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Este 14 de diciembre, el Ministerio de Salud desestimó los argumentos expuestos por compañías como Viiv Healthcare (ViiV), y otras, que pretendían la exclusividad de la comercialización del medicamento Dolutegravir, utilizado para el tratamiento de personas que viven con VIH.
De hecho, y de manera más puntual, Minsalud reiteró que quedó firme la Resolución 1579 de 2023, mediante la cual se declaró la existencia de “razones de interés público para someter la patente 07115501A del medicamento Dolutegravir a licencia obligatoria en la modalidad de uso público no comercial (uso gubernamental)”.
Este medicamento es reconocido por interrumpir la replicación del VIH y controlar la infección. De hecho, en 2019, la Organización Mundial de la Salud afirmó que es más efectivo que los otros que se suministran en el mercado y lo recomienda como primera opción en el tratamiento de pacientes, ya que, además de ser más fácil de tomar y causar pocos efectos secundarios, también impide que quienes lo consumen desarrollen resistencia.
El contexto de la reciente decisión de Minsalud es que varias compañías, entre ellas Viiv Healthcare (ViiV), querían tener los derechos exclusivos para explotar comercialmente el Dolutegravir, del que tienen licencia hasta 2026. Pero, como lo habíamos explicado anteriormente en El Espectador, lograr esa declaratoria de “interés público” es un paso esencial para otorgar lo que abogados llaman una “licencia obligatoria”, que serviría para que la farmacéutica dueña de la patente del medicamento deje de tener los derechos exclusivos para explotarlo comercialmente.
Francisco Rossi, quien fue director encargado del Invima y asesor de la exministra de Salud, Carolina Corcho, también le dijo hace meses a El Espectador que el laboratorio puede seguir comercializando el Dolutegravir, “pero eso le permitiría al Gobierno comprar una versión genérica que vende la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a un mejor precio. Sin la licencia obligatoria hoy sería ilegal hacerlo. Entonces, si se logra ese paso, beneficiaríamos a la población migrante y, de paso, a muchos pacientes colombianos”.
¿Qué sigue?
Minsalud dijo que se iniciaría un proceso con la Superintendencia de Industria y Comercio para el otorgamiento de la licencia obligatoria. Además, y según cifras de Minsalud, un frasco de 30 tabletas del dolutegravir de 50 mg tiene un costo de $401.574, mientras que en la OPS el valor es de $11.147. En comparación, y acorde al cálculo que hizo esa cartera, con la plata que gasta el Estado en una persona, se podría brindar acceso a 36 si se autoriza la versión genérica del Dolutegravir.
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También se reiteró que se está adelantando un mayor acceso del medicamento para población migrante regular a irregular; personas con VIH recién diagnosticadas; quienes tienen falla virológica, y quienes requieren profilaxis post exposición.
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