¿Por qué se apartó a los interventores de las EPS? Supersalud explica su decisión
El nuevo superintendente de Salud defiende la idoneidad de los nuevos interventores nombrados en las EPS y les pide que “hagan un trabajo a la altura de la responsabilidad que se les ha asignado”.
Giovanny Rubiano García asumió como superintendente nacional de Salud el pasado 6 de noviembre y, en menos de un mes, tomó su primera gran decisión: reemplazar a los interventores de las siete EPS bajo control de la Supersalud. Este movimiento se dio en un contexto muy complejo, marcado por las denuncias de un posible direccionamiento de contratos en el sistema por parte del médico y empresario Mario Andrés Urán, además de una crítica situación financiera. Las EPS enfrentan pérdidas multimillonarias, mientras que las tutelas y reclamos en el sistema de salud, incluidas las EPS intervenidas, no dejan de aumentar.
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Giovanny Rubiano García asumió como superintendente nacional de Salud el pasado 6 de noviembre y, en menos de un mes, tomó su primera gran decisión: reemplazar a los interventores de las siete EPS bajo control de la Supersalud. Este movimiento se dio en un contexto muy complejo, marcado por las denuncias de un posible direccionamiento de contratos en el sistema por parte del médico y empresario Mario Andrés Urán, además de una crítica situación financiera. Las EPS enfrentan pérdidas multimillonarias, mientras que las tutelas y reclamos en el sistema de salud, incluidas las EPS intervenidas, no dejan de aumentar.
Rubiano es un médico cirujano que antes de llegar a la Supersalud estaba al frente del Instituto Nacional de Salud. En esta entrevista, que accedió a responder por escrito, reconoce que la investigación sobre el caso Urán fue una de las variables que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión del cambio de interventores, aunque no fue la única. Defiende, además, la idoneidad de las nuevas personas nombradas para liderar las EPS, a pesar de que ninguna de ellas hace parte del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), que funciona como una “bolsa” de profesionales que cumplen con los requisitos legales y técnicos exigidos para asumir estos cargos. “Confiamos en los criterios de selección que tuvo este proceso”, dice.
¿Por qué toma la decisión de cambiar a los 7 interventores de las EPS?
Esta decisión hace parte de una estrategia que contempla siete acciones que acelerarán la transición del servicio de salud, en el que este deje de ser un negocio para unos pocos y sea un derecho respetado para todos los habitantes de Colombia, en condiciones de humanidad, calidad, cobertura y accesibilidad.
En primer lugar, se establecerán indicadores de cumplimiento para todas las etapas del servicio. También se exigirá un manejo adecuado de las reservas técnicas de cada EPS. Se realizarán auditorías permanentes a todas las EPS e IPS intervenidas y se tomarán medidas administrativas enfocadas en mejorar los indicadores de calidad y servicio, las cuales serán evaluadas permanentemente bajo el enfoque de derechos.
Asimismo, se exigirá acceso equitativo a medicamentos y tecnologías de salud, con estricta vigilancia a prestadores del servicio y proveedores. Por último, se coordinará con órganos de control, el Ministerio de Salud y otras entidades para la consolidación del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes de Colombia. Todos debemos entender que la salud es un derecho fundamental, no un negocio; y para que a todos los habitantes de Colombia se les respete este derecho, está la Superintendencia de Salud.
Aprovecho para invitar a todos los usuarios del sistema de salud a utilizar nuestros canales de información página web www.supersalud.gov.co, línea nacional 01 8000 513 700 y redes sociales institucionales, para que a través de ellos puedan informarnos sobre las condiciones de accesibilidad, servicio y calidad que les brindan los actores del sistema de salud.
¿La investigación sobre el caso Mario Urán tuvo que ver en la toma de esta decisión?
Las acciones que se plantean desde la Superintendencia de Salud están basadas en un interés superior que protege el acceso al servicio de salud de forma equitativa y digna para todos los habitantes de Colombia. Este trabajo requiere una mirada global basada en cifras, datos y hechos, en la que los casos puntuales son una de las variables a tener en cuenta, pero no son el único indicador motivador de decisiones. El caso en mención ya está en manos de la Fiscalía General, institución a la que le brindaremos toda la información que requiera.
¿Los resultados de las intervenciones no estaban siendo los esperados?
Los resultados nos indican que es necesario acelerar para proteger el derecho a la salud que tienen todos los habitantes de Colombia. En este sentido, estamos enfocados en cumplir las instrucciones impartidas por el Presidente Petro: que las EPS intervenidas trabajen de manera prioritaria indicadores de eficiencia. Lo que no se mide, no se mejora. Realizar auditorías permanentes orientadas a que las EPS cumplan su objetivo: brindar salud a todos los colombianos. Y hacer cumplir los principios sobre los cuales las EPS deben trabajar, entre ellos: la atención primaria para sus afiliados, y que sea el paciente y no la EPS quien escoja el médico que lo atenderá, ya que es uno de los derechos del paciente.
¿Cuál es el diagnóstico actual que hace la Supersalud de las EPS intervenidas? En especial, de Nueva EPS y de Sanitas
El diagnóstico actual es acelerar para mejorar en calidad, accesibilidad, cobertura, atención humana, saneamiento de las finanzas y servicio, para eso tomamos las medidas mencionadas y vendrán más. Los nuevos agentes interventores deben proveernos un informe detallado del estado actual de las EPS intervenidas, este debe ser entregado en menos de 30 días.
En la resolución de salida de Julio Alberto Rincón de Nueva EPS, el componente financiero es clave. ¿Por qué no se conocen los balances financieros de Nueva EPS en 2024?
Los agentes interventores no hacen parte de la Superintendencia, son auxiliares de la justicia y también deben entregarle información a la Super. El nuevo agente interventor ya está trabajando en el balance para suministrarlo lo más pronto posible.
¿Qué tanto le preocupa la estabilidad financiera de la Nueva EPS?
Es importante tener en cuenta que este gobierno ha asumido con carácter y criterio resolver el descalabro de la salud que tiene origen en gobiernos anteriores. En ese orden de ideas, la estabilidad financiera es fundamental para la prestación del servicio de salud en todas las EPS. Es por esto que se desarrollarán auditorías periódicas, las cuales mostrarán el avance de las acciones implementadas para fortalecerlas o ajustarlas, siempre en función de que todos en Colombia accedan a los servicios de salud en las condiciones que la ley lo ordena.
Ninguno de los nuevos interventores designados está en el RILCO y ninguno ha pasado la prueba de suficiencia. ¿Por qué se apartó del procedimiento ordinario para la designación?
La selección de los agentes interventores se realizó bajo un procedimiento riguroso y exhaustivo de acuerdo con lo establecido en el marco normativo vigente. Esto significó una revisión y confirmación de su experiencia académica y laboral, así como de su compromiso real con la responsabilidad asignada. Los agentes interventores cumplen con altos estándares de idoneidad técnica y capacidad gerencial.
Algunos de los nuevos interventores, como Bernardo Camacho, tienen una larga trayectoria en IPS, pero no en aseguramiento. ¿No era más óptimo buscar esa experiencia en aseguramiento?
En la Superintendencia confiamos plenamente en los criterios de selección que tuvo este proceso para la designación de los nuevos agentes interventores. La definición de “óptimo” está enmarcada en esos criterios y quienes hoy tienen esta responsabilidad los cumplieron a cabalidad.
¿Qué espera de los nuevos interventores? ¿Qué nuevas medidas va a aplicar para corregir el rumbo de las intervenciones?
Entre las responsabilidades de los nuevos agentes interventores están: tener indicadores de cumplimiento y cumplirlos, auditorias exigentes y permanentes y el cuidado de los recursos públicos que sostienen el sistema. Las EPS intervenidas deberán ampliar su red de IPS para la atención y garantizar la libre elección del médico tratante. Además, el acceso a medicamentos y exámenes especializados deben ser equitativos para todos.
Será innegociable la definición de indicadores que nos permitan medir constantemente las estrategias que implementaremos para mejorar la prestación de la salud. Se hará un seguimiento constante; esto nos permitirá conocer de primera mano las acciones que realmente se están implementando. Lo que el país exige es que los agentes interventores hagan un trabajo a la altura de la responsabilidad que se les ha asignado.
La decisión que tomó despertó mucha inquietud en el mundo de la salud. ¿Qué mensaje les envía a los prestadores, pacientes y demás actores del sistema?
La Supersalud tiene como misión velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en salud, a través de la inspección, vigilancia y control de las instituciones del sistema. En este sentido, estamos trabajando para que todas las personas que habitan en Colombia tengan el mejor servicio de salud disponible, con calidad, sin importar su ubicación ni su condición. Mi prioridad, como superintendente, es acelerar la transición del servicio de salud, en el que este deje de ser un negocio para unos pocos y sea un derecho respetado para todos los habitantes de Colombia, en condiciones de humanidad, calidad, cobertura y accesibilidad; así como continuar combatiendo cualquier circunstancia que empañe nuestro trabajo.
Nuevamente, aprovecho para invitar a los habitantes de Colombia a compartir, a través de nuestros canales página web www.supersalud.gov.co, línea nacional 01 8000 513 700, redes sociales institucionales y de las diferentes mesas de trabajo que desarrollamos con la comunidad en cada municipio del país, toda la información sobre la calidad, servicio y accesibilidad que les brindan los prestadores de servicio de salud. Más ojos vigilando, más personas informando fortalecen nuestros procesos de inspección, vigilancia y control para la protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud.
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