La tuberculosis, la enfermedad que no se acaba en las cárceles del país

Desde 2009, la doctora María Patricia Arbeláez ha visitado múltiples centros penitenciarios de Colombia. Aún recuerda las condiciones de hacinamiento, y asegura que en sus recorridos por los centros carcelarios pudo contar hasta ocho personas en celdas en donde debería haber una sola. “Cuando fui a los patios de la cárcel de Bellavista, en Bello (Antioquia), vi a personas privadas de la libertad durmiendo en las tuberías que hay detrás de los baños y las duchas, porque no había más espacio. Otras dormían sentadas en las celdas o en los pasillos”, cuenta.

Desde 2009, la doctora María Patricia Arbeláez ha visitado múltiples centros penitenciarios de Colombia. Aún recuerda las condiciones de hacinamiento, y asegura que en sus recorridos por los centros carcelarios pudo contar hasta ocho personas en celdas en donde debería haber una sola. “Cuando fui a los patios de la cárcel de Bellavista, en Bello (Antioquia), vi a personas privadas de la libertad durmiendo en las tuberías que hay detrás de los baños y las duchas, porque no había más espacio. Otras dormían sentadas en las celdas o en los pasillos”, cuenta.

Arbeláez, Ph.D en epidemiología de la Universidad Johns Hopkins y exvicerrectora de investigación de la U. de Antioquia, es una de las personas que ha tratado de estudiar lo que sucede con la tuberculosis en esos lugares. Por más de seis años trabajó en un proyecto financiado por el entonces Colciencias para comprender el comportamiento de esta enfermedad que aún es un serio problema de salud pública en las cárceles, pese a que existen tratamientos.

En la última edición de la revista Biomédica, una de las más importantes del mundo de la salud en Colombia, otro equipo de investigadores, conformado por la epidemióloga Martha López (del Instituto Nacional de Salud), Adriana Ulloa (Fundación Universitaria del Área Andina) y Fabio Alberto Escobar (del Instituto Nacional de Salud), detallaron qué sucede en estos sitios. Mientras que en el país por cada 100 mil habitantes hay 24 casos, en los centros penitenciarios la situación es muy distinta: por cada 100 mil internos hay 724 casos. (Lea: Levantan alerta roja hospitalaria en Antioquia)

Para decirlo en otras palabras, ni siquiera el departamento del Amazonas, que presenta 50 casos por 100 mil habitantes, el índice más alto en el país, se acerca a las condiciones que se presentan en las cárceles. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en 2021 hubo 12.953 casos de tuberculosis en todo el país (22,24 % menos que en 2020); la población privada de la libertad representó el 9 % de los contagiados.

En términos de Arbeláez, que no formó parte de la publicación, esta enfermedad tiene 20 veces más de posibilidades de transmitirse en un centro penitenciario que en quienes están en libertad. ¿Por qué? Para ella, el gran problema es que allí existen múltiples riesgos. “Nosotros encontramos que un grupo importante de internos podía ser portador incluso antes de entrar a la cárcel, pero las mismas condiciones hacen que las personas desarrollen la enfermedad adentro; esto, más el hacinamiento, es un foco perfecto de contagio”, señala.

Como demostró López y sus colegas, el hacinamiento aumenta la posibilidad de contagio 1,92 veces en comparación con las cárceles de menor concentración poblacional. (Lea: Los nacimientos en niñas menores de 14 años aumentaron un 19% en Colombia en 2021)

Sin embargo, Arbeláez reconoce que aunque hoy la situación ha mejorado, la incidencia tan alta de tuberculosis en esta población indica condición de hacinamiento. Es una situación que, según cifras del Inpec, en 2021 se redujo del 55 al 20 %. Esto, en otras cifras, quiere decir que todavía hay una sobrepoblación de más de 16 mil personas privadas de la libertad.

Un problema de fondo

La tuberculosis en las cárceles parece un asunto mucho más complejo, en el que hay que entender varios detalles. Uno de ellos tiene que ver con el diagnóstico y el aislamiento de los pacientes.

Para Martha Isabel Gómez, subdirectora de Salud del Inpec, la pandemia por covid-19 permitió mejorar las condiciones de las zonas de aislamiento en las cárceles. Hoy, cuando se diagnostica un caso, añade, se inicia un proceso agresivo de tratamiento de 30 días.

Sin embargo, algunos estudios en los que ha participado la doctora Arbeláez muestran que ese tiempo no es suficiente y que hay personas que se demoran hasta 120 días en salir negativas. De hecho, el 50 % de las muestras que tomaron para esta investigación arrojaron que el tiempo adecuado eran 60 días.

Otra de las dificultades, para Gómez, está en que, pese a que con la Resolución número 227 de 2020 del Ministerio de Salud deberían llegar al país pruebas diagnósticas mucho más sensibles (casi del 80 %), que podrían ayudar a detectar de una manera más rápida y eficaz los casos de tuberculosis, lo cierto es que hay cierta resistencia por parte de los operadores de salud. ¿La razón? Su alto costo.

“Además, el tratamiento de la tuberculosis puede durar de 6 a 9 meses, pero requiere supervisión y acompañamiento. Es un procedimiento muy eficaz, está por encima del 95 %, pero si no se supervisa puede reducir su efectividad”, explica Arbeláez. (Lea: La polución está causando más muertes que el sida, la malaria y la tuberculosis)

Pero en el fondo de esta compleja realidad parece haber un problema de fondo. A los ojos de Óscar Roballo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios del Inpec, hay una “tercerización de la salud” que crea un panorama muy complejo para seguir los lineamientos del aislamiento por tuberculosis. “Sí, se aísla un pabellón completo, pero hay muchos internos enfermos. Incluso en ocasiones hemos tenido que hacer ‘donatones’ de medicamentos, porque simplemente no llegan las medicinas. Además, los temas de inestabilidad laboral para los trabajadores de la salud también son un problema: imagínese 1.200 internos para dos enfermeras”, dice.

Gómez, del Inpec, admite que es un sistema complejo por el número de actores que intervienen. “Está el Inpec, que se encarga de la función de solicitud y seguimiento; la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), que maneja los recursos para ejecutar las solicitudes; la Fiduciaria Central, que recibe las órdenes de la Uspec en cuanto a los recursos, y los prestadores de servicios de salud, que son quienes entran a los establecimientos”, explica.

Hoy, según los lineamientos del Ministerio de Salud, una persona privada de la libertad que ingresa a un centro penitenciario debe contar con el esquema nacional de vacunación para niños menores de seis años, dentro de este está la vacuna de la tuberculosis. Sin embargo, hay otra piedra en el zapato: esta protege solo algunas afecciones.

La Mycobacteria, una bacteria que causa tuberculosis, “puede afectar la meninges, lo que se conoce como tuberculosis meníngea, o puede afectar los huesos (el mal de epoc), también puede dañar el tacto renal o intestinal o diseminarse en la sangre. Esas formas extrapulmonares sí las controla la vacuna, el resto no”, explica Arbeláez.

Para esta profesora hay que encontrar un camino para resolver esta situación. “No podemos penalizar doble a estas personas”, reitera. “La tuberculosis no se puede convertir en otro sufrimiento. Además, es un problema de salud pública completamente prevenible en los centros penitenciarios”.