Los hallazgos de la Contraloría en la gestión del ICBF entre 2020 y 2022

Este lunes 19 de diciembre la Contraloría publicó un comunicado en el que anuncia una serie de graves hallazgos que hizo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según la entidad, tras llevar a cabo auditorías de cumplimiento que cubrían los años 2020, 2021 y el primer semestre de 2022 (con corte al 30 de junio), detectó que algo no estaba bien en varias regionales. (Lea Es un hecho: el precio del SOAT bajará en el 50 %)

En resumen, la Contraloría hizo 62 hallazgos administrativos, de los cuales “20 tienen posible incidencia fiscal” que asciende a $9.127 millones. De esos, hay 37 con una presunta connotación disciplinaria, ocho son de carácter penal, seis están relacionadas con otras incidencias y otros ocho permiten la apertura de indagación preliminar. (Lea Esto sabemos, hasta ahora, de la reforma a la salud. ¿Qué consecuencias tendría?)

Sus conclusiones obedecen a una auditoría de cumplimiento que hizo en el ICBF, llevada a cabo por Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social. El ejercicio se realizó sobre los recursos que fueron asignados para un proyecto llamado “Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional” y “a la producción y distribución de los alimentos de alto valor nutricional (AAVN) en la vigencia 2021 y primer semestre 2022″.

Luego de hacer la auditoría, la Contraloría emitió un concepto de “Incumplimiento Material con Reserva y calificación de control interno con deficiencias”.

De acuerdo con el comunicado de ese organismo, el mayor hallazgo fiscal fue por $6.611 millones y “está relacionado con inconsistencias en las bases de datos ‘Reporte cuéntame 2021′ y ‘Reporte cuéntame 2022′ de la Regional del ICBF en el Chocó”.

Dichas bases de datos fueron analizadas y cruzadas con la base de datos de la Registraduría Nacional. Los resultados arrojaron campos de presuntos beneficiarios que no existían y a los cuales, en teoría, se les había prestado servicios para las vigencias 2020, 2021 y 2022. Esas personas habían fallecido o no fueron encontradas.

“La situación encontrada en la Regional del Chocó ocurre por deficiencias en los mecanismos de control y supervisión a la base de datos o en la herramienta Cuéntame del ICBF, como fuente de registro de los beneficiarios de sus diferentes programas, lo que pone en riesgo de pérdida los recursos destinados a su atención”, señala la Contraloría.

En palabras un poco más técnicas, para hacer ese cálculo del “presunto detrimento”, la Contraloría “tomó el valor de la canasta por cada beneficiario atendido, según la modalidad, y se multiplicó por el tiempo de atención, para el cual se tuvo en cuenta la respectiva fecha de vinculación y desvinculación”.

“Otro hallazgo fiscal relevante, por $1.111 millones, se encontró en la Regional Cauca”, dice el organismo. Está relacionado con la no ejecución “en los contratos de aporte de la vigencia 2021, no reintegrados por los operadores”.

Así mismo, “hubo 3 hallazgos en la Regional Vichada, que dan lugar a apertura de indagación preliminar, por entrega de raciones a ciudadanos colombianos y venezolanos y personas fallecidas”.

Parte de las situaciones que encontró están relacionadas con deficiencias en los estudios previos; la metodología para realizar cálculos; una inadecuada planeación en el número de cupos a atender frente a las Unidades de Servicio; niños y niñas sin la documentación requerida; entrega de alimentos no aptos para el consumo; pago a operadores por raciones para preparar no entregadas; inconsistencias en las planillas de entre de Kits escolares; información desactualizada en el aplicativo Cuéntame; o facturas con dobles pago, entre otros.

Estos hallazgos disciplinarios, se lee en el boletín, serán trasladados a la Procuraduría; y los penales, a la Fiscalía. También trasladarán algunos a la DIAN.

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Este lunes 19 de diciembre la Contraloría publicó un comunicado en el que anuncia una serie de graves hallazgos que hizo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según la entidad, tras llevar a cabo auditorías de cumplimiento que cubrían los años 2020, 2021 y el primer semestre de 2022 (con corte al 30 de junio), detectó que algo no estaba bien en varias regionales. (Lea Es un hecho: el precio del SOAT bajará en el 50 %)

En resumen, la Contraloría hizo 62 hallazgos administrativos, de los cuales “20 tienen posible incidencia fiscal” que asciende a $9.127 millones. De esos, hay 37 con una presunta connotación disciplinaria, ocho son de carácter penal, seis están relacionadas con otras incidencias y otros ocho permiten la apertura de indagación preliminar. (Lea Esto sabemos, hasta ahora, de la reforma a la salud. ¿Qué consecuencias tendría?)

Sus conclusiones obedecen a una auditoría de cumplimiento que hizo en el ICBF, llevada a cabo por Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social. El ejercicio se realizó sobre los recursos que fueron asignados para un proyecto llamado “Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional” y “a la producción y distribución de los alimentos de alto valor nutricional (AAVN) en la vigencia 2021 y primer semestre 2022″.

Luego de hacer la auditoría, la Contraloría emitió un concepto de “Incumplimiento Material con Reserva y calificación de control interno con deficiencias”.

De acuerdo con el comunicado de ese organismo, el mayor hallazgo fiscal fue por $6.611 millones y “está relacionado con inconsistencias en las bases de datos ‘Reporte cuéntame 2021′ y ‘Reporte cuéntame 2022′ de la Regional del ICBF en el Chocó”.

Dichas bases de datos fueron analizadas y cruzadas con la base de datos de la Registraduría Nacional. Los resultados arrojaron campos de presuntos beneficiarios que no existían y a los cuales, en teoría, se les había prestado servicios para las vigencias 2020, 2021 y 2022. Esas personas habían fallecido o no fueron encontradas.

“La situación encontrada en la Regional del Chocó ocurre por deficiencias en los mecanismos de control y supervisión a la base de datos o en la herramienta Cuéntame del ICBF, como fuente de registro de los beneficiarios de sus diferentes programas, lo que pone en riesgo de pérdida los recursos destinados a su atención”, señala la Contraloría.

En palabras un poco más técnicas, para hacer ese cálculo del “presunto detrimento”, la Contraloría “tomó el valor de la canasta por cada beneficiario atendido, según la modalidad, y se multiplicó por el tiempo de atención, para el cual se tuvo en cuenta la respectiva fecha de vinculación y desvinculación”.

“Otro hallazgo fiscal relevante, por $1.111 millones, se encontró en la Regional Cauca”, dice el organismo. Está relacionado con la no ejecución “en los contratos de aporte de la vigencia 2021, no reintegrados por los operadores”.

Así mismo, “hubo 3 hallazgos en la Regional Vichada, que dan lugar a apertura de indagación preliminar, por entrega de raciones a ciudadanos colombianos y venezolanos y personas fallecidas”.

Parte de las situaciones que encontró están relacionadas con deficiencias en los estudios previos; la metodología para realizar cálculos; una inadecuada planeación en el número de cupos a atender frente a las Unidades de Servicio; niños y niñas sin la documentación requerida; entrega de alimentos no aptos para el consumo; pago a operadores por raciones para preparar no entregadas; inconsistencias en las planillas de entre de Kits escolares; información desactualizada en el aplicativo Cuéntame; o facturas con dobles pago, entre otros.

Estos hallazgos disciplinarios, se lee en el boletín, serán trasladados a la Procuraduría; y los penales, a la Fiscalía. También trasladarán algunos a la DIAN.

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