En la mañana de este domingo, 1º de septiembre, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado en el que respalda el informe que la Contraloría publicó a inicios de agosto y en el que señala, entre otras cosas, el uso indebido de $5.4 billones de pesos por parte de varias EPS que en 2020 utilizaron ese monto, proveniente de la UPC (la plata que les gira el Estado para garantizar el plan de beneficios en salud), para pagar facturas que no eran de ese año.
La cartera, liderada por Guillermo Jaramillo, aseguró que coincide con la Contraloría en que “si una EPS utiliza los recursos de una vigencia determinada para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, es evidente que no se constituyeron las reservas técnicas necesarias”.
Esto, como lo ha resaltado a lo largo de los últimos años la cartera de salud, “constituye un incumplimiento de sus deberes legales como administradores del aseguramiento, afectando gravemente el derecho fundamental a la salud de los afiliados”.
El pronunciamiento del Minsalud llega tres días después de que el Minhacienda se manifestara en la misma línea y una semana más tarde de que El Espectador revelara dos conceptos de ambas carteras en el que parecen contradecir una tesis clave del informe de la Contraloría.
Para comprender el contexto de estos recientes pronunciamientos, hay que remontarse al 5 de agosto, cuando el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, anunció hallazgos fiscales por $6 billones en el sistema de salud. Del total, la suma más gruesa, $5.4 billones, correspondía a pagos de cartera de las EPS de vigencias anteriores con la UPC de 2020.
El problema, le explicó a este diario el Contralor Delegado para Salud, Julián Niño, es que, según la Contraloría, estas empresas no podían usar esa plata para ese fin, debido a un principio jurídico que se conoce como “anualidad”. En términos simples, lo que esto quiere decir es que, para la Contraloría, las EPS están obligadas a usar los recursos de la UPC en gastos del año en el que fueron recibidos. Es decir, la UPC de 2020 solo podía ser usada para pagar facturas de servicios de 2020.
Como hemos explicado en otras notas, esa tesis generó una gran controversia pues, a ojos de las EPS y varios expertos, desconoce cómo funciona el sistema. Incluso, en las respuestas a dos derechos de petición que los ministerios de Hacienda y Salud le enviaron a Famisanar, y que este diario conoció, ambas carteras reconocieron que no hay una normativa que le impida a las EPS usar dineros de la UPC para pagar vigencias anteriores.
“Respecto a la existencia o no de una norma que disponga una prohibición a las EPS para el pago de servicios de salud prestados en vigencias anteriores con una UPC posterior, actualmente el ordenamiento jurídico no prevé una norma en este sentido”, señala en una parte el Ministerio de Hacienda.
En un aparte de la respuesta de Minsalud, la cartera apunta que “existen diferentes normas con el fin de garantizar el pago de servicios de salud a los prestadores de los mismos, sin que exista una prohibición específica para que se garantice el pago a los prestadores de los servicios”.
Sin embargo, en los últimos días, ambos ministerios han insistido en que las EPS deben cumplir con las reservas técnicas que, junto a otros indicadores económicos, funcionan como un seguro, pues garantizan que las EPS tienen la plata suficiente para responder a gastos y coyunturas futuras.
En su reciente pronunciamiento, el ministerio de Salud señaló que “la gestión adecuada de las reservas técnicas es crucial porque impide que los recursos públicos con destinación específica, recibidos en una vigencia determinada, se utilicen para hacer pagos de vigencias pasadas. En su lugar, estos pagos deben realizarse con las reservas que debieron ser resguardadas en el momento en que se generaron los costos (...)”.
La cuestión, es que la mayoría de las EPS no cumplen con este indicador, lo que ha criticado el Ministerio de Salud. Un informe de la Superintendencia de Salud mostró que, con corte a marzo de 2024, solo ocho de 24 EPS cumplían con el adecuado respaldo de las reservas técnicas. La razón del incumplimiento de estas reservas técnicas, también ha generado un intenso debate entre las EPS y el Gobierno, como contamos en este artículo.
Mientras esta nueva controversia se desarrolla y amenaza con llegar a los tribunales, el Ministerio de Salud aseguró que seguirá apoyando, en calidad de víctima, “la continuación de las investigaciones y procesos destinados a la recuperación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
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