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Desde hace días, vienen circulando mensajes en redes sociales que afirman que Colombia atraviesa por un presunto “brote de VIH”. Algunos usuarios afirman que se trata de una “epidemia”, y otros manifiestan tener temor por el supuesto panorama que se vive en nuestro país. Sin embargo, varias organizaciones que hacen pedagogía sobre VIH desmintieron esas afirmaciones y dijeron que el brote corresponde a propagación de información errónea.
Específicamente, la organización sin ánimo de lucro Red Somos, que, entre sus demás labores, brinda atención a personas migrantes que viven con VIH, afirmó que “no es cierto que haya un brote de VIH. Las cifras mal expuestas y comunicadas sesgadamente hace mucho daño, señala y desinforma, refuerza el prejuicio, el estigma y la discriminación”.
De hecho, su director, Miguel Barriga Talero, director ejecutivo de Red Somos, explicó que esa desinformación se ha expandido también en otros países de América Latina, entre ellos Venezuela y México. Allí, según Barriga, también son falsos los mensajes que han hablado del presunto brote. “Esto, al contrario, ha generado confusión y pánico. El miedo no es la mejor forma de prevenir. Al contrario, aleja a las personas de la prevención, el deseo de hacerse la prueba y propicia la discriminación hacia las personas viviendo con VIH”, continúa el director.
Miguel Ángel López, de la organización Más que tres letras -que hace pedagogía sobre VIH en Colombia- contó que la desinformación surgió tras una intervención de la directora ejecutiva de ONU/SIDA, Winnie Byanyima, quien advirtió sobre el impacto global que podrían tener los recortes en la cooperación internacional de Estados Unidos en el aumento de casos de VIH. Su declaración fue transmitida el pasado 24 de marzo.
Ante ese panorama, Barriga enfatizó en que la respuesta frente al VIH debe centrarse en incentivar un diagnóstico a tiempo y garantizar un tratamiento oportuno para asegurar calidad de vida en los pacientes. “Es igualmente importante disminuir los nuevos casos de la infección con educación, condones, PrEP, PEP; restringir la prevención a si se es no fiel es darle una carga moral a la prevención. Sin moralismos, ni juzgamientos se deben garantizar los diferentes métodos de prevención y atención”, contó Barriga.
Incertidumbre internacional
Como lo contamos en este medio, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo el pasado 20 de enero, suspendió los fondos para la cooperación internacional, entre ellos los asignados a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que destinaba recursos para que países de todo el mundo trataran el VIH.
Ante la suspensión de 90 días de esa agencia, se dio aviso de parar todas las actividades, incluyendo la entrega de medicamentos. En palabras de Miguel Barriga, director de la Red Somos, esto implica poner en riesgo a 350 migrantes venezolanos en condición irregular que solo pueden acceder a la medicación a través de esta ONG en Soacha, Bogotá y Barranquilla. De esas 350 personas, Barriga cuenta que 104 se encuentran en fases muy avanzadas de VIH y requieren priorización. Todos ellos reciben medicamentos antirretrovirales, que se encargan de reducir la carga del virus en el organismo, permitiéndoles una mejor calidad de vida a los pacientes. Algunos, incluso, logran bajar las cargas del virus en su cuerpo.
Al mismo tiempo que se declaraba la suspensión de USAID, otro de los grandes programas del gobierno de Estados Unidos, el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés), también corrió el riesgo de ser suspendido. Luego de que entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU/SIDA prendieran las alarmas, el Gobierno de Estados Unidos reculó y aplicó una exención para ese programa, para que así no se interrumpieran sus servicios. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado emitido por la subdirectora ejecutiva de ONU/SIDA, Christine Sterling, hay una falta de claridad sobre el futuro de los fondos del plan, lo cual podría tener un impacto negativo en las personas que se benefician de PEPFAR.
Según la OMS, ese plan ha salvado más de 26 millones de vidas y ha proporcionado tratamiento a otros 20 millones que viven con VIH, incluidos 566.000 menores de 15 años. En la actualidad, explicó la subdirectora ejecutiva de ONU/SIDA, 20 millones, de los más 30 millones de personas que viven con VIH en el mundo, dependen del dinero que gira Estados Unidos para su tratamiento. “Si el PEPFAR no se volviera a autorizar entre 2025 y 2029 y no se encontraran otros recursos para la respuesta al VIH, se produciría un aumento del 400 % en las muertes por SIDA”, calculó la agencia.
Este fondo envía su dinero a varias agencias de Estados Unidos, entre ellas los Centros de Control para las Enfermedades (CDC, por sus sigla en inglés) y USAID. A su vez, estas agencias tienen administradores de fondos que están en todo el mundo y que contratan implementadores locales. En el caso de Red Somos, ellos tenían contacto con Family Health International (FHI 360), que es una implementadora de USAID. “Por eso estamos en una incertidumbre: aunque está la exención a PEPFAR, nuestros recursos para los tratamientos de VIH provienen de ese programa a través de USAID”, especifica Barriga.
Por la misma línea, la Sociedad Internacional del Sida (IAS, por sus siglas en inglés), también levantó la voz y declaró en un comunicado emitido el pasado 6 de febrero que “aunque posteriormente se otorgó una exención para la “asistencia humanitaria vital”, que incluyó las pruebas y el tratamiento del VIH y, de manera limitada, la prevención del VIH en mujeres embarazadas, muchas clínicas financiadas por PEPFAR ya habían cerrado, el personal fue enviado a casa y la confusión persiste. El futuro de PEPFAR es ahora incierto, y más de 20 millones de personas corren el riesgo de perder acceso a medicamentos que salvan vidas.
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