El pasado 23 de julio, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2377 que aprueba la creación de Consultorios Psicológicos Comunitarios en Colombia. Esto significa que la norma entrará en vigor, luego de que fuera aprobada el 6 de junio en el Senado.
Como lo contamos en estas páginas, la Ley busca enfrentar la creciente crisis de salud mental en el país, brindando servicios de atención gratuitos a las personas y familias más vulnerables. Los consultorios estarán adscritos a programas universitarios de Psicología, acreditados por el Ministerio de Educación. Allí se prestarán servicios de orientación y apoyo psicológico, psicología clínica, evaluaciones de salud mental, tratamientos para disfunciones personales, y programas de intervención psicológica.
Los encargados de la atención serán estudiantes de los dos últimos semestres de Psicología, quienes podrán realizar sus prácticas allí. Por su parte, el Ministerio de Salud sería el encargado de establecer un sistema de información para coordinar la oferta de servicios de los Consultorios Psicológicos Comunitarios y apoyar la formulación de políticas públicas efectivas.
La autora del proyecto y representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Juliana Aray, dijo que “contribuiremos significativamente a reducir las brechas en la atención de salud mental que afectan a nuestro país. Las universidades tendrán autonomía para determinar sus operaciones y el tipo de casos que atenderán los estudiantes”.
Sin embargo, y como lo contamos en esta nota, hay algunas dudas sobre la aplicación de esta Ley. Como Astrid Triana Cifuentes, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi), se lo dijo a El Espectador hace unos meses, existen tres críticas: en primer lugar, se habla de la afectación que tendría la autonomía universitaria, pues representaría una carga financiera adicional para las instituciones, y conllevaría posibles riesgos éticos y profesionales para los estudiantes que atenderán en los consultorios.
La exministra de Educación, Aurora Vergara, había dicho también que la creación de los consultorios tal como está prevista y para el caso de las instituciones públicas “podría llegar a limitar la facultad con la que cuentan las IES para organizar y desarrollar sus programas académicos”.
Además, a pesar de que al ingresar los consultorios como créditos académicos, los estudiantes pagarían, en parte, en su matrícula por ellos, pero para Ascofapsi eso no es tan real. “No es cierto. El costo de la matrícula de los estudiantes se calcula con créditos académicos, pero el crédito académico de un semestre no solo cubre la práctica. En ese momento, el estudiante está haciendo otras asignaturas y actividades. Y en esa línea, los créditos no logran subsidiar la idea de los consultorios”, señal{o Triana. La directora ejecutiva del gremio de las facultades recuerda que ya hay programas de psicología que tienen servicios de atención para ciertos niveles de complejidad, “y lo que eso nos ha mostrado es que son económicamente inviables”.
El último punto que inquietó a Ascofapsi eran los riesgos para la salud mental de la población atendida, pues la Ley menciona también la intención de que se atienda a víctimas del conflicto armado. En palabras de Triana, estas personas tienen posibles afectaciones psicológicas complejas y profundas, que deben ser atendidas sin riesgo de revictimización. Además, los mismos estudiantes que atiendan sus casos podrían verse afectados.
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