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Esta mañana se conoció un ofició que la Procuraduría le envió a la ministra de Salud, Carolina Corcho, José Antonio Campo, ministro de Hacienda) y Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, entre otros funcionarios, a inicios de este mes. (Puede leer: Procuraduría pide a la Comisión Asesora de Salud revisar presupuestos de la UPC)
En el documento, la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda Visbal, les hace un llamado a “tomar acciones inmediatas para evitar un colapso en el sistema que afecte directamente la prestación de los servicios de salud”. Esto, aseguró la funcionaria, por “problemas de financiamiento, escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos”, que estarían impactando el acceso a la salud de los colombianos.
Hace unos minutos, la cartera dirigida por Carolina Corcho, respondió al oficio de la procuradora delegada asegurando que “no se ha generado crisis que impacte la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia”. El ministerio de Salud, aseguró que respondió, una a una, las acciones que han adelantado en los cinco escenarios que le planteó Ojeda Visbal. (Le puede interesar: En China, quienes fuman tienen posibilidades más altas de sufrir 56 enfermedades)
Una de las preocupaciones que dejó ver la procuradora en el oficio, tenía que ver con la “Insuficiencia de la UPC 2022 y las proyecciones realizadas para el 2023″. Al respecto, el ministerio de Salud señaló que “en relación con los recursos destinados a la liquidación de la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, la cartera sostiene que los aspectos técnicos bajo los cuales se ha proyectado esta permiten concluir que no se ha generado crisis alguna que impacte la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
El segundo aspecto que manifestó en la carta Ojeda Visbal, apuntaba a que, por el traslado forzozo de pacientes por las liquidaciones de las EPS intervenidas, habría un impacto sobre las que reciben a los usuarios, de los cuales muchos padecen enfermedades de alto costo. Sobre este punto, la cartera de salud apuntó que, cuando se realiza un proceso de asignación tras la liquidación de una Entidad de este tipo, se separa a los afiliados con patologías de alto costo y madres gestantes, con sus respectivos grupos familiares. (También puede leer: ¿Les damos a los robots el bisturí que le pertenecía al cirujano?)
Esto, según el ministerio, se hace con el fin de “que siempre se asignen en proporción al número de afiliados con que cuenta la EPS receptora, incluidos los asignados en el respectivo proceso”.
Otro de los factores señalados en el oficio dirigido a los Miembros de la Comisión de Beneficios, Costos, Tarifas y Operaciones del Aseguramiento en Salud, trataba sobre los “efectos del Long-Covid que demandan para diversas patologías mayor frecuencia de uso en los servicios”. En este punto, la respuesta del ministerio señala que en el país todavía no se han realizado estudios que demuestren que los efectos del covid-19 han transformado el perfil epidemiológico de la población.
Por esta razón, continúa la respuesta sobre este tema en particular, “actualmente no existe una medición exacta de la carga de la enfermedad post- covid a nivel mundial, dado que los estudios de seguimiento de las poblaciones afectadas requieren al menos de dos años para realizar los cálculos respectivos”. (Puede interesarle: ¿Por qué son más comunes las infecciones respiratorias en clima frío?)
Un cuarto factor que preocupa a la Procuraduría, y a distintos gremios del sector de la salud, como Acemi, Gestarsalud y Asocajas, entre otros, estaba relacionado con el déficit por Presupuestos Máximos 2021 y 2022, que, pese a no estar incluidos en los Planes de Beneficios y ya estar reconocidos por el Gobierno, se han pagado.
Tras explicar la metodología aplicada para calcular las vigencias que se han expedido o que se deben expedir, el ministerio aseguró que está dispuesto a revisar el proceso y “considera prudente conceder una nueva oportunidad de aclaraciones, para que las EPS vuelvan a ejercer su derecho a la defensa y contradicción”. En este proceso, podrá intervenir la Superintendencia Nacional de Salud y otros entes de control. Finalmente, apunta la cartera, se podrá “con todos los registros consistentes, expedir los actos administrativos que reconozcan los recursos faltantes tanto para la vigencia 2021 como para la 2022″.
El último fenómeno que preocupaba a la procuradora Ojeda, tenía que ver con la escasez de medicamentos y dispositivos médicos. “El Ministerio recordó a la Procuraduría que el desabastecimiento de medicamentos obedece a un fenómeno mundial, e impacta de manera negativa a la población”, dice uno de los apartados del comunicado que fue publicado por esa cartera. (Puede leer: Lecanemab, el prometedor fármaco para tratar el alzhéimer sobre el que aún hay dudas)
El ministerio afirmó que, además de estar adelantando un seguimiento de este problema con el Invima, también se ha comunicado con las empresas encargadas de fabricar los medicamentos que presentan escasez para encontrar soluciones a la situación.