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Hablar de medicamentos en Colombia es como pararse sobre un enorme terreno con cientos de caminos que se entrecruzan. Además de médicos, pacientes, salud y ciencia, en ese mundo se mezclan intereses personales e industriales, presiones, decisiones financieras, loables luchas por el acceso y debates éticos muy complejos sin una única respuesta. También discusiones técnicas que duran años y que, así como son capaces de unir países, también pueden incomodar gobiernos enteros. (Lea Las preguntas que deja el primer medicamento fabricado para una sola persona)
Si en ese mar de dificultades hubiese que elegir un par de símbolos que representen aquel laberinto farmacéutico, tal vez las mejores opciones serían dos controversiales intentos de regulación. El primero, un decreto de 2014 que autorizó la entrada de la versión genérica de los medicamentos biotecnológicos, unos fármacos indispensables para tratar enfermedades como el cáncer, la diabetes o la artritis. La posibilidad de acceder a ellos a un bajo precio se ha convertido en una promesa que puede revolucionar la salud global. (Lea Cuando los medicamentos contaminan el medio ambiente)
El segundo es un artículo que el Gobierno de Juan Manual Santos incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo de 2015 y que, desde el momento mismo en que fue redactado, creó una marea de desacuerdos: el “artículo 72”. Demandas por parte de multinacionales, cartas amenazantes de embajadas y de compañías y hasta condicionamientos para entrar a la OCDE han sido algunos de los ingredientes que ha motivado su expedición.
Hace casi tres semanas, en el Foro Farmacéutico de la Andi, en Cartagena, volvió a salir a la luz en reuniones privadas. Allí, dice una persona cercana a la industria que prefiere estar en el anonimato, Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, reveló su intención de modificarlo. Desde entonces se ha desatado una red de rumores e inquietudes que tiene a algunos al borde de una crisis de nervios. A otros les ha devuelto la serenidad. La razón es simple: el artículo 72 iba (¿o va?) a cambiar la manera en que se comercializan los nuevos medicamentos que entren a Colombia. Un giro de 180 grados.
Iván Darío González, viceministro de Salud Pública, lo admite: “Estamos elaborando una nueva redacción. Es un cambio que se va a hacer desde Presidencia a través de un decreto que tendrá fuerza de ley”.
Aunque en la jerarquía de las normas estatales un decreto jamás podría modificar una ley, las facultades extraordinarias que el Congreso le dio mayo al presidente Iván Duque se lo permiten. Es constitucional, siempre y cuando esos decretos se refieran estrictamente a las materias que le delegaron, dice Natalia Ángel Cabo, profesora de la facultad de Derecho de la U. de los Andes. Bajo ese paraguas que solo dura seis meses, la firma de Duque ahora se sumará a una larga historia de tensiones y controversias que parecen estar lejos de zanjarse.
Medicamentos caros, pero no siempre efectivos
En las últimas décadas la industria farmacéutica ha crecido a un ritmo estrepitoso. Sus sofisticados desarrollos han permitido tratar enfermedades que, como la hepatitis C, antes eran incurables. Pero, así como su investigación ha ayudado a salvar millones de vida, también ha fabricado medicinas que no siempre cumplen sus promesas. Las falsas expectativas no fuesen tan problemáticas si no fueran vendidas a montos muy altos. Un buen ejemplo son los nuevos fármacos para el cáncer: un porcentaje de ellos no son más efectivos que los existentes pero son comercializados a precios exorbitantes.
Como apuntó en el British Medical Journal Vinay Prasad, un popular oncólogo afiliado a la Universidad de Oregón (EE.UU.), hoy se aprueban medicamentos para el cáncer a un ritmo muy rápido, pero a menudo ofrecen beneficios marginales. Sus precios, por el contrario, crecen vertiginosamente. Alejandro Gaviria lo explicó mejor en uno de sus libros: “Hace veinte años, el precio de un nuevo medicamento en comparación con su valor, con los años de vida ganados, era de US$ 50.000. Hoy ese mismo precio ha aumentado a US$ 150.000 por año de vida ganado”. Más de 450 millones de pesos colombianos.
Quienes se mueven en la marea el mundo farmacéutico saben que eso sucede con cierta frecuencia en Colombia. Es una grieta que le ha costado mucho dinero a las finanzas sistema. Sellarla ha sido muy difícil pero el ministerio de Salud (de Gaviria) fabricó un plan que quedó plasmado en el polémico “artículo 72”. La idea era sencilla: antes de que un medicamento entrara al mercado, se debía hacer una detallada evaluación de su valor terapéutico. Así, si aportaba algo verdaderamente nuevo frente a los fármacos que ya circulaban en el mercado, se justificaría pagar un precio alto. De lo contrario, no. Sería una condición para que el Invima le otorgara el registro sanitario, ese permiso que le permite ser comercializado.
La transformación que proponía ese artículo era revolucionaria. Como explica desde Washington, EE.UU., Javier Guzmán, ex director del Invima, se trataba de una especie de coraza para evitar los excesos. “Hoy la regulación de precios de medicamentos sirve hacer controles de precio cuando se identifican esos excesos. Impide que Colombia pague más que otros países más ricos que nosotros. Pero no es una regulación muy inteligente pues no permite discriminar lo que tiene un real beneficio para la salud de lo que no. Y hoy es importantísimo diferenciar las tecnologías que ofrecen un aporte terapéutico frente a las que son más de lo mismo. Es una herramienta que ya usa Alemania y Francia”.
Pero poner un precio a un tratamiento basado en su valor terapéutico no ha sido tan sencillo. El proceso despertado tantos disgustos que, incluso, Colombia tuvo que frenarlo como una condición para entrar a la OCDE el año pasado. El Big Pharma de Estados Unidos, se supo con el tiempo, exigió modificarlo como un requisito para aprobar la entrada colombiana al selecto grupo. En resumen, exigieron que la evaluación del valor terapéutico no fuese una condición para que el Invima le diera el registro sanitario. Una jugada exprés que el Consejo de Estado no vio con buenos ojos.
Aunque pareciera que al estar dentro de ese “club” la discusión se zanjaría, lo cierto es que, un año después, el debate continúa. “El artículo 72 ha generado mucho ruido en escenarios como la OCDE”, admite el viceministro González. “Es difícil mantenerlo como está”.
¿Lo van, entonces, a derogar? “No. En ningún momento he dicho eso. Lo que buscamos es ‘desanudar’ el proceso. Hoy está en revisión jurídica en Presidencia”.
Como aclara Aurelio Mejía, director del área de Medicamentos y Tecnologías en Salud del ministerio, lo que buscan es quitar ese “nudo” que indica que el precio sea una condición para que el Invima otorgue el registro sanitario. “Eso anti técnico y eso es lo que vamos a resolver. Pero mantendremos, como lo hemos dicho, algo esencial: poner un precio basado en el valor terapéutico antes de que una medicina ingrese al país”.
La promesa de Mejía es la siguiente: “Cuando el Invima vaya a otorgar el registro sanitario el Instituto de Evaluación Tecnológica (IETS) ya habrá emitido un concepto sobre el valor terapéutica y la Comisión de precios ya habrá definido cuánto se debe pagar”.
¿El decreto que expedirá Duque se acogerá a esa promesa? ¿Cuándo quedará listo? ¿Hacer la transformación a través de esas nuevas facultades otorgadas a Iván Duque es lo correcto? ¿Lo más transparente? Yaneth Giha, de Afidro, que aglutina a las multinacionales farmacéuticas, repite, al menos, lo que su gremio ha dicho a lo largo de estos años cuando se refiere a este enredo: “Estamos totalmente de acuerdo con las evaluaciones de tecnología. Pero atar la expedición de un registro sanitario a la evaluación de tecnología es totalmente inconveniente para el país y para los pacientes. Ya se lo hemos expresado al Gobierno”.
Andrea Reyes, subdirectora de Misión Salud, organización que vela por el acceso a los medicamentos, prefiere ser prudente y esperar a conocer la propuesta para emitir un concepto. “No conocemos la modificación y así es difícil emitir un juicio. El Gobierno ha dicho que mantendrá su postura frente al artículo 72, entonces confiamos en que cualquier cambio se haga de manera consensuada y con suficiente participación. El artículo 72 es fundamental porque protege a Colombia de un escenario que es cada vez más agresivo que exige pagar por medicamentos enormes cantidades de dinero”.
En otros términos, protege el país falsas innovaciones. O como dice Javier Guzmán, en el fondo este asunto se trata de algo muy simplpe: “Ser un comprador inteligente. Pagar por lo que tiene valor”.