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A finales de enero pasado la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación de Coomeva EPS, una decisión que implicó el traslado urgente de más de un millón de colombianos a otras prestadoras de salud. Bajo la gestión del superintendente Fabio Aristizábal Ángel se han liquidado doce EPS en los últimos cuatro años, una cifra que ha impactado a más de seis millones de usuarios.
En entrevista con El Espectador, Aristizábal responde las críticas a su gestión, si cree que el sistema necesita una reforma o no, adelanta los retos que en su opinión tendrá el próximo gobierno y señala sus últimos objetivos al frente de la Superintendencia de Salud.
Coomeva fue liquidada tras más de cuatro años de intervención. ¿Fracasó la intervención de la Superintendencia?
Nosotros tenemos un arsenal de medidas que podemos hacer con las EPS. Con Coomeva se agotaron todas. Arrancó con un programa de recuperación, pasó a uno de medida de vigilancia especial, que es donde hacemos seguimiento a sus indicadores; después tuvimos que poner una limitación para afiliar. Le hicimos una revocatoria en tres departamentos donde prácticamente ya estaba sin red, después vinieron unas medidas cautelares, después hicimos toma de posesión. En esa toma de posesión verificamos la situación real que tenía la EPS. Yo creo que la intervención fue exitosa, porque el agente interventor viene y me dice que no hay nada que hacer, no se quedó administrando una EPS sin los recursos.
Cuando yo llegué, en 2018, encontramos 43 EPS habilitadas pero solo me entregaron con certificado de funcionamiento 16, las otras 27 ya estaban con medida de vigilancia. (Lea: La tuberculosis, la enfermedad que no se acaba en las cárceles del país)
¿Hoy cuántas hay liquidadas?
Doce. El país se demoró en tomar decisiones.
Doce EPS liquidadas. ¿Qué nos dice eso del sistema? ¿Está fallando?
Hoy no estamos enfrentando un problema del sistema ni del modelo. Hoy estamos enfrentando un problema gravísimo de actores. Son 26 años de unos actores que se incrustaron en la mitad del sistema y no lo han dejado progresar. Tenemos más de setenta modalidades de malas prácticas. Aquí hay unas reglas, unos requisitos para que se pueda participar y a muchas de estas EPS les permitieron la permanencia sin cumplir los requisitos. Esto lo dejamos envejecer mal. No me gusta devolverme ni coger el retrovisor, pero la pregunta del millón es por qué el gobierno anterior en ocho años no liquidó ninguna EPS, por qué en vez de liquidar creó otras.
Desde sectores académicos se ha planteado limitar el número de EPS en el mercado. De esa manera, dicen, se podría mejorar la vigilancia. ¿Estaría de acuerdo?
Yo no lo limitaría. Yo creo que no importa si tenemos ocho, diez o quince EPS, no importa cuántas sean, ni si quieren ser nacionales o regionales, lo importante es que tengan los indicadores y la capacidad de prestar un buen servicio. Es un problema de actores.
Aquí tenemos usuarios que reclaman medicamentos que no necesitan; vendedores que hacen una tarea contraria a lo que tienen que hacer, proteger a los usuarios, defendiendo intereses quién sabe de quién; tenemos EPS cometiendo prácticamente delitos; tenemos IPS que no facturan lo que tienen que facturar, eso es lo que tiene desangrado al sistema. Si el próximo gobierno continúa en esa depuración de acabar con las malas prácticas, yo creo que estaríamos ante uno de los mejores modelos de salud del mundo. (Lea: Los recuperados de covid-19 tienen más riesgo de problemas de salud mental)
A usted lo señalan de concentrar la vigilancia en ciertas EPS y no en otras que tienen grandes cantidades de quejas o de endeudamiento.
Acá no tenemos defendidos ni perseguidos, acá a todos los estamos midiendo con la misma regla. Lo que pasa es que sí tienen impactos distintos las decisiones que tomamos en la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros medimos el impacto de cada decisión y el que tiene en el sistema, lo que llamamos el riesgo sistémico: ¿qué pasa con la población? ¿Cuántos se afectan? ¿Dónde se afectan? ¿Qué pasa con la red pública? Nadie puede decir que no hemos tomado decisiones, ni siquiera las EPS que lo han hecho bien. Nos hemos ido contra los representantes legales de las mejores, sancionándolos.
Hablando de las EPS que lo hacen bien, ahora reciben más de un millón de usuarios de Coomeva. ¿Cuál es el estado de esa población?
Ya hemos trasladado a 7,8 millones de colombianos, esa tarea ya la sabemos hacer. Coomeva llegó a tener cerca de tres millones de usuarios. Fue una de las principales EPS del país, pero venía perdiendo afiliados año tras año. Cuando ordenamos la liquidación, ya solamente eran 1,2 millones de afiliados; es decir, la población solita empezó a ver el deterioro y se comenzó a retirar. Mientras disminuía la población, crecían las peticiones, quejas y reclamos, que pasaron de 46.777 en 2017 a 63.542 en el 2020 y de enero del 2021 a noviembre 56.861, con un agravante. De esas personas que se acercaban a quejarse, el 10 % (cuatro de cada diez) tenían un problema de riesgo de vida; es decir, que si no se atendían oportunamente entre 24 y 48 horas su vida corría peligro.
La población mayor de sesenta años de Coomeva solo era el 17 %, mientras que el grueso estaba realmente en una población que está entre los veinte y los sesenta años, cerca del 59 %.
¿Las EPS receptoras tienen el presupuesto para recibir a esos nuevos usuarios?
Nosotros tenemos un modelo de aseguramiento. Esa persona que llega a esa EPS hasta el día en que estuvo en la EPS anterior recibió los recursos del Estado hasta ese mes, a partir del mes que empieza la cobertura en la nueva EPS, el ADRES —que es nuestro banco de la salud— le va a empezar a girar recursos a la EPS receptora. Al principio tienen un impacto financiero muy duro. ¿Por qué? Porque la población que reciben probablemente viene con mala atención, con rezagos, pendientes de cirugías, de tratamientos, sin entrega de medicamentos. ¿Qué deben hacer esas EPS? Continuar con el fortalecimiento del margen de solvencia para que no debiliten su capacidad de pago, para que no debiliten la caja, entonces tienen que fortalecerse patrimonialmente y eso es lo que le demandan los afiliados. (Lea: U. de Antioquia empezará tercera fase de ensayos de vacuna contra el covid-19)
Debido a esas dificultades, ¿se espera que haya un aumento de quejas? ¿Incluso una avalancha de tutelas?
A veces hay problemas de información, los usuarios se encuentran con algunas barreras en el traslado, pero una vez logramos hacer el traslado y pasan unos días, se normaliza. Lo hemos medido. El 95 % de las personas que hemos trasladado manifiesta de bueno o excelente el servicio que está recibiendo de medicina especializada de la EPS que les tocó, el 93 % dicen que les ha ido muy bien con el acceso a medicina en general. El 91 % en general dicen que les están entregando los medicamentos, el 90 % está satisfecho con todos los servicios. Esto lo medimos con el Centro Nacional de Consultoría. Entonces son dos impactos distintos: el que tiene el usuario y el que tiene la EPS. Esta última tiene obviamente una exigencia mayor y no se puede dejar debilitar.
¿Qué pasó con ese proyecto de decreto en el que se facultaba a la Superintendencia de Salud para manejar las reservas de algunas EPS y que ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) criticó con fuerza?
Ellos lo interpretaron como si nosotros fuéramos a entrar a coadministrar y en ningún momento fue eso. La idea era hacer un estudio de cartera y que las EPS que más debían utilizaran sus reservas técnicas para pagar y ponerse al día. Nosotros solo íbamos a operar sobre las EPS que no estaban cumpliendo. Yo creo que fue una mala interpretación sobre un decreto que estaba circulando el Ministerio de Salud, no la Superintendencia. Yo soy de los que lo apoyo, por supuesto.
¿Qué opina de esa observación de que la prohibición de afiliar que usted les impone a ciertas EPS les impide competir y las debilita?
Hoy tenemos EPS que deben por cada usuario cerca de $1 millón. Eso quiere decir que si se quieren recuperar tendrían que recibir la plata del Gobierno durante un año y no atender a un solo usuario sin capitalizar, entonces estas EPS pretenden que nosotros dejemos que sigan afiliando población, sin ni siquiera cumplir con los que tienen. Se quieren nutrir, quieren que les lleguen recursos nuevos y ser más grandes cuando no han demostrado que son capaces de manejar la población que tienen. Se restringe a las entidades malas. pero los usuarios se pueden mover libremente entre las buenas.
¿Qué pasó con la reforma de 2013 en la que se había establecido la metodología de supervisión por riesgos? Eso habría podido evitar muchas de estas situaciones. ¿Fue un intento fallido?
Al contrario, ese es uno de los grandes proyectos que venimos caminando desde el área de Tecnología de la Información. Yo era uno de los que decía que los indicadores financieros los debería vigilar la Superintendencia Financiera, hoy con el desarrollo que tiene la Superintendencia de Salud estamos trabajando en ese control a través de riesgos.
Es decir que no está todavía en aplicación.
No, va en camino, y es obvio, todos nuestros vigilados deberían gestionar los riesgos para prevenir. Nosotros ya venimos emitiendo algunas instrucciones tanto a aseguradores como a prestadores y tenemos ya algunos modelos en los que estamos priorizando sobre nuestros vigilados ese modelo de atención de riesgos.
¿Cuántas EPS están con alguna medida hoy?
Tenemos quince con alguna medida. De esas, tengo trece con medida de vigilancia especial, tengo una en programa de recuperación y una más en toma de posesión.
¿Hay alguna decisión en remojo?
Vamos a seguir tomando decisiones.
¿Cuáles son esos puntos de importancia, de riesgo, en los que tendría que concentrarse el próximo gobierno?
El gobierno que venga tiene que continuar con la depuración, le va a quedar muy poquita. Pensar en el fortalecimiento de las que quedan, vigilar que no se le deterioren y pensar en la sostenibilidad financiera del sector.
¿Le gustaría que la Superintendencia de Salud tuviera más poderes de vigilancia y sanción?
Yo creo que las competencias y la capacidad de la Superintendencia han mejorado. Hoy tenemos algunas facultades distintas, que fue parte de la controversia cuando nos aprobaron la Ley 1949, que aumentó el catálogo de sanciones de la Superintendencia y obviamente el monto de las sanciones, que la volvió un poco más estricta. Ya estamos yendo contra los responsables de las decisiones. Esta entidad era feliz sancionando al municipio, a la EPS, al hospital. Ojalá antes de que yo me vaya logremos inhabilitar a una persona hasta por quince años. Nos falta aumentar la responsabilidad de los grupos económicos y de los accionistas, especialmente en las liquidaciones, para que respondan por todas las deudas. Todavía hay mucho por trabajar, es necesaria una ley de insolvencia urgente para el sector de la salud y más adelante un fondo de garantías que nos permita hacer liquidaciones y que tengamos cómo responderles a los hospitales públicos y privados y a los proveedores del país. Ahí hay que trabajar mucho.