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El Ministerio de Salud anunció hoy en rueda de prensa tres medidas que podrían involucrar a Sanitas. El Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo le pidió a la Contraloría levantar el velo corporativo de la EPS; además, le solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud certificar el incumplimiento de la EPS en lo que tiene que ver con patrimonio mínimo y reservas técnicas, para que Adres (el llamado banco de la salud) asuma el giro directo con los proveedores de Sanitas (es decir, que el Gobierno le pague directamente a IPS y proveedores).
El Gobierno detalló que Sanitas presentó el 2 de octubre una solicitud para contar con un plan de reorganización institucional debido, argumentó la EPS, a situaciones que han afectado su prestación de servicios y cumplimiento de indicadores. Según Sanitas, elementos como la recepción de usuarios de otras EPS liquidadas, la presencia en nuevos territorios y la insuficiencia, dicen, de la UPC (el dinero que gira el Estado por la salud de cada persona) y de Presupuestos Máximos (la plata para cubrir tecnologías, intervenciones y servicios fuera del plan básico de salud). Esa solicitud se estudiará en los próximos meses.
“Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo con esos dineros. En ese entramado que hay, necesitamos saber donde se está quedando el dinero. Ve uno que compran clínicas y cada día expanden más el negocio, y después dicen que no tienen dinero para cumplir con sus responsabilidades (en relación con Sanitas). Cuando las utilidades no son tan buenas para ellos, entonces reclaman que el dinero no es suficiente”, explicó Jaramillo respecto a la solicitud del velo corporativo. “Lo que queremos es saber todo eso”.
Por último, el Ministerio también solicitó hacer lo que denominó “una auditoria forense” al flujo de recursos de la EPS. Hay que recordar que el pasado 14 de noviembre, pocas horas antes de que Cruz Verde hiciera efectivo su decisión de no dispensar más medicamentos NO PBS a los afiliados de Sanitas, esa EPS anunció que llegó a un acuerdo con Audifarma para la continuidad de la dispensación de esos medicamentos.
La EPS señaló que “siendo coherentes con la confianza que han depositado en nosotros más de 5.7 millones de afiliados, estamos realizando esfuerzos, más allá de nuestra responsabilidad y capacidades, para buscar soluciones. Por esa razón, y poniendo a nuestros usuarios como máxima prioridad, desde EPS Sanitas vamos a asumir de forma transitoria la financiación que le corresponde al gobierno. No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica, pero lo hacemos por el compromiso que nos caracteriza con los colombianos y con el sistema, al que hemos contribuido por más de 28 años”.
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Sin embargo, la reacción del ministro Jaramillo a ese acuerdo no fue de felicidad absoluta: “(...) No se puede hacer lo que muchas veces están haciendo (las EPS). ¿Qué he encontrado? Tienen un proveedor, tienen una IPS, le quedan debiendo a esa IPS, se pasan a otra, luego a otra y van dejando un reguero de deudas. Eso no se puede hacer. Hay que ser serios porque están dejando una cantidad de cuentas, hay que ser serios”. Jaramillo ha insistido que el Gobierno está al día en lo que tiene que ver con los pagos de la UPC (el valor anual que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de salud) y los presupuestos máximos (la plata que se entrega para financiar aquello que no está en el PBS).
A esta EPS se le adeudan, aun así, unos $90.141 millones de pesos por cuenta de los ajustes por recobros que solicitó para 2022 y cuyo dinero saldrá de un crédito público que deberá ser gestionado por la cartera.
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El problema de financiamiento, según Juan Pablo Rueda, Presidente de EPS Sanitas, es más profundo que eso. De acuerdo con sus cálculos, el costo de dar medicinas NO PBS a sus afiliados asciende a $55 mil millones por mes y el Gobierno solo les está reconociendo $32 mil millones. “Hemos hecho todo el esfuerzo para que el Gobierno entienda esas cifras. Ellos las conocen, pero el Estado tiene una responsabilidad financiera en este tema. Tiene que haber un reconocimiento de esa deuda y debe haber un pago efectivo”, aseguró.
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