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En medio del agitado panorama en el sector salud, tras el hundimiento del proyecto que buscaba reformar el sistema y la intervención del Gobierno Nacional a la Nueva EPS, una de las Entidades Prestadoras de Salud con más presencia en el país, el recién posesionado Julio Alberto Rincón, designado como interventor de la entidad, dio sus primeras declaraciones.
Sobre su llegada al cargo, Rincón reconoce que asume un “un reto muy grande”, pues tiene a cargo la atención en salud de 10,9 millones de usuarios que están distribuidos de esta manera: 4,7 millones en el régimen contributivo y 6,1 millones en el régimen subsidiado. Por su parte, frente a ciertas preocupaciones por las implicaciones de la intervención de la EPS, el nuevo interventor aseguró que cuenta con las herramientas para asegurar la prestación del servicio.
En contexto: Reforma e intervención a Sanitas y Nueva EPS: un sacudón al sistema de salud.
“No hay ninguna excusa en el país para que un solo afiliado a una EPS no sea atendido. Al contrario, nuestra meta es que los que no están siendo atendidos, los atendamos. Y que oportunamente la institución dé algo para que intervengamos oportunamente”, expresó Rincón, en sus primeras declaraciones como interventor.
Rincón fue designado durante un año en el cargo luego de la decisión de la Superintendencia de Salud, en cabeza de Luis Carlos Leal, de intervenir a la EPS debido a motivos “son similares a los que encontramos con la EPS Sanitas, donde ninguna de las dos cumple con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas. Estos dos indicadores son ejemplo del incumplimiento financiero”.
Así, el nuevo interventor emitió un mensaje para la red de proveedores de la entidad, que tiene presencia 1.123 municipios del país, indicando que “la operación de Nueva EPS sigue, no es una liquidación, lo que buscamos generar las condiciones de continuidad del negocio y así cumplir con la responsabilidad que tenemos con todos los afiliados. Su salud es nuestro propósito y cuidarla es nuestra misión”.
Hace tan solo unas semanas, Nueva EPS tuvo un importante cambio: después de que se confirmara la salida de José Fernando Cardona como presidente, la junta directiva de esa entidad nombró en ese puesto a Aldo Cadena. Cadena es un viejo conocido del presidente Gustavo Petro, que lo nombró como secretario de salud cuando era alcalde de Bogotá.
El nuevo interventor de la Nueva EPS es médico salubrista, y fue secretario encargado de Salud de Bogotá en 2015, y posteriormente como director del Fondo Financiero Distrital de Salud de la capital del país. Por su parte, según su perfil profesional en LinkedIn, fue director de la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud.
El debate en torno a la intervención de EPS
Esta decisión llega dos días después de otra medida que tomó por sorpresa al mundo de la salud: la intervención de la EPS Sanitas, que tiene más de 5,7 millones de afiliados. Se trató de una intervención para administrar a la EPS.
Tanto Leal como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enviaron ayer un mensaje a los usuarios de Sanitas: “(...) Las funciones de la EPS van a continuar, no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”.
Pero no a todos les llamó mucho la atención esa decisión. “Las intervenciones crean un problema, ya que la entidad pasa a ser manejada por el ente que debe supervisarla y, por lo tanto, hay un conflicto de interés. Por otro lado, estas intervenciones tienden a alargarse y a convertirse en un mayor riesgo de cierre y no en una mejora de la institución intervenida”, asegura el profesor de la maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes, Óscar Bernal.
“Lo que preocupa en este momento es que no sabemos cuál es el plan que tiene el gobierno. Hoy hay otras EPS que también están en situaciones que podrían ser causal de intervención. ¿Las intervendrán también? ¿La idea es recuperarlas y devolverlas a los empresarios que tanto critican o simplemente pagar las deudas que puedan y liquidarlas? Este gobierno ha sido inflexible a la hora de asignarles más recursos. No creo que a punta de ‘buena gestión’ resuelvan la crisis de Sanitas ni de otras, ni si tienen la intención de hacerlo”, afirma, por su parte, Johnattan García Ruiz, investigador de salud pública de la Universidad de Harvard.
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Para Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi, la asociación que reúne a los hospitales públicos de Colombia, la intervención genera preocupación y es una muestra de los problemas estructurales del sistema de salud. “La intervención perjudica a todos, pero es algo necesario cuando definitivamente no se está garantizando la atención y el derecho a la salud. Lastimosamente, las quejas de Sanitas se habían incrementado de forma importante por la no entrega de medicamentos, por la dilatación de los servicios, lo cual obliga a que la Superintendencia actúe. Eso ratifica la necesidad de una reforma a la salud”.
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