“Los datos se publican, duélale a quien le duela”

El nombramiento oficial de Javier Guzmán al frente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tardó más de seis meses. Senadores, representantes a la Cámara y jefes de partidos políticos no iban a dejar que les quitaran de sus bolsillos una entidad en la que podían jugar a poner y quitar varias decenas de contratistas. El pulso al final lo ganó el ministro Alejandro Gaviria, en 2016. Sin un Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos saneado, sabía que cualquier política de medicamentos fracasaría.

En esta entrevista, el médico egresado de la Universidad Nacional con dos maestrías en administración y política de salud explica cómo se está salvando (por ahora) el Invima y los retos para el próximo Gobierno.

El Invima era una entidad con mala imagen. Bastante opaca. ¿Qué encontró cuando llegó?

Cuando me dijeron que viniera, no quería. Tenía esa misma percepción. Si uno mira el balance del ministro Alejandro Gaviria, algo importante fue lograr que personas sin vínculos políticos llegaran a la cabeza de las instituciones del sector. Yo llegué aquí sin vínculos políticos. Lo común en la entidad eran los “contratistas”, que duraban ocho o nueve meses. Cuando se “porta bien el líder político” a los contratistas les permiten continuar. Todo eso cambió. Este año tendremos 90 % del personal en planta, sin que le deba el puesto a nadie.

¿Qué otro tipo de medidas se han tomado?

En 2010 el presupuesto era de $63.000 millones. Este año es de $157.000 millones. Realmente, los dos gobiernos de Santos han tenido un enfoque importante en el fortalecimiento de esta agencia sanitaria. Además del aumento de presupuesto, la reestructuración y el aumento de formalidad de cargos, lo otro central es que nos convertimos en agencia de referencia de las Américas. Eso implica que nuestras decisiones tienen un efecto en otros países.

¿Por qué antes las sanciones y decisiones no eran tan públicas?

Existía una lógica del tipo “para qué nos metemos en vainas”. La industria hasta cierto punto presionaba, pero tampoco había gente exigiendo información. Un ejemplo son las alertas sanitarias. Acá se gestionaban detrás de bambalinas. Nadie sabía el resultado de esos trabajos. Había miedo a nombrar empresas o productos. La directriz de trasparencia ahora es que todo su publica, duélale a quien le duela. Pasamos de no tener alertas a tener 180 por año.

¿Quiénes aprovechaban ese desorden?

Lo que pasaba era que los políticos tenían fichas infiltradas y vínculos con empresarios. La forma en que se aprovechaba a la gente acá era “ayúdeme con...”. Ese ayúdeme era agilizar un trámite, demorar un trámite, no tomar una medida sanitaria, reversar una medida sanitaria. Era un maridaje peligroso.

¿Cuáles cree que son los retos para el próximo Gobierno?

Hay un problema, y es que nosotros nos reestructuramos, pero ya estamos cortos. Una institución como esta tiene tanta responsabilidad y tanta competencia sobre tantos productos que se necesitan más personas. Pero eso es complicado con la situación fiscal del país. Tenemos un problema en la oportunidad de trámites. Nos tardamos más de lo que deberíamos. Tenemos problemas cumpliendo con toda la inspección de los mataderos que existen en el país. El 86 % de ganado que se sacrifica tiene inspección, pero falta ampliarlo. Las capacidades de laboratorio han aumentado mucho, pero todavía faltan esfuerzos ahí.

Si no existe el número de personas adecuadas, ¿cómo hacen la vigilancia?

Creo que la palabra más importante aquí es riesgo. No podemos gastar el mismo tiempo regulando cosméticos que medicamentos biológicos. Y lo segundo es la automatización. Cuando llegamos, y sigue siendo así hasta cierto punto, lo común era el papel, lápiz, expedientes, números de folios y archivos de Excel. Al año se hacen 170.000 trámites. Eso es sinónimo de ineficiencia y de posibilidad de corrupción y opacidad. Se han invertido más de $3.500 millones en automatización. Esperamos tener nuevas herramientas al finalizar el año.

En esos mapas de riesgo, ¿qué es lo más preocupante, en términos de salud pública?

Creo que todo tiene unos puntos de riesgo importantes. Existe un riesgo significativo en algunos tipos de medicamentos, como los endovenosos. En Colombia tenemos mucho queso contaminado. Tenemos mucha carne contaminada con patógenos y residuos químicos. También el uso de medicamentos veterinarios que están prohibidos. Los bancos de sangre han mejorado mucho, pero son de riesgo. Tenemos mucha ilegalidad en equipos biomédicos. Un reto muy grande para los próximos años es la articulación con entidades territoriales. Nosotros vamos hasta la puerta del fabricante, pero al subirlo al camión y la venta final es responsabilidad de las secretarías.

La industria percibe muchas medidas del Invima como un freno a su actividad.

Acá la gente se queja de que somos la piedra en el zapato, pero la verdad es que una agencia sanitaria es la punta de lanza en competitividad. Por ejemplo, cuando bajó el precio del petróleo, las opciones de exportar otros productos dependía de la homologación sanitaria. Si quiere enviar carne a Europa tiene que cumplir requerimientos veterinarios. ¿Quién certifica eso? El Invima. Y la conversación es entre nosotros y las agencias de otros países para que los productos puedan entrar a sus mercados. Eso es un trabajo importantísimo.

¿Qué tan cercano es el trabajo con entidades ambientales? De alguna forma muchos problemas de contaminación de productos comienzan con la contaminación ambiental. Por ejemplo, el mercurio por minería y el atún.

Muchos problemas que tenemos en alimentos se originan en producción primaria. Por ejemplo, el uso de medicamentos veterinarios no adecuado. Otro ejemplo claro es el cadmio que hemos encontrado en algunos productos. Muchas veces no son malas prácticas agrícolas sino del territorio. Todavía existe necesidad de fortalecer instituciones y las instancias de articulación de las entidades. Se crearon comités como el de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, pero no ha sido un trabajo al nivel decisorio que debería tener.

¿Qué hace falta para completar una buena regulación de medicamentos?

Creo que en medicamentos hay un punto importante y es que los pacientes, médicos, droguistas y químicos farmacéuticos se han apropiado de la mejora en este tema. Aquí existe una desconfianza infundada de medicamentos genéricos. Acá se cree que no existe regulación, que medicamentos genéricos son de segunda clase, que si paga más, funciona más.

¿Cómo ha sido la batalla contra el contrabando por internet y los productos “milagrosos”?

Creo que un logro es que el Invima estaba tranquilo con vigilar lo legal, visitar los establecimientos que conocía, pero el riesgo sanitario de la ilegalidad es mayor. Creamos una unidad de ilegalidad, corrupción y contrabando. También hacemos parte del comité anticontrabando. Los resultados son evidentes en decomisos y capturas. Sabemos que el crimen organizado encuentra lucrativa la ilegalidad porque no existe un aparato judicial con condenas efectivas en medicamentos. En esa lucha contra la ilegalidad se ha avanzado. Pero tiene un componente de concientización de la población para que desconfíe de ciertos productos.

El nombramiento oficial de Javier Guzmán al frente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tardó más de seis meses. Senadores, representantes a la Cámara y jefes de partidos políticos no iban a dejar que les quitaran de sus bolsillos una entidad en la que podían jugar a poner y quitar varias decenas de contratistas. El pulso al final lo ganó el ministro Alejandro Gaviria, en 2016. Sin un Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos saneado, sabía que cualquier política de medicamentos fracasaría.

En esta entrevista, el médico egresado de la Universidad Nacional con dos maestrías en administración y política de salud explica cómo se está salvando (por ahora) el Invima y los retos para el próximo Gobierno.

El Invima era una entidad con mala imagen. Bastante opaca. ¿Qué encontró cuando llegó?

Cuando me dijeron que viniera, no quería. Tenía esa misma percepción. Si uno mira el balance del ministro Alejandro Gaviria, algo importante fue lograr que personas sin vínculos políticos llegaran a la cabeza de las instituciones del sector. Yo llegué aquí sin vínculos políticos. Lo común en la entidad eran los “contratistas”, que duraban ocho o nueve meses. Cuando se “porta bien el líder político” a los contratistas les permiten continuar. Todo eso cambió. Este año tendremos 90 % del personal en planta, sin que le deba el puesto a nadie.

¿Qué otro tipo de medidas se han tomado?

En 2010 el presupuesto era de $63.000 millones. Este año es de $157.000 millones. Realmente, los dos gobiernos de Santos han tenido un enfoque importante en el fortalecimiento de esta agencia sanitaria. Además del aumento de presupuesto, la reestructuración y el aumento de formalidad de cargos, lo otro central es que nos convertimos en agencia de referencia de las Américas. Eso implica que nuestras decisiones tienen un efecto en otros países.

¿Por qué antes las sanciones y decisiones no eran tan públicas?

Existía una lógica del tipo “para qué nos metemos en vainas”. La industria hasta cierto punto presionaba, pero tampoco había gente exigiendo información. Un ejemplo son las alertas sanitarias. Acá se gestionaban detrás de bambalinas. Nadie sabía el resultado de esos trabajos. Había miedo a nombrar empresas o productos. La directriz de trasparencia ahora es que todo su publica, duélale a quien le duela. Pasamos de no tener alertas a tener 180 por año.

¿Quiénes aprovechaban ese desorden?

Lo que pasaba era que los políticos tenían fichas infiltradas y vínculos con empresarios. La forma en que se aprovechaba a la gente acá era “ayúdeme con...”. Ese ayúdeme era agilizar un trámite, demorar un trámite, no tomar una medida sanitaria, reversar una medida sanitaria. Era un maridaje peligroso.

¿Cuáles cree que son los retos para el próximo Gobierno?

Hay un problema, y es que nosotros nos reestructuramos, pero ya estamos cortos. Una institución como esta tiene tanta responsabilidad y tanta competencia sobre tantos productos que se necesitan más personas. Pero eso es complicado con la situación fiscal del país. Tenemos un problema en la oportunidad de trámites. Nos tardamos más de lo que deberíamos. Tenemos problemas cumpliendo con toda la inspección de los mataderos que existen en el país. El 86 % de ganado que se sacrifica tiene inspección, pero falta ampliarlo. Las capacidades de laboratorio han aumentado mucho, pero todavía faltan esfuerzos ahí.

Si no existe el número de personas adecuadas, ¿cómo hacen la vigilancia?

Creo que la palabra más importante aquí es riesgo. No podemos gastar el mismo tiempo regulando cosméticos que medicamentos biológicos. Y lo segundo es la automatización. Cuando llegamos, y sigue siendo así hasta cierto punto, lo común era el papel, lápiz, expedientes, números de folios y archivos de Excel. Al año se hacen 170.000 trámites. Eso es sinónimo de ineficiencia y de posibilidad de corrupción y opacidad. Se han invertido más de $3.500 millones en automatización. Esperamos tener nuevas herramientas al finalizar el año.

En esos mapas de riesgo, ¿qué es lo más preocupante, en términos de salud pública?

Creo que todo tiene unos puntos de riesgo importantes. Existe un riesgo significativo en algunos tipos de medicamentos, como los endovenosos. En Colombia tenemos mucho queso contaminado. Tenemos mucha carne contaminada con patógenos y residuos químicos. También el uso de medicamentos veterinarios que están prohibidos. Los bancos de sangre han mejorado mucho, pero son de riesgo. Tenemos mucha ilegalidad en equipos biomédicos. Un reto muy grande para los próximos años es la articulación con entidades territoriales. Nosotros vamos hasta la puerta del fabricante, pero al subirlo al camión y la venta final es responsabilidad de las secretarías.

La industria percibe muchas medidas del Invima como un freno a su actividad.

Acá la gente se queja de que somos la piedra en el zapato, pero la verdad es que una agencia sanitaria es la punta de lanza en competitividad. Por ejemplo, cuando bajó el precio del petróleo, las opciones de exportar otros productos dependía de la homologación sanitaria. Si quiere enviar carne a Europa tiene que cumplir requerimientos veterinarios. ¿Quién certifica eso? El Invima. Y la conversación es entre nosotros y las agencias de otros países para que los productos puedan entrar a sus mercados. Eso es un trabajo importantísimo.

¿Qué tan cercano es el trabajo con entidades ambientales? De alguna forma muchos problemas de contaminación de productos comienzan con la contaminación ambiental. Por ejemplo, el mercurio por minería y el atún.

Muchos problemas que tenemos en alimentos se originan en producción primaria. Por ejemplo, el uso de medicamentos veterinarios no adecuado. Otro ejemplo claro es el cadmio que hemos encontrado en algunos productos. Muchas veces no son malas prácticas agrícolas sino del territorio. Todavía existe necesidad de fortalecer instituciones y las instancias de articulación de las entidades. Se crearon comités como el de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, pero no ha sido un trabajo al nivel decisorio que debería tener.

¿Qué hace falta para completar una buena regulación de medicamentos?

Creo que en medicamentos hay un punto importante y es que los pacientes, médicos, droguistas y químicos farmacéuticos se han apropiado de la mejora en este tema. Aquí existe una desconfianza infundada de medicamentos genéricos. Acá se cree que no existe regulación, que medicamentos genéricos son de segunda clase, que si paga más, funciona más.

¿Cómo ha sido la batalla contra el contrabando por internet y los productos “milagrosos”?

Creo que un logro es que el Invima estaba tranquilo con vigilar lo legal, visitar los establecimientos que conocía, pero el riesgo sanitario de la ilegalidad es mayor. Creamos una unidad de ilegalidad, corrupción y contrabando. También hacemos parte del comité anticontrabando. Los resultados son evidentes en decomisos y capturas. Sabemos que el crimen organizado encuentra lucrativa la ilegalidad porque no existe un aparato judicial con condenas efectivas en medicamentos. En esa lucha contra la ilegalidad se ha avanzado. Pero tiene un componente de concientización de la población para que desconfíe de ciertos productos.