Las necesidades de salud sexual de los migrantes venezolanos

“Una amiga iba a tener un niño aquí pero no pudo, se tuvo que regresar a Venezuela, porque le estaban cobrando $1’000.000 de pesos para poder tener a su bebé acá, entonces ella no, en eso creo que la pasaron al Amparo y allá sí la atendían”, dice una mujer migrante venezolana que vive en Arauca. “(A)quí los colombianos están diciendo que las mujeres como tal estamos trayendo infecciones, enfermedades de Venezuela hacia acá, que estamos con el VIH, con el sida, que con la gonorrea, que esto y que lo otro”, dice otra venezolana que vive en Riohacha.

Estos testimonios hacen parte del informe Evaluación de las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante en cuatro ciudades de la frontera colombo-venezolana, que publicó Profamilia junto con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) para saber qué tanto están haciendo los servicios de salud en la frontera por la salud sexual y reproductiva de los migrantes. La triste conclusión es que la desinformación, la xenofobia y la falta de financiación son las grandes barreras que les impiden el acceso a los servicios de salud sexual.

“Durante los procesos de migración, muchas necesidades no se cubren, incluyendo vivienda, alimentación, salud, empleo y educación. Estas necesidades no satisfechas crean dinámicas que afectan directamente las necesidades sexuales de los migrantes, y los derechos reproductivos, especialmente de mujeres y jóvenes. Esto se refleja en mayor riesgo de violencia sexual, una ausencia de métodos anticonceptivos, un mayor número de embarazos no deseados, mayores tasas de aborto inseguro e infecciones de transmisión sexual, entre otras. Además, las mujeres embarazadas no tienen acceso suficiente a los servicios de prevención y en muchos casos se han enfrentado a complicaciones al registrar a sus hijos como ciudadanos colombianos”, explica el informe.

Durante octubre y noviembre de 2018, Profamilia y la IPPF llevaron a cabo una serie de encuestas en cuatro ciudades de frontera entre Colombia y Venezuela: Cúcuta, Arauca, Riohacha y Valledupar. De acuerdo con Migración Colombia, a marzo de 2019, 1’260.594 personas venezolanas vivían en Colombia, de las cuales 489.619 lo hacían de manera irregular, y según el Gobierno colombiano, hasta cuatro millones de migrantes venezolanos podrían estar viviendo en Colombia para 2021 si la situación en el país vecino empeora.

Los investigadores se concentraron en la percepción que las personas migrantes de Venezuela tenían sobre el acceso a la salud reproductiva. Unas 300 personas participaron en el estudio y fueron divididas en tres grupos mixtos entre los 14 y los 17 años, los 18 y los 24, y los 24 y 49 años. Además, los investigadores entrevistaron a 23 personas claves dentro de instituciones que prestan servicios de salud sexual y reproductiva en las cuatro ciudades y revisaron la literatura que el Gobierno colombiano ha emitido al respecto.

Por ejemplo, en Arauca, donde una de cada 20 personas es venezolana, el top 10 de necesidades insatisfechas de la población migrante de Venezuela lo encabeza el acceso a servicios de aborto seguro y atención y asesorías post-aborto, así como la entrega de información de alta calidad. En Cúcuta, el servicio más insatisfecho es el acceso a anticonceptivos de emergencia, como anticonceptivos orales, igual que en Riohacha y Valledupar, en donde también hay preocupación entre migrantes por la falta de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado. (Migrantes embarazadas, en alto riesgo)

Infografía de Profamilia e IPPF.

Tal vez lo más importante de este informe fue evaluar si se estaba implementando el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) en salud reproductiva en situaciones de emergencia. Se trata de un instrumento internacional que idearon los miembros del Interagency Working Group (como la OMS o el Banco Mundial, entre otros) para atender la violencia basada en género, el VIH, garantizar el derecho al aborto, cuidar la salud materna e infantil y garantizar la salud sexual y reproductiva en crisis humanitarias.

Aunque no es la primera vez que se implementan los PSIM en Latinoamérica, sí es la primera que se evalúa a los gobiernos y prestadores de salud para ver si con su trabajo están protegiendo de las desigualdades a niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres migrantes.

En pocas palabras: a pesar de los esfuerzos de algunos prestadores de salud, estos paquetes no han sido implementados lo suficiente durante la crisis migratoria en ninguna de las cuatro ciudades. (La salud para los niños venezolanos es obligatoria, sin importar su situación migratoria)

“Lo primero es que hay una importante falta de educación integral para la sexualidad. Cosas mínimas como saber que tienen derecho a la anticoncepción y que esto es responsabilidad también de los hombres cambiarían las vidas de mucha gente. Pero la desinformación es un problema grande en la atención de la salud sexual y reproductiva de los migrantes”, dice Juan Carlos Rivillas, director de investigaciones de Profamilia y el autor principal del estudio.

Rivillas dice que el problema es que algunas de las personas que prestan servicios de salud en los puntos de atención a migrantes no conocen los PSIM. Por ejemplo, de los 23 entrevistados en una de las ciudades, solo dos sabían qué era y solo una había sido entrenada para implementarlo. “Estas herramientas salvan vidas. Hay que conocer los lineamientos y ser cero tolerantes con la xenofobia desde los servicios de salud. Hay mucho trabajo por hacer con las comunidades receptoras, y ojalá salieran muchas más investigaciones al respecto”, afirma el investigador.

Por ejemplo, solo en tres de las cuatro ciudades existen organizaciones que trabajan violencias basadas en género y en todas existe al menos una instalación para la atención clínica de la violencia sexual. Sin embargo, la gran barrera para acceder a estos servicios es la falta de información, en particular en Valledupar, donde no hay organizaciones que trabajen con migrantes víctimas de violencia sexual, a pesar de que la trata de personas y la retención ilegal de pasaportes de mujeres es una práctica común en las zonas de paso ilegales entre fronteras.

Con respecto al VIH, en ninguna de las ciudades había servicios suficientes para su prevención. En el contexto de la crisis migratoria, en Arauca, Riohacha y Valledupar hay por lo menos un nuevo caso diario, según el informe, pero las instituciones están desabastecidas para prevenir transmisiones, en particular de condones, y no todas las instituciones están usando sistemas de referencia adecuados para las personas infectadas. Sin embargo, la mayoría de instituciones en las cuatro ciudades cuentan con equipos básicos para prevenir infecciones (como buenas prácticas de trasfusión de sangre) y servicios de apoyo psicosocial.

Por sus tasas más altas de VIH, en Cúcuta se encontraron más instituciones y servicios para prevenir y reducir el virus, y cada día hay por lo menos un nuevo caso reportado en cada ciudad, pero no siempre estuvo acompañado del tratamiento de las personas infectadas. No hay cifras de cuántas personas migrantes venezolanos viven con VIH en Colombia, sin embargo, es una preocupación para los migrantes, en particular por la falta de medicamentos antirretrovirales en Venezuela que han denunciado ONG como Acción Ciudadana Contra el Sida desde finales del año pasado, cuando anunciaron que el desabastecimiento llegaba al 95 % en el país vecino.

En cuanto a los anticonceptivos, la mayoría de entrevistados señalaron que su organización ha provisto anticonceptivos como condones, pastillas e inyectables, pero solo la mitad ofrece anticonceptivos de larga duración como el DIU e implantes subdérmicos. “Lo anterior señala una oferta limitada en algunos contextos que afecta las posibilidades de las mujeres de escoger el método anticonceptivo de su preferencia o que mejor responda a sus condiciones de salud”, señala el informe.

“Muchas mujeres vienen a tener sus bebés a Colombia, y a pesar de que hay una buena red de prestadores en esas ciudades, se enfrentan a muchas barreras causadas por la xenofobia. Por ejemplo, en Riohacha entrevistamos a una chica que no tenía los cuatro controles prenatales que tienen que tener las mujeres gestantes, y no porque no tuviera la oferta, sino porque la discriminaban médicos y enfermeras diciéndole que debía agradecerles por prestarle el servicio”, recuerda Rivillas.

A pesar de este panorama, hay gente haciéndolo bien. En las cuatro ciudades se encontró al menos una institución que presta servicios de control prenatal, asistencia en parto natural o cesárea, emergencias obstétricas y recién nacidos a las venezolanas gestantes, aunque no hay una red de prestadores de servicios de salud para atender los casos más complejos.

Con respecto al aborto, no se encontraron suficientes servicios en ninguna de las cuatro ciudades. Sin embargo, las barreras de acceso están relacionadas con diferentes problemas: falta de conocimiento sobre la legislación colombiana respecto al aborto, falta de acceso a los lugares en los que el servicio está disponible, estigma, ausencia de sistemas de referencia y el uso de prácticas de aborto inseguras. “Encontramos mujeres que abortan en medio de la trocha con métodos inseguros, y otras que simplemente no conocen que el aborto es legal en tres causales en Colombia. Las migrantes deben acceder al aborto como un derecho humano dentro de la crisis humanitaria”, afirma el investigador.

Monitorear la respuesta institucional, priorizar la atención a violencias de género, aumentar los niveles de cobertura en la prestación de servicios, contrarrestar la desinformación sobre derechos sexuales y reproductivos y tener políticas de cero xenofobia, entre otras recomendaciones, haría que los migrantes venezolanos accedan a servicios básicos de salud sexual, salud reproductiva y materno-infantil, a pesar de la crisis.

“En este momento crítico de la historia, ha llegado el momento de considerar seriamente el impacto de la migración en el contexto de las crisis humanitarias en la salud reproductiva. Las circunstancias exigen la priorización del bienestar de los migrantes de las comunidades anfitrionas venezolanas y colombianas, particularmente de niñas y mujeres extremadamente vulnerables, como migrantes irregulares y circulares. Tenemos mucho trabajo por delante”, concluye el informe.

Mapa realizado por Profamilia e IPPF.

hcalle@elespectador.com

“Una amiga iba a tener un niño aquí pero no pudo, se tuvo que regresar a Venezuela, porque le estaban cobrando $1’000.000 de pesos para poder tener a su bebé acá, entonces ella no, en eso creo que la pasaron al Amparo y allá sí la atendían”, dice una mujer migrante venezolana que vive en Arauca. “(A)quí los colombianos están diciendo que las mujeres como tal estamos trayendo infecciones, enfermedades de Venezuela hacia acá, que estamos con el VIH, con el sida, que con la gonorrea, que esto y que lo otro”, dice otra venezolana que vive en Riohacha.

Estos testimonios hacen parte del informe Evaluación de las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante en cuatro ciudades de la frontera colombo-venezolana, que publicó Profamilia junto con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) para saber qué tanto están haciendo los servicios de salud en la frontera por la salud sexual y reproductiva de los migrantes. La triste conclusión es que la desinformación, la xenofobia y la falta de financiación son las grandes barreras que les impiden el acceso a los servicios de salud sexual.

“Durante los procesos de migración, muchas necesidades no se cubren, incluyendo vivienda, alimentación, salud, empleo y educación. Estas necesidades no satisfechas crean dinámicas que afectan directamente las necesidades sexuales de los migrantes, y los derechos reproductivos, especialmente de mujeres y jóvenes. Esto se refleja en mayor riesgo de violencia sexual, una ausencia de métodos anticonceptivos, un mayor número de embarazos no deseados, mayores tasas de aborto inseguro e infecciones de transmisión sexual, entre otras. Además, las mujeres embarazadas no tienen acceso suficiente a los servicios de prevención y en muchos casos se han enfrentado a complicaciones al registrar a sus hijos como ciudadanos colombianos”, explica el informe.

Durante octubre y noviembre de 2018, Profamilia y la IPPF llevaron a cabo una serie de encuestas en cuatro ciudades de frontera entre Colombia y Venezuela: Cúcuta, Arauca, Riohacha y Valledupar. De acuerdo con Migración Colombia, a marzo de 2019, 1’260.594 personas venezolanas vivían en Colombia, de las cuales 489.619 lo hacían de manera irregular, y según el Gobierno colombiano, hasta cuatro millones de migrantes venezolanos podrían estar viviendo en Colombia para 2021 si la situación en el país vecino empeora.

Los investigadores se concentraron en la percepción que las personas migrantes de Venezuela tenían sobre el acceso a la salud reproductiva. Unas 300 personas participaron en el estudio y fueron divididas en tres grupos mixtos entre los 14 y los 17 años, los 18 y los 24, y los 24 y 49 años. Además, los investigadores entrevistaron a 23 personas claves dentro de instituciones que prestan servicios de salud sexual y reproductiva en las cuatro ciudades y revisaron la literatura que el Gobierno colombiano ha emitido al respecto.

Por ejemplo, en Arauca, donde una de cada 20 personas es venezolana, el top 10 de necesidades insatisfechas de la población migrante de Venezuela lo encabeza el acceso a servicios de aborto seguro y atención y asesorías post-aborto, así como la entrega de información de alta calidad. En Cúcuta, el servicio más insatisfecho es el acceso a anticonceptivos de emergencia, como anticonceptivos orales, igual que en Riohacha y Valledupar, en donde también hay preocupación entre migrantes por la falta de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado. (Migrantes embarazadas, en alto riesgo)

Infografía de Profamilia e IPPF.

Tal vez lo más importante de este informe fue evaluar si se estaba implementando el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) en salud reproductiva en situaciones de emergencia. Se trata de un instrumento internacional que idearon los miembros del Interagency Working Group (como la OMS o el Banco Mundial, entre otros) para atender la violencia basada en género, el VIH, garantizar el derecho al aborto, cuidar la salud materna e infantil y garantizar la salud sexual y reproductiva en crisis humanitarias.

Aunque no es la primera vez que se implementan los PSIM en Latinoamérica, sí es la primera que se evalúa a los gobiernos y prestadores de salud para ver si con su trabajo están protegiendo de las desigualdades a niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres migrantes.

En pocas palabras: a pesar de los esfuerzos de algunos prestadores de salud, estos paquetes no han sido implementados lo suficiente durante la crisis migratoria en ninguna de las cuatro ciudades. (La salud para los niños venezolanos es obligatoria, sin importar su situación migratoria)

“Lo primero es que hay una importante falta de educación integral para la sexualidad. Cosas mínimas como saber que tienen derecho a la anticoncepción y que esto es responsabilidad también de los hombres cambiarían las vidas de mucha gente. Pero la desinformación es un problema grande en la atención de la salud sexual y reproductiva de los migrantes”, dice Juan Carlos Rivillas, director de investigaciones de Profamilia y el autor principal del estudio.

Rivillas dice que el problema es que algunas de las personas que prestan servicios de salud en los puntos de atención a migrantes no conocen los PSIM. Por ejemplo, de los 23 entrevistados en una de las ciudades, solo dos sabían qué era y solo una había sido entrenada para implementarlo. “Estas herramientas salvan vidas. Hay que conocer los lineamientos y ser cero tolerantes con la xenofobia desde los servicios de salud. Hay mucho trabajo por hacer con las comunidades receptoras, y ojalá salieran muchas más investigaciones al respecto”, afirma el investigador.

Por ejemplo, solo en tres de las cuatro ciudades existen organizaciones que trabajan violencias basadas en género y en todas existe al menos una instalación para la atención clínica de la violencia sexual. Sin embargo, la gran barrera para acceder a estos servicios es la falta de información, en particular en Valledupar, donde no hay organizaciones que trabajen con migrantes víctimas de violencia sexual, a pesar de que la trata de personas y la retención ilegal de pasaportes de mujeres es una práctica común en las zonas de paso ilegales entre fronteras.

Con respecto al VIH, en ninguna de las ciudades había servicios suficientes para su prevención. En el contexto de la crisis migratoria, en Arauca, Riohacha y Valledupar hay por lo menos un nuevo caso diario, según el informe, pero las instituciones están desabastecidas para prevenir transmisiones, en particular de condones, y no todas las instituciones están usando sistemas de referencia adecuados para las personas infectadas. Sin embargo, la mayoría de instituciones en las cuatro ciudades cuentan con equipos básicos para prevenir infecciones (como buenas prácticas de trasfusión de sangre) y servicios de apoyo psicosocial.

Por sus tasas más altas de VIH, en Cúcuta se encontraron más instituciones y servicios para prevenir y reducir el virus, y cada día hay por lo menos un nuevo caso reportado en cada ciudad, pero no siempre estuvo acompañado del tratamiento de las personas infectadas. No hay cifras de cuántas personas migrantes venezolanos viven con VIH en Colombia, sin embargo, es una preocupación para los migrantes, en particular por la falta de medicamentos antirretrovirales en Venezuela que han denunciado ONG como Acción Ciudadana Contra el Sida desde finales del año pasado, cuando anunciaron que el desabastecimiento llegaba al 95 % en el país vecino.

En cuanto a los anticonceptivos, la mayoría de entrevistados señalaron que su organización ha provisto anticonceptivos como condones, pastillas e inyectables, pero solo la mitad ofrece anticonceptivos de larga duración como el DIU e implantes subdérmicos. “Lo anterior señala una oferta limitada en algunos contextos que afecta las posibilidades de las mujeres de escoger el método anticonceptivo de su preferencia o que mejor responda a sus condiciones de salud”, señala el informe.

“Muchas mujeres vienen a tener sus bebés a Colombia, y a pesar de que hay una buena red de prestadores en esas ciudades, se enfrentan a muchas barreras causadas por la xenofobia. Por ejemplo, en Riohacha entrevistamos a una chica que no tenía los cuatro controles prenatales que tienen que tener las mujeres gestantes, y no porque no tuviera la oferta, sino porque la discriminaban médicos y enfermeras diciéndole que debía agradecerles por prestarle el servicio”, recuerda Rivillas.

A pesar de este panorama, hay gente haciéndolo bien. En las cuatro ciudades se encontró al menos una institución que presta servicios de control prenatal, asistencia en parto natural o cesárea, emergencias obstétricas y recién nacidos a las venezolanas gestantes, aunque no hay una red de prestadores de servicios de salud para atender los casos más complejos.

Con respecto al aborto, no se encontraron suficientes servicios en ninguna de las cuatro ciudades. Sin embargo, las barreras de acceso están relacionadas con diferentes problemas: falta de conocimiento sobre la legislación colombiana respecto al aborto, falta de acceso a los lugares en los que el servicio está disponible, estigma, ausencia de sistemas de referencia y el uso de prácticas de aborto inseguras. “Encontramos mujeres que abortan en medio de la trocha con métodos inseguros, y otras que simplemente no conocen que el aborto es legal en tres causales en Colombia. Las migrantes deben acceder al aborto como un derecho humano dentro de la crisis humanitaria”, afirma el investigador.

Monitorear la respuesta institucional, priorizar la atención a violencias de género, aumentar los niveles de cobertura en la prestación de servicios, contrarrestar la desinformación sobre derechos sexuales y reproductivos y tener políticas de cero xenofobia, entre otras recomendaciones, haría que los migrantes venezolanos accedan a servicios básicos de salud sexual, salud reproductiva y materno-infantil, a pesar de la crisis.

“En este momento crítico de la historia, ha llegado el momento de considerar seriamente el impacto de la migración en el contexto de las crisis humanitarias en la salud reproductiva. Las circunstancias exigen la priorización del bienestar de los migrantes de las comunidades anfitrionas venezolanas y colombianas, particularmente de niñas y mujeres extremadamente vulnerables, como migrantes irregulares y circulares. Tenemos mucho trabajo por delante”, concluye el informe.

Mapa realizado por Profamilia e IPPF.

hcalle@elespectador.com