Procuraduría pide explicaciones al Supersalud por elección de interventores de EPS
En un documento, la Procuradora Delegada para la Salud le pide al superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, que justifique cuál fue el motivo por el que se apartó del usual procedimiento para elegir a los interventores de las EPS.
La Procuradora Delegada para la Salud, Diana Margarita Ojeda, le envió el 27 de noviembre un requerimiento formal al nuevo superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, pidiéndole que responda una pregunta que muchos se han hecho en el sector: ¿Cuál fue la justificación para seleccionar a los nuevos interventores de las EPS, apartándose del procedimiento establecido en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO)?
Como explicamos hace unos días en estas páginas, quienes quieran ser interventores de una EPS en Colombia tienen que estar inscritos en esa base de datos llamada RILCO. Es una lista de personas a las que se les ha comprobado diversas cualidades, capacidades, experiencias y técnicas. Sin embargo, Rubiano eligió a los siete interventores saltándose el RILCO. Ninguno de los seleccionados, además, estaba en aquella lista.
Los elegidos fueron: Diana Constanza Rodríguez Posso, en Savia Salud EPS; Gloria Libia Polanía Aguillón, en Asmet Salud; Gabriel Enrique Castilla Castillo, en Emssanar EPS; Jorge Arturo Suárez Suárez, en Famisanar; Bernardo Armando Camacho Rodríguez, en Nueva EPS; Kemer Ramírez Cárdenas, en EPS Sanitas, y Gladys Séfora de las Mercedes, en Coosalud EPS.
Por esos motivos, en el documento de cinco páginas, luego de hacer un recuento de la normativa relacionada con la elección de interventores de EPS, Ojeda le pide a Rubiano, “de manera urgente”, que le envíe todos los soportes, los “fundamentos técnicos y jurídicos” y las “evaluaciones” que sustentaron la decisión de apartarse del procedimiento establecido en el RILCO y la Resolución 2599 del 2016 (con sus modificaciones).
Sin embargo, como habíamos explicado en este artículo, la decisión tomada por Rubiano no fue ilegal, como han sugerido algunos medios de comunicación. Durante la Superintendencia de Salud de Fabio Aristizábal (en el gobierno de Iván Duque), se reglamentó la elección de interventores fuera del RILCO como una medida excepcional.
Pero es precisamente ese carácter excepcional sobre el que pregunta la Procuraduría. “Si bien la medida es discrecional, como lo ha manifestado la Superintendencia, no puede ser adoptada de manera indiscriminada o arbitraria, por lo que debe mediar la exposición de motivos de los fundamentos que dieron lugar a ella, incluso los juicios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de su adopción”, le señala la Procuradora Delegada para la Salud al superintendente de Salud.
En otro párrafo le recuerda que “las facultades administrativas al margen de la discrecionalidad no pueden ser absolutas y cuando se usan deben ser lo suficientemente motivadas guardando criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. También le dice que esa medida “no puede ser adoptada de manera indiscriminada o arbitraria”.
Según había dicho Rubiano en respuesta a las críticas de la elección de los nuevos interventores, él lo había consultado con el Comité de Medidas Especiales —que recomienda y asesora—, “y ahí sugirieron apartarme del RILCO”
“Se dispuso las hojas de vida a este comité, pero no hubo una decisión unánime: unos dijeron que estaban de acuerdo, otros dijeron que había que surtir un proceso, y al haber disparidad de criterio, se aplica el derecho normativo de la discrecionalidad del superintendente para decidir. Esperamos con fe y haciendo seguimiento a todos los interventores, que cumplan a cabalidad”, aseguró hace unos días Rubiano, que, ahora, tiene tres días hábiles para responder la solicitud de la Procuraduría.
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La Procuradora Delegada para la Salud, Diana Margarita Ojeda, le envió el 27 de noviembre un requerimiento formal al nuevo superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, pidiéndole que responda una pregunta que muchos se han hecho en el sector: ¿Cuál fue la justificación para seleccionar a los nuevos interventores de las EPS, apartándose del procedimiento establecido en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO)?
Como explicamos hace unos días en estas páginas, quienes quieran ser interventores de una EPS en Colombia tienen que estar inscritos en esa base de datos llamada RILCO. Es una lista de personas a las que se les ha comprobado diversas cualidades, capacidades, experiencias y técnicas. Sin embargo, Rubiano eligió a los siete interventores saltándose el RILCO. Ninguno de los seleccionados, además, estaba en aquella lista.
Los elegidos fueron: Diana Constanza Rodríguez Posso, en Savia Salud EPS; Gloria Libia Polanía Aguillón, en Asmet Salud; Gabriel Enrique Castilla Castillo, en Emssanar EPS; Jorge Arturo Suárez Suárez, en Famisanar; Bernardo Armando Camacho Rodríguez, en Nueva EPS; Kemer Ramírez Cárdenas, en EPS Sanitas, y Gladys Séfora de las Mercedes, en Coosalud EPS.
Por esos motivos, en el documento de cinco páginas, luego de hacer un recuento de la normativa relacionada con la elección de interventores de EPS, Ojeda le pide a Rubiano, “de manera urgente”, que le envíe todos los soportes, los “fundamentos técnicos y jurídicos” y las “evaluaciones” que sustentaron la decisión de apartarse del procedimiento establecido en el RILCO y la Resolución 2599 del 2016 (con sus modificaciones).
Sin embargo, como habíamos explicado en este artículo, la decisión tomada por Rubiano no fue ilegal, como han sugerido algunos medios de comunicación. Durante la Superintendencia de Salud de Fabio Aristizábal (en el gobierno de Iván Duque), se reglamentó la elección de interventores fuera del RILCO como una medida excepcional.
Pero es precisamente ese carácter excepcional sobre el que pregunta la Procuraduría. “Si bien la medida es discrecional, como lo ha manifestado la Superintendencia, no puede ser adoptada de manera indiscriminada o arbitraria, por lo que debe mediar la exposición de motivos de los fundamentos que dieron lugar a ella, incluso los juicios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de su adopción”, le señala la Procuradora Delegada para la Salud al superintendente de Salud.
En otro párrafo le recuerda que “las facultades administrativas al margen de la discrecionalidad no pueden ser absolutas y cuando se usan deben ser lo suficientemente motivadas guardando criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. También le dice que esa medida “no puede ser adoptada de manera indiscriminada o arbitraria”.
Según había dicho Rubiano en respuesta a las críticas de la elección de los nuevos interventores, él lo había consultado con el Comité de Medidas Especiales —que recomienda y asesora—, “y ahí sugirieron apartarme del RILCO”
“Se dispuso las hojas de vida a este comité, pero no hubo una decisión unánime: unos dijeron que estaban de acuerdo, otros dijeron que había que surtir un proceso, y al haber disparidad de criterio, se aplica el derecho normativo de la discrecionalidad del superintendente para decidir. Esperamos con fe y haciendo seguimiento a todos los interventores, que cumplan a cabalidad”, aseguró hace unos días Rubiano, que, ahora, tiene tres días hábiles para responder la solicitud de la Procuraduría.
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