Más de $700 mil millones le pagó Colombia al laboratorio Sinovac por sus vacunas
El Gobierno reveló los detalles de los contratos que firmó Colombia con las diferentes farmacéuticas en la pandemia. ¿Qué dice el que pactó con la empresa china?
Pese hasta que el momento los términos de cada documento habían sido mantenidos de manera confidencial por petición de los laboratorios, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó revelarlos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras las solicitudes hechas por el Instituto Anticorrupción, junto a otras organizaciones como Alianza Más Información Más Derechos. (Lea USD $10 por dosis: más detalles del contrato que firmó Colombia con Janssen)
Gracias a esas peticiones, esa entidad reveló que el Gobierno pasado pagó más de $4,5 billones (pesos colombianos) por las vacunas compradas a Janssen, Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca y a la Alianza Gavi.
En el caso del contrato firmado por el Gobierno de Iván Duque con la compañía china Sinovac, el acuerdo de aprovisionamiento se realizó el 27 de enero de 2021.
El comprador y Sinovac, se lee, acordaron que se entregarían 2.500.000 de dosis de la vacuna antes del 1 de mayo de 2021. Antes del 1 de marzo, se deberían dar 200.000 de dosis, antes del 1 de abril, 1.000.000 de dosis y, antes del 1 de mayo, 1.300.000, de acuerdo con la orden hecha por el comprador.
El precio de cada dosis por paquete al que el comprador acordó pagar fue de USD 17.8 (aunque un comunicado publicado por la UNRGD señala que se pagó US$16 por cada dosis). El precio de la unidad, aclara el contrato, no incluye impuesto de venta, por ejemplo, u otro tipo de impuesto extra que deban ser pagados por el comprador. Así, el total de la compra de 2.500.000 se hizo por un precio de USD 44.500.000.
Después de cinco días hábiles de la fecha efectiva, el comprador le debió pagar a Sinovac el 20 % del precio de la orden, es decir, USD 8.900.000. Cinco días hábiles después de la confirmación de la orden de compra de Sinovac, el comprador debió pagar el 30 % y, cinco días hábiles antes de la orden de entrega del primer lote de vacunas, se debió pagar el 50 % restante del costo.
El Gobierno colombiano quedó como el encargado de contratar un servicio de transporte, almacenamiento y refrigeración de las dosis. Este servicio debió poder llevar el producto a una temperatura controlada entre 2°C y 8°C.
El Gobierno de Iván Duque también se comprometió a informarle a Sinovac de todos los Eventos Serios Adversos (SAE, por sus siglas en inglés) y Eventos Adversos (AE), de acuerdo con ciertos lineamientos de tiempo. Los casos de muertes, por ejemplo, se debían reportar en menos de 24 horas; los casos de SAE en un marco de cinco días hábiles; y los casos de AE a más tardar 100 días hábiles después de ocurrir.
En el caso de lesión o muerte, dice el documento, el comprador será el encargado de pagar al usuario de la vacuna o a su heredero legítimo por medio del seguro que haya adquirido el comprador o “compensaciones económicas razonables y proporcionales”.
Sobre los reclamos que Colombia quisiera hacer sobre las vacunas, el documento es claro: el Gobierno puede poner alguna queja en un lapso de tres días hábiles. Posteriormente, Sinovac iniciará una investigación. En caso de que el producto tenga algún defecto, la compañía lo reemplazará.
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Pese hasta que el momento los términos de cada documento habían sido mantenidos de manera confidencial por petición de los laboratorios, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó revelarlos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras las solicitudes hechas por el Instituto Anticorrupción, junto a otras organizaciones como Alianza Más Información Más Derechos. (Lea USD $10 por dosis: más detalles del contrato que firmó Colombia con Janssen)
Gracias a esas peticiones, esa entidad reveló que el Gobierno pasado pagó más de $4,5 billones (pesos colombianos) por las vacunas compradas a Janssen, Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca y a la Alianza Gavi.
En el caso del contrato firmado por el Gobierno de Iván Duque con la compañía china Sinovac, el acuerdo de aprovisionamiento se realizó el 27 de enero de 2021.
El comprador y Sinovac, se lee, acordaron que se entregarían 2.500.000 de dosis de la vacuna antes del 1 de mayo de 2021. Antes del 1 de marzo, se deberían dar 200.000 de dosis, antes del 1 de abril, 1.000.000 de dosis y, antes del 1 de mayo, 1.300.000, de acuerdo con la orden hecha por el comprador.
El precio de cada dosis por paquete al que el comprador acordó pagar fue de USD 17.8 (aunque un comunicado publicado por la UNRGD señala que se pagó US$16 por cada dosis). El precio de la unidad, aclara el contrato, no incluye impuesto de venta, por ejemplo, u otro tipo de impuesto extra que deban ser pagados por el comprador. Así, el total de la compra de 2.500.000 se hizo por un precio de USD 44.500.000.
Después de cinco días hábiles de la fecha efectiva, el comprador le debió pagar a Sinovac el 20 % del precio de la orden, es decir, USD 8.900.000. Cinco días hábiles después de la confirmación de la orden de compra de Sinovac, el comprador debió pagar el 30 % y, cinco días hábiles antes de la orden de entrega del primer lote de vacunas, se debió pagar el 50 % restante del costo.
El Gobierno colombiano quedó como el encargado de contratar un servicio de transporte, almacenamiento y refrigeración de las dosis. Este servicio debió poder llevar el producto a una temperatura controlada entre 2°C y 8°C.
El Gobierno de Iván Duque también se comprometió a informarle a Sinovac de todos los Eventos Serios Adversos (SAE, por sus siglas en inglés) y Eventos Adversos (AE), de acuerdo con ciertos lineamientos de tiempo. Los casos de muertes, por ejemplo, se debían reportar en menos de 24 horas; los casos de SAE en un marco de cinco días hábiles; y los casos de AE a más tardar 100 días hábiles después de ocurrir.
En el caso de lesión o muerte, dice el documento, el comprador será el encargado de pagar al usuario de la vacuna o a su heredero legítimo por medio del seguro que haya adquirido el comprador o “compensaciones económicas razonables y proporcionales”.
Sobre los reclamos que Colombia quisiera hacer sobre las vacunas, el documento es claro: el Gobierno puede poner alguna queja en un lapso de tres días hábiles. Posteriormente, Sinovac iniciará una investigación. En caso de que el producto tenga algún defecto, la compañía lo reemplazará.
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