La Fiscalía adelanta procesos de investigación interna en Nueva EPS, reveló Supersalud

Durante la mañana de este jueves, el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, presentó los hallazgos iniciales de la intervención en tres EPS del país: Sanitas, SOS y Nueva EPS. Sobre esta última, el funcionario ya había adelantado en días anteriores que su entidad había encontrado más de 12 millones de registros de facturas radicadas en proceso de auditoría por valor de más de $4.4 billones de pesos, obligaciones que no fueron incluidas en los estados financieros de la EPS en el momento oportuno (lo que denominó “pasivos ocultos”) y que acumulan, según la entidad, un valor de $5.7 billones. (Puede ver: Las irregularidades que, según la Supersalud, ha habido en la EPS SOS)

“Eran facturas que se encontraban engavetadas y que no habían sido legalizadas en el sistema, y que genera múltiples dudas sobre el manejo oportuno y adecuado en materia financiera y en los balances que se presentaban a la junta directiva de esa EPS año tras año”, dijo Leal. Dicho “ocultamiento” se habría realizado a través de una modalidad que el supersalud llamó “jineteo”: es decir, explicó, año tras año, y para lograr un balance financiero adecuado, se ocultaban las facturas del año y se registraban como si fuesen del año siguiente. “Se ha detectado que eso habría ocurrido al menos desde el 2019 y presuntamente desde años atrás”, agregó. La Fiscalía se encuentra adelantando un proceso de investigación al interior de esa EPS.

Julio Alberto Rincón, agente interventor de Nueva EPS, detalló después el cálculo de esas facturas no presentadas por año: en 2019 fueron de unos $653.021 millones, en 2020 de unos $8.341 millones, en 2021 la cuantía superó el billón de pesos ($1.03), en 2022 superó los $2,3 billones y en 2023 fue de $1,3 billones. Rincón aseguró que han sido encargadas firmas auditoras para revisar la certeza de dicha facturación sin procesar. También aseguró que le ha solicitado a todas las IPS, tanto públicas como privadas y que integran la red de atención en el país, enviar la información de las facturas que se radicaron entre las vigencias 2019 y 2023, con el fin de contrastar y actualizar el sistema de información de Nueva EPS.

Frente a este señalamiento, los exmiembros de la junta directiva de esa EPS respondieron a través de un comunicado. Allí, afirman que “la Junta Directiva, en sus sesiones ordinarias y extraordinarias en los periodos comprendidos entre los años 2019 a 2023, NUNCA (mayúsculas usadas en el documento original) fue informada ni por el presidente de la empresa, ni por el Revisor Fiscal, ni por los Auditores de la existencia alguna de facturas que no estuvieran adecuadamente contabilizadas en los estados financieros de la empresa, menos aún de facturas que alcanzan los $5,5 billones”.

También aseguran que las revisorías fiscales realizadas, por parte de Deloitte and Touche y KPMG, así como los dictámenes y opiniones sobre los estados financieros anteriores al de 2023, “siempre tuvieron calificaciones satisfactorias referentes a la situación financiera y jamás presentaron salvedad alguna sobre la veracidad de los datos e informaciones financieras presentadas por la administración a la Junta Directiva”.

Leal también denunció que Nueva EPS hacía pagos de servicios de salud a los prestadores (clínicas y hospitales) desconociendo si dichos servicios se estaban o no prestando, pues no pedía reportes, especialmente en lo concerniente a la promoción y prevención en materia de salud (una de las apuestas del Gobierno de Gustavo Petro). “Existen múltiples contratos al interior de la Nueva EPS que no se han legalizado, que faltan datos y que no proporcionan una adecuada auditoria, es decir, que no se puede revisar si, efectivamente los contratos que estaba haciendo Nueva EPS y por lo cuales estaba apagando, estaban cumpliendo su objetivo y beneficiando a la población”, dijo Leal.

El funcionario resaltó, por ejemplo, que la EPS estaba pagando el 100% de las atenciones en materia de promoción y salud, y, sin embargo, había fallas en las actividades. Los porcentajes de consulta en planificación familiar apenas llegaban al 26.8%. La tamización para cáncer de mama en Nueva EPS era de un 37.8%. La tamización para cáncer colorrectal era de un 23.3% y la tamización para cáncer de próstata era de un 32.4%. (Puede ver: Estos son los hallazgos de la Superintendencia de Salud en la EPS Sanitas).

“Todo esto resulta en que no se genere un adecuado plan y manejo para las enfermedades que son detectables y prevenibles si se detectan a tiempo, con un impacto alto para la sociedad y las personas afiliadas, teniendo resultados lamentables como que las personas tuviesen que ser diagnósticas en las enfermedades crónicas y muchas veces terminales, en el servicio de urgencias, que no es el adecuado para eso”, dijo Leal. Y puso un caso para entenderlo: pacientes con enfermedad renal crónica que ya requerían diálisis y que recibían su diagnóstico en una sala de urgencias “y que lamentablemente nunca habían tenido la oportunidad de acceder a una toma de tensión arterial, aun cuando la EPS estaba realizando los pagos y aun cuando los costos médicos se venían incrementando al interior de Nueva EPS”.

De acuerdo con el informe de accesibilidad de tutelas y PQR disponible hasta ahora, el interventor de Nueva EPS manifestó que los departamentos con mayor dificultad en la prestación son Cundinamarca y Distrito Capital, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Huila.

La Supersalud alertó sobre un incremento del 58% en el gasto médico que reportó Nueva EPS entre las vigencias 2022 y 2023, lo que a su vez, dice la entidad, generó un indicador de siniestralidad del 118,93%. Es decir, la EPS se gastaba 118 pesos de 100 que recibía. De acuerdo con lo que revela el mismo informe, los resultados en esta EPS son cada vez peores. La contralora designada para el seguimiento de la intervención informó sobre inconsistencias en el registro de los anticipos otorgados a prestadores y proveedores.

Solo durante el mes de marzo de 2024 se reportaron para legalización facturas de anticipos otorgados desde 2008 hasta la fecha. “Me preocupa que se estuviese pagando un alto monto de servicios sin que se verificara los contratos”, dijo Leal al final de la rueda de prensa. Para el superintendente, será labor de la intervención que lidera Rincón revisar esos contratos y las condiciones en las que fueron pactados.

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