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El Ministerio de Salud, representado por Rodolfo Enrique Salas, director jurídico de la entidad, solicitó este 11 de diciembre a la Fiscalía General que se declare a Minsalud como víctima dentro de la actuación penal en curso por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la salud en EPS Coosalud.
El Ministerio de Salud argumenta que “padece un perjuicio grave por el actuar de la EPS”, pues esta última está “presuntamente destinando recursos públicos de salud a asuntos totalmente ajenos, tal y como es el pago de deudas privadas. Lo anterior repercute directamente en el Presupuesto General de la Nación manejado por esta cartera ministerial y por supuesto en la prestación del servicio a la salud”.
En su petición, Minsalud recapitula algunos de los hechos conocidos en este caso. Señala que, después de que la Supersalud ordenara la intervención de la EPS el pasado 22 de noviembre de 2024, esa entidad encontró presuntos manejos irregulares alrededor de la EPS. Entre ellos, el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano García, hizo alusión a que durante diciembre de 2022, Coosalud EPS “sirvió como garante” en un crédito a nombre de Coosalud Inversa, una empresa privada, y a favor del banco GNB Sudameris S.A.
En un acta que se adjunta, se puede leer que en la EPS autorizaron un cupo de crédito aprobado por ese banco por la suma de más de $221.000 millones. Un punto clave de esto, es que la junta directiva de Coosalud EPS autorizó vincular a ese crédito el patrimonio autónomo de la EPS. Esa autorización se habría dado en diciembre de 2022. Dos años después, el 12 de noviembre de 2024, el Banco GNB Sudameris notificó a Servitrust GNB Sudameris S.A., quien supuestamente actúa como vocero y administrador de los fideicomisos de los patrimonios autónomos constituidos por Coosalud, el incumplimiento de esa obligación.
Con base en ese incumplimiento, el banco procedió al embargo de $206.000 millones del fidecomiso de la EPS Coosalud que, según el Ministerio de Salud, está “constituido con recursos públicos de salud que por mandato constitucional tienen destinación específica”. El superintendente de Salud, Giovanni Rubiano García, resaltó que un hombre llamado Jaime González Montaño era para la fecha el representante legal tanto de Coosalud EPS como de Coosalud Inversa, la empresa privada a la que la EPS sirvió de garante del crédito, “situación que aumenta el grado de sospecha en torno a la licitud de las operaciones del crédito”.
Coosalud le responde al Gobierno
La junta directiva de la EPS se ha defendido de las acusaciones. En una carta dirigida al presidente de la república, Gustavo Petro, los miembros de la junta señalan que “no existe decisión alguna de autorizar el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) distinto al porcentaje de administración”.
Agregan, respecto a la garantía de ese crédito, que “consistía en los recursos o los ingresos cedidos de las IPS de propiedad del grupo cooperativo Coosalud. Los recursos que el banco debitó en su beneficio de la fiducia constituida eran recursos que el mismo banco había desembolsado a ese instrumento de garantía, como fruto de la operación de crédito. Además, recursos propios de la cooperativa cercanos a 50 mil millones también estaban fondeando la fiducia, cuyo destino no era otro que el cumplimiento de las reservas técnicas de la EPS. Ningún banco acepta como aval recursos de exclusiva destinación”.
Esto demuestra, para la junta directiva de Coosalud, “que no hay pérdida ni destinación diferente tendiente a “refundir” recursos de la Seguridad Social”. Los miembros de esa junta le aseguran al presidente que “ningún peso destinado a la salud de los colombianos, vía Coosalud, fue orientado a servir de garantía alguna”.
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