Las deudas de Colombia en la vacunación contra el COVID-19

Más de nueve meses han pasado desde que el primer lote de vacunas contra el COVID-19 llegó a Colombia, el pasado 15 de febrero. Aterrizó en Bogotá en medio de algarabía, de alfombras rojas y de una promesa: desde la capital, como en un proceso de irrigación, las vacunas llegarían a cada rincón de Colombia. Nueve meses han pasado, más de cincuenta millones de dosis se han aplicado, y el balance de esa promesa es agridulce.

El mapa de la cobertura de la primera dosis parece la fotografía de un hecho histórico: las zonas de mayor avance corresponden, con pocas excepciones, al interior del país; sus antagónicas, aquellos lugares en donde la vacunación es un goteo, hacen presencia en los bordes del mapa, en la periferia colombiana. A nueve meses de haber iniciado el plan de vacunación, cinco departamentos (Vaupés, Chocó, Vichada, Putumayo y La Guajira) tienen menos del 30% de su población total vacunada con una dosis. Todos ellos son fronterizos, mayoritariamente rurales y habitados en gran proporción por pueblos indígenas.

En este punto es necesario partir de una claridad: los porcentajes de cobertura a los que aquí hacemos referencia están publicados en la página web del Ministerio de Salud. Los datos tienen como fuente principal las dosis aplicadas que se registran en la plataforma PAIWEB, que, como reconoció el gobierno, tenía un rezago a mediados de agosto de más del 30%, Esto implica que en ocasiones sea posible que el recuento de dosis suministradas que tiene el ente departamental no concuerde con las que se encuentran en el Ministerio. Nos comunicamos con MinSalud para esta duda y otras más que fueron surgiendo, pero hasta el cierre de esta edición no había sido posible recibir las respuestas.

Al sur del territorio, sin embargo, una región con características muy similares a las anteriores rompe la tendencia. Amazonas supera el 50% de su población inmunizada con una dosis y más del 60% ya tiene el esquema completo. Entender las claves de su éxito explica también, en cierto grado, el porqué esa cobertura no se repite en los demás departamentos de la cuenca amazónica. La vacunación contra el COVID-19 en medio de una pandemia es una responsabilidad compartida entre el ente central, en este caso el Ministerio, y las entidades territoriales y prestadoras de salud. Cerrar las brechas entre regiones es algo que el ministro de salud, Fernando Ruiz, ha calificado como “urgente”.

“Además de la estrategia que allí desplegó el gobierno de un muro biológico ante el riesgo de cepas más contagiosas, Amazonas cuenta con una particularidad que los otros departamentos amazónicos no y es que tiene municipios como Leticia y Puerto Nariño donde hay una relativamente alta densidad. Ahí se ha concentrado la vacunación”, explica Pablo Andrés Martínez, asesor técnico de Sinergias, una ONG que han apoyado la salud de esos territorios. En el departamento viven 80.464 personas, y de ellas, 50.811 tienen su hogar en Leticia, la capital, que ya tiene una cobertura (primeras dosis) de más del 70%. Que la mayoría de personas vivan en la ciudad principal no es una rareza.

Sucede también en Puerto Carreño, Mitú e Inírida, capitales de Vichada, Vaupés y Guainía, respectivamente, todas con una cobertura de primeras dosis que no alcanza el 55%. Sí es una particularidad, en cambio, que mientras una población de 50.811 personas vive en 5,968 km², territorio que conforma Leticia; poco más de treinta mil personas vivan en más de 16.000 km², como es el caso de Mitú, una relación de densidad territorial que se repite en proporciones similares en Inírida y Puerto Carreño.

Llegar al resto de dichos departamentos es aún más difícil. Previendo esto, la resolución 194 del 19 de febrero de 2021, expedida por el Ministerio de Salud, permitió unificar las etapas de vacunación en Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida, con el fin de que a la dificultad de encontrar una persona no se sumara la de vacunar dependiendo de la edad.

“A partir de ahí comenzamos la vacunación masiva”, señala la doctora Johana Faisuly Guevara, gerente de la E.S.E. Hospital San Antonio de Mitú, la única prestadora de salud autorizada en Vaupés para vacunar. “Teníamos la meta de vacunar todo el departamento en cinco meses. Pero ese plan de vacunación tenía un costo de alrededor de 700 millones de pesos. Como los pagos de parte del gobierno central han sido tan lentos, y nosotros no somos la excepción, ese plan tuvo que verse suspendido en sus etapas muy iniciales”. Si la geografía colombiana era algo previsible e inevitable, la financiación para llegar hasta la última zona habitable del país sí parecía ser algo más gestionable. Hoy es un impedimento.

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Financiación, un escollo

Para llegar a ese “bracito” de Colombia, como llama Eliana Peña, esa pequeña hebra de país que parece escapar de Guainía, rodeada de Venezuela y Brasil, hay una brecha temporal de 40 a 60 días, dependiendo del clima y de si los ríos son navegables o no. Se despega de Inírida en pequeñas avionetas cargadas unas de vacunas, otras de personal sanitario y otras más de galones de gasolina. El combustible impulsará después a las lanchas que atravesarán los ríos, si su nivel lo permite, al encuentro de las personas.

“Comunidades con una población mayoritariamente indígena, que es flotante, que está en constante movimiento dependiendo de sus calendarios tradicionales, jornadas de siembra o de alimentación, etc, que no es seguro que se vaya a encontrar en un trayecto”, agrega Peña, secretaria de salud departamental de Guainía. Cada vacuna aplicada allí o en cualquier otra de las zonas más alejadas del departamento, le cuesta a la E.S.E Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo (MEP), alrededor de $300.000 pesos. Esto pese a que según las cuentas del gobierno nacional, esta tendría que costar $94.371 pesos.

“El valor que se paga de la vacuna aplicada en ruralidad no concuerda con lo que a nosotros nos cuesta poner la vacuna”, explica Angie Carolina Arturo, médica general y gerente de la MEP, “pensaría que no se tuvo en cuenta, cuando se determinó ese precio, lo que nos cuesta la logística en ciertos departamentos”. La resolución 166 del 16 de febrero de 2021 fijó los valores que reconoce el gobierno por las actividades asociadas a la vacunación contra el COVID-19.

Allí se estipula el precio a pagar sobre tres estrategias de vacunación: Intramural (que se aplica en instalaciones de la prestadora de salud); Extramural urbana; y Extramural rural. En estas dos últimas las dosis se aplican fuera de las instalaciones a través de modalidades como visita casa a casa, puestos de vacunación móviles en parques, centros comerciales, iglesias y otros lugares concurridos, brigadas médicas, etc, con la diferenciación entre territorio urbano y rural. La resolución divide al país en 4 regiones: Amazonía; Andina, Caribe y ciudades; Pacífico; y Orinoquía, definiendo para cada una precios especiales.

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Territorios como Vichada, Vaupés, Guainía y Amazonas hacen parte de la región Amazonía. Para esta el gobierno estableció $9.531 pesos por dosis aplicada en modalidad intramural; $22.705 por extramural urbana; y $94.371 por extramural rural. Este último es el valor más elevado de la resolución. La siguiente vacuna más “cara” es la que se aplica extramural rural en el Pacífico, donde tiene un precio de $60.768. Por supuesto, vacunar aquí siempre ha resultado más caro que en el resto del país. Los trayectos y las dificultades que conllevan no son distintos a los que implica el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones).

“Lo que pasa es que en el PAI hemos logrado compensar los costos. Pero falta mucho para que este esquema se normalice. Esto es algo nuevo, no se tenía visualizado. Debido a la premura con la que estamos vacunando y a condiciones como la caducidad de las dosis y a que es un esquema nuevo que implicó socialización y sensibilización, la vacunación sufre aún con los retrasos del pago”, dice la doctora Arturo desde Inírida. El Gobierno se comprometió con los territorios, las IPS y las EPS, a pagar, en un giro previo, el 50% de lo que cuesta aplicar las dosis contra el COVID-19. Para saber cuántas dosis debe pagar, el Ministerio toma como base los registros del PAIWEB, una base de datos usada desde antes de la pandemia en la que se registra cada vacuna que se aplica en territorio nacional. Este viernes, MinSalud dijo que había dispuesto de 289.902 millones de pesos para pagar a las IPS por la aplicación de vacunas.

“Primero, hay que hacerse una idea: las comunidades fuera de Inírida, e incluso algunas en la capital, no tienen conexión. Todo lo que ponemos en esas zonas no lo podemos reportar al PAIWEB de forma inmediata, como lo hace el resto del país. Nos toca en extratiempos: esperar que el vacunador llegue del río, nos diga a cuantos vacunó, verificar que sí sean los datos del paciente, que hayan quedado bien escritos, que no se le haya mojado el papel, y posterior a eso, subir la información. Esa primera parte de verificación ya la hicimos, ya generamos la primera facturación, pero a nosotros como hospital no nos ha llegado el dinero”, dice Arturo. Lo mismo viene sucediendo en Guainía, Chocó, Vichada y Vaupés.

En este último departamento la falta de recursos ha tenido un impacto más visible. “Comenzamos con 7 equipos de vacunación que tocó ir clausurando al no tener recursos. En este momento solo hay dos”, señala la doctora Guevara desde Mitú. El plan de vacunación, había estimado su entidad, iba a costar allí alrededor de $700 millones, pero ya ha costado $400 millones con apenas el 30% de la cobertura. “Como empresas sociales del Estado tenemos presupuestos limitados. Se nos ha hecho difícil realizar el plan tal como estaba planeado”, dice. La limitación de recursos no es un asunto que los afecte solo a ellos.

El mismo gobierno reconoció a mediados de agosto que había un rezago de registro en el PAIWEB del 36.2% de dosis aplicadas pero no registradas a nivel nacional, lo que aceptó está dificultado el flujo de dinero, por lo cual introdujo reformas facilitando el trámite en la plataforma y aumentando el pago anticipado del 50% al 80%.

En Chocó, por ejemplo, solo dos de las 34 IPS vacunadoras ya recibieron los primeros recursos, detalla desde Quibdó Sandra Mena, al frente de la vacunación. Este departamento cuenta con una cobertura del 19.2% en las primeras dosis. “El lento flujo de dinero es un impedimento. El plan de vacunación es muy exigente. Pide que la vacunación se realice de lunes a lunes. El personal se cansa, se estresa, y todos necesitamos tener una remuneración por el trabajo. Las demoras en los pagos hacen que las personas se desmotiven y no se hagan las exigencias debidas porque uno no tiene como pedir si no da”.

“Hay una cosa que uno no alcanza a comprender y es que hay padres no vacunados que están llevando ahora a los niños a vacunarse a los puntos. Ahí se está aprovechando con educación para que ellos también se apliquen las dosis. El ingreso de los niños a la vacunación nos ha ayudado mucho, han impulsado la vacunación”, dice Mena, aunque reconoce que también ha tenido sus retos. Unos muy grandes que apenas se vislumbran.

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A repetir trayectos

Desde finales de julio el Ministerio de Salud ha ampliado el plan de vacunación a la población menor de 18 años. Primero incluyó a aquella entre los 12 y los 17 años (con el esquema de Pfizer ; y después a los niños y niñas de entre los 3 y los 11 años (con el esquema de Sinovac). Esto tiene implicaciones en la logística de los departamentos.

“Nosotros tenemos dentro del plan una vacuna, única dosis, que solo podemos aplicar a adultos de 18 años o más. Para los niños de 3 años en adelante, tenemos que ir dos veces, a donde ya fuimos mínimo una vez. Hay municipios en Chocó que se demoran hasta 45 días en ser recorridos. Eso sube los costos”, dice Mena. La idea original del plan de vacunación consistía en inmunizar con las dosis de Janssen en las zonas más apartadas del país, ya que hasta hoy es la única vacuna que necesita solo de una dosis. Así se facilitaba la logística y los trayectos en comunidades indígenas.

“Si fue difícil con los adultos, con los niños es el doble. Si bien la educación funciona en estas zonas bajo la modalidad de internado, lo que podría facilitar su encuentro, en este momento esas instituciones no están funcionando plenamente”, señala Martínez, de Sinergias. “Además, para vacunar a los niños se necesita el consentimiento de los padres, adultos que están en esta época del año (y en ciertas zonas, sobre todo del Vaupés), preparando el Yuruparí, uno de los momentos más importantes del calendario tradicional”.

Para vacunar a los menores de 18 años las entidades y prestadoras de salud deben volver a desplegar brigadas en zonas a donde seguramente ya fueron mínimo una vez y hasta dos o tres veces. La población indígena, mayoritaria en estos departamentos, está conformada además por un alto porcentaje de población en esas edades. Las comunidades indígenas de Chocó, Vaupés, Guainía, Vichada o La Guajira, están integradas en más del 40% por niños de 0 a 14 años.

“En Uribia, por ejemplo, una zona de La Guajira más grande que el Atlántico, hay más de 24.000 asentamientos, lo que nosotros llamamos rancherías, con una alta dispersión”, dice el secretario de Salud de La Guajira, Armando Pulido, “ir allí y encontrar a los adultos y a los niños es difícil. Eso explica que las coberturas en las poblaciones más jóvenes sean bajas, lo que impacta también el promedio departamental”. En esta región se está vacunando con todos los biológicos. Si bien el Ministerio priorizó la de Janssen para la población alejada, “no ha tenido el flujo de llegada que hubiéramos querido”, dice Pulido. Esa noción de que las dosis de Janssen no han llegado en la cantidad necesaria nos la repitieron en Vaupés.

“Las cantidades que se le han enviado al departamento de Janssen no han sido suficientes para salir a las comunidades indígenas en largos y extenuantes recorridos”, dice Marcela Arias, que gerencia todo lo relacionado con COVID-19 en Vaupés. Con corte al día que hablamos con ella, el pasado 12 de noviembre, el departamento tenía en inventario, según dijo, 993 dosis de ese laboratorio. La última vez que lotes de esa farmacéutica llegaron al país fue el 24 y el 25 de septiembre pasado, cuando aterrizaron 2.834.700 dosis. Hasta el 7 de noviembre Colombia había recibido 5.814.700 dosis de Janssen (2.500.000 donadas por EE.UU.), en comparación con las 18.619.204 que han llegado de Sinovac; o las 17.220.720 del laboratorio Pfizer.

Además de la condiciones logísticas, de financiación, cobertura y disponibilidad de vacunas, en estas regiones el plan de vacunación se enfrenta a la renuencia a aplicarse las dosis que se sigue presentando en algunas comunidades. Esa que solo ha sido posible derrotar con éxito a partir de la sensibilización y socialización, como de nuevo demostró Amazonas.

“Antes de comenzar a vacunar, lo primero que hizo el departamento fue llamar a la estructura indígena de las 14 organizaciones del Amazonas”, cuenta Abimelec Macuyama, líder de Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico. La organización, que representa a los 26 pueblos del departamento, fue llamada “a concertar. Nos dijeron que querían trabajar de la mano. Se arrancaron unas jornadas de sensibilización muy fuertes que la dirigencia indígena ayudó a realizar. Para eso, fuimos nosotros, los líderes, los primeros en vacunarnos para dar la garantía en nuestros pueblos, para vencer los miedos que había. La salud, seamos indígenas, blancos o negros, es primordial. Vacunados vamos a tener la garantía para caminar seguros y disfrutar lo que somos”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

Más de nueve meses han pasado desde que el primer lote de vacunas contra el COVID-19 llegó a Colombia, el pasado 15 de febrero. Aterrizó en Bogotá en medio de algarabía, de alfombras rojas y de una promesa: desde la capital, como en un proceso de irrigación, las vacunas llegarían a cada rincón de Colombia. Nueve meses han pasado, más de cincuenta millones de dosis se han aplicado, y el balance de esa promesa es agridulce.

El mapa de la cobertura de la primera dosis parece la fotografía de un hecho histórico: las zonas de mayor avance corresponden, con pocas excepciones, al interior del país; sus antagónicas, aquellos lugares en donde la vacunación es un goteo, hacen presencia en los bordes del mapa, en la periferia colombiana. A nueve meses de haber iniciado el plan de vacunación, cinco departamentos (Vaupés, Chocó, Vichada, Putumayo y La Guajira) tienen menos del 30% de su población total vacunada con una dosis. Todos ellos son fronterizos, mayoritariamente rurales y habitados en gran proporción por pueblos indígenas.

En este punto es necesario partir de una claridad: los porcentajes de cobertura a los que aquí hacemos referencia están publicados en la página web del Ministerio de Salud. Los datos tienen como fuente principal las dosis aplicadas que se registran en la plataforma PAIWEB, que, como reconoció el gobierno, tenía un rezago a mediados de agosto de más del 30%, Esto implica que en ocasiones sea posible que el recuento de dosis suministradas que tiene el ente departamental no concuerde con las que se encuentran en el Ministerio. Nos comunicamos con MinSalud para esta duda y otras más que fueron surgiendo, pero hasta el cierre de esta edición no había sido posible recibir las respuestas.

Al sur del territorio, sin embargo, una región con características muy similares a las anteriores rompe la tendencia. Amazonas supera el 50% de su población inmunizada con una dosis y más del 60% ya tiene el esquema completo. Entender las claves de su éxito explica también, en cierto grado, el porqué esa cobertura no se repite en los demás departamentos de la cuenca amazónica. La vacunación contra el COVID-19 en medio de una pandemia es una responsabilidad compartida entre el ente central, en este caso el Ministerio, y las entidades territoriales y prestadoras de salud. Cerrar las brechas entre regiones es algo que el ministro de salud, Fernando Ruiz, ha calificado como “urgente”.

“Además de la estrategia que allí desplegó el gobierno de un muro biológico ante el riesgo de cepas más contagiosas, Amazonas cuenta con una particularidad que los otros departamentos amazónicos no y es que tiene municipios como Leticia y Puerto Nariño donde hay una relativamente alta densidad. Ahí se ha concentrado la vacunación”, explica Pablo Andrés Martínez, asesor técnico de Sinergias, una ONG que han apoyado la salud de esos territorios. En el departamento viven 80.464 personas, y de ellas, 50.811 tienen su hogar en Leticia, la capital, que ya tiene una cobertura (primeras dosis) de más del 70%. Que la mayoría de personas vivan en la ciudad principal no es una rareza.

Sucede también en Puerto Carreño, Mitú e Inírida, capitales de Vichada, Vaupés y Guainía, respectivamente, todas con una cobertura de primeras dosis que no alcanza el 55%. Sí es una particularidad, en cambio, que mientras una población de 50.811 personas vive en 5,968 km², territorio que conforma Leticia; poco más de treinta mil personas vivan en más de 16.000 km², como es el caso de Mitú, una relación de densidad territorial que se repite en proporciones similares en Inírida y Puerto Carreño.

Llegar al resto de dichos departamentos es aún más difícil. Previendo esto, la resolución 194 del 19 de febrero de 2021, expedida por el Ministerio de Salud, permitió unificar las etapas de vacunación en Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida, con el fin de que a la dificultad de encontrar una persona no se sumara la de vacunar dependiendo de la edad.

“A partir de ahí comenzamos la vacunación masiva”, señala la doctora Johana Faisuly Guevara, gerente de la E.S.E. Hospital San Antonio de Mitú, la única prestadora de salud autorizada en Vaupés para vacunar. “Teníamos la meta de vacunar todo el departamento en cinco meses. Pero ese plan de vacunación tenía un costo de alrededor de 700 millones de pesos. Como los pagos de parte del gobierno central han sido tan lentos, y nosotros no somos la excepción, ese plan tuvo que verse suspendido en sus etapas muy iniciales”. Si la geografía colombiana era algo previsible e inevitable, la financiación para llegar hasta la última zona habitable del país sí parecía ser algo más gestionable. Hoy es un impedimento.

Puede ver: ¿Y qué pasó con el cuarto pico de coronavirus?

Financiación, un escollo

Para llegar a ese “bracito” de Colombia, como llama Eliana Peña, esa pequeña hebra de país que parece escapar de Guainía, rodeada de Venezuela y Brasil, hay una brecha temporal de 40 a 60 días, dependiendo del clima y de si los ríos son navegables o no. Se despega de Inírida en pequeñas avionetas cargadas unas de vacunas, otras de personal sanitario y otras más de galones de gasolina. El combustible impulsará después a las lanchas que atravesarán los ríos, si su nivel lo permite, al encuentro de las personas.

“Comunidades con una población mayoritariamente indígena, que es flotante, que está en constante movimiento dependiendo de sus calendarios tradicionales, jornadas de siembra o de alimentación, etc, que no es seguro que se vaya a encontrar en un trayecto”, agrega Peña, secretaria de salud departamental de Guainía. Cada vacuna aplicada allí o en cualquier otra de las zonas más alejadas del departamento, le cuesta a la E.S.E Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo (MEP), alrededor de $300.000 pesos. Esto pese a que según las cuentas del gobierno nacional, esta tendría que costar $94.371 pesos.

“El valor que se paga de la vacuna aplicada en ruralidad no concuerda con lo que a nosotros nos cuesta poner la vacuna”, explica Angie Carolina Arturo, médica general y gerente de la MEP, “pensaría que no se tuvo en cuenta, cuando se determinó ese precio, lo que nos cuesta la logística en ciertos departamentos”. La resolución 166 del 16 de febrero de 2021 fijó los valores que reconoce el gobierno por las actividades asociadas a la vacunación contra el COVID-19.

Allí se estipula el precio a pagar sobre tres estrategias de vacunación: Intramural (que se aplica en instalaciones de la prestadora de salud); Extramural urbana; y Extramural rural. En estas dos últimas las dosis se aplican fuera de las instalaciones a través de modalidades como visita casa a casa, puestos de vacunación móviles en parques, centros comerciales, iglesias y otros lugares concurridos, brigadas médicas, etc, con la diferenciación entre territorio urbano y rural. La resolución divide al país en 4 regiones: Amazonía; Andina, Caribe y ciudades; Pacífico; y Orinoquía, definiendo para cada una precios especiales.

Puede ver: El psicoactivo psilocibina podría ser efectivo para reducir la depresión

Territorios como Vichada, Vaupés, Guainía y Amazonas hacen parte de la región Amazonía. Para esta el gobierno estableció $9.531 pesos por dosis aplicada en modalidad intramural; $22.705 por extramural urbana; y $94.371 por extramural rural. Este último es el valor más elevado de la resolución. La siguiente vacuna más “cara” es la que se aplica extramural rural en el Pacífico, donde tiene un precio de $60.768. Por supuesto, vacunar aquí siempre ha resultado más caro que en el resto del país. Los trayectos y las dificultades que conllevan no son distintos a los que implica el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones).

“Lo que pasa es que en el PAI hemos logrado compensar los costos. Pero falta mucho para que este esquema se normalice. Esto es algo nuevo, no se tenía visualizado. Debido a la premura con la que estamos vacunando y a condiciones como la caducidad de las dosis y a que es un esquema nuevo que implicó socialización y sensibilización, la vacunación sufre aún con los retrasos del pago”, dice la doctora Arturo desde Inírida. El Gobierno se comprometió con los territorios, las IPS y las EPS, a pagar, en un giro previo, el 50% de lo que cuesta aplicar las dosis contra el COVID-19. Para saber cuántas dosis debe pagar, el Ministerio toma como base los registros del PAIWEB, una base de datos usada desde antes de la pandemia en la que se registra cada vacuna que se aplica en territorio nacional. Este viernes, MinSalud dijo que había dispuesto de 289.902 millones de pesos para pagar a las IPS por la aplicación de vacunas.

“Primero, hay que hacerse una idea: las comunidades fuera de Inírida, e incluso algunas en la capital, no tienen conexión. Todo lo que ponemos en esas zonas no lo podemos reportar al PAIWEB de forma inmediata, como lo hace el resto del país. Nos toca en extratiempos: esperar que el vacunador llegue del río, nos diga a cuantos vacunó, verificar que sí sean los datos del paciente, que hayan quedado bien escritos, que no se le haya mojado el papel, y posterior a eso, subir la información. Esa primera parte de verificación ya la hicimos, ya generamos la primera facturación, pero a nosotros como hospital no nos ha llegado el dinero”, dice Arturo. Lo mismo viene sucediendo en Guainía, Chocó, Vichada y Vaupés.

En este último departamento la falta de recursos ha tenido un impacto más visible. “Comenzamos con 7 equipos de vacunación que tocó ir clausurando al no tener recursos. En este momento solo hay dos”, señala la doctora Guevara desde Mitú. El plan de vacunación, había estimado su entidad, iba a costar allí alrededor de $700 millones, pero ya ha costado $400 millones con apenas el 30% de la cobertura. “Como empresas sociales del Estado tenemos presupuestos limitados. Se nos ha hecho difícil realizar el plan tal como estaba planeado”, dice. La limitación de recursos no es un asunto que los afecte solo a ellos.

El mismo gobierno reconoció a mediados de agosto que había un rezago de registro en el PAIWEB del 36.2% de dosis aplicadas pero no registradas a nivel nacional, lo que aceptó está dificultado el flujo de dinero, por lo cual introdujo reformas facilitando el trámite en la plataforma y aumentando el pago anticipado del 50% al 80%.

En Chocó, por ejemplo, solo dos de las 34 IPS vacunadoras ya recibieron los primeros recursos, detalla desde Quibdó Sandra Mena, al frente de la vacunación. Este departamento cuenta con una cobertura del 19.2% en las primeras dosis. “El lento flujo de dinero es un impedimento. El plan de vacunación es muy exigente. Pide que la vacunación se realice de lunes a lunes. El personal se cansa, se estresa, y todos necesitamos tener una remuneración por el trabajo. Las demoras en los pagos hacen que las personas se desmotiven y no se hagan las exigencias debidas porque uno no tiene como pedir si no da”.

“Hay una cosa que uno no alcanza a comprender y es que hay padres no vacunados que están llevando ahora a los niños a vacunarse a los puntos. Ahí se está aprovechando con educación para que ellos también se apliquen las dosis. El ingreso de los niños a la vacunación nos ha ayudado mucho, han impulsado la vacunación”, dice Mena, aunque reconoce que también ha tenido sus retos. Unos muy grandes que apenas se vislumbran.

Puede ver: Cambio climático y salud mental: nuevas pistas para entender una compleja relación

A repetir trayectos

Desde finales de julio el Ministerio de Salud ha ampliado el plan de vacunación a la población menor de 18 años. Primero incluyó a aquella entre los 12 y los 17 años (con el esquema de Pfizer ; y después a los niños y niñas de entre los 3 y los 11 años (con el esquema de Sinovac). Esto tiene implicaciones en la logística de los departamentos.

“Nosotros tenemos dentro del plan una vacuna, única dosis, que solo podemos aplicar a adultos de 18 años o más. Para los niños de 3 años en adelante, tenemos que ir dos veces, a donde ya fuimos mínimo una vez. Hay municipios en Chocó que se demoran hasta 45 días en ser recorridos. Eso sube los costos”, dice Mena. La idea original del plan de vacunación consistía en inmunizar con las dosis de Janssen en las zonas más apartadas del país, ya que hasta hoy es la única vacuna que necesita solo de una dosis. Así se facilitaba la logística y los trayectos en comunidades indígenas.

“Si fue difícil con los adultos, con los niños es el doble. Si bien la educación funciona en estas zonas bajo la modalidad de internado, lo que podría facilitar su encuentro, en este momento esas instituciones no están funcionando plenamente”, señala Martínez, de Sinergias. “Además, para vacunar a los niños se necesita el consentimiento de los padres, adultos que están en esta época del año (y en ciertas zonas, sobre todo del Vaupés), preparando el Yuruparí, uno de los momentos más importantes del calendario tradicional”.

Para vacunar a los menores de 18 años las entidades y prestadoras de salud deben volver a desplegar brigadas en zonas a donde seguramente ya fueron mínimo una vez y hasta dos o tres veces. La población indígena, mayoritaria en estos departamentos, está conformada además por un alto porcentaje de población en esas edades. Las comunidades indígenas de Chocó, Vaupés, Guainía, Vichada o La Guajira, están integradas en más del 40% por niños de 0 a 14 años.

“En Uribia, por ejemplo, una zona de La Guajira más grande que el Atlántico, hay más de 24.000 asentamientos, lo que nosotros llamamos rancherías, con una alta dispersión”, dice el secretario de Salud de La Guajira, Armando Pulido, “ir allí y encontrar a los adultos y a los niños es difícil. Eso explica que las coberturas en las poblaciones más jóvenes sean bajas, lo que impacta también el promedio departamental”. En esta región se está vacunando con todos los biológicos. Si bien el Ministerio priorizó la de Janssen para la población alejada, “no ha tenido el flujo de llegada que hubiéramos querido”, dice Pulido. Esa noción de que las dosis de Janssen no han llegado en la cantidad necesaria nos la repitieron en Vaupés.

“Las cantidades que se le han enviado al departamento de Janssen no han sido suficientes para salir a las comunidades indígenas en largos y extenuantes recorridos”, dice Marcela Arias, que gerencia todo lo relacionado con COVID-19 en Vaupés. Con corte al día que hablamos con ella, el pasado 12 de noviembre, el departamento tenía en inventario, según dijo, 993 dosis de ese laboratorio. La última vez que lotes de esa farmacéutica llegaron al país fue el 24 y el 25 de septiembre pasado, cuando aterrizaron 2.834.700 dosis. Hasta el 7 de noviembre Colombia había recibido 5.814.700 dosis de Janssen (2.500.000 donadas por EE.UU.), en comparación con las 18.619.204 que han llegado de Sinovac; o las 17.220.720 del laboratorio Pfizer.

Además de la condiciones logísticas, de financiación, cobertura y disponibilidad de vacunas, en estas regiones el plan de vacunación se enfrenta a la renuencia a aplicarse las dosis que se sigue presentando en algunas comunidades. Esa que solo ha sido posible derrotar con éxito a partir de la sensibilización y socialización, como de nuevo demostró Amazonas.

“Antes de comenzar a vacunar, lo primero que hizo el departamento fue llamar a la estructura indígena de las 14 organizaciones del Amazonas”, cuenta Abimelec Macuyama, líder de Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico. La organización, que representa a los 26 pueblos del departamento, fue llamada “a concertar. Nos dijeron que querían trabajar de la mano. Se arrancaron unas jornadas de sensibilización muy fuertes que la dirigencia indígena ayudó a realizar. Para eso, fuimos nosotros, los líderes, los primeros en vacunarnos para dar la garantía en nuestros pueblos, para vencer los miedos que había. La salud, seamos indígenas, blancos o negros, es primordial. Vacunados vamos a tener la garantía para caminar seguros y disfrutar lo que somos”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.