Le quitaron el alma al proyecto de ley contra la comida chatarra

Las últimas semanas han sido agridulces para los que buscan disminuir el consumo de comida chatarra en Colombia. Aunque a principios de junio una jueza ordenó a los canales privados emitir un comercial sobre estos productos, con el cual la organización Red Papaz buscaba alertar sobre los riesgos a la salud que implica comer productos altos en azúcar, sodio y grasas, un día después las noticias dejaron de ser buenas. En su debate final en la plenaria de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que iba en la misma vía y que tenía el fin de combatir la obesidad, especialmente en niños, fue modificado a tal punto que sus ponentes aseguran que “le quitaron el alma”.

Conocido informalmente como la “ley de comida chatarra”, este proyecto de ley buscaba regular la publicidad de alimentos no saludables y ultraprocesados desde varios frentes. Prohibir su publicidad por cualquier medio desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., evitar que fueran vendidos en tiendas escolares y declarar la obesidad como una enfermedad de interés de salud pública eran algunos de ellos. Sin embargo, el grueso del proyecto, lo que Red Papaz consideraba el “corazón de la ley”, era instaurar un nuevo etiquetado frontal y fácil de entender que alertara si el producto era alto en calorías, sodio, azúcar o grasas saturadas. Puntualmente se proponía poner un sello octogonal negro que tuviera una advertencia similar a la que se utiliza en Chile desde hace casi dos años.

En Colombia, explica Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, la industria usa actualmente el etiquetado GDA para dar a conocer la información nutricional de los productos. Esos “huevitos” o tabla nutricional que están atrás de los empaques y que indican el porcentaje de carbohidratos, grasas, sodio, colesterol o proteína que tiene el producto.

El problema es que este etiquetado tiene dos peros. Primero, está basado en una dieta de 2.000 calorías diarias, lo que está pensado para un adulto, pero es muy alto para un niño, y, segundo, no es fácil de entender. “Lo que la Organización Mundial de la Salud ha apoyado es que sea una advertencia frontal”.

Pero la propuesta de los sellos octagonales, la “esencia” del proyecto, se vino abajo después del segundo debate en Cámara, a pesar de que el proyecto de ley sí fue votado a favor. “Nunca habíamos visto un proyecto de ley con tanto lobby de la industria. Yo llegué a contar hasta 60 lobistas presentes”, señala el representante Óscar Ospina, ponente del debate.

Aunque en principio el proyecto tenía 20 artículos, después de realizar un comité con representantes de la industria se decidió retirar nueve artículos que “eran una intromisión a la libertad de empresa”, como los relativos a publicidad y su venta en tiendas escolares. Pero incluso después de esto, a la hora de debatirlo, “algunos representantes les hicieron el mandado a las industrias y dejaron el proyecto sin ninguna sustancia”.

Algunos de las industrias que estuvieron presentes en el debate, explica Ospina, fueron la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que no respondió a las preguntas de El Espectador, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Según las Cámaras de las Industrias de Alimentos y Bebidas de la Andi, los “ciudadanos tienen derecho a tener información completa”, y ellas están a favor de una debida información nutricional en el etiquetado de los productos de las industrias de alimentos y bebidas, sin embargo consideran que debe ser “el Ministerio de Salud la entidad que defina mediante reglamento técnico las características que debe tener el etiquetado”.

“En la industria de alimentos y bebidas queremos plantear propuestas en este sentido: sí a la información nutricional al consumidor con sustento científico, no a la prohibición y los mensajes que asusten a los consumidores. Consideramos que en la cara frontal de los empaques de los alimentos y bebidas debe haber etiquetas con información sobre la cantidad de azúcares totales, grasa saturada, sodio y energía (calorías) contenidos en una porción del producto y su porcentaje frente al valor de referencia recomendado por OMS de 2.000 kilocalorías al día”, explican. Es decir, están de acuerdo con el etiquetado frontal, mas no con que se diga “alto en azúcar”, “alto en sodio” o “alto en grasas”.

Además, la Andi explicó que los “sellos chilenos” no están homogeneizados con países con los que hay TLC, lo que los expondría a demandas por establecer obstáculos técnicos al comercio. Temen que estos mensajes puedan generar “miedo hacia los alimentos (incrementando riesgos de bulimia y anorexia)”.

Finalmente afirman que su intervención en el debate se debió a la invitación que les hicieron algunos de los representantes a la Cámara y que “las encuestas de salud de Chile, único país en el mundo que ha implementado el etiquetado de octágonos de advertencia, no ha disminuido la obesidad, a pesar de tener más de dos años desde su aplicación”.

Ante esto, la doctora Lorena Rodríguez, quien era jefa del Departamento de Alimentos y Nutrición del Ministerio de Salud en Chile cuando se diseñó e implementó la ley de los sellos, explicó a El Espectador que la efectividad de los sellos octagonales debe medirse en cuatro objetivos: que las empresas lo cumplan, que los consumidores lo entiendan en pocos segundos, que cambie el consumo y que, finalmente, cambie la prevalencia de obesidad en la población.

De esto último se tendrán resultados en Chile dentro de diez años, pues la ley apenas cumplirá dos años de vigencia. Pero con los otros factores, todo indica que va por un buen camino: el 80 % de las empresas chilenas lo están cumpliendo, casi el 90 % apoya la ley y el 75 % de la población ha reportado un intento de cambio por consumir productos sin sellos, es decir, más saludables.

“En Chile, la industria también se sintió amenazada, pero una vez la ley entró en vigencia ellos mismos reformularon sus alimentos. Bajaron la cantidad de sodio, azúcar y grasa saturada para que no tuvieran que llevar el sello y les pudieran hacer publicidad”.

Pero en Colombia, por ahora, el escenario parece ser otro, pues tanto Red Papaz como el representante Ospina creen que, tal como fue aprobado el proyecto de ley en segundo debate, sería perjudicial. A pesar de que solicitaron retirarlo, pero la moción no fue aprobada, el representante dice que hay dos vías: intentar modificarlo en los dos debates que le quedan en el Senado o demandarlo en caso de que sea sancionado por la Presidencia y salga a la luz pública.

“Nosotros esperamos que los próximos debates se den con evidencia científica, porque es importante que se entienda que la obesidad y las enfermedades relacionadas a ella, como la diabetes, son un problema de salud pública”, concluye Piñeros, de Red Papaz.

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, el 51,2 % de la población adulta y el 17,5 % de los niños presentan sobrepeso y obesidad en Colombia. Además, un informe publicado por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud en el 2015 recomienda “cambiar las percepciones de los consumidores y el conocimiento sobre el procesamiento de alimentos”, así como “reducir el consumo de productos ultraprocesados”.

Las últimas semanas han sido agridulces para los que buscan disminuir el consumo de comida chatarra en Colombia. Aunque a principios de junio una jueza ordenó a los canales privados emitir un comercial sobre estos productos, con el cual la organización Red Papaz buscaba alertar sobre los riesgos a la salud que implica comer productos altos en azúcar, sodio y grasas, un día después las noticias dejaron de ser buenas. En su debate final en la plenaria de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que iba en la misma vía y que tenía el fin de combatir la obesidad, especialmente en niños, fue modificado a tal punto que sus ponentes aseguran que “le quitaron el alma”.

Conocido informalmente como la “ley de comida chatarra”, este proyecto de ley buscaba regular la publicidad de alimentos no saludables y ultraprocesados desde varios frentes. Prohibir su publicidad por cualquier medio desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., evitar que fueran vendidos en tiendas escolares y declarar la obesidad como una enfermedad de interés de salud pública eran algunos de ellos. Sin embargo, el grueso del proyecto, lo que Red Papaz consideraba el “corazón de la ley”, era instaurar un nuevo etiquetado frontal y fácil de entender que alertara si el producto era alto en calorías, sodio, azúcar o grasas saturadas. Puntualmente se proponía poner un sello octogonal negro que tuviera una advertencia similar a la que se utiliza en Chile desde hace casi dos años.

En Colombia, explica Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, la industria usa actualmente el etiquetado GDA para dar a conocer la información nutricional de los productos. Esos “huevitos” o tabla nutricional que están atrás de los empaques y que indican el porcentaje de carbohidratos, grasas, sodio, colesterol o proteína que tiene el producto.

El problema es que este etiquetado tiene dos peros. Primero, está basado en una dieta de 2.000 calorías diarias, lo que está pensado para un adulto, pero es muy alto para un niño, y, segundo, no es fácil de entender. “Lo que la Organización Mundial de la Salud ha apoyado es que sea una advertencia frontal”.

Pero la propuesta de los sellos octagonales, la “esencia” del proyecto, se vino abajo después del segundo debate en Cámara, a pesar de que el proyecto de ley sí fue votado a favor. “Nunca habíamos visto un proyecto de ley con tanto lobby de la industria. Yo llegué a contar hasta 60 lobistas presentes”, señala el representante Óscar Ospina, ponente del debate.

Aunque en principio el proyecto tenía 20 artículos, después de realizar un comité con representantes de la industria se decidió retirar nueve artículos que “eran una intromisión a la libertad de empresa”, como los relativos a publicidad y su venta en tiendas escolares. Pero incluso después de esto, a la hora de debatirlo, “algunos representantes les hicieron el mandado a las industrias y dejaron el proyecto sin ninguna sustancia”.

Algunos de las industrias que estuvieron presentes en el debate, explica Ospina, fueron la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que no respondió a las preguntas de El Espectador, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Según las Cámaras de las Industrias de Alimentos y Bebidas de la Andi, los “ciudadanos tienen derecho a tener información completa”, y ellas están a favor de una debida información nutricional en el etiquetado de los productos de las industrias de alimentos y bebidas, sin embargo consideran que debe ser “el Ministerio de Salud la entidad que defina mediante reglamento técnico las características que debe tener el etiquetado”.

“En la industria de alimentos y bebidas queremos plantear propuestas en este sentido: sí a la información nutricional al consumidor con sustento científico, no a la prohibición y los mensajes que asusten a los consumidores. Consideramos que en la cara frontal de los empaques de los alimentos y bebidas debe haber etiquetas con información sobre la cantidad de azúcares totales, grasa saturada, sodio y energía (calorías) contenidos en una porción del producto y su porcentaje frente al valor de referencia recomendado por OMS de 2.000 kilocalorías al día”, explican. Es decir, están de acuerdo con el etiquetado frontal, mas no con que se diga “alto en azúcar”, “alto en sodio” o “alto en grasas”.

Además, la Andi explicó que los “sellos chilenos” no están homogeneizados con países con los que hay TLC, lo que los expondría a demandas por establecer obstáculos técnicos al comercio. Temen que estos mensajes puedan generar “miedo hacia los alimentos (incrementando riesgos de bulimia y anorexia)”.

Finalmente afirman que su intervención en el debate se debió a la invitación que les hicieron algunos de los representantes a la Cámara y que “las encuestas de salud de Chile, único país en el mundo que ha implementado el etiquetado de octágonos de advertencia, no ha disminuido la obesidad, a pesar de tener más de dos años desde su aplicación”.

Ante esto, la doctora Lorena Rodríguez, quien era jefa del Departamento de Alimentos y Nutrición del Ministerio de Salud en Chile cuando se diseñó e implementó la ley de los sellos, explicó a El Espectador que la efectividad de los sellos octagonales debe medirse en cuatro objetivos: que las empresas lo cumplan, que los consumidores lo entiendan en pocos segundos, que cambie el consumo y que, finalmente, cambie la prevalencia de obesidad en la población.

De esto último se tendrán resultados en Chile dentro de diez años, pues la ley apenas cumplirá dos años de vigencia. Pero con los otros factores, todo indica que va por un buen camino: el 80 % de las empresas chilenas lo están cumpliendo, casi el 90 % apoya la ley y el 75 % de la población ha reportado un intento de cambio por consumir productos sin sellos, es decir, más saludables.

“En Chile, la industria también se sintió amenazada, pero una vez la ley entró en vigencia ellos mismos reformularon sus alimentos. Bajaron la cantidad de sodio, azúcar y grasa saturada para que no tuvieran que llevar el sello y les pudieran hacer publicidad”.

Pero en Colombia, por ahora, el escenario parece ser otro, pues tanto Red Papaz como el representante Ospina creen que, tal como fue aprobado el proyecto de ley en segundo debate, sería perjudicial. A pesar de que solicitaron retirarlo, pero la moción no fue aprobada, el representante dice que hay dos vías: intentar modificarlo en los dos debates que le quedan en el Senado o demandarlo en caso de que sea sancionado por la Presidencia y salga a la luz pública.

“Nosotros esperamos que los próximos debates se den con evidencia científica, porque es importante que se entienda que la obesidad y las enfermedades relacionadas a ella, como la diabetes, son un problema de salud pública”, concluye Piñeros, de Red Papaz.

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, el 51,2 % de la población adulta y el 17,5 % de los niños presentan sobrepeso y obesidad en Colombia. Además, un informe publicado por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud en el 2015 recomienda “cambiar las percepciones de los consumidores y el conocimiento sobre el procesamiento de alimentos”, así como “reducir el consumo de productos ultraprocesados”.