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Para empezar, una aclaración: seguro ha leído más de una noticia sobre la “crisis de los opioides” y las miles de muertes que ha causado en Estados Unidos. También sobre uno de los orígenes de ese problema: la equivocada prescripción de opioides legales —medicamentos para el dolor que pueden causar adicción— por parte de algunos médicos que tuvieron una estrecha relación con la farmacéutica Purdue Pharma. Ha sido una situación muy inquietante, como dice Marta León, jefe del departamento de cuidados paliativos y anestesia de la Universidad de la Sabana, pero hay que tener prudencia al hablar del acceso a opioides en Colombia. ¿La razón? Aquí hay pacientes que necesitan esas medicinas para tratar su dolor y no están accediendo a ellas.
“Hay una gran inequidad en la que aún debemos trabajar”, insiste León. Tres de cada diez usuarios que necesitan cuidado paliativo, donde son esenciales los opioides, no tienen acceso a él, indica el último informe (2021) del Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque, en el que también participó la Organización Mundial de la Salud.
La situación es similar para los consumidores de heroína, pues requieren de otro opioide (la metadona) para tratar su dependencia, pero con frecuencia se enfrentan a barreras para acceder a ella, como consignaron Isabel Pereira Arana y Lucía Ramírez Bolívar, investigadoras de Dejusticia, en un libro publicado en 2020.
¿Por qué esta aclaración? Por dos razones: porque quienes se mueven en el mundo de los cuidados paliativos temen que haya más barreras para acceder a los opioides que ofrece el Estado. A diferencia de otros países, varios de los que se usan en hospitales aquí son monopolio estatal (la hidromorfona, la morfina, la meperidina y la metadona). Nadie más puede producirlos, a excepción del Fondo Nacional de Estupefacientes, que no siempre funciona como los paliativistas quisieran.
“Llevo más de 30 años atendiendo dolor en Bucaramanga y no recuerdo uno solo en el que haya tenido disponibilidad de morfina los doce meses. En 2024 estuvimos cuatro meses sin metadona. El Estado a veces es muy ineficiente en esas tareas; la cadena es muy compleja”, expresa Ómar Gomezese, especialista en dolor y cuidado paliativo del Hospital Internacional de Colombia, en Bucaramanga.
Esas dificultades y esa escasez también han representado una oportunidad para que la industria farmacéutica posicione sus productos en el mercado y llene los vacíos de la cadena estatal.
La otra razón de esta aclaración es porque el siguiente reportaje es, justamente, sobre cómo una de esas empresas, ahora líder en el mercado de medicamentos para el dolor, se ha abierto camino en Colombia y en varios países de América Latina con estrategias que generan inquietud entre algunos especialistas: Grünenthal ha cobrado un gran protagonismo en la educación que está recibiendo el personal de salud sobre opioides; le ha dado un fuerte impulso comercial a uno de sus productos estrellas, presentándolo como menos adictivo de lo que es, y ha mantenido una estrecha relación con asociaciones médicas, a las cuales financia.
El trabajo hace parte de una alianza periodística liderada por The Examination, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación (CLIP) y en la que participamos Salud con Lupa, de Perú, y El Espectador. En este enlace puede ver la primera entrega.
El mercado del dolor
Hay una serie en Netflix que suelen recordar los especialistas del dolor. En español la llamaron Medicina letal (Painkiller) y cuenta cómo la farmacéutica Purdue Pharma llenó sus bolsillos promocionando sus medicamentos para el dolor en Estados Unidos. Con estrategias de marketing condujeron a médicos a prescribir de forma desmedida su medicina estrella: el OxyContin que, administrado de forma inadecuada, puede causar adicción.
Las maniobras de la familia Sackler, dueñas de Purdue Pharma, ayudaron a desencadenar una emergencia imposible de contener: la adicción a opioides sintéticos, legales e ilegales, ha causado miles de muertes por sobredosis. De las 73.838 que hubo en 2022 en EE.UU., más de 14.000 fueron por sobredosis con opioides recetados.
El OxyContin, cuyo “ingrediente” principal es la oxicodona, también ha sido un medicamento muy popular en Colombia. Pero tras el inicio de la “epidemia de los opioides”, como algunos la llaman, las existencias empezaron a mermar y Mundipharma, la red de empresas de parte de los Sackler que la distribuye a nivel global, dio un paso al costado: los 14 permisos que le había concedido el Invima para comercializar medicinas con oxicodona vencieron hace unos años, y las seis licencias que aún continúan vigentes están en manos de otras empresas.
La salida de Mundipharma reacomodó el mercado colombiano de los medicamentos para el dolor, pues le dejó el camino despejado a uno de los pesos pesados de la industria farmacéutica: Grünenthal, la multinacional alemana, que llegó al país en 1975.
Hoy se lee en su página web que “Grünenthal Colombiana ocupa la posición número uno en el segmento de dolor en Colombia, manteniendo un excelente desempeño en todas las marcas (...) Nuestra estrategia se enfoca en seguir consolidando una óptima penetración en el mercado institucional”. También, dicen, han buscado que todos los pacientes “logren encontrar en nuestro portafolio una solución de alivio a su dolor”.
En esos propósitos ha sido fundamental un opioide llamado tapenadol (Palexis es su nombre comercial), uno de los productos estrellas de Grünenthal. Con él, la empresa buscó ocupar el espacio que dejó el OxyContin.
Pero, como reveló esta alianza periodística, hay algo que no marcha bien con el tapentadol. La multinacional alemana lo ha promocionado como un opioide menos adictivo de lo que realmente es, como confirmaron siete ex empleados de la compañía en Alemania y Reino Unido.
La matriz de Grünenthal en Alemania admitió a esta alianza periodística que una auditoría externa detectó que “los medicamentos con opioides eran presentados de forma inadecuada con respecto a su potencial de abuso y adicción” y, por ello, cambiaron su material promocional a partir de 2020. “Encontramos en algunos casos en los que el tapentadol se caracterizaba en dichos documentos como menos adictivo que otros opioides fuertes debido a su mecanismo de acción dual (mecanismo de recaptación de noradrenalina), mientras que esta afirmación no estaba respaldada por suficientes referencias científicas”. La compañía aseguró que el tapentadol hoy está caracterizado como “un opioide fuerte que no se diferencia de otros opioides fuertes en cuanto a su perfil de abuso y riesgo de adicción” y que siempre informan tanto al médico como al paciente sobre los riesgos de abuso y adicción.
Sin embargo, en América Latina, asociaciones médicas que han recibido financiación de Grünenthal o médicos que han colaborado con la compañía, han promocionado el tapentadol como un opioide menos adictivo y lo han clasificado como “moderado”. Es una situación, como mostramos en la primera entrega, que se repite tanto en Colombia, como en México y Perú. En el sitio web Medical Beyond, creado por la farmacéutica para el acceso de médicos de la región, había un video en el que una médica mexicana sostenía que el tapentadol tiene un “perfil de tolerabilidad que favorece la adherencia al tratamiento” y que “es posible utilizar dosis altas”. Mientras hablaba, una diapositiva con el logo de la farmacéutica alemana decía “mínimo potencial de abuso”.
La multinacional alemana optó por sacar del aire esa página web, tras reconocer que “las afirmaciones del vídeo son incorrectas” y “no reflejan nuestro conocimiento actual sobre el tapentadol”.
Mientras tanto, en Colombia las ventas del tapentadol, que se consigue en farmacias, aunque con fórmula médica, han crecido. En 2022 y 2023 fue el tercer producto que más ventas significó para Grünenthal. Según quedó consignado en las actas de la Asamblea de accionistas que están la Cámara de Comercio de Bogotá, estas equivalieron $11.747 millones, en 2022, y a $17.549 millones, en 2023.
Justo un poco antes (en 2021), el Ministerio de Salud había incluido al tapentadol en la lista de medicamentos que paga el Estado (el Plan de Beneficio en Salud), algo a lo que aspira cualquier empresa farmacéutica en un país que financia casi todas las medicinas. “Una vez un medicamento hace parte de ese listado, los laboratorios empiezan a hacer un esfuerzo comercial para que los médicos formulen productos de su marca”, dice una persona que estuvo en el grupo de Medicamentos del Ministerio de Salud, pero pide mantener su nombre en reserva. “Aunque en muchas ocasiones también permite que se disminuyan las barreras de acceso”.
Grünenthal no dejó pasar esa oportunidad. Javier Prada, el gerente general de la empresa en Colombia, dijo durante la asamblea de accionistas de 2023 que parte de la estrategia para ese año sería seguir aprovechando la inclusión de medicamentos como Palexis (y Versatis, el más vendido) en el Plan de Beneficios en Salud: “La compañía sigue mostrando la solidez y el crecimiento esperado, con el foco correcto en los pacientes, dentro del mercado farmacéutico colombiano y con espacio aún por crecer (...) El hacer una rápida lectura del mercado y aprovechar esta oportunidad será una fuente importante de crecimiento para nuestros productos”.
Es difícil saber con precisión cuántas unidades de tapentadol ha vendido la multinacional en el país, pues, como indica el doctor Óscar Andia, el Sistema de información de precios de medicamentos del Minsalud tiene enormes vacíos: prácticamente solo muestra las transacciones que hubo en uno de los regímenes del sistema de salud (el contributivo). Con esa limitación, los datos que él ha analizado desde la organización que dirige —el Observatorio del Medicamento y el Colegio Médico de Cundinamarca (Observamed)—, señalan que, desde el 2022 hasta el final del primer semestre de 2024 (aunque no hubo registros para dos trimestres), se vendieron 264.660 unidades.
Cuando el gerente de Grünenthal Colombia, Javier Prada, le presentó a la junta directiva el balance de la compañía aquel inicio del 2024 (las utilidades fueron de $52.776 millones), también les recordó que ya se había concluido un proceso que le había abierto la Superintendencia de Industria y Comercio a Grünenthal en 2022: le impuso una multa por $48 millones, por haber violado, presuntamente, el régimen de control de precios del tapentadol del Minsalud. La compañía se opuso, pero, al final, tuvo que pagar la multa, como muestra una resolución de esa entidad. Aunque le pedimos a la Superindustria en reiteradas ocasiones los detalles del proceso (no son públicos), no recibimos respuesta. Grünenthal Colombia no accedió a una entrevista, pese a que los contactamos desde inicios de este año.
Límites y posibles conflictos de interés
Para que el Ministerio de Salud incluya a un medicamento en el extenso listado de medicinas que hacen parte del Plan de Beneficios en Salud, debe ser postulado por alguien. En muchas ocasiones son las asociaciones médicas las que se encargan de esa labor. Felipe Mejía Sánchez, expresidente de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor (ACED), asegura que, en el caso del tapentadol, fue ese gremio médico el que estuvo al frente de esa tarea. No era la primera vez que la ACED tomaba esa iniciativa: al menos en 2014, como lo muestra este documento, lo había postulado, pero no clasificó:
Para Mejía, que reconoce haber sido speaker de Grünenthal antes de haber asumido la presidencia de la ACED en 2018, detrás de aquella inclusión al Plan de Beneficios en Salud hubo un “proceso basado en evidencia”. Quienes toman la decisión final, explica un funcionario del Ministerio de Salud, reúnen varios elementos. Entre ellos, un estudio que evaluó el valor terapéutico del tapentadol y su costo efectividad para manejar el “dolor crónico osteomuscular mecánico no oncológico”, que se relaciona con el dolor lumbar y cervical, de hombro, codo, rodilla, pie o de tobillo, entre otros. Publicado en 2021 por el Minsalud y liderado por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), ese trabajo reunió a más de 20 especialistas.
“Varios expertos clínicos fueron enfáticos en que el tapentadol empleado a dosis bajas puede ser equivalente a un opioide moderado, y que es empleado frecuentemente en el manejo de los procesos dolorosos de tipo mecánico; además se encontró algunas fuentes donde recomiendan el uso de este opioide, clasificándolo como moderado al ser empleado en dosis equivalentes de morfina a las etapas 2 y 3 de la escalera analgésica de la OMS”, se lee en uno de sus apartados.
En el documento, los autores citaban dos estudios sobre el tapentadol con vínculos con su fabricante. Uno fue publicado en la revista Current Medical Research and Opinion en 2020 y estuvo liderado por el anestesiólogo alemán Rainer Freynhagen. Entre otras cosas, concluía que “el tapentadol puede ser una opción de tratamiento útil para los pacientes que sufren dolor crónico”. El otro era un comentario que tres médicos hicieron en Advances in Therapy en 2018. Ambos fueron financiados por Grünenthal.
Entre los expertos que había convocado el instituto para elaborar esa evaluación estuvieron Mejía y Juan Diego Londoño, como representantes de la ACED. Ambos declararon no tener conflictos de interés. Mejía hoy defiende que su participación como experto en esos espacios ha sido absolutamente transparente. Londoño, actual presidente de la asociación, no nos respondió preguntas específicas sobre el posible conflicto de interés en esa evaluación (ni sobre si fue speaker de Grünenthal), pero en una entrevista en diciembre pasado aclaró que las normas de compliance que ha creado el sector farmacéutico permiten tener una “relación sana” que no incide en su trabajo científico ni en la misión de la ACED.
“Yo puedo recibir a un visitador médico de Grünenthal y podemos hablar sobre hidrocodona y luego, en mi consulta, a los diez minutos, formulo hidrocodona genérica y no sé si al paciente le den una de Abbott, de Legrand o de Grünenthal. Como médico quiero que le den una molécula específica, no una marca”, aseguró Londoño.
Pero para la profesora Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, hay un par de puntos que no se pueden pasar por alto. A su parecer, esa selección de estudios en la evaluación del IETS demuestra que es necesario contar con una agenda de investigación paralela que evalúe su valor terapéutico y su seguridad, y que no esté financiada por la industria farmacéutica. Además, cree que la declaración de conflictos de interés de quienes están en asociaciones que reciben dinero de la industria debería ser explícita.
De hecho, ese mismo año (2021), la ACED organizó el congreso internacional de dolor en el Centro de Convenciones Blu Gardens, en Barranquilla. En el documento que quedó de la asamblea ordinaria que hicieron en ese lugar, se muestran los compromisos de aportes que recibió ACED de varias farmacéuticas. La que más dinero prometió fue Grünenthal, con COP $35 millones, seguido por Sanofi (COP $30 millones), Tecnofarma (COP $25 millones) y Mundipharma (COP $20 millones). El logo de Grünenthal volvió a aparecer entre los patrocinadores del más reciente congreso anual de ACED.
En esta imagen se pueden apreciar un poco mejor:
Según Mejía, ese dinero “son recursos que pagan las empresas farmacéuticas para acceder a un stand en los congresos”. Asegura que la relación de la asociación con Grünenthal “no es estrecha”, sino transparente y además similar a la que tienen con otros laboratorios. A su parecer, esas relaciones no inciden en la prescripción de sus productos. “Hace unos 15 o 20 años la industria era demasiado generosa, pero, ahora, ni participaciones a congresos; ya no sucede lo de otras épocas”, reitera.
Lo cierto es que hoy en el mundo médico parece inimaginable poder organizar uno de esos eventos sin el apoyo financiero de la industria farmacéutica. De hecho, una de las principales fuentes de ingresos de la ACED es el patrocinio de la industria en su congreso anual, como mencionaron en su asamblea del 2023.
Este año, la ACED será la anfitriona del Congreso Internacional del Dolor, liderado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor (FEDELAT). Si todo marcha como está previsto, se llevará a cabo entre el 16 y 18 de octubre en el Hotel Hilton, en Bogotá. “Es un orgullo que nos hayan elegido como sede”, dice Londoño.
En la página web del congreso aún no tienen una lista de sus patrocinadores, pero sí varios mensajes para quienes se animen a apoyar el evento: “Estar presente en el Congreso supone una oportunidad para que su organización se acerque a una amplia cartera de clientes a los que poder informar sobre sus productos y servicios”; “Está demostrado que ser expositor es una táctica muy útil para dar presencia a su marca”; “Estará informado y podrá identificar las estrategias de marketing de la competencia”.
Como Londoño, Luisa Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos (ACCP), cree que hoy las sociedades científicas, como la que ella lidera, necesitan del apoyo financiero de la industria farmacéutica para mantenerse en pie. “A pesar de que hacemos cursos y tenemos membresías, esos ingresos no nos permiten alcanzar un sostenimiento financiero de manera autónoma”. Pide no satanizar el apoyo de la industria, pues, entre otras cosas, reitera que hay límites muy claros, que le permiten tener “libertad científica para construir nuestros programas o seleccionar a nuestros conferencistas. Si se requiere, siempre dejamos expuesto el conflicto de interés”.
Según la última acta de la Asamblea General, en 2023 la ACCP tuvo ingresos por COP $311.734.480 y gastó COP $277.746.357, la mayor parte en eventos. Uno de los principales que resalta fue el Sexto Congreso Colombiano de Cuidados Paliativos ACCP, que se realizó en Bogotá entre el 17 y 19 de agosto de ese año. Tuvo 442 asistentes y, dice el acta, generó alianzas importantes con la industria farmacéutica. En su programación, la asociación fue explícita al mencionar cuáles simposios eran patrocinados por Grünenthal, Europharma, Boydorr y Fresenius.
En Colombia hay otra asociación de cuidados paliativos: ASOCUPAC. Nació en Cali en 2014 para permitir la inclusión de más trabajadores de la salud en estos asuntos, y no únicamente los especialistas en dolor. La manera de financiarse a lo largo de esta década ha sido diversa: ha recibido recursos tanto de la filantropía, como Open Society Foundations en 2016 y 2023, como de Mundipharma (para capacitar a 30 médicos en seis regiones). Sus estados financieros muestran que en 2023 tenían cuentas por cobrar a varios actores del sector salud como la EPS Mutual Ser, la Fundación Valle de Lili o Grünenthal. Intentamos conversar con su directora, pero había sido imposible hasta el cierre de esta edición.
La pregunta en este punto es si estas relaciones entre el mundo farmacéutico y el mundo médico del dolor pueden incidir en el incremento de prescripciones o en no valorar los riesgos adecuadamente. “¿Cómo hacemos para tener una independencia de las farmacéuticas y ser más críticos? ¿Nos hemos vuelto más laxos a lo que sugiere la industria y su presencia? ¿Por qué ahora lo raro en el gremio es que no se le pida plata a la industria?”, pregunta una profesora de un programa de especialización en cuidados paliativos, que pide mantener su nombre en reserva.
En una orilla hay quienes creen, como Londoño de la ACED o como Ricardo Salazar, profesor de dolor en la Universidad del Rosario e integrante del equipo de Gobierno de la farmacéutica Abbvie, que las sociedades científicas y la industria “han aprendido a relacionarse y tienen códigos de conducta muy claros”. En la otra, profesores como Claudia Vaca, de la Universidad Nacional, opinan que es hora de mirar con más cuidado esas relaciones y dar un debate más profundo.
A los ojos de Vaca, la presencia de Grünenthal en diferentes espacios revela cómo opera la industria farmacéutica: “crea lazos que son muy sutiles y muestran, a veces, una solidaridad de gremio, pero hay conexiones profundas que están interconectadas con el posicionamiento de productos y de laboratorios en temas específicos”.
Para ella esas múltiples relaciones “no son inocuas”. “Cualquier tipo de relación que genere vínculos”, afirma, “impacta los comportamientos y ese impacto va a determinar la prescripción, la forma como son usados los medicamentos y el desenlace de los pacientes. Es una relación que, claramente, hemos naturalizado, pero tiene un impacto”.
En el caso de la ACED y Grünenthal hay un vínculo más: la farmacéutica ha financiado diferentes versiones de la Encuesta Nacional del Dolor. Su logo aparece en la de 2011 y fue el patrocinador del Estudio del Dolor de 2015. La última (2023), realizada por Cifras y Conceptos, fue presentada de manera conjunta entre la compañía y la asociación.
Mejía, expresidente de ACED, explica ese es un ejercicio que es financiado por su alto valor económico, pero que es “absolutamente transparente, que se hace con Cifras y Conceptos y busca hacer una medición de cómo está impactando el dolor en Colombia. Las preguntas son formuladas por miembros de la ACED; no son formuladas por Grünenthal”.
Pero de todas las formas que permiten que se establezcan esos “lazos” entre el personal de salud y la industria, hay una en particular que le inquieta a Claudia Vaca la injerencia de Grünenthal en la educación. Esa dicusión la bordaremos en la última entrega.
**Contribuyeron en reportería Rafael Cabrera (The Examination), Fabiola Torres, Pamela Huerta, Jason Martínez y Brayan Ramos (Salud con Lupa), Andrés Bermúdez Liévano, Iván Ruiz e Iván Paredes Tamayo (CLIP).
