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En noviembre de 2015 publicamos un artículo en la edición impresa de El Espectador titulada “Gaseosas, una pelea gorda”. En él contábamos la discusión que había desatado la propuesta del ministro de Salud de ese entonces, Alejandro Gaviria, por gravar estos productos. Mientras su cartera insistía en que era una buena idea para reducir su consumo y, de paso, el de condiciones como la obesidad, la ANDI se oponía.
Desde entonces, han pasado ocho años llenos de tensiones y discordias, en los que se hicieron varios esfuerzos por sacar adelante el impuesto a las bebidas con exceso de azúcar. La mayoría de ocasiones se derrumbaron. No prosperaron los proyectos de ley en el Congreso ni los intentos por incluir artículos en las reformas tributarias de los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. (Lea Personaje del año: El equipo que nos ayudó a entender los sismos y los volcanes)
Pero la historia cambió el 1.° de noviembre de 2023. Por primera vez entró a regir un impuesto gradual a esos artículos, luego de que la Corte Constitucional le diera el aval a la propuesta que se había planteado en la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Muchas personas del mundo de la salud lo celebraron, pues, en comparación al debate del 2015, ahora tenían bajo el brazo varios artículos de evidencia que mostraban que esa medida era útil para, entre otras cosas, reducir la ingesta de bebidas azucaradas. También podría ayudar a reducir la prevalencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la caries dental, señalaba la Organización Mundial de la Salud.
Luis Fernando Gómez, médico y profesor de la Universidad Javeriana, fue una de las personas que aplaudió la decisión, aunque reconocía que era clave acompañarla de otras medidas para que tuviera el efecto esperado. Entre ellas, restricciones a la publicidad de alimentos ultraprocesados, restricciones a la comida chatarra en ambientes escolares y un impulso a la oferta de alimentos reales. Después de todo, decía, el consumo de esos productos está asociado con la obesidad y el sobrepeso, dos condiciones relacionadas con la diabetes mellitus tipo 2 y con la enfermedad cardiovascular. Ambas hacen parte de las enfermedades no transmisibles, la principal causa de muerte en Colombia. (Lea Personaje del año: La colombiana que busca comprender el mundo de la física cuántica)
Aunque para haber llegado a esa decisión fue indispensable un impulso político y haber tenido respaldo del Minhacienda y del Minsalud, fue clave el trabajo de varias organizaciones que, tras bambalinas, se empeñaron en sacarlo adelante, pese a los fracasos.
Cuenta Carolina Piñeros, directora de Red Papaz, que, en su caso, decidieron empezar a involucrarse en la discusión en 2012. “Tras entender por qué podía ser una medida útil, optamos por impulsarla. En 2016, pese al apoyo que le dio Alejandro Gaviria como ministro de Salud, la idea se hundió de manera dramática en el Congreso y ahí entendimos que no iba a ser nada fácil ese proceso”, recuerda. “Y, efectivamente, no lo fue”.
A medida que varios congresistas decidían darles la espalda a los proyectos de ley que buscaban implementar el impuesto a las bebidas azucaradas, otras organizaciones empezaron a sumarse. Fian Colombia, que trabaja por el derecho de la alimentación y nutrición adecuadas, también comenzó a hacer incidencia, pues, asegura Andrea Rodríguez, una de sus integrantes, tenían la certeza de que “era una buena medida de salud pública”.
Mientras trataban de incidir en el Congreso y en ministerios, veían más tropiezos que éxitos. Pese a que en 2019 lograron una pequeña victoria al incluir en la reforma tributaria un cambio en el IVA de las bebidas azucaradas, al cabo de dos años, su trabajo se fue al traste cuando no encontraron suficiente respaldo en Cámara y Senado para sacar adelante el impuesto en la reforma tributaria del 2021.
“Ha sido un camino muy largo, de muchos años”, añade Rodríguez. “Pero fue posible gracias a varias organizaciones que teníamos objetivos comunes y, poco a poco, empezamos a articularnos”.
Dejusticia también se sumó, desde otro enfoque. “Comenzamos a trabajar en alimentación saludable desde 2017 porque la malnutrición está atravesada por la desigualdad. Las personas de menos recursos son la que peor se alimentan. Y sabemos que los efectos de la obesidad y el sobrepeso tienen efectos en la salud física y cognitiva, y, además, aumentan las ENT. Por eso decidimos apoyar esa iniciativa”, dice la abogada Adriana Torres, de Dejusticia. “Sin embargo, nosotros no hacemos incidencia en el Congreso ni participamos en el desarrollo de ninguna ley. Damos unos parámetros con enfoque de derechos humanos en el marco de la alimentación adecuada”.
En esa red que se empezó a formar —aunque no era propiamente una red—, participó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que asumió la tarea de denunciar los conflictos de interés que podían tener algunos de los congresistas que votaban las iniciativas. Como algunos de los políticos habían recibido dinero de alguna industria relacionada con las bebidas azucaradas, decidieron iniciar una campaña para dejar en evidencia esa relación. “Lo hicimos porque estamos convencidos de que esa medida es importante para la salud y porque creemos en el equilibrio de la democracia. Pero, de ninguna manera, estamos en contra de la industria”, añade Yessika Hoyos, abogada del CAJAR.
Todas las personas que consultamos coinciden en que otro actor fue esencial para entender la importancia de ese impuesto en Colombia: la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, compuesta por varios profesores de diferentes áreas y universidades, entre ellas, la U. Nacional, la U. de los Andes, la U. de Antioquia y la U. Javeriana.
Es imposible nombrarlos a todos en una página de periódico (e incluir sus fotografías), pero Martha Yaneth Sandoval, economista e integrante de la red, recuerda que, luego de varios encuentros y reuniones virtuales, decidieron acompañar los diseños técnicos del impuesto y recopilar evidencia para demostrar su utilidad. “Pero la victoria es el resultado de un esfuerzo colectivo de varias organizaciones de la sociedad civil”, reiteraba el profesor Gómez, también integrante de la red.
Por ese trabajo, decidimos hacer una excepción en esta edición de personajes del año y reconocer a un grupo amplio que confía en que desincentivar el consumo de estas bebidas puede ser útil para la salud de los colombianos. En conjunto con otras medidas, servirán, dicen, para atajar problemas que hace rato se nos salieron de las manos, como la obesidad.
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