“No veo posible lograr la meta de vacunación en 2021”

Colombia es el gran interrogante en la discusión sobre las vacunas: la controversia sobre si el Gobierno ha manejado bien o mal su etapa de adquisición no aclara nada. En su opinión, teniendo en cuenta las dificultades propias de un mercado mundial tan competido, ¿la administración Duque hizo lo correcto o se equivocó y en qué?

El Ministerio de Salud ha hecho un buen esfuerzo y estableció una estrategia que ha intentado cumplir. Los retrasos que se observan obedecen a los problemas globales y, también, a que trató, sin éxito, de no dejarse pisotear del todo por las farmacéuticas. Pero algunos de esos problemas se hubieran podido prever y, posiblemente, hubiera podido enfrentarlos de otra manera. Por ejemplo, no estableció alianzas ni propició un bloque de países del sur, tanto para crear y ampliar las capacidades de producción y disponibilidad de vacunas en la región y en Colombia como para incidir en los escenarios globales y cambiar la correlación de fuerzas. El ministro de Salud hace parte del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y del Comité Directivo de la Organización Panamericana, dos escenarios privilegiados para armar un bloque de ese tipo. (Le puede interesar: Vacunación en Colombia empezaría el 20 de febrero).

¿El consorcio Covax, privilegiado por Colombia para obtener las vacunas, ha sido útil o no sirve?

Lamentablemente, en Covax se refuerza el statu quo porque también allí los acuerdos y negociaciones son confidenciales y no hay voluntad de promover la liberación del monopolio de las patentes asociadas a las vacunas para solucionar el cuello de botella en la distribución.

De acuerdo con lo que se sabe, ¿es cierto que Colombia obtendrá y podrá aplicar las primeras vacunas solo en el segundo semestre de este año y la inoculación masiva apenas sería en 2022 o incluso en 2023?

Prefiero creerle al ministro de Salud, que asegura que algunas pocas dosis llegarán en febrero. Él anunció que cerca de 850.000 dosis llegarían. Posiblemente, sean menos y el grueso de las dosis estarían llegando entre mayo y junio; pero por el monitoreo que hemos hecho de lo que está pasando en el planeta, es probable que la meta de vacunar en 2021 a cerca de 35 millones de colombianos no se logre: se tendrían que aplicar alrededor de 250.000 dosis diarias para alcanzar esa meta. Eso sin contar con los potenciales problemas logísticos del proceso de vacunación. No lo veo posible.

Una cosa es la adquisición y otra la conservación y distribución de las vacunas. De acuerdo con lo que ha investigado el centro de pensamiento que usted dirige, ¿Colombia está preparada para estas etapas?

La vacuna de Pfizer/BioNtech requiere ultracongelación en todo el proceso logístico. El Ministerio de Salud anunció la compra de 44 ultracongeladores, que estarían dispuestos en siete ciudades del país. Significa que solo será aplicada en grandes ciudades, justamente por las condiciones tan complejas de almacenamiento y distribución. Además, requiere un manejo especializado. Posiblemente, otras vacunas se pueden llevar a lugares de condiciones geográficas y climáticas menos complejas. Por fortuna, Colombia tiene mucha experiencia acumulada en planes de vacunación y las secretarías de Salud del país se están alistando. El punto, aquí, es que el Ministerio y las Secretarías incorporen a las clínicas y hospitales de la red privada y también a los profesionales de la salud en esos planes, para ampliar la cobertura. También es importante abolir las barreras entre regímenes de salud (contributivo y subsidiado) y entre EPS. Las personas deberían poder vacunarse en cualquier parte y no solo en el sitio que se les asigne. (Video: pronunciamiento del presidente Iván Duque sobre vacunación).

La capacidad de las grandes farmacéuticas de producir la vacuna a la velocidad y en las cantidades requeridas es insuficiente. ¿Esto es exacto?

Sí. No es posible suplir la demanda global si solo miramos las tres vacunas aprobadas en occidente, aunque aumenten su producción. De hecho, Pfizer/BioNTech firmó un acuerdo con Sanofi para ampliar su capacidad, pero aun así no lograría empezar a despachar sino desde junio. Y también es cierto que hay escasez de insumos, por ejemplo, de cajas y empaques para las vacunas que requieren ultracongelación. Pero podría mirarse, con más interés, el desarrollo y la producción de vacunas en Asia, porque, posiblemente, con esos jugadores se logre cubrir, a una mayor velocidad, la demanda global.

¿Como, por ejemplo, las rusas, cuya adquisición Colombia ni se detuvo a considerar por razones políticas?

Sí. La geopolítica no debería jugar un rol en la decisión del Gobierno para negociar y, eventualmente, adquirir vacunas. Dada la dramática escasez mundial, el país debería diversificar sus opciones. Me refiero, concretamente, a las vacunas de Rusia, China y Cuba. Si bien se entiende que haya cierta desconfianza por provenir de países poco transparentes, tampoco ha habido transparencia en las democracias más avanzadas. Lo cierto es que las agencias sanitarias tienen acceso a los expedientes que se presentan para el registro. Y el Invima está perfectamente capacitado para hacer un examen juicioso de toda esa información y tomar decisiones fundamentadas y coherentes.

El acaparamiento de las vacunas por parte de las naciones más ricas del mundo es un hecho incontrovertible. ¿Qué tan grave es el fenómeno?

Es un asunto muy grave, no solo por la falta de solidaridad que permitiría resolver, juntos, el problema más difícil que sufre la humanidad, sino por las consecuencias epidemiológicas, sociales y económicas que se presentarán. Desde la perspectiva epidemiológica, el control del contagio podría haber sido más eficiente si se hubiera vacunado de manera homogénea y coordinada, en todo el planeta, a la población de más alto riesgo, como lo sugirió la Organización Mundial de la Salud para, después, ir aumentando la cobertura de la vacunación, de manera escalonada. Estamos en medio del peor escenario: las tres empresas que primero desarrollaron vacunas en occidente (Pfizer/BioNTech, Moderna y Oxford/AstraZeneca) no logran suplir la demanda global de las vacunas. Por eso, sobrevendieron dosis y enfrentan problemas en la producción y logística de distribución.

¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de la falta de acceso a las vacunas?

Si no llegan las vacunas a los demás países, se podría abrir la puerta a cambios y adaptaciones del virus que afectarían la velocidad del contagio e incluso la efectividad de las vacunas, sin mencionar que se agravaría el daño económico y social, además de miles de muertes más, asociadas al COVID-19. Un estudio reciente encargado por el gobierno estadounidense a varias universidades (Koc, Harvard y Maryland) establece que la economía mundial sufriría pérdidas superiores a los US$9 billones, suma superior a la producción anual de Japón y Alemania. Estamos sufriendo el efecto de un modelo de capitalismo arrasador que privilegia el secretismo, el nacionalismo, el lucro de las patentes en la provisión de bienes esenciales y en el que todos los gobiernos están siendo presionados, hasta la extorsión, por las farmacéuticas.

En artículos serios se afirma que 71 millones de dosis han sido administradas en solo 57 naciones, la mayor parte, en Estados Unidos (24,4 millones), China (15) y algunos países de la Unión Europea (10), y que otras, como Canadá, han adquirido 122 millones de dosis para una población de solo 38. ¿Existe un foro mundial con mandato político para controlar esta anormalidad?

Lamentablemente, no existe. Los escenarios están fragmentados. La voz de la Organización Mundial de la Salud no se escucha, ni la voz de Naciones Unidas. Por ejemplo, el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas hizo una declaración muy valiosa, que no fue atendida, en la que recordaba el pacto suscrito por los Estados para garantizar un acceso universal y equitativo a las vacunas. Y aún está en discusión, en la Organización Mundial del Comercio, la propuesta de Sudáfrica, India y otros países de suspender, durante la pandemia, la aplicación de las patentes. Hasta el momento, los países ricos se han opuesto a la propuesta y no ha sido posible alcanzar un consenso.

Si continúa esta tendencia, América Latina será una de las regiones más afectadas. ¿Cuántos meses o años podríamos tardar en obtener, en nuestro subcontinente, las vacunas y con cuáles efectos?

Al ritmo al que va la vacunación, América Latina lograría vacunar al 80 % de su población solo en 2026, según estimaciones de la profesora Marcela Vélez, de la Universidad de Antioquia. Para cuando eso suceda, ya se habrá alcanzado la inmunidad de rebaño por contagio comunitario y habrá costado muchas vidas. Si a la fecha, en América Latina han muerto más de 600.000 personas por COVID-19, los costos en materia de vidas perdidas por no vacunar serían mucho más altos.

Si se cumple ese vaticinio tan grave, ¿cómo van a sobrevivir estos países?

Sin la protección de las vacunas, los gobiernos de la región tendrán que continuar las medidas de confinamiento para evitar el contagio. Si las dosis llegan a cuentagotas y se vacuna, primero, a los mayores de ochenta años por su mayor riesgo de mortalidad, seguirán los contactos sociales de la población de edad mediana y los servicios de salud continuarán bajo presión. Con este panorama y sin suficientes medidas de apoyo económico y alivio social en América Latina, será muy difícil que la población cumpla con las medidas de aislamiento, hábitos higiénicos y protección. Imagine las consecuencias económicas, en salud y desarrollo.

Se ha dicho que las farmacéuticas han aprovechado la emergencia mundial generada por la pandemia y, además, son las propietarias de las patentes. ¿Cómo analiza la conducta empresarial de Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson y otras multinacionales de medicamentos?

Es importante reconocer el papel que jugaron estas empresas en el desarrollo rápido de las vacunas. Aunque recibieron mucha financiación pública, ejecutaron, a toda marcha, los experimentos clínicos. Pero también es verdad que impusieron, en la mesa de negociación, el esquema con que siempre han jugado para extraer las mayores ganancias: acuerdos bilaterales, ausencia completa de transparencia en los precios, exigencia de indemnidad plena sobre potenciales efectos adversos, poca claridad en los calendarios de entrega y, por supuesto, defensa de sus patentes.

¿Todas las farmacéuticas han tenido igual comportamiento? ¿Se podrían calificar de egoístas y usureras?

No. Hay ciertas diferencias en el comportamiento de las farmacéuticas que deben destacarse. Por ejemplo, la empresa Moderna, que no ha manifestado interés en comercializar su vacuna en América Latina, declaró que, durante la pandemia, no aplicará control sobre las patentes de su vacuna. Johnson & Johnson y AstraZeneca, por exigencia del grupo de la Universidad de Oxford que desarrolló la vacuna, declararon que sus precios se basarán en los costos de producción. Estas diferencias abren la puerta a un modelo distinto que supere la problemática de acceso.

Las farmacéuticas firmaron un compromiso, cuando estaban compitiendo, de no bajar sus estándares y cumplir con “principios científicos sólidos” para no disminuir la calidad del producto, en beneficio de la premura y las ventas; en otras palabras, para entregar una vacuna segura. ¿Esos estándares se cumplieron?

Con la información disponible, podemos decir que las vacunas aprobadas son eficaces para prevenir las complicaciones y formas graves de la enfermedad y que, además, son seguras. Todas las aprobaciones han sido condicionadas a que se continúe recolectando información de los experimentos para conocer la duración de la inmunidad y el bloqueo del contagio, un punto clave, pues todavía no sabemos si las vacunas pueden evitar la transmisión del virus. Sabemos que reducen, significativamente, las probabilidades de que un vacunado se enferme de manera grave, pero no estamos seguros de si él puede transmitirle el virus a otra persona. Lo que implica que quienes hayan sido inoculados, deban mantener medidas como el distanciamiento físico y el uso del tapabocas, por la posibilidad de que contagien a otros. Implica también que la economía no pueda reactivarse por completo hasta no tener más certezas.

Existe mucha confusión sobre la calidad de las vacunas y esto produce especulación, mentiras y charlatanería. Por tanto, le pregunto: ¿unas marcas son mejores que otras, unas son más recomendables y por qué, y hay vacunas que requieren dos dosis y otras no?

Una revisión reciente de un estudio muy serio de Argentina (autor, Agustín Ciaponni) sugiere que las vacunas de AstraZeneca, Sputnik, Pfizer/BioNtech y Moderna son similares y no puede hablarse de superioridad de una sobre otra. Todas estas requieren dos dosis. La de Johnson & Johnson, que esta semana mostró los resultados de los experimentos clínicos, también muy alentadores, es la única que requiere una dosis. Eso la hace atractiva, pero aún no ha sido aprobada en ningún país del mundo.

En términos de salud pública y de recuperación de la economía, ¿qué significa lidiar con altas cifras de contagio dos o más años que los países ricos?

Se habla de una sindemia, más que de una pandemia en la que el virus interactúa con una serie de variables socioeconómicas que afectan, de modo considerable, la forma en que se comporta, las poblaciones a las que afecta y la probabilidad de sobrevivir. La expresión de lo que en salud pública se denominan determinantes sociales de la enfermedad se hizo más evidente. La deuda social más grande que, tal vez, se multiplicó en la pandemia es la de educación pública. También se habla de la existencia de una copandemia; es decir, la carga de otras enfermedades no atendidas y que afectan, también como el COVID-19 y de manera desproporcionada, a los más pobres. Enfermedades crónicas cardiovasculares, cáncer y enfermedades tropicales han sido insuficientemente atendidas durante la pandemia.

La pandemia profundizó la brecha entre países ricos y pobres y entre las clases altas y bajas. ¿Han analizado las consecuencias sociales, el empobrecimiento y el retraso en desarrollo por la pandemia?

No es nuestro foco de investigación, pero sí el de varios centros con los que tenemos un diálogo permanente, entre ellos los que lideran los profesores Restrepo y Valencia del centro de pensamiento Alternativas Programáticas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional. En términos económicos y sociales, lo que más preocupa es la enorme desigualdad y la pobreza. Esta última aumentó tanto como para devolvernos 25 años. En América Latina, la proporción de niños menores de catorce años en los hogares pobres es de más del 45 %. No solo habrá un retroceso en la calidad de vida de la población pobre y vulnerable, sino que ese retroceso afectará, desproporcionadamente, a las generaciones futuras, según datos de la CEPAL. Los choques que están enfrentando los niños hoy se deben interpretar en la perspectiva de sus trayectorias de vida y se verán reflejados en menor probabilidad de ingreso a la educación superior, acceso al trabajo de calidad y derecho a una vida fructífera.

En sus análisis sobre lo que dejará como herencia política la pandemia, ¿cuáles serán los resultados en materia de recorte de derechos y libertades?

La pandemia ha significado un retroceso rápido en el ejercicio de los derechos individuales y libertades que tardaron años en ganarse. En Colombia, tal vez, el logro más significativo fue el de frenar los abusos del poder cometidos durante los estados de excepción, tan comunes bajo la Constitución del 86. En pandemia hemos vuelto a algo similar: ha sido la excusa para la opacidad en la gestión pública, la ausencia de rendición de cuentas, la satanización del cuestionamiento al poder y las decisiones de política pública. En general, hay un ambiente de estigmatización de todas las actividades lúdicas y la Policía está dedicada a desarmar un sancocho de barrio. Si bien uno entiende el riesgo para la salud, estamos en una senda de regulación y control de la vida privada que es muy peligrosa.

“El ministro de Salud no es Superman”

Existe o, al menos, se siente una gran falla de comunicación del gobierno referente a la adquisición de vacunas: no se informa bien o las informaciones son vagas e imprecisas. En su concepto, ¿esto es verdad?

Sí. Además de que no consideró un portafolio más amplio de vacunas, el gobierno no estableció un diálogo con la sociedad civil ni con las empresas privadas gestoras de servicios de medicamentos que tienen mucha experiencia en la negociación con las farmacéuticas. Tampoco contó con los otros poderes del Estado, sobre todo con el Legislativo, para generar opinión y obtener otras condiciones para las negociaciones bilaterales. El ministro asumió todo el peso de la comunicación, negociación y gestión de la vacunación. No ha tenido fusibles que le ayuden a aliviar la presión mediática y social. Un gerente de vacunación de alto perfil, podría ser necesario. Aún está a tiempo de adelantar y configurar un plan B que, claramente, no ha tenido.

¿Cree que el presidente le puso demasiada carga al ministro en lugar de crear varios equipos especializados para asesorarlo?

Sí. El ministro de Salud es el mejor que podríamos tener en estas circunstancias pero no es Superman.

“Covax es (solo) un intermediario”

El consorcio Covax, en que parece haber confiado Colombia para obtener las vacunas, ¿qué es, exactamente, cómo funciona y por qué hoy parece no ser útil?

Covax es un consorcio en que participan la OMS, el Banco Mundial, la Fundación Gates entre otras entidades, y fue diseñado para coordinar la oferta y la demanda y acelerar el desarrollo y la producción de vacunas. Del lado de la demanda, Covax sirve como intermediario para la compra de las dosis. Los países de renta alta y medio alta, entre los que está Colombia, compraron anticipadamente hasta el 20% de las dosis que requerían. Los países de renta baja y medio baja las comprarán una vez estén listas y se beneficiarán de un subsidio en el precio. Este mecanismo permite unir las capacidades de producción instaladas, del sector público, privado, las universidades e institutos de investigación. Pero no es un esfuerzo colaborativo, en el sentido de que todas estas entidades trabajen conjuntamente. Cada grupo hace su desarrollo individual y se “afilia” a Covax, es decir, manifiesta su interés de ofrecer cierto número de dosis a los países mediante este consorcio. Así mismo actúan los países, que manifiestan su interés de adquirir a través de Covax que actúa, repito, como un intermediario.

Colombia es el gran interrogante en la discusión sobre las vacunas: la controversia sobre si el Gobierno ha manejado bien o mal su etapa de adquisición no aclara nada. En su opinión, teniendo en cuenta las dificultades propias de un mercado mundial tan competido, ¿la administración Duque hizo lo correcto o se equivocó y en qué?

El Ministerio de Salud ha hecho un buen esfuerzo y estableció una estrategia que ha intentado cumplir. Los retrasos que se observan obedecen a los problemas globales y, también, a que trató, sin éxito, de no dejarse pisotear del todo por las farmacéuticas. Pero algunos de esos problemas se hubieran podido prever y, posiblemente, hubiera podido enfrentarlos de otra manera. Por ejemplo, no estableció alianzas ni propició un bloque de países del sur, tanto para crear y ampliar las capacidades de producción y disponibilidad de vacunas en la región y en Colombia como para incidir en los escenarios globales y cambiar la correlación de fuerzas. El ministro de Salud hace parte del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y del Comité Directivo de la Organización Panamericana, dos escenarios privilegiados para armar un bloque de ese tipo. (Le puede interesar: Vacunación en Colombia empezaría el 20 de febrero).

¿El consorcio Covax, privilegiado por Colombia para obtener las vacunas, ha sido útil o no sirve?

Lamentablemente, en Covax se refuerza el statu quo porque también allí los acuerdos y negociaciones son confidenciales y no hay voluntad de promover la liberación del monopolio de las patentes asociadas a las vacunas para solucionar el cuello de botella en la distribución.

De acuerdo con lo que se sabe, ¿es cierto que Colombia obtendrá y podrá aplicar las primeras vacunas solo en el segundo semestre de este año y la inoculación masiva apenas sería en 2022 o incluso en 2023?

Prefiero creerle al ministro de Salud, que asegura que algunas pocas dosis llegarán en febrero. Él anunció que cerca de 850.000 dosis llegarían. Posiblemente, sean menos y el grueso de las dosis estarían llegando entre mayo y junio; pero por el monitoreo que hemos hecho de lo que está pasando en el planeta, es probable que la meta de vacunar en 2021 a cerca de 35 millones de colombianos no se logre: se tendrían que aplicar alrededor de 250.000 dosis diarias para alcanzar esa meta. Eso sin contar con los potenciales problemas logísticos del proceso de vacunación. No lo veo posible.

Una cosa es la adquisición y otra la conservación y distribución de las vacunas. De acuerdo con lo que ha investigado el centro de pensamiento que usted dirige, ¿Colombia está preparada para estas etapas?

La vacuna de Pfizer/BioNtech requiere ultracongelación en todo el proceso logístico. El Ministerio de Salud anunció la compra de 44 ultracongeladores, que estarían dispuestos en siete ciudades del país. Significa que solo será aplicada en grandes ciudades, justamente por las condiciones tan complejas de almacenamiento y distribución. Además, requiere un manejo especializado. Posiblemente, otras vacunas se pueden llevar a lugares de condiciones geográficas y climáticas menos complejas. Por fortuna, Colombia tiene mucha experiencia acumulada en planes de vacunación y las secretarías de Salud del país se están alistando. El punto, aquí, es que el Ministerio y las Secretarías incorporen a las clínicas y hospitales de la red privada y también a los profesionales de la salud en esos planes, para ampliar la cobertura. También es importante abolir las barreras entre regímenes de salud (contributivo y subsidiado) y entre EPS. Las personas deberían poder vacunarse en cualquier parte y no solo en el sitio que se les asigne. (Video: pronunciamiento del presidente Iván Duque sobre vacunación).

La capacidad de las grandes farmacéuticas de producir la vacuna a la velocidad y en las cantidades requeridas es insuficiente. ¿Esto es exacto?

Sí. No es posible suplir la demanda global si solo miramos las tres vacunas aprobadas en occidente, aunque aumenten su producción. De hecho, Pfizer/BioNTech firmó un acuerdo con Sanofi para ampliar su capacidad, pero aun así no lograría empezar a despachar sino desde junio. Y también es cierto que hay escasez de insumos, por ejemplo, de cajas y empaques para las vacunas que requieren ultracongelación. Pero podría mirarse, con más interés, el desarrollo y la producción de vacunas en Asia, porque, posiblemente, con esos jugadores se logre cubrir, a una mayor velocidad, la demanda global.

¿Como, por ejemplo, las rusas, cuya adquisición Colombia ni se detuvo a considerar por razones políticas?

Sí. La geopolítica no debería jugar un rol en la decisión del Gobierno para negociar y, eventualmente, adquirir vacunas. Dada la dramática escasez mundial, el país debería diversificar sus opciones. Me refiero, concretamente, a las vacunas de Rusia, China y Cuba. Si bien se entiende que haya cierta desconfianza por provenir de países poco transparentes, tampoco ha habido transparencia en las democracias más avanzadas. Lo cierto es que las agencias sanitarias tienen acceso a los expedientes que se presentan para el registro. Y el Invima está perfectamente capacitado para hacer un examen juicioso de toda esa información y tomar decisiones fundamentadas y coherentes.

El acaparamiento de las vacunas por parte de las naciones más ricas del mundo es un hecho incontrovertible. ¿Qué tan grave es el fenómeno?

Es un asunto muy grave, no solo por la falta de solidaridad que permitiría resolver, juntos, el problema más difícil que sufre la humanidad, sino por las consecuencias epidemiológicas, sociales y económicas que se presentarán. Desde la perspectiva epidemiológica, el control del contagio podría haber sido más eficiente si se hubiera vacunado de manera homogénea y coordinada, en todo el planeta, a la población de más alto riesgo, como lo sugirió la Organización Mundial de la Salud para, después, ir aumentando la cobertura de la vacunación, de manera escalonada. Estamos en medio del peor escenario: las tres empresas que primero desarrollaron vacunas en occidente (Pfizer/BioNTech, Moderna y Oxford/AstraZeneca) no logran suplir la demanda global de las vacunas. Por eso, sobrevendieron dosis y enfrentan problemas en la producción y logística de distribución.

¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de la falta de acceso a las vacunas?

Si no llegan las vacunas a los demás países, se podría abrir la puerta a cambios y adaptaciones del virus que afectarían la velocidad del contagio e incluso la efectividad de las vacunas, sin mencionar que se agravaría el daño económico y social, además de miles de muertes más, asociadas al COVID-19. Un estudio reciente encargado por el gobierno estadounidense a varias universidades (Koc, Harvard y Maryland) establece que la economía mundial sufriría pérdidas superiores a los US$9 billones, suma superior a la producción anual de Japón y Alemania. Estamos sufriendo el efecto de un modelo de capitalismo arrasador que privilegia el secretismo, el nacionalismo, el lucro de las patentes en la provisión de bienes esenciales y en el que todos los gobiernos están siendo presionados, hasta la extorsión, por las farmacéuticas.

En artículos serios se afirma que 71 millones de dosis han sido administradas en solo 57 naciones, la mayor parte, en Estados Unidos (24,4 millones), China (15) y algunos países de la Unión Europea (10), y que otras, como Canadá, han adquirido 122 millones de dosis para una población de solo 38. ¿Existe un foro mundial con mandato político para controlar esta anormalidad?

Lamentablemente, no existe. Los escenarios están fragmentados. La voz de la Organización Mundial de la Salud no se escucha, ni la voz de Naciones Unidas. Por ejemplo, el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas hizo una declaración muy valiosa, que no fue atendida, en la que recordaba el pacto suscrito por los Estados para garantizar un acceso universal y equitativo a las vacunas. Y aún está en discusión, en la Organización Mundial del Comercio, la propuesta de Sudáfrica, India y otros países de suspender, durante la pandemia, la aplicación de las patentes. Hasta el momento, los países ricos se han opuesto a la propuesta y no ha sido posible alcanzar un consenso.

Si continúa esta tendencia, América Latina será una de las regiones más afectadas. ¿Cuántos meses o años podríamos tardar en obtener, en nuestro subcontinente, las vacunas y con cuáles efectos?

Al ritmo al que va la vacunación, América Latina lograría vacunar al 80 % de su población solo en 2026, según estimaciones de la profesora Marcela Vélez, de la Universidad de Antioquia. Para cuando eso suceda, ya se habrá alcanzado la inmunidad de rebaño por contagio comunitario y habrá costado muchas vidas. Si a la fecha, en América Latina han muerto más de 600.000 personas por COVID-19, los costos en materia de vidas perdidas por no vacunar serían mucho más altos.

Si se cumple ese vaticinio tan grave, ¿cómo van a sobrevivir estos países?

Sin la protección de las vacunas, los gobiernos de la región tendrán que continuar las medidas de confinamiento para evitar el contagio. Si las dosis llegan a cuentagotas y se vacuna, primero, a los mayores de ochenta años por su mayor riesgo de mortalidad, seguirán los contactos sociales de la población de edad mediana y los servicios de salud continuarán bajo presión. Con este panorama y sin suficientes medidas de apoyo económico y alivio social en América Latina, será muy difícil que la población cumpla con las medidas de aislamiento, hábitos higiénicos y protección. Imagine las consecuencias económicas, en salud y desarrollo.

Se ha dicho que las farmacéuticas han aprovechado la emergencia mundial generada por la pandemia y, además, son las propietarias de las patentes. ¿Cómo analiza la conducta empresarial de Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson y otras multinacionales de medicamentos?

Es importante reconocer el papel que jugaron estas empresas en el desarrollo rápido de las vacunas. Aunque recibieron mucha financiación pública, ejecutaron, a toda marcha, los experimentos clínicos. Pero también es verdad que impusieron, en la mesa de negociación, el esquema con que siempre han jugado para extraer las mayores ganancias: acuerdos bilaterales, ausencia completa de transparencia en los precios, exigencia de indemnidad plena sobre potenciales efectos adversos, poca claridad en los calendarios de entrega y, por supuesto, defensa de sus patentes.

¿Todas las farmacéuticas han tenido igual comportamiento? ¿Se podrían calificar de egoístas y usureras?

No. Hay ciertas diferencias en el comportamiento de las farmacéuticas que deben destacarse. Por ejemplo, la empresa Moderna, que no ha manifestado interés en comercializar su vacuna en América Latina, declaró que, durante la pandemia, no aplicará control sobre las patentes de su vacuna. Johnson & Johnson y AstraZeneca, por exigencia del grupo de la Universidad de Oxford que desarrolló la vacuna, declararon que sus precios se basarán en los costos de producción. Estas diferencias abren la puerta a un modelo distinto que supere la problemática de acceso.

Las farmacéuticas firmaron un compromiso, cuando estaban compitiendo, de no bajar sus estándares y cumplir con “principios científicos sólidos” para no disminuir la calidad del producto, en beneficio de la premura y las ventas; en otras palabras, para entregar una vacuna segura. ¿Esos estándares se cumplieron?

Con la información disponible, podemos decir que las vacunas aprobadas son eficaces para prevenir las complicaciones y formas graves de la enfermedad y que, además, son seguras. Todas las aprobaciones han sido condicionadas a que se continúe recolectando información de los experimentos para conocer la duración de la inmunidad y el bloqueo del contagio, un punto clave, pues todavía no sabemos si las vacunas pueden evitar la transmisión del virus. Sabemos que reducen, significativamente, las probabilidades de que un vacunado se enferme de manera grave, pero no estamos seguros de si él puede transmitirle el virus a otra persona. Lo que implica que quienes hayan sido inoculados, deban mantener medidas como el distanciamiento físico y el uso del tapabocas, por la posibilidad de que contagien a otros. Implica también que la economía no pueda reactivarse por completo hasta no tener más certezas.

Existe mucha confusión sobre la calidad de las vacunas y esto produce especulación, mentiras y charlatanería. Por tanto, le pregunto: ¿unas marcas son mejores que otras, unas son más recomendables y por qué, y hay vacunas que requieren dos dosis y otras no?

Una revisión reciente de un estudio muy serio de Argentina (autor, Agustín Ciaponni) sugiere que las vacunas de AstraZeneca, Sputnik, Pfizer/BioNtech y Moderna son similares y no puede hablarse de superioridad de una sobre otra. Todas estas requieren dos dosis. La de Johnson & Johnson, que esta semana mostró los resultados de los experimentos clínicos, también muy alentadores, es la única que requiere una dosis. Eso la hace atractiva, pero aún no ha sido aprobada en ningún país del mundo.

En términos de salud pública y de recuperación de la economía, ¿qué significa lidiar con altas cifras de contagio dos o más años que los países ricos?

Se habla de una sindemia, más que de una pandemia en la que el virus interactúa con una serie de variables socioeconómicas que afectan, de modo considerable, la forma en que se comporta, las poblaciones a las que afecta y la probabilidad de sobrevivir. La expresión de lo que en salud pública se denominan determinantes sociales de la enfermedad se hizo más evidente. La deuda social más grande que, tal vez, se multiplicó en la pandemia es la de educación pública. También se habla de la existencia de una copandemia; es decir, la carga de otras enfermedades no atendidas y que afectan, también como el COVID-19 y de manera desproporcionada, a los más pobres. Enfermedades crónicas cardiovasculares, cáncer y enfermedades tropicales han sido insuficientemente atendidas durante la pandemia.

La pandemia profundizó la brecha entre países ricos y pobres y entre las clases altas y bajas. ¿Han analizado las consecuencias sociales, el empobrecimiento y el retraso en desarrollo por la pandemia?

No es nuestro foco de investigación, pero sí el de varios centros con los que tenemos un diálogo permanente, entre ellos los que lideran los profesores Restrepo y Valencia del centro de pensamiento Alternativas Programáticas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional. En términos económicos y sociales, lo que más preocupa es la enorme desigualdad y la pobreza. Esta última aumentó tanto como para devolvernos 25 años. En América Latina, la proporción de niños menores de catorce años en los hogares pobres es de más del 45 %. No solo habrá un retroceso en la calidad de vida de la población pobre y vulnerable, sino que ese retroceso afectará, desproporcionadamente, a las generaciones futuras, según datos de la CEPAL. Los choques que están enfrentando los niños hoy se deben interpretar en la perspectiva de sus trayectorias de vida y se verán reflejados en menor probabilidad de ingreso a la educación superior, acceso al trabajo de calidad y derecho a una vida fructífera.

En sus análisis sobre lo que dejará como herencia política la pandemia, ¿cuáles serán los resultados en materia de recorte de derechos y libertades?

La pandemia ha significado un retroceso rápido en el ejercicio de los derechos individuales y libertades que tardaron años en ganarse. En Colombia, tal vez, el logro más significativo fue el de frenar los abusos del poder cometidos durante los estados de excepción, tan comunes bajo la Constitución del 86. En pandemia hemos vuelto a algo similar: ha sido la excusa para la opacidad en la gestión pública, la ausencia de rendición de cuentas, la satanización del cuestionamiento al poder y las decisiones de política pública. En general, hay un ambiente de estigmatización de todas las actividades lúdicas y la Policía está dedicada a desarmar un sancocho de barrio. Si bien uno entiende el riesgo para la salud, estamos en una senda de regulación y control de la vida privada que es muy peligrosa.

“El ministro de Salud no es Superman”

Existe o, al menos, se siente una gran falla de comunicación del gobierno referente a la adquisición de vacunas: no se informa bien o las informaciones son vagas e imprecisas. En su concepto, ¿esto es verdad?

Sí. Además de que no consideró un portafolio más amplio de vacunas, el gobierno no estableció un diálogo con la sociedad civil ni con las empresas privadas gestoras de servicios de medicamentos que tienen mucha experiencia en la negociación con las farmacéuticas. Tampoco contó con los otros poderes del Estado, sobre todo con el Legislativo, para generar opinión y obtener otras condiciones para las negociaciones bilaterales. El ministro asumió todo el peso de la comunicación, negociación y gestión de la vacunación. No ha tenido fusibles que le ayuden a aliviar la presión mediática y social. Un gerente de vacunación de alto perfil, podría ser necesario. Aún está a tiempo de adelantar y configurar un plan B que, claramente, no ha tenido.

¿Cree que el presidente le puso demasiada carga al ministro en lugar de crear varios equipos especializados para asesorarlo?

Sí. El ministro de Salud es el mejor que podríamos tener en estas circunstancias pero no es Superman.

“Covax es (solo) un intermediario”

El consorcio Covax, en que parece haber confiado Colombia para obtener las vacunas, ¿qué es, exactamente, cómo funciona y por qué hoy parece no ser útil?

Covax es un consorcio en que participan la OMS, el Banco Mundial, la Fundación Gates entre otras entidades, y fue diseñado para coordinar la oferta y la demanda y acelerar el desarrollo y la producción de vacunas. Del lado de la demanda, Covax sirve como intermediario para la compra de las dosis. Los países de renta alta y medio alta, entre los que está Colombia, compraron anticipadamente hasta el 20% de las dosis que requerían. Los países de renta baja y medio baja las comprarán una vez estén listas y se beneficiarán de un subsidio en el precio. Este mecanismo permite unir las capacidades de producción instaladas, del sector público, privado, las universidades e institutos de investigación. Pero no es un esfuerzo colaborativo, en el sentido de que todas estas entidades trabajen conjuntamente. Cada grupo hace su desarrollo individual y se “afilia” a Covax, es decir, manifiesta su interés de ofrecer cierto número de dosis a los países mediante este consorcio. Así mismo actúan los países, que manifiestan su interés de adquirir a través de Covax que actúa, repito, como un intermediario.