¿Quién es Duver Dicson Vargas, el interventor de Sanitas?
Ya había asumido como interventor en gobiernos anteriores, incluyendo el de Iván Duque. También se ha desempeñado en cargos administrativos de hospitales en San José del Guaviare y Villavicencio.
Ayer la Superintendencia Nacional de Salud intervino administrativamente la EPS Sanitas, que tiene 5.790.578 afiliados. El superintendente, Luis Carlos Leal, aseguró que “la medida se ordena por un año, y está basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.
(Lea: Así reacciona el mundo de la salud en Colombia a la intervención de Sanitas)
La intervención administrativa significa que la Supersalud elegirá un funcionario interventor que reemplazará al gerente de la EPS y asumirá las funciones de dirección. Por ahora, la EPS está prestando sus servicios con normalidad, al igual que la entrega de medicamentos en Audifarma y Cruz Verde.
El interventor asignado es Duver Dicson Vargas, quien ya había asumido como interventor en gobiernos anteriores, incluyendo el de Iván Duque, cuando fue designado como Agente Especial de Intervención del Hospital Regional San Marcos de Sucre, en 2020.
(Lea: Detalles de la resolución con la que la Supersalud ordenó la intervención a Sanitas)
Según la resolución con la que se ordenó la intervención, Vargas deberá implementar medidas para la recuperación financiera de la EPS, así como mejorar el indicador de siniestralidad, gestionar el recaudo efectivo de la cartera radicada y conciliada ante los entes territoriales, la ADRES y demás deudores, y gestionar y realizar la conciliación, depuración y pago de las obligaciones pendientes con la red prestadora.
Y es que en 2023, la EPS tuvo un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, una cifra que según la resolución supera “significativamente el promedio nacional”.
El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmó que “hemos designado un agente interventor que, entre otras cosas, es importante destacar que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperar hospitales públicos que hoy prestan un servicio de calidad a la ciudadanía”.
(Lea: Reforma a la salud, el único tema del orden del día en la Comisión Séptima de Senado)
Antes de asumir su nuevo cargo, y desde 2022, Vargas fue interventor especial del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, Cesar. De hecho, el 14 de abril tendrá que rendir cuentas de su gestión en ese hospital.
Anteriormente, Vargas también se desempeñó en cargos administrativos de hospitales en San José del Guaviare y Villavicencio.
El interventor estará acompañado por una junta conformada por los cinco principales acreedores de Sanitas. En palabras de Leal, “esto nos va a permitir tender una comunicación entre las aseguradoras y los agentes prestadores de la salud con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud”.
Según Leal, las funciones de la EPS van a continuar, por lo que los usuarios “no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”.
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Ayer la Superintendencia Nacional de Salud intervino administrativamente la EPS Sanitas, que tiene 5.790.578 afiliados. El superintendente, Luis Carlos Leal, aseguró que “la medida se ordena por un año, y está basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.
(Lea: Así reacciona el mundo de la salud en Colombia a la intervención de Sanitas)
La intervención administrativa significa que la Supersalud elegirá un funcionario interventor que reemplazará al gerente de la EPS y asumirá las funciones de dirección. Por ahora, la EPS está prestando sus servicios con normalidad, al igual que la entrega de medicamentos en Audifarma y Cruz Verde.
El interventor asignado es Duver Dicson Vargas, quien ya había asumido como interventor en gobiernos anteriores, incluyendo el de Iván Duque, cuando fue designado como Agente Especial de Intervención del Hospital Regional San Marcos de Sucre, en 2020.
(Lea: Detalles de la resolución con la que la Supersalud ordenó la intervención a Sanitas)
Según la resolución con la que se ordenó la intervención, Vargas deberá implementar medidas para la recuperación financiera de la EPS, así como mejorar el indicador de siniestralidad, gestionar el recaudo efectivo de la cartera radicada y conciliada ante los entes territoriales, la ADRES y demás deudores, y gestionar y realizar la conciliación, depuración y pago de las obligaciones pendientes con la red prestadora.
Y es que en 2023, la EPS tuvo un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, una cifra que según la resolución supera “significativamente el promedio nacional”.
El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmó que “hemos designado un agente interventor que, entre otras cosas, es importante destacar que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperar hospitales públicos que hoy prestan un servicio de calidad a la ciudadanía”.
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Antes de asumir su nuevo cargo, y desde 2022, Vargas fue interventor especial del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, Cesar. De hecho, el 14 de abril tendrá que rendir cuentas de su gestión en ese hospital.
Anteriormente, Vargas también se desempeñó en cargos administrativos de hospitales en San José del Guaviare y Villavicencio.
El interventor estará acompañado por una junta conformada por los cinco principales acreedores de Sanitas. En palabras de Leal, “esto nos va a permitir tender una comunicación entre las aseguradoras y los agentes prestadores de la salud con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud”.
Según Leal, las funciones de la EPS van a continuar, por lo que los usuarios “no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático. Durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios”.
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