“Ninguna entidad de salud puede negarse a practicar un aborto en circunstancias legales” Profamilia
La entidad señaló que en cumplimiento con la Sentencia C- 355 de 2006 prestó los servicios de asesoría y que al identificar que se encontraba bajo las tres causales despenalizadas, los profesionales realizaron la interrupción del embarazo.
Redacción salud
Ante la polémica desatada, desde hace unas semanas, a causa de la demanda que un hombre instauró contra su pareja por haber abortado a un bebé de siete meses, Profamilia se manifestó al respecto y señaló que se debe "respetar el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres".
La entidad privada señaló, a través de un comunicado de opinión pública, que siguiendo con los lineamientos de la Sentencia C- 355 de 2006, en la que se reconoce el derecho de la interrupción del embarazo bajo tres causales, la entidad prestó sus servicios a la mujer que ahora enfrenta una demanda. “Profesionales de Profamilia atendieron a la señora, identificando y certificando que se encontraba bajo una de las tres causales despenalizadas. Los profesionales ofrecieron asesoría integral sobre las opciones con las que ella contaba. Tras su decisión libre e informada, Profamilia procedió con la interrupción voluntaria del embarazo”, informó.
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La entidad recordó, en su comunicado, que una de las causales se da “cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer", tal como el caso de la persona que abortó. De igual forma, Profamilia agregó que esta causal “puede ser certificada por cualquier profesional de la medicina o psicología, sin que se exija que deba contar con alguna especialidad, de acuerdo con la Corte Constitucional".
De igual forma, la entidad señaló que tiene “la obligación de garantizar la salvaguarda toda la información a las usuarias que atienda”. Profamilia recordó que ninguna entidad de salud, ya sea pública o privada, “puede negarse a practicar un aborto en estas circunstancias”.
La organización hizo un llamado a la opinión pública para que se respete y garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres sin que sean sometidas a la negación de la prestación de servicios. “Ninguna mujer que ejerza sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos debe enfrentar barreras ni ser víctimas de persecución, discriminación, señalamientos y estigmas sociales”.
Ante la polémica desatada, desde hace unas semanas, a causa de la demanda que un hombre instauró contra su pareja por haber abortado a un bebé de siete meses, Profamilia se manifestó al respecto y señaló que se debe "respetar el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres".
La entidad privada señaló, a través de un comunicado de opinión pública, que siguiendo con los lineamientos de la Sentencia C- 355 de 2006, en la que se reconoce el derecho de la interrupción del embarazo bajo tres causales, la entidad prestó sus servicios a la mujer que ahora enfrenta una demanda. “Profesionales de Profamilia atendieron a la señora, identificando y certificando que se encontraba bajo una de las tres causales despenalizadas. Los profesionales ofrecieron asesoría integral sobre las opciones con las que ella contaba. Tras su decisión libre e informada, Profamilia procedió con la interrupción voluntaria del embarazo”, informó.
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La entidad recordó, en su comunicado, que una de las causales se da “cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer", tal como el caso de la persona que abortó. De igual forma, Profamilia agregó que esta causal “puede ser certificada por cualquier profesional de la medicina o psicología, sin que se exija que deba contar con alguna especialidad, de acuerdo con la Corte Constitucional".
De igual forma, la entidad señaló que tiene “la obligación de garantizar la salvaguarda toda la información a las usuarias que atienda”. Profamilia recordó que ninguna entidad de salud, ya sea pública o privada, “puede negarse a practicar un aborto en estas circunstancias”.
La organización hizo un llamado a la opinión pública para que se respete y garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres sin que sean sometidas a la negación de la prestación de servicios. “Ninguna mujer que ejerza sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos debe enfrentar barreras ni ser víctimas de persecución, discriminación, señalamientos y estigmas sociales”.