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Hace unas horas, El Espectador tuvo acceso al borrador de la nueva política de drogas que el Gobierno de Gustavo Petro presentará en las próximas semanas. En un documento de más de 100 páginas, el Gobierno dibuja una estrategia que tendrá como eje transversal un enfoque de salud.
¿Qué quiere decir exactamente esto? El Gobierno plantea una serie de objetivos y acciones para la prevención del consumo “y de los consumos problemáticos, la atención, el tratamiento y la reducción de daños, tomando en cuenta las diferencias entre los distintos tipos de sustancias psicoactivas y sus riesgos”, pero también reconoce que “(…) No todo consumo supone o conlleva riesgos, daños o transiciones a consumos problemáticos, habituales o a la dependencia”.
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En un apartado, el documento señala: “Esta política busca que el ciudadano esté informado sobre los riesgos, los efectos a corto y largo plazo, manteniendo un equilibrio saludable en relación con el consumo de drogas. Lo anterior implica participar activamente en la comunidad y en iniciativas que promuevan la prevención, la reducción de daños y la promoción de la salud en relación con el consumo de drogas”.
Prevención desde la niñez
La nueva política de drogas promete continuar profundizando “en la prevención ambiental dirigida a modificar el contexto físico, económico, social, virtual en el que las personas toman sus decisiones de consumo”. Para esas acciones de prevención, el gobierno parte de la idea de que el consumo de drogas “no es un asunto que ocurre en el vacío”, sino que se asocia con las condiciones en las que se nace y se crece.
Con esta noción, propone reforzar “acciones de prevención selectiva e indicada, dirigidas a individuos y grupos con factores de riesgo más elevados que el promedio”. Se promoverán programas integrales de transformación y desarrollo, con un enfoque especial en fortalecer el entorno familiar y comunitario, “fomentando relaciones equitativas y respuestas resilientes”, especialmente en niños, niñas y adolescentes colombianos. Lejos de concentrarse en los riesgos o en lo problémico, la prevención buscará “centrarse en la promoción de capacidades, potencialidades y oportunidades, fomentando rasgos resilientes y creativos”. De igual forma, dice el documento, se buscará reconstruir y reforzar el tejido social y las redes comunitarias.
Como ejemplo, el Gobierno toma lo que ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con la implementación de las Casas de la Niñez y la Juventud. A través de esos puntos, esta entidad desarrolla un modelo de atención que incluye seguridad alimentaria, prevención de violencias y pedagogía para la construcción de paz en los territorios, aunque no especifica más.
Acceso a metadona, naloxona y reducción de riesgos
El Gobierno reconoce que la inmensa mayoría de las personas con problemas asociados al consumo de drogas, no buscan tratamiento o no acceden a él. “Esto debido a barreras para el acceso y la falta de una oferta de atención basada en la evidencia, lo cual es particularmente grave para el caso de las mujeres y los grupos en situación de vulnerabilidad que han sido relegados a la hora de contar con una oferta de servicios ajustada a sus necesidades particulares”, explica el documento.
La nueva política de drogas buscará avanzar en lo que define como la “humanización y ampliación de la oferta de servicios y alternativas de dispositivos de prestación de servicios (residenciales, hospital día, hospital noche, ambulatorios, móviles, entre otros)”. El Gobierno pretende reducir las barreras de acceso a medicamentos como la metadona, para asegurar el acceso y la continuidad de los tratamientos de sustitución y mantenimiento (incluso en entornos de privación de libertad), así como a la naloxona como antídoto para las sobredosis, en entornos no hospitalarios.
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La metadona es un medicamento que se utiliza principalmente para el tratamiento de la dependencia a opiáceos, como la heroína y otros analgésicos opioides. Se puede utilizar como parte de un programa de desintoxicación o en programas de mantenimiento para aquellas personas que tienen una adicción crónica a los opioides y que han tenido dificultades para mantenerse en abstinencia. La naloxona, por otro lado, es un medicamento que se utiliza para contrarrestar los efectos de los opioides y revertir una sobredosis de estos fármacos. Actúa como un antagonista de los receptores opioides, lo que significa que bloquea temporalmente los efectos de estos en el cuerpo sin producir efectos por sí misma.
La política continúa con un reconocimiento especial a la población privada de la libertad y a las poblaciones étnicas, a quienes señala de tener mayores vulnerabilidades debido a diversos factores históricos, sociales y estructurales. También promete una perspectiva de género y promover servicios sensibles a las realidades y necesidades particulares de las mujeres, y en este sentido, la política acogería las principales recomendaciones del Consejo Europeo sobre enfoque de género en política de drogas, que incluye reconocer y visibilizar las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en relación con el consumo de drogas, promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones, entre otras medidas.
Por otra parte, el documento plantea una estrategia de reducción de daños y de riesgos, dirigida a dos tipos de individuos: la primera, a personas en condición de vulnerabilidad, habitabilidad de calle o que enfrentan exclusión social e inequidades en el acceso al cuidado de su salud y a bienes y servicios sociales, por el hecho de consumir drogas. La segunda, dirigida a individuos y grupos que no necesariamente presentan consumos problemáticos pero que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. En más de cuatro décadas de desarrollo, dice el Gobierno, la reducción de daños cuenta con evidencia que la sustenta.
“Estrategias como los programas de acceso a jeringas, sustitución y mantenimiento con medicamentos como la metadona, acceso comunitario a naloxona para revertir sobredosis, acceso a condones e insumos preventivos, análisis de sustancias, salas de consumo supervisado, entre otras, son estrategias aplicadas en diversidad de contextos geográficos y sociales, ampliamente evaluadas, con buenos resultados en materia de salud”, dice el Gobierno, lo que podría dar una pista de hacia donde irían enfocados algunos esfuerzos.
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La política de drogas también buscará “avanzar en la consolidación del conocimiento y evidencia del uso de plantas y sustancias psicoactivas con potencial terapéutico, afianzando las prácticas informadas, basadas en evidencia, que ofrezcan marcos éticos, responsables y seguros”. Para esto, el Gobierno dice que promoverá desarrollos clínicos, científicos y de investigación, además de impulsar los desarrollos normativos necesarios para este fin. Se estudiarán plantas, hongos y otras sustancias con potencial.
Respecto a algunos marcos regulatorios que se discuten en el legislativo (como podría ser el de la regulación del cannabis de uso adulto y para otros que tengan lugar en el futuro), el Gobierno promete un marco de reducción de riesgos y daños que se promoverá para mitigar el impacto de estas iniciativas en la salud pública, en la salud mental, priorizando acciones de protección y cuidado.
Protección a las personas que usan drogas
En este punto, el Gobierno parte del planteamiento de que las personas que usan drogas son discriminadas con frecuencia cuando intentan acceder a servicios a los que tendrían derecho y que ello supone consecuencias devastadoras para su vida, su salud y su bienestar. Un caso de discriminación, se ejemplifica en el documento conocido por este diario, sucede cuando se definen normas que exigen la abstinencia de las drogas para acceder a bienes y servicios sociales o sanitarios.
Los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal en Colombia son una población que aparece en este apartado como una prioridad. Según el Gobierno, “son menores que en su mayoría provienen de entornos de alta vulnerabilidad socio-económica, que han sido víctimas de abusos y maltratos desde temprana edad, que fueron criados en hogares disfuncionales, en los que se evidencia consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas”. La política dice entonces que propenderá por la gestión intersectorial para la inclusión social de las personas que consumen sustancias psicoactivas y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en lo relacionado con el acceso a vivienda, educación, empleo, alimentación, deporte, actividad física, cultura, entre otros.
Esto implica una estrategia que une un poco todo lo que le hemos contado: prevención (en donde incluyen los entornos de ocio y tiempo libre de los/las jóvenes); detección (mejorando y ampliando la oferta de servicios de detección temprana, intervención breve y atención al consumo de sustancias psicoactivas y comorbilidades en salud mental); y tratamiento (una oferta de servicios diversa y flexible que proporcione respuestas a la variedad de usuarios de sustancias).
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Este apartado de tratamiento incluye dispositivos residenciales, ambulatorios, centros de día, etc., con un énfasis en dispositivos comunitarios y espacios de consumo para la reducción de riesgos y daños. como los servicios de dispensación comunitaria de medicamentos ARV, Naloxona, Metadona, entre otros, mediante el modelo farmacia comunitaria, para facilitar adherencia y éxito terapéutico. Por último, implementa estrategias de inclusión y protección social para grupos con mayores situaciones de vulnerabilidad que usan drogas y desarrollar estrategias de reducción de riesgos y daños, y desarrollo de dispositivos de base comunitaria en entornos de privación de libertad y sistema de responsabilidad penal adolescente.