la estigmatización de la legítima protesta y la sociedad civil. También, en el comunicado se pidió la renuncia inmediata de Francisco Rossi como director de la entidad. Algunos de los firmantes fueron la Asociación Colombia Saludable, la Fundación Rasa, la Liga Colombiana de Hemofílicos, la Fundación Retorno Vital, la Fundación Voces Diabetes Colombia, la Asociación Hepáticos y Renales y la Fundación Colombia de Leucemia y Linfoma.
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