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Este domingo se conoció que el Ministerio de Salud, representado por Rodolfo Enrique Salas, presentó una recusación contra Margarita Leonor Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, y contra Diana Margarita Ojeda Visbal, Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. En la acción, se busca que ambas se aparten de todas las actuaciones administrativas en las que haga parte el Ministerio de Salud, incluyendo el cálculo de la UPC para la vigencia 2025. El Minsalud pide que se designe al Viceprocurador General de la Nación y a un Procurador(a) Delegado(a) para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social ad hoc (es decir, designados específicamente para este caso).
La UPC es la plata que el Estado le gira a las EPS para cubrir la atención de sus usuarios en el sistema de salud. Esto incluye la gran mayoría de los servicios y procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios de Salud. Su incremento para 2025 deberá determinarlo el Minsalud antes del 31 de diciembre y ha despertado un intenso debate en el mundo de la salud, como explicamos con detalle aquí.
La recusación se basa en el numeral 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - C.P.A.C.A) y en el numeral 4 del artículo 4º de la Ley 1952 de 2019. El Ministerio de Salud acusa a Ojeda y Cabello de haber emitido “concepto, consejos, opiniones y prejuicio sobre la presunta crisis financiera y humanitaria de salud, así como del sistema de salud en general, bajo una serie de juicios de valor sin ningún tipo de sustento probatorio, manifestaciones subjetivas y personales”. En otras palabras, se dice que ambas procuradoras expresaron opiniones y juicios de valor sobre la situación del sistema de salud sin tener pruebas concretas que los respalden, lo cual, según el escrito de recusación, demuestra una postura adversa hacia el Ministerio de Salud.
El Minsalud agrega que esta actuación de las Procuradoras no solo quebranta el principio de imparcialidad y transparencia, sino también los principios del debido proceso, defensa y contradicción, que son fundamentales en la función administrativa. En resumen, desde el Gobierno creen que las funcionarias ya habían formado una opinión sobre el tema en cuestión (la crisis del sistema de salud) antes de que se llevara a cabo el proceso formal de incremento de la UPC para 2025, lo que compromete su imparcialidad.
Fuentes de la Procuraduría General calificaron de “infundada” la recusación del Ministerio de Salud. “La Procuraduría tiene obligaciones de defender a la ciudadanía y garantizar los derechos fundamentales. Por eso se hace vigilancia superior. Lo cierto es que no hay causal, pero se responderá en derecho. Lo importante es que no avance la crisis en salud y expidan el acto administrativo con una UPC suficiente para que puedan garantizar derechos fundamentales de los pacientes y colombianos en general”.
La petición sobre la UPC, en el centro de la discusión
Hace unos días se supo que la Procuraduría General pidió conocer información sobre la metodología, los análisis y las reuniones que se han realizado para calcular el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. En una carta enviada el pasado 18 de diciembre, dirigida al Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, solicitan que se les envíen bases de datos, actas de reunión y otros detalles.
“Las medidas adoptadas por el Ministerio a su cargo han venido generando una crisis financiera y humanitaria que afectan la garantía de los derechos fundamentales a la salud de los Colombianos, motivo por el cual, se le insta a cumplir con la normatividad vigente que resuelva la difícil situación que enfrenta el sistema y una de estas soluciones es determinar un cálculo suficiente de la UPC que atienda los estudios de los diferentes expertos en la materia y permita superar esta grave situación”, decía la carta, firmada por Ojeda.
La procuradora pedía conocer los análisis que se han realizado de la información que reportan las EPS para que se realice este cálculo, las reuniones en las que esas entidades han participado, y los posibles ajustes que se hayan hecho a la metodología, teniendo en cuenta el presente del sistema.
Para el Ministerio de Salud, “las aseveraciones realizadas por parte de las citadas procuradoras están contaminadas con criterios subjetivos, juicios de valor sin sustento probatorio, por motivos y/o razones que el Ministerio desconoce, y claramente contaminan todas las actuaciones administrativas en que las citadas procuradoras intervengan respecto de esta cartera ministerial”, se puede leer en la recusación.
“La representante del Ministerio Público argumenta que la supuesta insuficiencia de la UPC se centra en los documentos de análisis y estudio allegados por agremiaciones como ACEMI, ASOCAJAS, etc. No obstante, dichos materiales probatorios no han sido analizados dentro del matiz del debido proceso, la sana crítica y la contradicción. Por lo cual, no es posible que previamente se juzgue y se afirme una crisis financiera del Sistema sin que se finiquite el análisis procesal y administrativo, máxime que dichos documentos fueron allegados por partes que tienen intereses y sesgos dentro de la fijación de la UPC”, agrega el Minsalud.
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