Desde que la Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa de la EPS Savia Salud a mediados de junio, distintos actores políticos se han manifestado en contra de la decisión adoptada por la entidad. Entre esos, se encuentran el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, un grupo de 24 congresistas antioqueños y, desde la tarde de este martes (4 de junio), la Procuraduría General de la Nación. (Puede leer: ¿Cómo saber a qué EPS está afiliado?)
En un requerimiento firmado por la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda, dicha entidad le remitió cinco observaciones a la Supersalud relacionadas con la medida que se tomó contra la EPS Savia Salud. Además, reiteró “los llamados que se han venido realizando desde el año 2022, por las decisiones que pueden generar una crisis en la región y afectar gravemente la continuidad de los tratamientos y la adecuada prestación de los servicios de salud a la población afiliada”.
Lo primero que señala la Procuraduría es que no entiende por qué, si la vigilancia especial ordenada por la Supersalud sobre esta EPS iba hasta el 28 de julio, la entidad haya ordenado la intervención forzosa administrativa más de un mes antes de que se cumpliera el plazo. “Es decir, se realiza la intervención antes del cumplimiento de la medida”, dice el documento. (Le puede interesar: Petro promete una reforma a la salud en La Guajira, pero hay más dudas que certezas)
Esto, a ojos de la procuradora, aun cuando los problemas que enfrenta Savia Salud no son exclusivos de la EPS, sino que corresponde a problemáticas “de tipo estructural del sector salud”. Por este y otros motivos, la funcionaria solicita “considerar las particularidades del sector salud en el Departamento de Antioquia, impactado por la oferta limitada de servicios de alta complejidad, de especialistas y la dispersión geográfica de la población dadas las características del territorio”.
El segundo punto del documento de la Procuraduría resalta que la EPS venía presentando una mejora en el cumplimiento de los indicadores Fénix, que evalúan el desempeño de las EPS bajo vigilancia especial. Muestra de eso, para la procuradora, es que en 2018, cuando inició la medida ordenada por la Supersalud, Savia Salud cumplía 9 de los 19 indicadores. Ahora cumple 14 de ellos. (También puede leer: Casos de diabetes en menores de edad aumentaron casi un 40 % en los últimos 30 años)
Respecto al cumplimiento de estas metas, la Procuraduría le pidió a la Superintendencia enviar los resultados de los indicadores Fénix de los últimos seis meses y los correspondientes a la fecha de intervención.
En tercer lugar, el requerimiento resalta que los indicadores financieros de la EPS demuestran una mejoría y que, por el contrario, lo relacionado con peticiones, quejas y reclamos “se ha visto impactado especialmente por circunstancias externas a la EPS que han generado un escenario de incertidumbre generalizado”, un escenario generado por la divulgación de la reforma a la salud que pretende este gobierno, apunta la procuradora.
El cuarto punto del documento señala que ante la incertidumbre de las medidas, y al no recibir respuesta por parte de la Supersalud, Savia Salud no han podido llevar a cabo un plan de capitalización por $120.000.000. “No es cierto como se afirma por parte de la SNS que la EPS haya incumplido de manera reiterada con la búsqueda de fortalecimiento financiero a través de la capitalización”, dice la Procuraduría. (Puede interesarle: No más famosos en publicidad de alimentos nocivos para niños, recomienda la OMS)
Lo último que cuestiona la Procuraduría sobre la decisión de la Supersalud, está relacionado con la designación de Edwin Carlos Rodríguez, como agente interventor. “Si bien cumple con algunos de los requisitos establecidos para los Agentes Especiales Interventores, ello no demuestra la idoneidad para administrar una EPS”, reclama la procuradora, quien le solicitó a la Superintendencia informar cómo se tomó la decisión.
La información solicitada por la procuradora Ojeda debe ser enviada por la Supersalud en los próximos tres días hábiles “con el fin de no causar una crisis en la región y para que los afiliados puedan continuar con los tratamientos de forma oportuna y efectiva”.