Nueva EPS niega que haya suspendido pagos a hospitales
Este 29 de noviembre, Nueva EPS, la más grandes del país, anunció que el servicio a sus afiliados y el giro a la red de prestadores continuará con normalidad tras la llegada del nuevo interventor de la entidad, Bernardo Armando Camacho Rodríguez, designado por la Superintendencia de Salud.
Este 29 de noviembre, Nueva EPS emitió un comunicado en el que afirma que los servicios a la población afiliada y el giro a la red de prestadores continúa con normalidad tras la designación de su nuevo agente interventor, el doctor Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien asumió ese cargo el pasado 15 de noviembre del año 2024. “Se garantiza la continuidad de la operación en virtud a las órdenes dadas por la Superintendencia Nacional de Salud en el marco del proceso de intervención”, declaró la entidad.
Como explicamos hace unos días en estas páginas, quienes quieran ser interventores de una EPS en Colombia tienen que estar inscritos en esa base de datos llamada Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO). Es una lista de personas a las que se les ha comprobado diversas cualidades, capacidades, experiencias y técnicas.
Sin embargo, la Procuradora Delegada para la Salud, Diana Margarita Ojeda, le envió el 27 de noviembre un requerimiento formal al nuevo superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, preguntándole por cuál fue la justificación para seleccionar a los nuevos interventores de las EPS, ya que, en sus palabras, se apartó del procedimiento establecido en el RILCO, pues ninguno de los seleccionados, entre los que se encuentra Camacho, estaba en esa lista.
Ahora, tras la designación de Camacho, la EPS afirma que no hay ninguna afectación al flujo normal de los recursos de la red prestadora, tanto públicos como privados. “Nueva EPS continúa comprometida con garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud a la población, así como en brindar los recursos económicos necesarios a la red de clínicas y hospitales”, finalizó el comunicado emitido por la entidad.
¿Qué pasó con la designación de interventores de las EPS?
Como habíamos explicado en este artículo, la decisión tomada por Rubiano no fue ilegal, como han sugerido algunos medios de comunicación. Durante la Superintendencia de Salud de Fabio Aristizábal (en el gobierno de Iván Duque), se reglamentó la elección de interventores fuera del RILCO como una medida excepcional.
Pero es precisamente ese carácter excepcional sobre el que pregunta la Procuraduría. “Si bien la medida es discrecional, como lo ha manifestado la Superintendencia, no puede ser adoptada de manera indiscriminada o arbitraria, por lo que debe mediar la exposición de motivos de los fundamentos que dieron lugar a ella, incluso los juicios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de su adopción”, le señala la Procuradora Delegada para la Salud al superintendente de Salud.
En otro párrafo le recuerda que “las facultades administrativas al margen de la discrecionalidad no pueden ser absolutas y cuando se usan deben ser lo suficientemente motivadas guardando criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. También le dice que esa medida “no puede ser adoptada de manera indiscriminada o arbitraria”.
Además de Camacho en Nueva EPS, los demás elegidos fueron: Diana Constanza Rodríguez Posso, en Savia Salud EPS; Gloria Libia Polanía Aguillón, en Asmet Salud; Gabriel Enrique Castilla Castillo, en Emssanar EPS; Jorge Arturo Suárez Suárez, en Famisanar; Kemer Ramírez Cárdenas, en EPS Sanitas, y Gladys Séfora de las Mercedes, en Coosalud EPS.
Por otra parte, como lo hemos mencionado en estas páginas, Nueva EPS continúa intervenida por la Supersalud. De hecho, es una de las entidades que se posiciona como principal deudor de hospitales y clínicas en Colombia. De manera más específica, esa EPS debe $3,5 billones en el régimen contributivo y $626.989 millones en el subsidiado.
Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, las deudas de Nueva EPS con los hospitales de la ACHC crecieron más de $1 billón. Además, las finanzas de esta entidad, bajo intervención del Gobierno, han estado en el ojo del huracán en los últimos meses.
Este 29 de noviembre, Nueva EPS emitió un comunicado en el que afirma que los servicios a la población afiliada y el giro a la red de prestadores continúa con normalidad tras la designación de su nuevo agente interventor, el doctor Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien asumió ese cargo el pasado 15 de noviembre del año 2024. “Se garantiza la continuidad de la operación en virtud a las órdenes dadas por la Superintendencia Nacional de Salud en el marco del proceso de intervención”, declaró la entidad.
Como explicamos hace unos días en estas páginas, quienes quieran ser interventores de una EPS en Colombia tienen que estar inscritos en esa base de datos llamada Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO). Es una lista de personas a las que se les ha comprobado diversas cualidades, capacidades, experiencias y técnicas.
Sin embargo, la Procuradora Delegada para la Salud, Diana Margarita Ojeda, le envió el 27 de noviembre un requerimiento formal al nuevo superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, preguntándole por cuál fue la justificación para seleccionar a los nuevos interventores de las EPS, ya que, en sus palabras, se apartó del procedimiento establecido en el RILCO, pues ninguno de los seleccionados, entre los que se encuentra Camacho, estaba en esa lista.
Ahora, tras la designación de Camacho, la EPS afirma que no hay ninguna afectación al flujo normal de los recursos de la red prestadora, tanto públicos como privados. “Nueva EPS continúa comprometida con garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud a la población, así como en brindar los recursos económicos necesarios a la red de clínicas y hospitales”, finalizó el comunicado emitido por la entidad.
¿Qué pasó con la designación de interventores de las EPS?
Como habíamos explicado en este artículo, la decisión tomada por Rubiano no fue ilegal, como han sugerido algunos medios de comunicación. Durante la Superintendencia de Salud de Fabio Aristizábal (en el gobierno de Iván Duque), se reglamentó la elección de interventores fuera del RILCO como una medida excepcional.
Pero es precisamente ese carácter excepcional sobre el que pregunta la Procuraduría. “Si bien la medida es discrecional, como lo ha manifestado la Superintendencia, no puede ser adoptada de manera indiscriminada o arbitraria, por lo que debe mediar la exposición de motivos de los fundamentos que dieron lugar a ella, incluso los juicios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de su adopción”, le señala la Procuradora Delegada para la Salud al superintendente de Salud.
En otro párrafo le recuerda que “las facultades administrativas al margen de la discrecionalidad no pueden ser absolutas y cuando se usan deben ser lo suficientemente motivadas guardando criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. También le dice que esa medida “no puede ser adoptada de manera indiscriminada o arbitraria”.
Además de Camacho en Nueva EPS, los demás elegidos fueron: Diana Constanza Rodríguez Posso, en Savia Salud EPS; Gloria Libia Polanía Aguillón, en Asmet Salud; Gabriel Enrique Castilla Castillo, en Emssanar EPS; Jorge Arturo Suárez Suárez, en Famisanar; Kemer Ramírez Cárdenas, en EPS Sanitas, y Gladys Séfora de las Mercedes, en Coosalud EPS.
Por otra parte, como lo hemos mencionado en estas páginas, Nueva EPS continúa intervenida por la Supersalud. De hecho, es una de las entidades que se posiciona como principal deudor de hospitales y clínicas en Colombia. De manera más específica, esa EPS debe $3,5 billones en el régimen contributivo y $626.989 millones en el subsidiado.
Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, las deudas de Nueva EPS con los hospitales de la ACHC crecieron más de $1 billón. Además, las finanzas de esta entidad, bajo intervención del Gobierno, han estado en el ojo del huracán en los últimos meses.