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Este lunes más de 140 organizaciones científicas, académicas y gremiales del sector salud se sumaron en una declaración pública para expresar su preocupación por la reapertura económica que busca el país en medio de la actual crisis sanitaria, el colapso de la red hospitalaria, el desabastecimiento de oxígeno e insumos, la crisis del talento humano y el crecimiento progresivo del tercer pico de la pandemia. (Le recomendamos: La fórmula para que Colombia se reactive (en medio de un paro y una gran incertidumbre))
“En medio de esta crisis humanitaria el gobierno expidió la resolución 777 (junio 2 de 2021), cuyos lineamientos, según los datos oficiales actuales, no tienen conexión con el contexto epidemiológico del país”, expresan en el comunicado, en el que también piden que la política pública sea sometida a un nuevo análisis de validez, precisión, oportunidad y pertinencia ante la situación sanitaria; y que se retrase la reapertura económica. (En contexto: Minsalud publica Resolución 777, para la reactivación económica: reabrirán colegios y bares)
“Quienes suscribimos esta declaración solicitamos derogar la resolución 777 de junio 2 de 2021”, señalan, manifestando su disposición para contribuir con soluciones “basadas en datos y evidencia científica, pragmáticas y viables, para enfrentar los desafíos de salud pública que atraviesa Colombia (…) permitiendo una reapertura económica segura, escalonada y programada”.
Aunque afirman que entienden la necesidad de la reactivación y la recuperación social del país, una de sus principales preocupaciones es que, en este momento, se puede poner en riesgo el derecho fundamental a la salud y a la vida de los ciudadanos. “Va a implicar que la población no pueda contar con la atención en salud requerida”, señalan. “Es urgente contar con medidas oportunas y concertadas con la academia, sociedades científicas y agremiaciones de la salud, que evitarían las muertes que resultan inminentes ante la implementación de la mencionada resolución”.
Por este motivo, convocaron al Ministerio de Salud y Protección Social a realizar una reunión, a más tardar el 9 de junio, con la finalidad de crear un espacio de trabajo conjunto.
Los puntos clave de la petición
Además de presentar algunas de las cifras proporcionadas por la información estadística del sistema nacional de salud, “que muestran un panorama desalentador” y evidencian “la crítica situación por COVID-19 que atraviesa el país”, los firmantes insisten en que es innegable que el sistema sanitario colapsó. Asimismo, aseguran, la estrategia de inmunización contra el coronavirus “no se ha cumplido y no da respuesta a las necesidades y urgencia con la que se requiere”.
Hasta la fecha, Colombia ha aplicado 11′615.265 dosis contra el coronavirus, de las cuales 3′450.521 son segundas dosis, “una cifra muy inferior a la meta propuesta para lograr la inmunidad de rebaño”, expresan. Ante esto, piden al gobierno escuchar las propuestas para ampliar la cobertura de vacunas y participar en el esfuerzo mundial para liberar las patentes de las vacunas contra el COVID-19.
De igual forma, hacen unas recomendaciones técnicas al Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (IREM) que, como establece la Resolución 777, será la estrategia orientadora y el mecanismo de medición que permita la apertura económica de los territorios.
Finalmente, hacen un llamado a la sociedad colombiana recordando que la pandemia no ha terminado y que actualmente atravesamos el momento más crítico, con un sistema de salud colapsado y con el imperativo de asumir el autocuidado con responsabilidad social. (Puede leer: “Reapertura no significa que se haya superado la crisis sanitaria”: gremio de anestesiólogos)
“Convocamos, de manera especial y urgente, a las autoridades gubernamentales nacionales y territoriales, a los líderes sociales, sindicales, así como a todas las personas que se movilizan en el marco del paro nacional, a tomar en consideración este difícil momento de pandemia para encontrar un acuerdo inmediato”, concluyen en el documento, pidiendo anteponer la vida sobre cualquier consideración social, política o económica que agudice la crisis de salud.
Puede leer el documento completo aquí: