El impuesto saludable, sale caro no aplicarlo

Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), más del 70% de los fallecimientos en el mundo se dan por Enfermedades no Transmisibles (en adelante de ENT). como hipertensión, cáncer, diabetes, entre otras. En el caso específico de Colombia, según cifras del DANE, el número de fallecimientos registrados por enfermedades relacionadas con la hipertensión se han incrementado un 58,2 %.

En este contexto, desde noviembre de 2023 empezó a regir el impuesto a las bebidas azucaradas, que tiene como finalidad la disminución del consumo de estos productos, a través del aumento de precios, pues, tal y como lo han reiterado la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existe una relación entre la ingesta reiterada de estas bebidas y el aumento del riesgo de sufrir estos padecimientos.

Así, se han dado algunas discusiones sobre los potenciales impactos que tendría para la economía del país la implementación de esta medida fiscal. Sin embargo, en esta columna queremos darle vuelta a ese cuestionamiento y preguntarnos ¿sabemos cuáles son los costos económicos para las familias y para el Estado que tendría no aplicar medidas para hacerle frente al aumento de las ENT?

En primer lugar, las ENT tienen consecuencias muy negativas no solo a nivel individual, sino también en materia económica familiar y en particular en la productividad laboral. Así lo destacó un estudio de Dejusticia, que evidencia cómo existe un impacto en la pérdida de ingresos de las familias como consecuencia del padecimiento de ENT, pues las personas con enfermedades crónicas asociadas con el sobrepeso tienen un 3,4% más de probabilidad de presentar ausentismo laboral o ser menos productivos en el trabajo. Asimismo, el riesgo de gastos de bolsillo es mayor en los hogares con ENT que en los que no las padecen, provocando una pérdida de ingresos y un mayor riesgo financiero, lo que agrava situaciones de pobreza y desigualdad.

Adicionalmente, la CEPAL, en un estudio sobre el impacto económico de la malnutrición, calculó que la pérdida de productividad total con base en los componentes de mortalidad prematura y ausentismo laboral causados por enfermedades asociadas al consumo de productos ultraprocesados— para el año 2014 —fue de 493 millones de dólares para Chile, 1.746 millones para Ecuador y 7.315 millones para México. Un informe reciente de la OCDE reveló que el sobrepeso representa más del 8% del gasto total en salud en los países miembros, asimismo se estima que el PIB de los países de la OCDE será un 3,3% menor debido al sobrepeso.

En términos de costos en tratamientos, específicamente medicinas, citas médicas, cuidados especiales, procedimientos médicos, entre otros, asociados a ENT, en el país de acuerdo con los datos de la Cuenta de Alto Costo, para el periodo entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 se reportaron 176.766 casos nuevos de diabetes, 4,73 por ciento más que en 2020, lo que implica un aumento en el gasto en servicios de tratamiento y atención.

Específicamente, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - Acemi - anualmente (2023) las EPS del régimen contributivo invierten más de $600.000 millones solamente en la atención de las personas con diabetes, quienes recibieron cerca de 22 millones de atenciones y medicamentos.

Ahora bien, los críticos sostienen que este tipo de medidas fiscales tienen fuertes impactos en la inflación y en el empleo. Por lo que vale la pena detenerse a analizar hasta qué punto el impuesto a los paquetes, jugos de caja y gaseosas, entre otros productos, afecta la inflación o si realmente tiene el potencial de aumentar el desempleo. Sobre la inflación, es importante destacar que este fenómeno no debe ser analizado al vacío, pues es multifactorial, pero lo que sí sabemos es que a tan solo tres meses de la implementación del impuesto saludable no es riguroso hacer una asociación del impuesto con el aumento general de precios.

En el caso del desempleo, ya mis colegas Randy Villalba y Diana Guarnizo de Dejusticia, han tocado este tema en la publicación “Sin impacto comprobado” donde se muestra como en los países que han adoptado el impuesto saludable, las industrias se adaptan y empiezan a ofrecer productos más saludables, sin impactar de manera sustancial los índices de empleabilidad en estos sectores.

Teniendo esto en consideración, vale la pena volver a la pregunta ¿están los críticos evaluando los costos en la salud de los colombianos al no implementar correctamente la medida? Analizar con detenimiento y rigurosidad las repercusiones económicas de medidas de salud pública, como el impuesto saludable, debe estar atravesado por el interés público, representado en el desincentivo del consumo de productos que afectan la salud del colectivo.

Así, aun y cuando se podrían argumentar algunos potenciales efectos económicos a la implementación, estos se diluyen cuando evaluamos de manera integral el impuesto y su beneficio para la salud del país, no solo en términos de la disminución de ENT, sino a nivel económico tanto las para las familias y sus ingresos, como para las finanzas públicas.

*Coordinadora de la línea de Justicia Económica de DeJusticia.

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Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), más del 70% de los fallecimientos en el mundo se dan por Enfermedades no Transmisibles (en adelante de ENT). como hipertensión, cáncer, diabetes, entre otras. En el caso específico de Colombia, según cifras del DANE, el número de fallecimientos registrados por enfermedades relacionadas con la hipertensión se han incrementado un 58,2 %.

En este contexto, desde noviembre de 2023 empezó a regir el impuesto a las bebidas azucaradas, que tiene como finalidad la disminución del consumo de estos productos, a través del aumento de precios, pues, tal y como lo han reiterado la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existe una relación entre la ingesta reiterada de estas bebidas y el aumento del riesgo de sufrir estos padecimientos.

Así, se han dado algunas discusiones sobre los potenciales impactos que tendría para la economía del país la implementación de esta medida fiscal. Sin embargo, en esta columna queremos darle vuelta a ese cuestionamiento y preguntarnos ¿sabemos cuáles son los costos económicos para las familias y para el Estado que tendría no aplicar medidas para hacerle frente al aumento de las ENT?

En primer lugar, las ENT tienen consecuencias muy negativas no solo a nivel individual, sino también en materia económica familiar y en particular en la productividad laboral. Así lo destacó un estudio de Dejusticia, que evidencia cómo existe un impacto en la pérdida de ingresos de las familias como consecuencia del padecimiento de ENT, pues las personas con enfermedades crónicas asociadas con el sobrepeso tienen un 3,4% más de probabilidad de presentar ausentismo laboral o ser menos productivos en el trabajo. Asimismo, el riesgo de gastos de bolsillo es mayor en los hogares con ENT que en los que no las padecen, provocando una pérdida de ingresos y un mayor riesgo financiero, lo que agrava situaciones de pobreza y desigualdad.

Adicionalmente, la CEPAL, en un estudio sobre el impacto económico de la malnutrición, calculó que la pérdida de productividad total con base en los componentes de mortalidad prematura y ausentismo laboral causados por enfermedades asociadas al consumo de productos ultraprocesados— para el año 2014 —fue de 493 millones de dólares para Chile, 1.746 millones para Ecuador y 7.315 millones para México. Un informe reciente de la OCDE reveló que el sobrepeso representa más del 8% del gasto total en salud en los países miembros, asimismo se estima que el PIB de los países de la OCDE será un 3,3% menor debido al sobrepeso.

En términos de costos en tratamientos, específicamente medicinas, citas médicas, cuidados especiales, procedimientos médicos, entre otros, asociados a ENT, en el país de acuerdo con los datos de la Cuenta de Alto Costo, para el periodo entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 se reportaron 176.766 casos nuevos de diabetes, 4,73 por ciento más que en 2020, lo que implica un aumento en el gasto en servicios de tratamiento y atención.

Específicamente, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - Acemi - anualmente (2023) las EPS del régimen contributivo invierten más de $600.000 millones solamente en la atención de las personas con diabetes, quienes recibieron cerca de 22 millones de atenciones y medicamentos.

Ahora bien, los críticos sostienen que este tipo de medidas fiscales tienen fuertes impactos en la inflación y en el empleo. Por lo que vale la pena detenerse a analizar hasta qué punto el impuesto a los paquetes, jugos de caja y gaseosas, entre otros productos, afecta la inflación o si realmente tiene el potencial de aumentar el desempleo. Sobre la inflación, es importante destacar que este fenómeno no debe ser analizado al vacío, pues es multifactorial, pero lo que sí sabemos es que a tan solo tres meses de la implementación del impuesto saludable no es riguroso hacer una asociación del impuesto con el aumento general de precios.

En el caso del desempleo, ya mis colegas Randy Villalba y Diana Guarnizo de Dejusticia, han tocado este tema en la publicación “Sin impacto comprobado” donde se muestra como en los países que han adoptado el impuesto saludable, las industrias se adaptan y empiezan a ofrecer productos más saludables, sin impactar de manera sustancial los índices de empleabilidad en estos sectores.

Teniendo esto en consideración, vale la pena volver a la pregunta ¿están los críticos evaluando los costos en la salud de los colombianos al no implementar correctamente la medida? Analizar con detenimiento y rigurosidad las repercusiones económicas de medidas de salud pública, como el impuesto saludable, debe estar atravesado por el interés público, representado en el desincentivo del consumo de productos que afectan la salud del colectivo.

Así, aun y cuando se podrían argumentar algunos potenciales efectos económicos a la implementación, estos se diluyen cuando evaluamos de manera integral el impuesto y su beneficio para la salud del país, no solo en términos de la disminución de ENT, sino a nivel económico tanto las para las familias y sus ingresos, como para las finanzas públicas.

*Coordinadora de la línea de Justicia Económica de DeJusticia.

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