Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
A través de un comunicado, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP) expresó su acuerdo con la reciente decisión de la Corte Constitucional, en la que se ordena a las EPS a cubrir el retiro de biopolímeros (un tipo de silicona), y diagnosticar y tratar los síntomas graves que son provocados por las cirugías estéticas de implantes mamarios.
De acuerdo con la SCCP, “esta decisión representa un alivio significativo para miles de colombianos que han sido víctimas de procedimientos estéticos realizados por personas no idóneas y no calificadas que utilizan biopolímeros”. Este tipo de silicona inyectable puede causar efectos adversos, que se pueden presentar a corto, mediano o largo plazo.
(Lea: ¿Qué son los biopolímeros y por qué es tan costoso retirarlos del cuerpo?)
La organización resaltó que la utilización de este tipo de sustancias no aptas para uso en el ser humano, no solo ha generado graves complicaciones de salud en los pacientes, sino que también ha puesto de manifiesto la urgencia de una regulación más estricta en el sector. “Esta decisión judicial es un paso crucial para garantizar que las personas afectadas reciban el tratamiento adecuado y necesario para preservar su salud”.
Por esto, la SCCP recalcó la importancia de establecer criterios técnico-científicos rigurosos para la selección de los pacientes que tengan prioridad en estos procedimientos para retiro de biopolímeros, pues reconocen las limitaciones de recursos en el sistema de salud colombiano.
Además, explicaron que este procedimiento, que en varios casos requiere más de una intervención, debe ser realizado únicamente por profesionales de la salud capacitados y certificados para llevarlos a cabo.
(Lea: Lo que debe saber si hace parte de los 1.800 millones de adultos que no hacen ejercicio)
También resaltaron la necesidad de reforzar la prevención de este problema de salud pública. “Es vital que se cumpla y se haga cumplir la Ley 2316 del 2023, que prohíbe el ingreso de estas sustancias al país y establece sanciones para quienes las utilicen”, agregan.
La SCCP se comprometió a colaborar con el Ministerio de Salud, las EPS y otras entidades de salud, así como con los profesionales médicos, para asegurar que estos procedimientos se realicen teniendo en cuenta siempre el bienestar de los pacientes.