Minsalud insiste en irregularidades en datos de las EPS para el cálculo de la UPC de 2025

El Ministerio de Salud, junto con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), dieron conocer un estudio con el que respaldan la magnitud del aumento de la UPC en 2025, y que ha sido criticado por diversos actores del sector.

Para este año, el incremento de la UPC —que significa Unidad de Pago por Capitación y que corresponde al monto que el Estado asigna a las EPS anualmente para cubrir los servicios de salud de los afiliados— se fijó en un 5,3 %. De acuerdo con el Gobierno Nacional, este aumento, que se estableció de acuerdo con la inflación en el país, se debe a inconsistencias en los datos presentados por las EPS en el país.

Con el nuevo análisis, el gobierno da nuevas precisiones sobre las dudas que tiene sobre las cifras entregadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En este punto vale señalar que el Gobierno Nacional mantiene intervenidas a nueve EPS que tienen afiliados a cerca de la mitad de la población del país.

Entre los resultados que destaca el Ministerio de Salud, se debe al incremento “desmesurado” en frecuencias reportadas en ciertos servicios. Por ejemplo, anotan, que la atención domiciliaria aumentó en un 97 % entre 2022 y 2023, así como otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico que crecieron en un 79,7 % y 77, 9 %, respectivamente. Además de esto, reportan, que se registraron aumentos significativos en las urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%) para el mismo periodo.

“Estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general”, indicó el Ministerio de Salud, a través de un comunicado.

Por su parte, el análisis del Gobierno Nacional detectó 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos. Además de esto, el Ministerio de Salud encontró que el 3 % de los medicamentos reportados por el sistema no contaban con registro sanitario válido y que el 23 % no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). Estas irregularidades representaron un gasto total que supera los $119 mil millones.

“El informe también reveló la falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200 % los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS”, indicó la cartera de Salud, a través de un comunicado.

Con estos resultados, el Ministerio de Salud y el ADRES concluyeron que es necesario implementar una metodología más robusta para el cálculo de la UPC. Por su parte, se recomendó revisar las prácticas de contratación y los precios de los medicamentos para evitar aumentos en los costos y distorsiones en los datos.

Ante estos argumentos del Gobierno Nacional, algunos actores del sector salud han indicado que, inclusive si se presentaron inconsistencias en los datos presentados por la EPS, la responsabilidad de decretar una UPC que asegure el servicio sigue siendo del Estado.

De hecho, la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud señaló que al finalizar el 2023, el Gobierno Nacional tenía procesos de intervención de cuatro EPS del país: EPS Emsanar, Asmet Salud, Savia Salud y Famisanar, cuya información, según el gremio, “tampoco era creíble”.

Teniendo esto como contexto, el gremio de usuarios afirmó que, aunque el Gobierno tenía conocimiento de esta información durante 2024 a través de reportes periódicos, “no advirtió esta situación para subsanarla y, por el contrario, la dejó pasar para generar este escenario y tomar está desacertada decisión”.

Por la misma línea, se afirmó que, aunque el sector salud ha tenido múltiples alertas por corrupción, no se puede utilizar ese argumento para “tomar decisiones que ponen en riesgo la vida de los colombianos”. Además, se señala que, si bien el problema de desfinanciamiento del sistema de salud no es exclusivamente de este Gobierno, “si se ha agudizado mucho más (...) Es a este al que responsablemente le toca buscar la solución técnica y realista adecuada, lo cual desafortunadamente no se ha logrado”.

Además de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, otros sectores de la salud también han visto con malos ojos el incremento de la UPC. La organización Pacientes Colombia, que agrupa a cerca de 200 asociaciones de usuarios del sistema de salud en Colombia, fue una de las primeras en pronunciarse. “De múltiples formas y a través de amplias voces en el sector, se hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que la UPC tuviera un incremento mínimo del 16 %”, señalaron a través de un comunicado.

Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, reaccionó por medio de su cuenta de X señalando que “la UPC no alcanza para pagar las necesidades de salud de los colombianos, no alcanza para ajustar salarios, no corrige la insuficiencia de la UPC que el Ministerio de Salud reconoció en la Corte Constitucional”.

Para Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), en el sector se esperaba que el aumento fuera, al menos, el mismo porcentaje que aumentó el salario mínimo. “Empezamos con un desfase, porque en las bases de nuestras instituciones se aplica el incremento del salario mínimo y eso va a generar un desbalance, sumado a la difícil situación financiera que tienen las instituciones públicas”, aseguró a El Espectador.

“¿Cómo van a hacer los hospitales para pagarle a su personal? ¿Cómo van a hacer para cubrir los déficits que hay en este momento en el sector, en términos de medicamentos y procedimientos?”, se preguntó, por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

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El Ministerio de Salud, junto con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), dieron conocer un estudio con el que respaldan la magnitud del aumento de la UPC en 2025, y que ha sido criticado por diversos actores del sector.

Para este año, el incremento de la UPC —que significa Unidad de Pago por Capitación y que corresponde al monto que el Estado asigna a las EPS anualmente para cubrir los servicios de salud de los afiliados— se fijó en un 5,3 %. De acuerdo con el Gobierno Nacional, este aumento, que se estableció de acuerdo con la inflación en el país, se debe a inconsistencias en los datos presentados por las EPS en el país.

Con el nuevo análisis, el gobierno da nuevas precisiones sobre las dudas que tiene sobre las cifras entregadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En este punto vale señalar que el Gobierno Nacional mantiene intervenidas a nueve EPS que tienen afiliados a cerca de la mitad de la población del país.

Entre los resultados que destaca el Ministerio de Salud, se debe al incremento “desmesurado” en frecuencias reportadas en ciertos servicios. Por ejemplo, anotan, que la atención domiciliaria aumentó en un 97 % entre 2022 y 2023, así como otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico que crecieron en un 79,7 % y 77, 9 %, respectivamente. Además de esto, reportan, que se registraron aumentos significativos en las urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%) para el mismo periodo.

“Estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general”, indicó el Ministerio de Salud, a través de un comunicado.

Por su parte, el análisis del Gobierno Nacional detectó 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos. Además de esto, el Ministerio de Salud encontró que el 3 % de los medicamentos reportados por el sistema no contaban con registro sanitario válido y que el 23 % no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). Estas irregularidades representaron un gasto total que supera los $119 mil millones.

“El informe también reveló la falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200 % los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS”, indicó la cartera de Salud, a través de un comunicado.

Con estos resultados, el Ministerio de Salud y el ADRES concluyeron que es necesario implementar una metodología más robusta para el cálculo de la UPC. Por su parte, se recomendó revisar las prácticas de contratación y los precios de los medicamentos para evitar aumentos en los costos y distorsiones en los datos.

Ante estos argumentos del Gobierno Nacional, algunos actores del sector salud han indicado que, inclusive si se presentaron inconsistencias en los datos presentados por la EPS, la responsabilidad de decretar una UPC que asegure el servicio sigue siendo del Estado.

De hecho, la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud señaló que al finalizar el 2023, el Gobierno Nacional tenía procesos de intervención de cuatro EPS del país: EPS Emsanar, Asmet Salud, Savia Salud y Famisanar, cuya información, según el gremio, “tampoco era creíble”.

Teniendo esto como contexto, el gremio de usuarios afirmó que, aunque el Gobierno tenía conocimiento de esta información durante 2024 a través de reportes periódicos, “no advirtió esta situación para subsanarla y, por el contrario, la dejó pasar para generar este escenario y tomar está desacertada decisión”.

Por la misma línea, se afirmó que, aunque el sector salud ha tenido múltiples alertas por corrupción, no se puede utilizar ese argumento para “tomar decisiones que ponen en riesgo la vida de los colombianos”. Además, se señala que, si bien el problema de desfinanciamiento del sistema de salud no es exclusivamente de este Gobierno, “si se ha agudizado mucho más (...) Es a este al que responsablemente le toca buscar la solución técnica y realista adecuada, lo cual desafortunadamente no se ha logrado”.

Además de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, otros sectores de la salud también han visto con malos ojos el incremento de la UPC. La organización Pacientes Colombia, que agrupa a cerca de 200 asociaciones de usuarios del sistema de salud en Colombia, fue una de las primeras en pronunciarse. “De múltiples formas y a través de amplias voces en el sector, se hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que la UPC tuviera un incremento mínimo del 16 %”, señalaron a través de un comunicado.

Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, reaccionó por medio de su cuenta de X señalando que “la UPC no alcanza para pagar las necesidades de salud de los colombianos, no alcanza para ajustar salarios, no corrige la insuficiencia de la UPC que el Ministerio de Salud reconoció en la Corte Constitucional”.

Para Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), en el sector se esperaba que el aumento fuera, al menos, el mismo porcentaje que aumentó el salario mínimo. “Empezamos con un desfase, porque en las bases de nuestras instituciones se aplica el incremento del salario mínimo y eso va a generar un desbalance, sumado a la difícil situación financiera que tienen las instituciones públicas”, aseguró a El Espectador.

“¿Cómo van a hacer los hospitales para pagarle a su personal? ¿Cómo van a hacer para cubrir los déficits que hay en este momento en el sector, en términos de medicamentos y procedimientos?”, se preguntó, por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

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