Migrantes embarazadas, en alto riesgo

Julián Fernández, profesor del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte, llegó a Villa Caracas a finales de 2017. El barrio fue el primer asentamiento informal de los migrantes venezolanos en Barranquilla (Atlántico) y es, como cualquier asentamiento informal, un lugar precario. Fernández llegó allí con un propósito claro: cuantificar la situación de salud de la oleada migratoria que, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno colombiano, ya pasó el millón de personas.

Julián Fernández, profesor del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte, llegó a Villa Caracas a finales de 2017. El barrio fue el primer asentamiento informal de los migrantes venezolanos en Barranquilla (Atlántico) y es, como cualquier asentamiento informal, un lugar precario. Fernández llegó allí con un propósito claro: cuantificar la situación de salud de la oleada migratoria que, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno colombiano, ya pasó el millón de personas.

De inmediato, al investigador le llamó la atención lo vulnerable que estaba un grupo social: las mujeres migrantes embarazadas que habían entrado al país de forma irregular. Por eso empezó a mover el tema en el recién creado grupo de investigación de Unidad de Migración y Salud, impulsado por el decano de la División de Ciencias de Salud de la Facultad en la cual trabaja. Sus esfuerzos dieron frutos y hoy presenta una de las primeras investigaciones científicas sobre salud pública y migración venezolana irregular en Colombia, apoyados por la Organización Internacional de las Migraciones.

A la investigación se unieron otros siete colegas, con quienes emprendieron la misión de encontrar a mujeres venezolanas embarazadas que, además, hubieran entrado al país de forma irregular. No fue fácil. Se contactaron con organizaciones de la sociedad civil, ONG y hasta recurrieron a redes convocando a candidatas. Al final, 218 mujeres en Barranquilla (Atlántico) y 211 en Riohacha (La Guajira) se unieron al estudio.

Para entender el estado de salud de estas mujeres no basta con hacerles preguntas sobre su embarazo y su acceso al sistema de salud colombiano. “La literatura nos muestra que las mujeres migrantes gestantes son especialmente vulnerables a problemas de salud mental, inseguridad alimentaria y violencia de género”, explica Fernández. Por eso, las 529 mujeres respondieron preguntas que incluían estos temas.

Lo que encontraron no fue bueno. Apenas el 3,5 % de las venezolanas dijeron estar afiliadas al sistema general de seguridad social en salud colombiano, un reflejo de su situación irregular en el país. Sin embargo, el médico destaca que gracias al plan de atención al migrante, que el Gobierno lanzó el año pasado, y a las circulares que el Ministerio de Salud ha emitido desde 2017, las migrantes irregulares tienen derecho -en el papel- a recibir atención prenatal. El problema, dice Fernández, es que a la hora de hacer efectivo ese derecho, hay barreras administrativas que lo vuelven una tarea casi imposible.

“En teoría, ellas tienen derecho a acceder al control prenatal, pero hay problemas administrativos que no aparecen en el papel. Inicialmente ellas tenían que ir a las 6:00 a.m. a la Alcaldía donde repartían un número de fichas. Muchas no tenían dinero ni sabían cómo llegar allá, o por su estado de salud no podían madrugar. Al ver esta situación, en la Alcaldía se inventaron lo de pedir la cita por teléfono, pero por lo menos el 70 % de ellas se quejan del servicio de telefonía, porque no les contestan, porque no entra la llamada, entre otras”, cuenta el investigador.

En La Guajira la cosa es aún más grave: en el hospital de Riohacha dicen que no tienen cómo atender a las mujeres y ha tercerizado la labor en ONG que, a veces, lo único que hacen es generarles órdenes para hacerles exámenes, pero no las evalúan ni les dan los suplementos alimenticios que necesitan.

Por eso, la investigación encontró que si bien el 57,6 % de las mujeres recibieron por lo menos un control prenatal, la mayoría (el 65 %) lo hizo entre el segundo y tercer trimestres. Además, la dificultad en el acceso hizo que el 93 % de ellas recibieran, como máximo, tres controles de este tipo. El 42 % no recibió ninguno.

Esta falta de seguimiento a los embarazos es especialmente grave si se tiene en cuenta que el 49 % de estas mujeres sufren de anemia, de acuerdo con la medición de hemoglobina en sangre que hicieron los investigadores. Además, en el 87 % de los casos, las mujeres sufrieron inseguridad alimentaria en sus hogares. Estos son cuatro de cada cinco. Todo esto, sumado a violencia de género (ver infografía) y el hecho mismo de migrar, causaron que el 23 % de estas mujeres tuvieran síntomas de depresión.

El líder de la investigación aclara que si bien el país debería tener en cuenta estos factores a ala hora de atender a estas mujeres, no puede culparse al gobierno colombiano de todos estos problemas. Muchas de estas mujeres, dice, salen de Venezuela con desnutrición o con embarazos de alto riesgo ya diagnosticados. Sus observaciones son comprobadas por los pocos datos que existen en el país vecino: la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana encontró en 2017 que el 75% de la muestra reportó pérdida de peso no controlado en proporción de 8,5 a 9 kilos durante el último año, mientras que el 32,5% de las personas expresan hacer dos comidas o menos al día.

De acuerdo con “Mujeres al límite” una investigación realizada por cuatro organizaciones de derechos humanos sobre la situación de las mujeres en ese país, en el 60% de los hogares más pobres del país las mujeres dejan de comer para que otros miembros de la familia lo hagan, y los alimentos que hoy consumen las venezolanas tienen bajos valores nutricionales como el pan, las harinas y los cereales.

Fernández aclara, además, que el problema no es la atención en salud. “Las mujeres que lograron acceder a los controles y al sistema de salud reportaron una gran satisfacción con la atención que les dieron (el 54 % dijo que la atención era buena y solo el 18 % que era mala). El gran problema es que para acceder hay enormes barreras, muchas veces administrativas”.

Angélica Cocomá, abogada de la organización Women’s Link Wordlwide, coincide. Esta organización ha acompañado a mujeres migrantes embarazadas sobre todo en las fronteras en Arauca y Cúcuta, y cuenta que la situación en esta región es dramática. Pone el caso de una niña migrante de 15 años, quien llegó al país por Arauca. Salió desde Barinas buscando quién atendiera la toxoplasmosis que le diagnosticaron pero que, por la escasez de medicamentos, los médicos de su país no tenían cómo tratar.

En Arauca el único hospital público le negó los controles prenatales, y apenas hasta noviembre de 2018, el hospital empezó a prestar atención de partos. ¿La razón? Según lo que la institución le dijo a Women’s Link, era que ni siquiera tenían los instrumentos para realizar suturas. “En Arauca ni siquiera hay hogares estatales de atención a las migrantes, ellas duermen en lotes, en la calle”, cuenta la bogada. En uno de esos lotes, la menor fue víctima de violencia sexual.

Después de ese episodio, la niña se fue para Cúcuta, buscando afiliarse al Sisbén y que atendieran su caso. Cuando dio a luz el pasado enero, los controles prenatales que había recibido habían sido otorgados por organizaciones internacionales, no por el Estado colombiano. “Tras el parto, ella presentó una hemorragia durante tres días y ahora tiene anemia y no tiene suplementos de hierro que necesita para atender esa condición”, explica Cocoma.

“Hemos identificado dos barreras: una, que muchos migrantes se hospedan en hogares comunitarios que quedan en barrios de estratos medios, y los migrantes no se presentan al Sisbén por miedo a que esto los perjudique en su puntaje. Dos, es el trámite administrativo como tal”, dice. Han conocido casos en los que, después de que las migrantes aplican, les dicen que la entrevista para calificarlos puede tardarse hasta un año.. Después de la entrevista deben esperar tres meses más para que su inscripción sea válida.

“Las mujeres cuyos casos conocemos y apoyamos son una minoría. La mayoría deben enfrentarse a esto solas”, concluye la abogada.