“Mineducación cometió un grave error con títulos exprés de cirugía”: Luciano Chaves

La discusión que se ha desencadenado en torno a las cirugías plásticas, a los títulos “exprés” obtenidos por varios doctores en Brasil y a sus malas prácticas médicas, tuvo ayer un nuevo capítulo. El presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBCP), Luciano Chaves, estuvo en Colombia para explicar por qué, a sus ojos, el Ministerio de Educación colombiano había cometido un grave error al convalidar las supuestas especializaciones que hicieron 43 médicos en la Universidad Veiga de Almeida (Brasil). Ante un auditorio con 30 personas, ratificó lo que ya le había indicado a este diario: “Estos cursos (lato sensu) ofrecen clases teóricas los fines de semana y una vez por mes una visita con un médico para asistir a una cirugía”. Y eso, en otras palabras, quiere decir que no corresponden a un programa de especialización en cirugía plástica.

Chaves había venido a Bogotá invitado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), entidad que ha coincidido con la posición del médico brasileño desde que empezaron a conocerse diversos casos de pacientes afectadas. Pero en la rueda de prensa Chaves fue más lejos. Aseguró que la comisión del Mineducación que viajó el pasado mes de abril a su país a revisar los títulos solo comprobó su legalidad. “No consultaron a nadie de la Sociedad de Cirugía Plástica de Brasil”, dijo.

Ante las críticas de algunos sectores y ante los reproches de algunos cirujanos, Chaves fue enfático en asegurar que este tema no se trata de una persecución de la SBCP. Por el contrario, explicó hay varias agremiaciones médicas que han denunciado este tipo de cursos por no formar de manera adecuada a los cirujanos plásticos. Entre ellas están la Asociación Médica Brasileña, la Comisión Federal de Medicina y la Comisión Nacional de Residencias Brasileña (CNRB).

Para él, una de las muestras más contundentes fue la decisión que tomó el Tribunal Regional Federal de Brasil en 2013. Ese año declaró que este tipo de cursos no eran válidos para ejercer la especialidad. Para hacerlo, el país vecino exige como prerrequisito dos años de cirugía general y tres más de cirugía plástica. De lo contrario, dice Chaves, no se debe permitir.

“En el caso de la Universidad Vega de Almeida, no existe, por parte del Consejo Federal de Medicina, un reconocimiento de que son especialidades médicas. Así que mi consejo para la sociedad colombiana es que se mantenga firme para que logren el éxito que estoy seguro alcanzará el Ministerio, y para que todos entiendan la importancia de proteger a los pacientes”, manifestó.

Sin embargo, la visita de Chaves, que reafirmaba la postura de pacientes como Lorena Beltrán, quien inició hace un par de meses la campaña #CirugiaSeguraYa tras una errada intervención del médico Francisco Sales Puccini, desconcertó a los funcionarios del Ministerio de Educación. Estaban visiblemente alterados por la presentación organizada por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. ¿La razón? Varios de los médicos que compartieron la mesa con Chaves se habían reunido hace poco con la ministra de Educación, Gina Parody, para ultimar los detalles de un convenio entre ambas entidades.

De hecho, el pasado martes, Parody y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmaron que impulsarían un nuevo proyecto de ley para, de una vez por todas, dar solución a los inconvenientes generados alrededor de las cirugías plásticas. Al año, mostraron, se realizan 300.000 procedimientos estéticos en el país.

La idea, dijo Gaviria, es revisar el proceso de convalidaciones para asegurarse de que los profesionales que llegan con sus diplomas internacionales estén debidamente formados. Esta revisión estaría a cargo de una mesa técnica de expertos, cuyos miembros provendrán de sociedades científicas (dentro de estas la SCCP), facultades de medicina y otras autoridades académicas y médicas.

Pero en este largo debate, en el que los cirujanos involucrados han aceptado públicamente que ellos no vivían en Brasil mientras estudiaban sino que viajaban con frecuencia a tomar los cursos, al Ministerio de Educación colombiano parece incomodarle la postura de Chaves. Así, por lo menos, lo dejó claro ayer Marisol Rojas, jefe de prensa del Viceministerio de Educación Superior, quien a falta de representantes de la entidad, tomó la vocería de la cartera. “Brasil no tiene por qué venir a Colombia a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas”, dijo. 

El problema, según Rojas, es que este debate se ha centrado en los títulos y no en la ética de estos cirujanos. “No podemos seguir culpando al Ministerio”, dijo visiblemente alterada. Además, en una declaración que provocó murmullos en la sala, la funcionaria afirmó que una gran parte de la responsabilidad la tienen los pacientes. “Aquí también hay una corresponsabilidad de los pacientes. Cómo es posible que yo me meta a una sala de cirugía si el médico tiene tufo. Eso es absurdo. Yo debo levantarme de esa mesa e irme”. 

Rojas se refería al testimonio de una víctima publicado por este diario el pasado 2 de julio, en el que señaló que el día de la operación el médico Fabián Enrique Blanchar “llegó borracho, con un tufo horrible, pero yo no me alarmé porque había tomado varios calmantes”.

Luego de que Rojas terminará su intervención, tomó el micrófono Álvaro Flores, el representante de la sala de salud de Conaces (Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior). Según dijo en medio de la acalorada discusión, hay que aclarar que una posición tiene la Sociedad de Brasil y otra muy distinta tiene el país.

Para Flores, quien estuvo al frente de la revisión de estos polémicos casos, no se debería cuestionar la legalidad de estos cursos. Asegura que están debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación brasileño.

“Tenemos los registros de que son programas avalados y certificados por ese Ministerio. Además la Universidad Veiga de Almeida es una institución acreditada”, dijo.

No obstante, una búsqueda en internet muestra que luego del dictamen del Tribunal Regional de Medicina del 2013, no hay registros de este tipo de cursos en la oferta académica de esa institución de educación superior. 

Pero el enfrentamiento entre el Ministerio y la mesa de la SCCP mostró que detrás de esta problemática, que fue denunciada por el mismo Mineducación ante la Fiscalía hace una semana, se esconde otro grave problema que el país no ha logrado solucionar. En palabras de Carlos Palacio Acosta, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el tema de las convalidaciones es grave, pero mientras no se trabaje en la poca oferta de especializaciones en el país, “seguirán pasando este tipo de cosas. No solo en cirugía plástica, sino en todas las especialidades médicas”.

La discusión que se ha desencadenado en torno a las cirugías plásticas, a los títulos “exprés” obtenidos por varios doctores en Brasil y a sus malas prácticas médicas, tuvo ayer un nuevo capítulo. El presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBCP), Luciano Chaves, estuvo en Colombia para explicar por qué, a sus ojos, el Ministerio de Educación colombiano había cometido un grave error al convalidar las supuestas especializaciones que hicieron 43 médicos en la Universidad Veiga de Almeida (Brasil). Ante un auditorio con 30 personas, ratificó lo que ya le había indicado a este diario: “Estos cursos (lato sensu) ofrecen clases teóricas los fines de semana y una vez por mes una visita con un médico para asistir a una cirugía”. Y eso, en otras palabras, quiere decir que no corresponden a un programa de especialización en cirugía plástica.

Chaves había venido a Bogotá invitado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), entidad que ha coincidido con la posición del médico brasileño desde que empezaron a conocerse diversos casos de pacientes afectadas. Pero en la rueda de prensa Chaves fue más lejos. Aseguró que la comisión del Mineducación que viajó el pasado mes de abril a su país a revisar los títulos solo comprobó su legalidad. “No consultaron a nadie de la Sociedad de Cirugía Plástica de Brasil”, dijo.

Ante las críticas de algunos sectores y ante los reproches de algunos cirujanos, Chaves fue enfático en asegurar que este tema no se trata de una persecución de la SBCP. Por el contrario, explicó hay varias agremiaciones médicas que han denunciado este tipo de cursos por no formar de manera adecuada a los cirujanos plásticos. Entre ellas están la Asociación Médica Brasileña, la Comisión Federal de Medicina y la Comisión Nacional de Residencias Brasileña (CNRB).

Para él, una de las muestras más contundentes fue la decisión que tomó el Tribunal Regional Federal de Brasil en 2013. Ese año declaró que este tipo de cursos no eran válidos para ejercer la especialidad. Para hacerlo, el país vecino exige como prerrequisito dos años de cirugía general y tres más de cirugía plástica. De lo contrario, dice Chaves, no se debe permitir.

“En el caso de la Universidad Vega de Almeida, no existe, por parte del Consejo Federal de Medicina, un reconocimiento de que son especialidades médicas. Así que mi consejo para la sociedad colombiana es que se mantenga firme para que logren el éxito que estoy seguro alcanzará el Ministerio, y para que todos entiendan la importancia de proteger a los pacientes”, manifestó.

Sin embargo, la visita de Chaves, que reafirmaba la postura de pacientes como Lorena Beltrán, quien inició hace un par de meses la campaña #CirugiaSeguraYa tras una errada intervención del médico Francisco Sales Puccini, desconcertó a los funcionarios del Ministerio de Educación. Estaban visiblemente alterados por la presentación organizada por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. ¿La razón? Varios de los médicos que compartieron la mesa con Chaves se habían reunido hace poco con la ministra de Educación, Gina Parody, para ultimar los detalles de un convenio entre ambas entidades.

De hecho, el pasado martes, Parody y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmaron que impulsarían un nuevo proyecto de ley para, de una vez por todas, dar solución a los inconvenientes generados alrededor de las cirugías plásticas. Al año, mostraron, se realizan 300.000 procedimientos estéticos en el país.

La idea, dijo Gaviria, es revisar el proceso de convalidaciones para asegurarse de que los profesionales que llegan con sus diplomas internacionales estén debidamente formados. Esta revisión estaría a cargo de una mesa técnica de expertos, cuyos miembros provendrán de sociedades científicas (dentro de estas la SCCP), facultades de medicina y otras autoridades académicas y médicas.

Pero en este largo debate, en el que los cirujanos involucrados han aceptado públicamente que ellos no vivían en Brasil mientras estudiaban sino que viajaban con frecuencia a tomar los cursos, al Ministerio de Educación colombiano parece incomodarle la postura de Chaves. Así, por lo menos, lo dejó claro ayer Marisol Rojas, jefe de prensa del Viceministerio de Educación Superior, quien a falta de representantes de la entidad, tomó la vocería de la cartera. “Brasil no tiene por qué venir a Colombia a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas”, dijo. 

El problema, según Rojas, es que este debate se ha centrado en los títulos y no en la ética de estos cirujanos. “No podemos seguir culpando al Ministerio”, dijo visiblemente alterada. Además, en una declaración que provocó murmullos en la sala, la funcionaria afirmó que una gran parte de la responsabilidad la tienen los pacientes. “Aquí también hay una corresponsabilidad de los pacientes. Cómo es posible que yo me meta a una sala de cirugía si el médico tiene tufo. Eso es absurdo. Yo debo levantarme de esa mesa e irme”. 

Rojas se refería al testimonio de una víctima publicado por este diario el pasado 2 de julio, en el que señaló que el día de la operación el médico Fabián Enrique Blanchar “llegó borracho, con un tufo horrible, pero yo no me alarmé porque había tomado varios calmantes”.

Luego de que Rojas terminará su intervención, tomó el micrófono Álvaro Flores, el representante de la sala de salud de Conaces (Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior). Según dijo en medio de la acalorada discusión, hay que aclarar que una posición tiene la Sociedad de Brasil y otra muy distinta tiene el país.

Para Flores, quien estuvo al frente de la revisión de estos polémicos casos, no se debería cuestionar la legalidad de estos cursos. Asegura que están debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación brasileño.

“Tenemos los registros de que son programas avalados y certificados por ese Ministerio. Además la Universidad Veiga de Almeida es una institución acreditada”, dijo.

No obstante, una búsqueda en internet muestra que luego del dictamen del Tribunal Regional de Medicina del 2013, no hay registros de este tipo de cursos en la oferta académica de esa institución de educación superior. 

Pero el enfrentamiento entre el Ministerio y la mesa de la SCCP mostró que detrás de esta problemática, que fue denunciada por el mismo Mineducación ante la Fiscalía hace una semana, se esconde otro grave problema que el país no ha logrado solucionar. En palabras de Carlos Palacio Acosta, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el tema de las convalidaciones es grave, pero mientras no se trabaje en la poca oferta de especializaciones en el país, “seguirán pasando este tipo de cosas. No solo en cirugía plástica, sino en todas las especialidades médicas”.