Hace una semana, en una conversación informal, la líder de Epidemiología de una de las EPS más grandes del país nos comentaba una de sus mayores preocupaciones tras este año de pandemia. “La mortalidad materna creció mucho en comparación con el año anterior”, decía sin revelar cifras precisas. Por el momento, su equipo estaba tratando de entender los motivos por los que eso había sucedido, pero estaba notablemente alarmada. “También tenemos que hablar sobre ello”, apuntaba.
La inquietud de la doctora ya había rondado por los pasillos de la academia. El Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes había publicado días atrás un artículo en el que advertía que las cifras de mortalidad materna durante el 2020 habían tenido un comportamiento inusual que representaba otro retroceso en salud pública. Los casos habían crecido tanto que el país volvía a estar en una situación similar a la de 2012.
Ese año la razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos fue de 66,2. Desde entonces había disminuido de manera constante hasta llegar a 46,8 en 2019. Sin embargo, la llegada del coronavirus hizo que esta cifra se modificara: 66,4 por cada 100 mil nacidos vivos.
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Dicho de otra manera, como muestran los datos del Instituto Nacional de Salud (INS), el aumento en el número de casos en 2020 fue de 38,4 % al comparar estos registros con los de 2019. En total, murieron 414 mujeres por complicaciones durante la gestación, el parto o el postparto. Estos números muestran que el 17,9% falleció por hemorragia obstétrica, el 15,5% por trastorno hipertensivo asociado al embarazo y el 13,5% murió por neumonía asociada al SARS-CoV-2.
El mapa que acompaña este texto detalla un poco mejor dónde se presentaron las cifras más altas de muerte materna a la hora de examinar la razón por cada 100 mil nacidos vivos. Como se repite en casi todos los indicadores de salud pública en Colombia, los departamentos que revelan serias dificultades son los que no hacen parte de la región Andina y suelen estar en la periferia: Amazonas (284,9), Vaupés (177,3), Guainía (>300), Chocó (285,9), Vichada (218), La Guajira (166) y Caquetá (118) están en los primeros lugares del listado.
Para hacerse una idea, en América Latina, como lo registra el Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, esos números eran 49 o 50 (por cada 100 mil nacidos vivos) antes de la pandemia.
Un verdadera preocupación
Hablar de mortalidad materna es importante, para usar las palabras de uno de los documentos de la Secretaría de Salud, porque cada mamá que muere constituye un problema social y de salud pública muy serio. En él inciden una gran cantidad de factores. Carencia de oportunidades, desigualdad económica, desigualdad educativa y dificultades a la hora de acceder a los servicios de salud son algunos de ellos. Estos eventos, de hecho, también son usados para indicar la calidad de los sistemas sanitarios de un país o región.
Pero es claro, como dice el INS, que el 2020 fue año inusual y hubo un motivo muy claro que incidió en ese aumento de fallecimientos: el COVID-19. A diferencia del año pasado, explica, en otras oportunidades las neumonías no eran eventos que causaran mortalidad. La diferencia es clara al observar las líneas amarilla y blanca de la gráfica que acompaña este texto (la de la izquierda). La amarilla muestra ese “exceso” de muertes generado por el coronavirus.
La mala noticia es que la tendencia en 2021 continúa siendo inquietante, aunque es claro, como señala el INS, que ese exceso de mortalidad en gestantes es mucho menor que el del resto de la población. Las cifras de los fallecimientos por infección respiratoria aguda (IRA) resumen esta tragedia: mientras que, habitualmente, había entre 10 mil y 12 mil muertos por IRA cada doce meses, el COVID-19 causó cerca de 80 mil.
En el artículo que había publicado el Observatorio de Salud Pública de la U. de los Andes, el profesor Luis Jorge Hernández, salubrista, explicaba que también había varias razones para explicar el incremento de mortalidad materna temprana (esa que ocurre durante el puerperio, el período que inmediatamente sigue al parto). Entre las que mencionaba estaban las barreras que habían tenido muchas mujeres para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en medio de las cuarentenas. “El IVE no aumenta el número de abortos, sino que en definitiva disminuye la mortalidad materna”, apuntaba.
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Ese análisis revelaba otra particularidad: la mayoría de casos de mortalidad materna temprana correspondía a mujeres indígenas o habitantes de zonas rurales y pertenecientes al régimen subsidiado. Otro de los puntos que señala tenía que ver con la disminución de las consultas preconcepcionales y los controles prenatales tempranos. “Hay sin duda un retroceso de derechos que han sido verdaderas conquistas”, añadía Hernández.
La situación no se estaba presentando únicamente en Colombia. El 31 de marzo de este año un grupo de investigadores publicó en la revista médica The Lancet un meta análisis (un análisis de la evidencia disponible) sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en los resultados maternos y perinatales. Tras darle una mirada a 3.592 artículos y desechar los que no eran relevantes o no cumplían con los criterios de inclusión, evaluaron 40.
Tras examinarlos, llegaron a varias conclusiones. Una de ellas es que (como en Colombia) había incrementado la mortalidad materna en varios lugares del mundo. En un apartado señalaban su preocupación: “El aumento observado en la muerte materna se basa únicamente en datos de los países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, nuestros hallazgos son particularmente preocupantes porque estas áreas ya soportan la mayor parte de la carga mundial de mortalidad materna”.
Aunque era difícil encontrar las razones precisas por las que esas cifras habían crecido, tenían algunas explicaciones. El poco acceso que tuvieron las pacientes a servicios de salud durante la pandemia era la primera de las hipótesis. Otra apuntaba a que hubo una gran reducción de asistencia a las sesiones de rutina. Posiblemente, escribían, se creó una gran preocupación por el riesgo de contagiarse de COVID-19 en entornos médicos, impulsada también por los consejos de los gobiernos de quedarse en casa y las medidas de encierro.
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Un punto más que pudo haber influido, decían, tuvo que ver con que parte del personal que atendía estos eventos fue reasignado a apoyar otros equipos médicos para hacerle frente a los distintos picos de COVID-19. La tecnología, anotaban, pudo proporcionar un camino para continuar la atención prenatal, pero “sigue existiendo desigualdad de acceso (...) En los países de ingresos bajos y medianos, donde las consultas remotas son menos factibles, es posible que las personas simplemente pierdan la atención prenatal preventiva por completo”.
Además de pedir que se realicen más investigaciones sobre la mortalidad materna con carácter de urgencia, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, su mensaje final era contundente: “Está claro que las personas embarazadas y los bebés han sufrido daños durante la pandemia y la comunidad académica, los proveedores de atención médica y los responsables de la formulación de políticas tienen la responsabilidad de aprender de ello”.