Privados quieren traer vacunas contra el coronavirus. ¿Qué tan fácil y pronto pueden hacerlo?

Si todo marcha como lo planea el ministro de Salud, Fernando Ruiz, este 16 de abril será expedida la resolución que aclara cuáles son las reglas para que las empresas privadas se involucren en la vacunación en Colombia. Según dijo hace unos días, tras revisar los más de 300 comentarios que recibieron luego de publicar el borrador de la resolución, mañana, posiblemente, habrá un documento definitivo. (Lea La gran confusión que causó Daniel Quintero sobre los niños en UCI y una supuesta “nueva cepa”)

“Participaron más de 30 gremios y entidades del orden nacional y regional, todos aportando para la consolidación de este proyecto de resolución”, dijo Ruiz.

Pero aunque las expectativas han crecido en los últimos días, también es probable que esa “promesa” no se cumpla. ¿La razón? Desde que empezaron las conversaciones del Gobierno con la empresa privada hay un punto en el que no se logran poner de acuerdo. Mientras el Minsalud insiste en que las compañías que traigan vacunas al país deben responder por los efectos adversos que puedan generar los biológicos, el gremio de los privados está en completo desacuerdo.

Lea: Se abre la puerta para que privados traigan vacunas

“Si vamos a traer las mismas vacunas que está aplicando el Gobierno también nos debería cubrir la póliza que ellos tienen. Son las mismas dosis, la misma marca. Debería ser el Estado el que responda. Si continúan diciendo que no, simplemente no podemos participar”, asegura Ana María Vesga, directora de la Cámara de la Industria Farmacéutica en la Andi.

En el momento del cierre de esta edición, ese punto aún no se había resuelto y todo parece indicar que hará falta una semana más para poder resolver ese asunto. Lo más posible, como supo El Espectador, es que mañana haya una nueva reunión de la mesa de conversación (hay dos, en realidad) que fue creada para estas discusiones.

Por parte del Gobierno está Germán Escobar, jefe de gabinete del Minsalud, y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. La empresa privada, por otro lado, está liderada por Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y Ana María Vesga, así como líderes de varias entidades. Entre ellas, Asocajas, Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo) y la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales.

Pero más allá de los detalles de esta discusión hay varios que deben ser aclarados sobre la posible participación de los privados en la vacunación y que han generado una enorme confusión. El principal tiene que ver con la pregunta clave en este asunto: ¿A quién van a vacunar?

Como cuenta Vesga, que algunas compañías puedan traer vacunas no quiere decir que estarán a la venta en Colombia para que cualquiera pueda comprarlas. La idea, por el contrario, es que ciertas empresas las adquieran en el mercado internacional para administrarlas en dos escenarios: uno, vacunar exclusivamente a sus empleados y su núcleo familiar, o en escenarios donde sus trabajadores pueden estar más expuestos como puertos o aeropuertos. En ese grupo están, por ejemplo, las empresas que tienen operaciones logísticas más complejas y en zonas apartadas como las petroleras y las mineras. El objetivo es que las apliquen de manera gratuita y se hagan responsables de toda la cadena de frío.

El otro interrogante importante es cuántos colombianos podrían vacunar. Los cálculos no son precisos y Vesga prefiere ser prudente, pero cree que esa cifra podría ser de dos a cinco millones de personas. ¿Cuándo sucedería? Eso tampoco se sabe con precisión y depende del ritmo con el que avance la vacunación pública. Lo que sí es claro es que no se pueden involucrar antes de que acabe la Fase 1 del plan trazado por el Gobierno, es decir, que deben esperar a que toda la población priorizada (casi 12 millones de personas) haya recibido sus dosis. Si se cumplen las proyecciones del Minsalud, es posible que eso suceda antes de que termine el primer semestre de 2021.

“De ninguna manera hemos buscado anticiparnos a esa fase. Respetamos el plan de vacunación”, asegura Vesga. “Claro que respetamos el principio de equidad. Lo que queremos es crear otra fila para acelerar la vacunación en el país”, advierte Gustavo Morales, presidente de Acemi.

Pero, además, hay otra duda fundamental sobre la que nadie se arriesga a dar una respuesta precisa. ¿Dónde y a quién van a comprarle las vacunas? Vesga prefiere no dar nombres, pero asegura que sí hay un mercado en el que se pueden adquirir dosis.

“Sabemos que hay una oferta. Es posible que haya inversionistas que tienen cupos de vacunas y las están vendiendo en un mercado secundario”, dice Vesga. ¿Ya conversaron con alguno? “No, estamos esperando que el Gobierno nos autorice a levantar el teléfono. Entonces empezaremos conversaciones y sabremos con precisión qué hay y cuánto vale”. Si existen, seguramente, el precio será mucho más alto del que pueda pagar un gobierno, pero eso ya es caminar en terreno de la especulación.

Pero más allá del tiempo, el precio y los beneficiarios hay otra discusión de fondo en torno a la participación de privados. Como explica Johnattan García Ruiz, investigador de Dejusticia y de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la pregunta clave aquí es ¿por qué no invierten esos recursos para ayudar a acelerar la vacunación pública? “En vez de pagar un precio más alto por las dosis, deberían sumar esfuerzos para que la vacunación sea más rápida para todo el país, no solo para ellos”. “Atacar los determinantes de la vacunación” es como lo llama.

“Los privados han cumplido un papel muy importante desde el inicio del plan de vacunación”, afirma Morales. “Ellos transportan, distribuyen y administran las vacunas. Depende de ellos. El Gobierno no ha hecho la tarea solo”.

Sin embargo, a los ojos de Ruiz, permitir que los empleados de las compañías se vacunen primero no es otra cosa que ganarse un cupo según el poder adquisitivo. “Lo que hay que entender es que todos nos vacunamos pronto, las empresas también ganan: la comunidad, sus clientes y las ciudades donde tienen sus sedes. Es ayudar a que la economía se reactive”.

Detrás de ese escenario hay otro panorama global de inequidad. Como escribió Ruiz, solo el 51 % de los países en desarrollo y el 14 % de los de ingreso bajo han empezado a vacunar. En el mapa de la vacunación hay algunos, como Libia, Nigeria, Zambia o la República Democrática del Congo, que ni siquiera han iniciado, mientras otros, como Canadá, compraron más dosis de las que necesitaban.

Si todo marcha como lo planea el ministro de Salud, Fernando Ruiz, este 16 de abril será expedida la resolución que aclara cuáles son las reglas para que las empresas privadas se involucren en la vacunación en Colombia. Según dijo hace unos días, tras revisar los más de 300 comentarios que recibieron luego de publicar el borrador de la resolución, mañana, posiblemente, habrá un documento definitivo. (Lea La gran confusión que causó Daniel Quintero sobre los niños en UCI y una supuesta “nueva cepa”)

“Participaron más de 30 gremios y entidades del orden nacional y regional, todos aportando para la consolidación de este proyecto de resolución”, dijo Ruiz.

Pero aunque las expectativas han crecido en los últimos días, también es probable que esa “promesa” no se cumpla. ¿La razón? Desde que empezaron las conversaciones del Gobierno con la empresa privada hay un punto en el que no se logran poner de acuerdo. Mientras el Minsalud insiste en que las compañías que traigan vacunas al país deben responder por los efectos adversos que puedan generar los biológicos, el gremio de los privados está en completo desacuerdo.

Lea: Se abre la puerta para que privados traigan vacunas

“Si vamos a traer las mismas vacunas que está aplicando el Gobierno también nos debería cubrir la póliza que ellos tienen. Son las mismas dosis, la misma marca. Debería ser el Estado el que responda. Si continúan diciendo que no, simplemente no podemos participar”, asegura Ana María Vesga, directora de la Cámara de la Industria Farmacéutica en la Andi.

En el momento del cierre de esta edición, ese punto aún no se había resuelto y todo parece indicar que hará falta una semana más para poder resolver ese asunto. Lo más posible, como supo El Espectador, es que mañana haya una nueva reunión de la mesa de conversación (hay dos, en realidad) que fue creada para estas discusiones.

Por parte del Gobierno está Germán Escobar, jefe de gabinete del Minsalud, y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. La empresa privada, por otro lado, está liderada por Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y Ana María Vesga, así como líderes de varias entidades. Entre ellas, Asocajas, Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo) y la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales.

Pero más allá de los detalles de esta discusión hay varios que deben ser aclarados sobre la posible participación de los privados en la vacunación y que han generado una enorme confusión. El principal tiene que ver con la pregunta clave en este asunto: ¿A quién van a vacunar?

Como cuenta Vesga, que algunas compañías puedan traer vacunas no quiere decir que estarán a la venta en Colombia para que cualquiera pueda comprarlas. La idea, por el contrario, es que ciertas empresas las adquieran en el mercado internacional para administrarlas en dos escenarios: uno, vacunar exclusivamente a sus empleados y su núcleo familiar, o en escenarios donde sus trabajadores pueden estar más expuestos como puertos o aeropuertos. En ese grupo están, por ejemplo, las empresas que tienen operaciones logísticas más complejas y en zonas apartadas como las petroleras y las mineras. El objetivo es que las apliquen de manera gratuita y se hagan responsables de toda la cadena de frío.

El otro interrogante importante es cuántos colombianos podrían vacunar. Los cálculos no son precisos y Vesga prefiere ser prudente, pero cree que esa cifra podría ser de dos a cinco millones de personas. ¿Cuándo sucedería? Eso tampoco se sabe con precisión y depende del ritmo con el que avance la vacunación pública. Lo que sí es claro es que no se pueden involucrar antes de que acabe la Fase 1 del plan trazado por el Gobierno, es decir, que deben esperar a que toda la población priorizada (casi 12 millones de personas) haya recibido sus dosis. Si se cumplen las proyecciones del Minsalud, es posible que eso suceda antes de que termine el primer semestre de 2021.

“De ninguna manera hemos buscado anticiparnos a esa fase. Respetamos el plan de vacunación”, asegura Vesga. “Claro que respetamos el principio de equidad. Lo que queremos es crear otra fila para acelerar la vacunación en el país”, advierte Gustavo Morales, presidente de Acemi.

Pero, además, hay otra duda fundamental sobre la que nadie se arriesga a dar una respuesta precisa. ¿Dónde y a quién van a comprarle las vacunas? Vesga prefiere no dar nombres, pero asegura que sí hay un mercado en el que se pueden adquirir dosis.

“Sabemos que hay una oferta. Es posible que haya inversionistas que tienen cupos de vacunas y las están vendiendo en un mercado secundario”, dice Vesga. ¿Ya conversaron con alguno? “No, estamos esperando que el Gobierno nos autorice a levantar el teléfono. Entonces empezaremos conversaciones y sabremos con precisión qué hay y cuánto vale”. Si existen, seguramente, el precio será mucho más alto del que pueda pagar un gobierno, pero eso ya es caminar en terreno de la especulación.

Pero más allá del tiempo, el precio y los beneficiarios hay otra discusión de fondo en torno a la participación de privados. Como explica Johnattan García Ruiz, investigador de Dejusticia y de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la pregunta clave aquí es ¿por qué no invierten esos recursos para ayudar a acelerar la vacunación pública? “En vez de pagar un precio más alto por las dosis, deberían sumar esfuerzos para que la vacunación sea más rápida para todo el país, no solo para ellos”. “Atacar los determinantes de la vacunación” es como lo llama.

“Los privados han cumplido un papel muy importante desde el inicio del plan de vacunación”, afirma Morales. “Ellos transportan, distribuyen y administran las vacunas. Depende de ellos. El Gobierno no ha hecho la tarea solo”.

Sin embargo, a los ojos de Ruiz, permitir que los empleados de las compañías se vacunen primero no es otra cosa que ganarse un cupo según el poder adquisitivo. “Lo que hay que entender es que todos nos vacunamos pronto, las empresas también ganan: la comunidad, sus clientes y las ciudades donde tienen sus sedes. Es ayudar a que la economía se reactive”.

Detrás de ese escenario hay otro panorama global de inequidad. Como escribió Ruiz, solo el 51 % de los países en desarrollo y el 14 % de los de ingreso bajo han empezado a vacunar. En el mapa de la vacunación hay algunos, como Libia, Nigeria, Zambia o la República Democrática del Congo, que ni siquiera han iniciado, mientras otros, como Canadá, compraron más dosis de las que necesitaban.