Matrimonio infantil: una realidad con profundas secuelas en niñas y adolescentes

Laura* cursa décimo grado en un colegio de Pivijay, en el departamento de Magdalena. Ella cuenta que, desde siempre, ha conocido a la mayoría de sus compañeras y compañeros, así sea a ojo. Lo dice así porque, un día, una de las niñas que estudiaba en su mismo grado dejó de ir a clase. Sus amigos no daban razón de ella y sus profesores tampoco. “Hasta que nos dimos cuenta de lo que había pasado”, recuerda Laura. “La casaron con un señor mucho mayor y los papás estuvieron de acuerdo con eso. Meses después la vimos embarazada y ya no volvimos a saber más”.

Laura* cursa décimo grado en un colegio de Pivijay, en el departamento de Magdalena. Ella cuenta que, desde siempre, ha conocido a la mayoría de sus compañeras y compañeros, así sea a ojo. Lo dice así porque, un día, una de las niñas que estudiaba en su mismo grado dejó de ir a clase. Sus amigos no daban razón de ella y sus profesores tampoco. “Hasta que nos dimos cuenta de lo que había pasado”, recuerda Laura. “La casaron con un señor mucho mayor y los papás estuvieron de acuerdo con eso. Meses después la vimos embarazada y ya no volvimos a saber más”.

Sara*, en Dibulla (La Guajira), Natalia*, en Miranda (Cauca), y Andrea* y Ana*, que también viven en Pivijay, Magdalena, pero en corregimientos diferentes al de Laura, recuerdan situaciones similares. Todas tienen entre 15 y 17 años, y cuentan que es normal ver cómo amigas, compañeras y familiares son casadas con hombres que les duplican, e incluso triplican la edad. Por eso, se convirtieron en lideresas en sus instituciones educativas, con el objetivo de prevenir que prácticas como el matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT) sigan ocurriendo. “Después de que conocimos el caso de esa compañera, empezamos a hablar más sobre eso porque, ¿qué tal que le pasara a más de nosotras? ¿Qué clase de proyecto de vida tendríamos?”, se pregunta Laura.

Hablar de MIUT, como se conoce a cualquier tipo de unión, formal o informal, que involucre a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, se ha vuelto más frecuente en Colombia en los últimos años. Aunque en nuestro país se ha intentado aprobar en siete ocasiones un proyecto de ley para prohibir ese tipo de uniones, todos se han hundido en el Congreso. Ahora, un nuevo intento está en curso, liderado por la senadora del Partido Verde, Jennifer Pedraza. El proyecto, al que solo le falta un debate en el Senado para convertirse en ley, pretende cambiar algunos artículos del Código Civil que permiten que niños y niñas contraigan matrimonio a partir de los 14 años, siempre y cuando haya un permiso parental. La iniciativa busca trazar una nueva frontera: los 18 años.

Un informe de la Unicef (la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia), publicado en 2022, es útil para dimensionar el contexto en el que se discute este proyecto. Según la organización, una de cada cuatro mujeres jóvenes de América Latina y el Caribe contrajo matrimonio por primera vez, o tuvo una unión temprana, antes de cumplir los 18 años. En Colombia, la situación es muy inquietante: el 23 % de las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas o unidas antes de la mayoría de edad, y el 5 % antes de cumplir 15 años, reporta la agencia.

El informe mostraba, incluso, que ha habido uniones que ocurren entre los 10 y los 14 años, una situación que es más frecuente en departamentos como Vichada, Amazonas, Chocó y La Guajira. En regiones como Vichada, Magdalena, Arauca, Cesar y La Guajira, las uniones que se dan con menores entre los 15 y 19 años, son más usuales. ¿Qué retos enfrentan estas regiones respecto a los MIUT? ¿Qué consecuencias trae este tipo de uniones en la vida de las niñas y adolescentes? ¿Qué esfuerzos se están haciendo en esos territorios para poner fin a esa práctica?

Soluciones, más allá de la ley

Mucho antes de que comenzara el trámite del actual proyecto de ley en el Congreso, Laura, Sara, Natalia, Andrea y Ana ya formaban parte de un programa que comenzó en 2019 para hacer pedagogía con niños, niñas y adolescentes. Se llama Valiente, de Profamilia y la embajada de Canadá, y ha llegado a instituciones educativas en 8 municipios para hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. A través de él, se ha buscado que los estudiantes se conviertan en líderes dentro de sus colegios y hablen de cosas que quieran mejorar o les preocupan, como los MIUT.

Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, pone en perspectiva esa preocupación: según ella, en la mayoría de los casos se trata de matrimonios decididos por terceros. Royo estima que, en más del 90 %, estamos hablando de niñas casadas con hombres mucho mayores.

“Acá se ve mucho que los papás casen a sus hijas mayores para que las familias tengan mejor economía”, cuenta Natalia, que vive en Miranda, Cauca. Ante ese panorama, ella decidió juntarse con otras compañeras para crear un proyecto en el marco de Valiente. Lo llamaron “Las adolescentes no son madres y esposas”, y consistió en montar un bazar de emprendimiento en el que participaran jóvenes de su colegio. La iniciativa creció e, incluso, llegó a otras tres instituciones educativas de su municipio. “Muchas personas nos preguntaban que por qué un bazar”, dice Natalia. “Nosotras les respondíamos que era la manera de mostrarle a los adolescentes y sus papás que existían otras formas de generar ingresos, más allá del matrimonio infantil y las uniones tempranas. De entrada, nosotras hablábamos de ese problema. Hoy en día eso es una conquista porque muchas chicas y chicos dicen que quieren estudiar en la universidad para aprender más y continuar con sus emprendimientos”.

Al otro extremo del país, en La Guajira, Sara cuenta que en Dibulla, su municipio, era común pensar que el matrimonio infantil solo ocurría en el pueblo Wayúu. “Pero no. Pasa también en personas por fuera de esa comunidad y se naturaliza mucho. Por eso, decidimos crear nuestra iniciativa”, explica. Esta consistía en que, durante los descansos, ella y sus compañeras iban a la cancha y, allí, comenzaban a practicar juegos a los que sus compañeros podían inscribirse de manera voluntaria. La única condición era que, cuando cambiaran de dinámica, hablaran también del matrimonio infantil: desde su definición hasta sus consecuencias.

Andrea, Laura y Ana aplicaron una metodología similar: en diferentes colegios de Pivijay, Magdalena, hicieron charlas y obras de teatro con títeres para hablar de los peligros de los MIUT. “Lo que nos parece más grave de todo esto”, enfatiza Laura, “es que las niñas no viven su niñez y su adolescencia como deberían. Muchas, incluso, tienen la idea de que casarse o tener una relación con un hombre mucho mayor que ellas va a generarles mejores condiciones de vida”.

Respecto a eso, en algo coinciden todas las menores que entrevistamos para este artículo, así estén en diferentes departamentos: que el matrimonio infantil y las uniones tempranas atentan contra la integridad y la capacidad de decidir de las mujeres sobre sus propias vidas. Una de las consecuencias -tal vez la más mencionada por todas ellas- es el embarazo adolescente. “Es que, cuando las casan, a muchas de ellas les imponen unas supuestas obligaciones que deben cumplir dentro del matrimonio, entre esas el tener un hijo”. Olga Lucía Restrepo Espinosa, médica de la Universidad de Antioquia, lo explica en palabras mucho más sencillas: “lo que se les está imponiendo es una familia que ellas no decidieron tener en primer lugar”.

Una cadena de problemas

Juan David Albarracín, pediatra e integrante de la junta directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría en Colombia, dice que, para comprender la cadena de problemas que generan los MIUT, primero debe entenderse el debate en torno a la edad de consentimiento de inicio de vida sexual, que, actualmente, está a partir de los 14 años. “El Código Penal estipula que cualquier comportamiento antes de esa edad es violencia sexual. Todos los embarazos en menores de 14 años, por ejemplo, son considerados inmediatamente como tal”, continúa Albarracín.

Para él, entonces, es importante hacer una aclaración: el hecho de que los adolescentes puedan consentir su vida sexual a partir de los 14 años, según la ley actual, no tiene relación con el matrimonio infantil. Los matrimonios o uniones tempranas no tienen que ver con la capacidad de un joven para decidir sobre su sexualidad, sino que, en la mayoría de los casos, son el resultado de decisiones impuestas por terceros, donde los niños y niñas no tienen capacidad de decisión. “Una cosa es que, a partir de cierta edad, los jóvenes tengan derecho a planificar y tomar decisiones conscientes sobre su sexualidad. Otra muy distinta son las uniones en las que hay venta de niñas”, explica en términos sencillos el pediatra.

Ahora, para Albarracín también es importante enfatizar en el peligro que representan los embarazos adolescentes producto de los MIUT. Para hacerse una idea más clara de su complejidad, el pediatra recuerda lo que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS): que todas las gestaciones en menores de 19 años pueden considerarse riesgosas, y que a los 14 años o menos, el riesgo es todavía más alto. Según el Análisis de Situación de Salud 2023 del Ministerio de Salud, las tasas de fecundidad en adolescentes entre 10 a 19 años han tenido un descenso importante del 35,1% entre 2005 y 2022, pasando de 38 a 24,7 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en este grupo de edad.

Sin embargo, la cifra está lejos de ser cero. En 2023, según los datos preliminares del DANE, esa tasa de fecundidad se ubicó en 2,0 para adolescentes entre 10 y 14 años, y en 39,4 para adolescentes entre 15 y 19 años. En palabras y números más simples, eso significa que durante el año pasado, unas 38.215 mujeres adolescentes entre los 10 y los 17 años de edad tuvieron hijos. “Un embarazo adolescente es especialmente complejo para las menores de 14, pues su pelvis estrecha representaría partos difíciles que, en la mayoría de los casos, tendrían que ser intervenidos”, explica Clara Restrepo, ginecóloga y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Algunos de los departamentos de todas las menores entrevistadas para este artículo han presentado históricamente altos índices de nacimientos en ese grupo de edad. Según el análisis del Ministerio de Salud, entre 2015 y 2022, por ejemplo, los departamentos de Guainía, Caquetá, Arauca, Vichada, Guaviare, Cesar, Putumayo, Córdoba y Casanare presentaron una tasa por encima de 3,9 nacidos vivos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años. En 2022, las cifras más elevadas estuvieron en Guainía (8,22), Vichada (8,22), Chocó (4,43), Caquetá (4,18), La Guajira (3,86) y Amazonas (3,78).

En 2023 este panorama regional siguió mostrando datos inquietantes. El observatorio Así Vamos en Salud reporta, con base en el análisis de los datos preliminares del DANE, que la tasa más alta de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años se ubicó en Vichada, con 5,2 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese grupo de edad. Muy cerca, aparecen Caqueta (5,0), Guania (4,9), Chocó (3,6), La Guajira (3,5) y Magdalena (3,3). Cesar, Cauca y Putumayo tienen tasas de 3,0, 2,5 y 3,1 respectivamente. Según se puede leer en el informe del DANE, “los reportes evidencian que cuando la madre tiene menos de 14 años, el mayor volumen de nacimientos corresponde a padres de 18 años o más”, es decir, existe una diferencia de edad importante entre las madres adolescentes y los padres.

Restrepo dice que la situación se vuelve mucho más complicada en lugares de difícil acceso, como territorios rurales donde no hay centros de salud de alta complejidad que las puedan atender. Ante ese panorama, pueden ocurrir escenarios en los que a las menores se les sube la presión, tienen hemorragias posparto, desgarramientos e infecciones. Esto, sin contar los daños que pueden generar malos procedimientos aplicados sobre ellas para dar a luz, como el uso de fórceps, que son instrumentos similares a una cuchara que se usan en partos vaginales asistidos se usa en partos vaginales asistidos. Algunas incluso pueden morir y en quienes sobreviven se han reportado secuelas en el ámbito de la salud mental, entre ellos ansiedad y depresión.

Existe también la posibilidad de que algunas aborten espontáneamente o que el recién nacido muera poco después de nacer. Ahora, en caso de que los partos sean exitosos, los riesgos serían otros, como las malformaciones genéticas y los problemas cardiovasculares. Algunos, incluso, no logran sobrevivir. Para Restrepo, a partir de aquí comienza otra cadena de problemas que suceden a partir de los MIUT, como la deserción escolar. “A nivel nacional, de las 3,818 niñas entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres en 2023, el 53,1% se encontraban en la básica secundaria y el 37,7% en básica primaria. De las 77.917 adolescentes entre los 15 y los 19 años que se convirtieron en madres el 42,2% se encontraba en la básica secundaria y el 33,4% en la media académica”, se lee en un informe realizado por Profamilia según cifras del DANE.

La vulnerabilidad que genera más vulnerabilidad

Existen múltiples razones por las que suceden los MIUT. Si bien el elemento más crucial para identificar uno es que haya una transacción económica en la que la menor no tenga consentimiento, Albarracín explica que hay otros panoramas en los que esto puede suceder, como casos en los que los menores de edad deciden casarse con una persona mayor que ellas para salir de situaciones de escasez económica e, incluso, varios tipos de violencia, entre ellas la de género y la intrafamiliar. Además, el informe de Unicef del año pasado relaciona directamente a la pobreza multidimensional con ese tipo de uniones. “Pero no puede ser que escapar de una vulneración conlleve otra vulneración”, afirma Albarracín.

Espinosa lo complejiza aún más: “el problema es que seguimos permitiendo que las mujeres, incluso desde una edad temprana, se sigan asumiendo como el objeto de deseo de los hombres. Es inconcebible que algunas de ellas los vean como el vehículo para salir de sus situaciones, pero todavía no tenemos un panorama en el que los derechos de ellas se vean garantizados, sobre todo en zonas alejadas de nuestro país, donde las condiciones son más adversas”.

En palabras de Espinosa, lo que en últimas genera el matrimonio infantil es la exacerbación de los círculos de pobreza, porque, si no se tiene escolarización, tampoco se contarán con condiciones laborales dignas y difícilmente se salga de situaciones de precariedad extrema.

Albarracín, Restrepo y Espinosa coinciden en algo, y es que, entre más escolaridad se garantice a las niñas, mayores posibilidades tendrán de forjar un proyecto de vida y retrasar las edades de embarazos tempranos. Datos de Unicef lo corroboran: “Cuanto más tiempo asiste una niña a la escuela, más posibilidades tiene de retrasar el matrimonio”, dice la organización.

Otro panorama que ha sido complejo de abordar es el de los pueblos indígenas que viven en Colombia. Al hablar de matrimonio infantil, por ejemplo, se suele pensar de inmediato en el pueblo Wayúu, ya que ha sido tradición que las niñas y adolescentes contraigan matrimonio con hombres mucho mayores que ellas para preservar el linaje. Una línea mucho más compleja de abordar es la que sucede en el pueblo Nukak, que viven en el departamento del Guaviare y no contabilizan su edad como lo hacemos en occidente. Esto quiere decir que, en su cultura, la mayoría de edad no es igual a la nuestra, que es a partir de los 18 años. “¿Entonces ahí cómo se define un límite para los MIUT?”, se pregunta Albarracín. “Sin embargo, acá hay que poner por encima de todo al artículo 44 de la Constitución, que pone a los derechos de los niños y las niñas como derechos universales”.

En este caso, y en términos del pediatra, prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas en menores de 18 años tendría que cumplirse por encima de cualquier cosa, incluidas las normas que cobijan a los pueblos indígenas según las prácticas propias de sus culturas. “Los congresistas que representan a comunidades indígenas de nuestro país ya le dieron el visto bueno al proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso. En caso de que se apruebe, se deben hacer acercamientos pedagógicos con cada pueblo para que, poco a poco, eliminemos esta práctica”, continúa Albarracín.

Por ahora, el informe de Unicef llamó la atención sobre el hecho de que, aunque en Colombia existen mecanismos que permiten estimar el número de casos de MIUT a nivel nacional y departamental, ninguno dimensiona esa problemática de manera certera “debido a la ausencia de criterios, variables y estándares comunes al momento de identificarla”, se lee en el texto.

Por ahora, el nuevo intento de proyecto de ley que busca prohibir esta práctica avanza en el Congreso. Su último debate fue el pasado 14 de agosto. Aún no se sabe cuándo será la fecha del último debate, en el que podría aprobarse o no. “Esperamos que se apruebe”, le dijo a este diario la ponente del proyecto y senadora por el Partido Verde, Jennifer Pedraza. Si se hunde, sería la octava vez en la que los congresistas deciden no avanzar con una ley que busca ponerle fin a las uniones tempranas en el país.

Sea cual sea la decisión del legislativo, Restrepo y Espinosa hacen un llamado: “que las leyes no sean cosméticas”. “Que las soluciones lleguen a los territorios más apartados, porque de nada nos sirve prohibir los MIUT si no se van a garantizar líneas de prevención y atención en caso de que sucedan. Además, esto debe ir acompañado de una mirada más integral desde la salud pública y la educación. Que se apoyen los proyectos de vida de las niñas que serán las mujeres del mañana”.

*Nombre reservado por petición de las fuentes.