Los interrogantes de la intervención de la EPS Savia Salud

La intervención de la EPS Savia Salud por parte de la Superintendencia Nacional de Salud está próxima a cumplir seis meses, pero no deja de causar tensiones. Hoy, la situación por la que atraviesa una de las EPS más grandes de Antioquia (tiene más 1,6 millones de usuarios) continúa causando muchas preguntas. Para actores como la Gobernación, que junto a la Alcaldía de Medellín es accionista mayoritario, aún no es claro el resultado de esa medida que lideró el Supersalud, Ulahy Beltrán.

La intervención de la EPS Savia Salud por parte de la Superintendencia Nacional de Salud está próxima a cumplir seis meses, pero no deja de causar tensiones. Hoy, la situación por la que atraviesa una de las EPS más grandes de Antioquia (tiene más 1,6 millones de usuarios) continúa causando muchas preguntas. Para actores como la Gobernación, que junto a la Alcaldía de Medellín es accionista mayoritario, aún no es claro el resultado de esa medida que lideró el Supersalud, Ulahy Beltrán.

Durante el último mes, por ejemplo, en dos debates de control político le han preguntado a él y a Edwin Carlos Rodríguez, el interventor de Savia, por el futuro de la EPS, rodeado, dicen, de más dudas que certezas. “Tenemos una incertidumbre muy grande”, resume Luz Elena Gaviria, quien, hasta la intervención era representante de la Gobernación de Antioquia en la junta de Savia. Gaviria recuerda que cuando se ordenó la intervención el 16 de junio de 2022, la decisión causó una gran sorpresa. “Fue un poco desconcertante, porque solo un mes antes habíamos tenido un informe del supervisor de la Supersalud, que había sido muy bueno, de una evolución muy positiva, con indicadores en una muy buena proyección. Sobre todo, en los indicadores Fénix”, dice.

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Los indicadores Fénix son una herramienta utilizada en el sistema de salud para evaluar la calidad y eficiencia de los servicios que prestan las EPS. Se enfocan en medir aspectos como la atención a los usuarios, la gestión de riesgos, la calidad en la prestación de servicios, entre otros. Según la Gobernación de Antioquia, a mayo de 2023, justo un mes antes de que se ordenara la intervención, de 19 indicadores Fénix, la EPS Savia Salud cumplía 14.

“Desde esa intervención, y hasta octubre, nunca tuvimos informes del interventor sobre la evolución de la EPS. No tenemos información de primera mano. No tenemos acceso a datos como propietarios de Savia Salud”, reclama Gaviria.

Pese a eso, y a partir de una búsqueda propia que hicieron los funcionarios de indicadores publicados en páginas web del Ministerio de Salud, la Gobernación llegó a una conclusión: de los 14 indicadores que ellos dicen haber dejado “en verde” antes de la intervención de la Supersalud, hoy solo se están cumpliendo tres. Cuatro, asegura, no se cumplen y de otros siete no hay ninguna información. “Nos preocupa mucho. Esto lo que hace es incrementar el nivel de incertidumbre”, agrega Gaviria.

Para aclarar lo que está sucediendo, nos hemos tratado de comunicar con el interventor Edwin Rodríguez desde el 6 de diciembre, pero no ha sido posible acordar un espacio. Sin embargo, tanto él como el Superintendente han dado algunas respuestas en la Comisión Cuarta del Senado, a donde ambos fueron citados a un control político hace unas semanas.

“Esa información de indicadores Fénix se genera a través de autoreportes de la EPS. Después de haberlos recibido, especialmente los que correspondían a mayo, el último mes donde estuvo plenamente la anterior administración, encontramos que no correspondían a la realidad de lo que allí se estaba generando. A tal punto que encontramos mediciones en cero; es imposible que den cero, porque alguna actividad se debe haber hecho”, respondió el superintendente Beltrán.

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Según el funcionario, “(…) había una medición que no correspondía a la realidad, (…) lo que generaba una evaluación positiva de mayor número de indicadores a lo que realmente la realidad evidenció (…)”.

Según eso, entonces, ¿la antigua gerencia de Savia Salud, elegida por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama (la otra propietaria de Savia), presentó indicadores Fénix positivos que no estaban bien? “Los indicadores, todos, eran aprobados por ellos (la Supersalud)”, responde Lina Bustamante, quien fue gerente de Savia hasta que se ordenó la intervención y quien dice no entender la afirmación de Beltrán.

Bustamante detalla que, a su salida, la Supersalud designó una persona experta en indicadores que hizo un cambio en uno de ellos, el de Captación de diabetes, que evalúa la eficacia y la capacidad de los servicios de salud para identificar y captar a pacientes que podrían padecer esta enfermedad. “Pero fue un cambio que se hizo también para el resto de los prestadores, y que se ejecutó a partir del mes de junio”, señala Bustamante.

Para Luz Elena Gaviria López lo dicho por Ulahy Beltrán también fue “una aseveración desafortunada. Los indicadores Fénix no se pueden publicar en la página de Savia Salud hasta que la Super no los valide. Entonces, ¿cómo dicen que no se midieron bien, si ellos venían cada mes a hacer el seguimiento y acompañamiento a la EPS? Si es así, el problema es al interior de la Super. ¿Cómo validan algo que luego dicen no se midió bien?”.

Jorge Correa, diputado de la Asamblea de Antioquia, es otra de las personas que también tiene varias preguntas sobre el proceso de la Supersalud con Savia. “Él (el interventor) dijo que iba a dejar a Savia Salud saneada. Y con lo que hoy se está haciendo y con lo que no se está haciendo, ese saneamiento no va a pasar. Comienzo a creer que este es un interventor para liquidar a Savia; no para salvarla”, señala. Para despejar sus dudas, Correa envió un requerimiento a Savia y a su actual gerencia, cuyas respuestas usó para liderar un debate de control político. “El gerente interventor nos aseguró que los indicadores de Savia iban mejorando, pero en el informe que él mismo envió, aparece que muchos, en vez de mejorar, van en detrimento”, agrega.

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En ese documento hay una tabla de 12 indicadores Fénix. Seis de ellos se cumplían en mayo de 2023 (cuando el control de Savia Salud estaba en manos de sus dueños). Con corte a septiembre de 2023, cuando ya la intervención estaba siendo ejecutada, cinco de ellos, se cumplían cinco, es decir, uno menos. En esa respuesta, además, el interventor Rodríguez respondió varias cosas claves. Por ejemplo, detalla que estos indicadores no son 19 (como dice la Gobernación de la Antioquia), sino que en realidad son 18. Y señala que los 7 indicadores sobre los que la Gobernación de Antioquia dice que no hay información, fueron Fénix hasta diciembre de 2021, por lo que hoy ya no se tienen en cuenta.

La discusión sobre la información y el desempeño de Savia Salud antes y después de la intervención de la Supersalud incluye otro componente. Además de los indicadores Fénix, las autoridades también revisan indicadores financieros. Entre esos puntos, hay uno clave, el de reservas técnicas, que se refiere a la obligatoriedad de la EPS de tener fondos o provisiones financieras para asegurar que puede cubrir los gastos futuros relacionados con la atención médica de sus afiliados.

“Nosotros recibimos esa información de autoreportes de las EPS. Ese componente de los estados financieros viene refrendado por rúbricas. Una, la del revisor fiscal, y otra, la del representante legal. Si nosotros hemos generado informes que ahora las EPS dicen que no corresponden, y si efectivamente no son, es porque nos pasaron estados financieros falsos”, dijo Beltrán.

Aunque el Superintendente después tuvo que aclarar que no había afirmado que los estados financieros de Savia eran falsos, esa fue la sensación que quedó en la exgerencia de la EPS e incluso en la Gobernación de Antioquia. “Quienes aprueban los informes financieros son una firma contralora y la superintendencia. Nosotros teníamos un seguimiento cada mes por un equipo técnico muy juicioso. Las últimas observaciones que ellos hacían a los informes eran de forma, no de fondo”, aclara Bustamante.

Esto no quiere decir, en todo caso, que alguien niegue la frágil situación financiera en la que se encontraba (y aun se encuentra) Savia Salud respecto a estados financieros. “Sin embargo, nosotros creemos que esto es un problema estructural de financiamiento del sistema de salud. No se entiende que Savia, una EPS del régimen subsidiado, tenga que garantizar el mismo paquete de servicios de salud a su población, con menos dineros que el régimen contributivo”, dice Luz Elena Gaviria. Pero eso, agrega, es muy distinto a sugerir que se falseó algún tipo de cifra.

Todas estas suspicacias parecen estar creando un escenario en el que cada vez es menos probable que Savia Salud reciba la inyección de recursos que necesita para seguir existiendo.

Capitalización y pagos a prestadores

El pasado 3 de noviembre el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, envió una carta al interventor de Savia Salud en la que hacía oficial que el departamento desistía de su intención de capitalizar, es decir, inyectar los recursos que necesita esa EPS para garantizarle su futuro. En respuesta, el interventor de Savia comunicó que la decisión originaba “extrañeza y preocupación, al desconocer el compromiso asumido con la población afiliada”. Luego agregó: “Para esta interventoría resulta imperativo cumplir con la capitalización a la que se comprometió para garantizar el adecuado funcionamiento y la sostenibilidad de la EPS en el corto, mediano y largo plazo”.

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Sin embargo, la historia de la negativa de Aníbal Gaviria es un poco más larga. De los dos propietarios públicos de Savia, Antioquia ha sido el único dispuesto a inyectarle dinero a Savia. Así lo aprobó la Asamblea de ese departamento en una ordenanza del 8 de junio de 2022, en la que autorizó al departamento a comprometer vigencias futuras en ese proceso.

Con la luz verde, el 23 de junio de ese año la Gobernación le solicitó a la Supersalud el visto bueno para esa capitalización y lo que conllevaba: un cambio de composición social y del patrimonio de la EPS como una medida de un Plan de Modernización y Saneamiento Financiero para la entidad, en el que se incluyó, además, la actualización del Código de Ética y Buen Gobierno.

De esa capitalización sabía, incluso, el Gobierno Nacional y también el sector de hospitales y clínicas de la región, tanto privadas como públicas. Estas últimas estaban dispuestas a participar de la capitalización (condonando deudas de Savia) a cambio de entrar como socias. Se buscaba, entonces, que la junta directiva de Savia quedara con dos asientos para Medellín, dos para Antioquia, uno para Comfama, y dos nuevos, uno para los hospitales públicos, y otro para los privados.

“Era una apuesta de todo el departamento”, dice Gaviria. Sin embargo, La Supersalud nunca contestó, ni positiva ni negativamente, a esa posibilidad de capitalización.

En medio de la ausencia de esa respuesta, llegó la intervención en mayo de 2023. El 27 de octubre, cinco meses después de esa intervención y casi un año y medio después de la solicitud de la capitalización, los socios de Savia fueron citados a una reunión. En ella se les informó que la capitalización de la EPS había sido autorizada por la Supersalud por poco más de $60.000 millones, de los cuales solo Antioquia debía desembolsar unos $29.000 millones. “En ese contexto, nosotros entonces dijimos que no”, responde Luz Elena Gaviria.

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¿Por qué se negaron a hacerlo, si ellos mismos habían solicitado ese permiso? “Cuando nosotros quisimos hacer el esfuerzo de capitalizar a Savia Salud, lo hacíamos con el propósito de evitar la intervención de la EPS. Teníamos un puesto en la junta directiva, una supervisión directa, y el gerente era nombrado por los miembros de esa junta. Teníamos una gerente, Lina Bustamante, de toda la confianza del departamento, que afrontó la pandemia y que tiene unas altas cualidades técnicas y humanas. Los socios teníamos todas la garantías de que la empresa se estaba manejando muy bien. Después de la intervención, los accionistas perdimos la confianza. Y frente a eso, desistimos de la capitalización”.

En términos simples, y como nos dijo una persona del sector de hospitales y clínicas que estuvo negociando la participación de estos actores en la capitalización de Savia Salud, “nadie le mete plata a un negocio que va a manejar otra persona, así esa persona o entidad sea la Supersalud”. (Puede ver: Contraloría: las principales quejas de las EPS en los últimos años)

La historia, sin embargo, no terminó ahí. Días después de que Aníbal Gaviria comunicara su decisión de no capitalizar, la Supersalud, a través de su interventoría, pidió autorización a la asamblea de Savia para que la EPS accediera a un crédito por un cupo de $50.000 millones. “Medellín, Comfama y Antioquia, no estuvimos de acuerdo. Pero nos dijeron que lo estaban comunicando, que tenían la intención de hacerlo. Tenemos dudas sobre el panorama futuro para pagar ese crédito, en momentos en donde el Gobierno quiere transformar a las EPS. ¿Cuál va a ser el flujo de esa plata, sobre cuya administración no vamos a tener injerencia?”, se pregunta Gaviria.

El equipo del Andrés Julián Rendón, que asumirá como nuevo gobernador de Antioquia en pocos días, parece tener una opinión similar. “Nos preocupa muchísimo la situación de la EPS”, le respondió por escrito a El Espectador la secretaria designada de Salud, Marta Cecilia Ramírez.

Frente a la pregunta de si mantendría su rechazo a la capitalización, Ramírez aseguró que “es importante no perder de vista el riesgo sistémico y el impacto que la EPS podría generar sobre otras EPS. Somos respetuosos de las decisiones de las entidades de vigilancia y control; estamos frente a una intervención forzosa de la Supersalud. Esperamos nos informe la situación de la entidad”. (Puede ver: A la espera de una decisión clave para el sistema de salud: el aumento de la UPC)

El problema es que Savia Salud necesita esa capitalización. Desde hace varios años se plantea como un salvavidas para que siga garantizando los pagos a toda su red. “Savia hoy es el músculo financiero de toda la red de Metrosalud en Medellín. Hay entidades como el Hospital General, por ejemplo, que dependen en gran medida de Savia Salud”, dice el diputado Correa.

Pero esos pagos son otro frente de batalla entre la Gobernación y la Supersalud. “¿Qué pasa con los pagos? Detectamos concentración. A pocos se les pagaba mucho, y a muchos se les pagaba poco o nada. Nosotros establecimos como pauta al interventor transparencia y fluidez permanente en el pago”, apuntó el Supersalud Beltrán en el Congreso.

Básicamente, el funcionario señaló que había criterios de privilegio y de discriminación de parte de la EPS para pagar a su red de hospitales y clínicas. “Pero es lógico que haya una concentración de pagos en ciertos actores, que son muy grandes, como el Hospital General de Medellín o el Hospital Pablo Tobón Uribe. El proveedor de medicamentos era el único del departamento, por ejemplo, entonces son temas muy lógicos para el comportamiento del mercado y la concentración de Savia”, responde Bustamante. Lo más probable es que la intervención sobre Savia Salud se alargue unos seis meses más.

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