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La Procuraduría redactó una carta dirigida a Carolina Corcho (ministra de Salud), José Antonio Ocampo (ministro de Hacienda), Jorge Iván González (director del Departamento Nacional de Planeación), Adriana María Robayo (directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS) y a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud en la que llamó la atención sobre estos asuntos:
1. La suficiencia del presupuesto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2022 y las proyecciones realizadas para el 2023. (Lea: Los detalles de LC16m8, la vacuna japonesa que donarán a Colombia)
2. Los traslados forzosos por las liquidaciones de EPS intervenidas.
3. Los efectos del Long-Covid que demandan diversas patologías y mayor frecuencia de uso en los servicios.
4. Déficit por Presupuestos Máximos 2021 y 2022; pese a no estar incluidos en los Planes de Beneficios y ya estar reconocidos por el Gobierno se han pagado.
5. Escasez de medicamentos y dispositivos médicos. (Lea: Algo extraño está pasando con los medicamentos en Colombia)
Al respecto, la entidad solicitó a la Comisión Asesora de Salud que formule recomendaciones sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación de cada Régimen y se formulen recomendaciones sobre el valor por beneficiario de los subsidios a la cotización en salud y los mecanismos para hacer efectivo el subsidio. (Lea: Petro quiere reabrir los mataderos. ¿Qué pasaría con el bolsillo y la salud?)
“Esto con el fin de que se tomen las medidas encaminadas a revisar el valor de la UPC y de los presupuestos máximos en términos de suficiencia, metodología y cálculo, realizando las recomendaciones necesarias a fin de lograr la estabilidad financiera que necesita el Sistema de Salud”, señaló la Procuraduría.
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