Por primera vez Colombia declarará un fármaco como de interés público

 Luego de que se rompieran la nueva negociación que había entablado el Ministerio de Salud con la multinacional Novartis, el jefe de esa cartera, Alejandro Gaviria, anunció que Colombia tendrá el primer medicamento declarado como de interés público. Se trata del imatinib, un fármaco revolucionario para tratar a los pacientes con leucemia mieloide crónica y otros siete tipos de cáncer. (Lea El medicamento de los $400 mil millones)

“Las negociaciones se rompieron de manera definitiva así que lo que sigue es el paso recomendado por el grupo de expertos: el Gobierno debe hacer la declaratoria de interés público”, aseguró Gaviria. (Lea La histórica pelea que están a punto de ganar los pacientes con leucemia)

Sin embargo, como explicó el Ministro, la declaratoria no se hará con fines de obtener una licencia obligatoria, que permitiría que más laboratorios comercialicen el imatinib, sino que se expedirá para fijar un nuevo precio para este fármaco. Es decir, que luego de que se firme la resolución, el siguiente paso no quedará en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que estará a cargo de la Comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos. Ese organismo será el encargado de determinar un nuevo valor. (También le puede interesar Imatinib, un dilema de 3.200 pacientes)

“Esa medida tendrá consecuencias más inmediatas. Salvo que haya un caso de desabastecimiento se necesitará una licencia obligatoria”, afirmó Gaviria.

Eso indica que Novartis seguirá teniendo la exclusividad para producir el medicamento, que vende bajo el nombre de Glivec, pero deberá acogerse al nuevo valor que fije el Minsalud. Con esa medida, Gaviria evita por un lado que la decisión final quede en manos de la Superindustria, entidad que al parecer se oponía a la inciativa, y por otro lado mantiene la patente de la multinacional, que era uno de los principales reclamos de actores internacionales que en los últimos meses venían presionando al Gobierno colombiano. En repetidas ocasiones aterrizaron, en el escritorio de Gaviria, cartas de funcionarios de Estados Unidos y de Suiza, en las que evidenciaban su disgusto. Según ellos, esa decisión pondría en jaque las relaciones comerciales con Colombia. 

Pero también, en más de una ocasión, esa caretera recibió misivas de académicos, de cogresistas  de EE.UU. y hasta de la Organzación Mundial de la Salud, en las que respaldaban el proceso. (Lea Congresistas de EE.UU. apoyan al Ministerio de Salud colombiano)

El anuncio que hizo el Ministro no cayó muy bien al interior del gremio farmacéutico. Aunque a través de un comunicado, Afidro, la asociación que reúne a los laboratorios, resalta que esa cartera no haya recurrido al mecanismo de licencia obligatoria, deja claro que no está de acuerdo con la medida.

"Esto genera un precedente de inestabilidad (...) Si no hay razones de interés público para expedir una licencia obligatoria, tampoco las hay para aplicarle un nuevo control de precios, ni para ningún otro efecto. La aplicación discrecional de medidas excepcionales, como la que acaba de anunciar el Gobierno, siempre es una mala política pública", se lee en el texto firmado por Gustavo Morales, presidente de Afidro y ex superintendente de Salud. A su parecer, se está sembrando una semilla de incertidumbre en la política de precios vigente.

Otra cosa muy distinta piensan Germán Holguín, director de Misión Salud; Franciso Rossi, director de la Fundación Ifarma; y José Julián López, director del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional (Cimun). Para ellos, que fueron quienes le propusieron hace dos años al Minsalud la declaratoria de interés público, la decisión de Gaviria y su equipo es "un acto de dignidad y soberanía", que merece respeto y admiración. 

"Lamentamos", aseguran por medio de un comunicado, "la arrogancia de la multinacional farmacéutica al pretender que el Estado priorizara los intereses comerciales sobre el bien común, a través de compromisos y amenazas, reales o ficticias, con las que el proceso fue bombardeado con recursos casi inverosímiles, lo que afortunadamente no ocurrió".

 Luego de que se rompieran la nueva negociación que había entablado el Ministerio de Salud con la multinacional Novartis, el jefe de esa cartera, Alejandro Gaviria, anunció que Colombia tendrá el primer medicamento declarado como de interés público. Se trata del imatinib, un fármaco revolucionario para tratar a los pacientes con leucemia mieloide crónica y otros siete tipos de cáncer. (Lea El medicamento de los $400 mil millones)

“Las negociaciones se rompieron de manera definitiva así que lo que sigue es el paso recomendado por el grupo de expertos: el Gobierno debe hacer la declaratoria de interés público”, aseguró Gaviria. (Lea La histórica pelea que están a punto de ganar los pacientes con leucemia)

Sin embargo, como explicó el Ministro, la declaratoria no se hará con fines de obtener una licencia obligatoria, que permitiría que más laboratorios comercialicen el imatinib, sino que se expedirá para fijar un nuevo precio para este fármaco. Es decir, que luego de que se firme la resolución, el siguiente paso no quedará en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que estará a cargo de la Comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos. Ese organismo será el encargado de determinar un nuevo valor. (También le puede interesar Imatinib, un dilema de 3.200 pacientes)

“Esa medida tendrá consecuencias más inmediatas. Salvo que haya un caso de desabastecimiento se necesitará una licencia obligatoria”, afirmó Gaviria.

Eso indica que Novartis seguirá teniendo la exclusividad para producir el medicamento, que vende bajo el nombre de Glivec, pero deberá acogerse al nuevo valor que fije el Minsalud. Con esa medida, Gaviria evita por un lado que la decisión final quede en manos de la Superindustria, entidad que al parecer se oponía a la inciativa, y por otro lado mantiene la patente de la multinacional, que era uno de los principales reclamos de actores internacionales que en los últimos meses venían presionando al Gobierno colombiano. En repetidas ocasiones aterrizaron, en el escritorio de Gaviria, cartas de funcionarios de Estados Unidos y de Suiza, en las que evidenciaban su disgusto. Según ellos, esa decisión pondría en jaque las relaciones comerciales con Colombia. 

Pero también, en más de una ocasión, esa caretera recibió misivas de académicos, de cogresistas  de EE.UU. y hasta de la Organzación Mundial de la Salud, en las que respaldaban el proceso. (Lea Congresistas de EE.UU. apoyan al Ministerio de Salud colombiano)

El anuncio que hizo el Ministro no cayó muy bien al interior del gremio farmacéutico. Aunque a través de un comunicado, Afidro, la asociación que reúne a los laboratorios, resalta que esa cartera no haya recurrido al mecanismo de licencia obligatoria, deja claro que no está de acuerdo con la medida.

"Esto genera un precedente de inestabilidad (...) Si no hay razones de interés público para expedir una licencia obligatoria, tampoco las hay para aplicarle un nuevo control de precios, ni para ningún otro efecto. La aplicación discrecional de medidas excepcionales, como la que acaba de anunciar el Gobierno, siempre es una mala política pública", se lee en el texto firmado por Gustavo Morales, presidente de Afidro y ex superintendente de Salud. A su parecer, se está sembrando una semilla de incertidumbre en la política de precios vigente.

Otra cosa muy distinta piensan Germán Holguín, director de Misión Salud; Franciso Rossi, director de la Fundación Ifarma; y José Julián López, director del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional (Cimun). Para ellos, que fueron quienes le propusieron hace dos años al Minsalud la declaratoria de interés público, la decisión de Gaviria y su equipo es "un acto de dignidad y soberanía", que merece respeto y admiración. 

"Lamentamos", aseguran por medio de un comunicado, "la arrogancia de la multinacional farmacéutica al pretender que el Estado priorizara los intereses comerciales sobre el bien común, a través de compromisos y amenazas, reales o ficticias, con las que el proceso fue bombardeado con recursos casi inverosímiles, lo que afortunadamente no ocurrió".