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La Procuraduría anunció que abrió una indagación previa por el presunto manejo irregular de recursos de las EPS Coosalud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Asmet Salud y Emssanar. Este proceso llega luego de las denuncias sobre el posible direccionamiento de contratos por parte del médico Mario Andrés Urán, quien era asesor de las EPS.
“El posible mal manejo de estos recursos fue denunciado por la Superintendencia de Salud en un informe que, además, reveló que, al parecer, parte de los dineros habrían sido desviados hacia paraísos fiscales”, indicó el ente de control, a través de un comunicado.
Cabe recordar que algunas de las posibles irregularidades identificadas por la Supersalud se refieren, por ejemplo, a la “presunta confabulación liderada por un particular, el señor Urán, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS por parte de las 3 EPS intervenidas, a través de su cargo de asesor en la EPS Coosalud (no intervenida)”.
La Supersalud también denunció la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud, así como el pago a terceros para la ejecución de funciones propias de los agentes interventores generando sobrecostos en la intervención, entre otras.
Aunque la Supersalud no lo menciona, en las últimas semanas también se ha mencionado la posibilidad de que la EPS estuviera enviando dineros de la UPC (el dinero que el Estado le gira a las EPS por cada usuario) a paraísos fiscales. Así lo recordó, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro este miércoles (6 de noviembre) durante la posesión del nuevo Supersalud, Giovanny Rubiano.
“Se ha descubierto que se usaba la EPS Coosalud, para extraer dineros de la Nación, y enviarlos a paraísos fiscales en el exterior. El método se detecta desde el año 2020. Los asesores de esta EPS privada y no intervenida, ofrecían sus servicios a otras EPS e IPS para hacer lo mismo”, escribió el presidente a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Ante esta situación, la Procuraduría indicó que la indagación busca identificar individualizar a los posibles autores de estos hechos. Para esto, se solicitó a la Superintendencia de Salud información sobre la auditoría realizada por este organismo a las entidades cuestionadas, en la cual se evidenciaron las presuntas irregularidades.
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