¿Quiere ir a eventos masivos? Ahora, probablemente, le exigirán haberse vacunado

Es posible que esta semana cambien las condiciones para que una persona pueda asistir a un evento masivo en Colombia. Como lo explicó hace poco el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en los próximos días saldrá una resolución que permitirá exigir el certificado de vacunación. No será en todos los casos, sino en aquellos lugares donde se vayan a realizar eventos con el 100 % del aforo, incluso en espacios cerrados, como teatros, cines o ferias de exposiciones. También, probablemente, en los estadios. La idea es que quienes tengan al menos una dosis puedan ingresar. (Lea: El “mapa” del coronavirus en Colombia: predomina la variante Mu y se expande Delta)

Aunque no dio muchos detalles, Ruiz dio otra pista de una decisión que, de alguna manera, puede cambiar las reglas del juego: “Se va a expedir una circular para que los alcaldes puedan exigir el carné de vacunación en lugares de ocio y esparcimiento de acuerdo con su consideración”.

Su anuncio plantea una discusión que varios países están dando con intensidad: ¿Debería ser o no la vacunación obligatoria? Es un interrogante que ya han resuelto algunos gobiernos, unos de manera más radical, otros con matices.

Arabia Saudita, por ejemplo, exigió a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que se vacunaran para estar físicamente en sus espacios laborales. También a todo aquel que quiera usar el transporte público o desee entrar en una escuela o en un edificio gubernamental.

Algo similar ha sucedido en Italia. Todos los trabajadores deben tener a la mano un certificado de vacunación o de inmunidad, o presentar una prueba negativa de COVID-19 de no más de 48 horas para poder ir a su lugar laboral. No tener el “pasaporte verde”, como lo llaman, puede implicar descuentos salariales. Gimnasios, museos, restaurantes y transporte público son otros de los espacios a los que solo se puede ingresar con ese documento.

Ha habido casos más drásticos. Human Right Watch denunciaba hace unos días que el Gobierno chino estaba utilizando la fuerza policial para obligar a vacunar a sus ciudadanos. A Zhang Jianping, en la ciudad de Hunan, le sujetaron los brazos y las piernas mientras le ponían una dosis.

Pero la obligatoriedad de una vacuna ha despertado muchos disgustos entre quienes no están de acuerdo en que deba ser una exigencia. Luego de que el alcalde de Nueva York anunciara que todos los trabajadores de la salud deberían recibir una dosis antes del 29 de octubre, el pasado lunes el puente de Brooklyn fue cerrado por manifestantes que sostenían carteles con mensajes de oposición. “No vacunación forzada” y “Mi cuerpo es mi elección” se leía en algunos de ellos. (Puede leer: “Cuarto pico de COVID-19 se podría dar en noviembre”: Ministerio de Salud)

En Colombia, por supuesto, en ningún momento el Gobierno se ha planteado tomar esos drásticos caminos. Desde que inició el Plan Nacional de Vacunación fue claro en que aplicarse o no una dosis sería un asunto de autonomía. Sin embargo, su nueva apuesta también plantea interrogantes que ya se han formulado en otras latitudes. ¿Cómo hacer mucho más masiva la vacunación sin transgredir derechos individuales? ¿Cómo proteger los derechos colectivos sin restringir otros y sin que se discrimine a algunas personas? ¿Qué desafíos plantea este tipo de medidas?

Por un lado están los que creen que hacer obligatoria la vacunación no necesariamente compromete el gozo de las libertades individuales. Los voceros de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) escribían en The New York Times que, a sus ojos, exigir la vacunación promueve las libertades individuales y, de hecho, son el mecanismo para proteger a los más vulnerables, como las personas con un sistema inmunológico frágil, o a quienes están mucho más expuestos como personal médico o conductores de transporte público. “Las vacunas ofrecen la promesa de restaurarnos a todos nuestras libertades más básicas”, apuntaban.

Pero tomar una decisión de ese tipo, reconocía la Organización Mundial de la Salud, puede ser contraproducente, especialmente en aquellos grupos que no confían en las vacunas o que tienen creencias erróneas sobre su origen y su efecto en el cuerpo.

El infectólogo y profesor de la Universidad Nacional Carlos Álvarez tampoco cree que la coerción deba ser la ruta indicada. “Confío más en la persuasión y en mostrarles a las personas los grandes beneficios de las vacunas. Tenemos una evidencia muy contundente que muestra que salvan vidas”, dice. El problema, recuerda, es que estamos hablando de una enfermedad infecciosa y eso abre las puertas a hablar de la salud colectiva. “En una enfermedad infecciosa lo que yo hago también puede afectar a los demás; como yo actúe puede poner en riesgo a los que me rodean”, reitera.

En el país, para él, hay otra variable que no deberíamos despreciar: la expansión de la variante delta (aunque aún predomina Mu) y posibilidad de que surjan nuevos linajes. Sin embargo, aclara que cree que medidas como las que sugiere el Minsalud pueden ser riesgosas si se politizan. “Insisto -añade-: lo mejor es la persuasión. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo”. (Le puede interesar: Coronavirus: vacunas reducen en un 90% riesgo de desarrollar la enfermedad grave)

En la otra cara de la moneda hay salubristas a los que no les suena la medida anunciada por Fernando Ruiz. Luis Jorge Hernández, profesor de la maestría en salud pública de la U. de los Andes, es uno de ellos. “Más que exigir obligatoriedad de la vacunación, deberían proponerse estímulos positivos, no negativos como restricciones”, cuenta. Un ejemplo, dice, podría ser dar descuentos a quienes se vacunen o permitirles algunos privilegios como sucede con quienes tienen en su bolsillo el certificado electoral. “La vacunación se basa en tres principios: autonomía, responsabilidad y solidaridad. No vacunarse es una decisión autónoma, pero no responsable ni solidaria”.

Pedir el “carné de vacunación” para entrar a un cine o a un teatro con el 100 % del aforo no es, para Hernández, una decisión eficaz. “Entonces, vamos a poner a personas encargadas de vigilancia, que cumplen un rol esencial, a verificar que todos ingresen con su certificado solo para tener la sensación de ‘seguridad’. Es como pedir la fotocopia de la cédula al 150 %”, añade. “Lo mejor es continuar, por ahora, con un aforo reducido”.

El ministro Ruiz fue claro en explicar que en el fondo el propósito es incentivar a que se vacune un grupo que aún no asiste de la manera masiva que esperaba el Gobierno: los jóvenes. “La vacunación es el objetivo central, no el aforo”, aseguró. (Lea también: Infección más larga por coronavirus la tuvo sobreviviente de cáncer)

Pero para que eso suceda, Johnattan García Ruiz, abogado y máster en salud pública de la U. de Harvard, cree que, primero, hay que entender con más precisión por qué esas personas no se están vacunando: si es un asunto de percepción, de logística o detrás de esas cifras hay razones socioeconómicas que no estamos viendo, lo que podría traducirse en una restricción de derechos y de discriminación. “Si se va a implementar esa medida”, dice, “ojalá nos muestren los datos que la soportan, tengan muy claro si el costo de implementarla justifica sus supuestos beneficios y no vulnere derechos ni el acceso a bienes y servicios”.

Es posible que esta semana cambien las condiciones para que una persona pueda asistir a un evento masivo en Colombia. Como lo explicó hace poco el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en los próximos días saldrá una resolución que permitirá exigir el certificado de vacunación. No será en todos los casos, sino en aquellos lugares donde se vayan a realizar eventos con el 100 % del aforo, incluso en espacios cerrados, como teatros, cines o ferias de exposiciones. También, probablemente, en los estadios. La idea es que quienes tengan al menos una dosis puedan ingresar. (Lea: El “mapa” del coronavirus en Colombia: predomina la variante Mu y se expande Delta)

Aunque no dio muchos detalles, Ruiz dio otra pista de una decisión que, de alguna manera, puede cambiar las reglas del juego: “Se va a expedir una circular para que los alcaldes puedan exigir el carné de vacunación en lugares de ocio y esparcimiento de acuerdo con su consideración”.

Su anuncio plantea una discusión que varios países están dando con intensidad: ¿Debería ser o no la vacunación obligatoria? Es un interrogante que ya han resuelto algunos gobiernos, unos de manera más radical, otros con matices.

Arabia Saudita, por ejemplo, exigió a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que se vacunaran para estar físicamente en sus espacios laborales. También a todo aquel que quiera usar el transporte público o desee entrar en una escuela o en un edificio gubernamental.

Algo similar ha sucedido en Italia. Todos los trabajadores deben tener a la mano un certificado de vacunación o de inmunidad, o presentar una prueba negativa de COVID-19 de no más de 48 horas para poder ir a su lugar laboral. No tener el “pasaporte verde”, como lo llaman, puede implicar descuentos salariales. Gimnasios, museos, restaurantes y transporte público son otros de los espacios a los que solo se puede ingresar con ese documento.

Ha habido casos más drásticos. Human Right Watch denunciaba hace unos días que el Gobierno chino estaba utilizando la fuerza policial para obligar a vacunar a sus ciudadanos. A Zhang Jianping, en la ciudad de Hunan, le sujetaron los brazos y las piernas mientras le ponían una dosis.

Pero la obligatoriedad de una vacuna ha despertado muchos disgustos entre quienes no están de acuerdo en que deba ser una exigencia. Luego de que el alcalde de Nueva York anunciara que todos los trabajadores de la salud deberían recibir una dosis antes del 29 de octubre, el pasado lunes el puente de Brooklyn fue cerrado por manifestantes que sostenían carteles con mensajes de oposición. “No vacunación forzada” y “Mi cuerpo es mi elección” se leía en algunos de ellos. (Puede leer: “Cuarto pico de COVID-19 se podría dar en noviembre”: Ministerio de Salud)

En Colombia, por supuesto, en ningún momento el Gobierno se ha planteado tomar esos drásticos caminos. Desde que inició el Plan Nacional de Vacunación fue claro en que aplicarse o no una dosis sería un asunto de autonomía. Sin embargo, su nueva apuesta también plantea interrogantes que ya se han formulado en otras latitudes. ¿Cómo hacer mucho más masiva la vacunación sin transgredir derechos individuales? ¿Cómo proteger los derechos colectivos sin restringir otros y sin que se discrimine a algunas personas? ¿Qué desafíos plantea este tipo de medidas?

Por un lado están los que creen que hacer obligatoria la vacunación no necesariamente compromete el gozo de las libertades individuales. Los voceros de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) escribían en The New York Times que, a sus ojos, exigir la vacunación promueve las libertades individuales y, de hecho, son el mecanismo para proteger a los más vulnerables, como las personas con un sistema inmunológico frágil, o a quienes están mucho más expuestos como personal médico o conductores de transporte público. “Las vacunas ofrecen la promesa de restaurarnos a todos nuestras libertades más básicas”, apuntaban.

Pero tomar una decisión de ese tipo, reconocía la Organización Mundial de la Salud, puede ser contraproducente, especialmente en aquellos grupos que no confían en las vacunas o que tienen creencias erróneas sobre su origen y su efecto en el cuerpo.

El infectólogo y profesor de la Universidad Nacional Carlos Álvarez tampoco cree que la coerción deba ser la ruta indicada. “Confío más en la persuasión y en mostrarles a las personas los grandes beneficios de las vacunas. Tenemos una evidencia muy contundente que muestra que salvan vidas”, dice. El problema, recuerda, es que estamos hablando de una enfermedad infecciosa y eso abre las puertas a hablar de la salud colectiva. “En una enfermedad infecciosa lo que yo hago también puede afectar a los demás; como yo actúe puede poner en riesgo a los que me rodean”, reitera.

En el país, para él, hay otra variable que no deberíamos despreciar: la expansión de la variante delta (aunque aún predomina Mu) y posibilidad de que surjan nuevos linajes. Sin embargo, aclara que cree que medidas como las que sugiere el Minsalud pueden ser riesgosas si se politizan. “Insisto -añade-: lo mejor es la persuasión. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo”. (Le puede interesar: Coronavirus: vacunas reducen en un 90% riesgo de desarrollar la enfermedad grave)

En la otra cara de la moneda hay salubristas a los que no les suena la medida anunciada por Fernando Ruiz. Luis Jorge Hernández, profesor de la maestría en salud pública de la U. de los Andes, es uno de ellos. “Más que exigir obligatoriedad de la vacunación, deberían proponerse estímulos positivos, no negativos como restricciones”, cuenta. Un ejemplo, dice, podría ser dar descuentos a quienes se vacunen o permitirles algunos privilegios como sucede con quienes tienen en su bolsillo el certificado electoral. “La vacunación se basa en tres principios: autonomía, responsabilidad y solidaridad. No vacunarse es una decisión autónoma, pero no responsable ni solidaria”.

Pedir el “carné de vacunación” para entrar a un cine o a un teatro con el 100 % del aforo no es, para Hernández, una decisión eficaz. “Entonces, vamos a poner a personas encargadas de vigilancia, que cumplen un rol esencial, a verificar que todos ingresen con su certificado solo para tener la sensación de ‘seguridad’. Es como pedir la fotocopia de la cédula al 150 %”, añade. “Lo mejor es continuar, por ahora, con un aforo reducido”.

El ministro Ruiz fue claro en explicar que en el fondo el propósito es incentivar a que se vacune un grupo que aún no asiste de la manera masiva que esperaba el Gobierno: los jóvenes. “La vacunación es el objetivo central, no el aforo”, aseguró. (Lea también: Infección más larga por coronavirus la tuvo sobreviviente de cáncer)

Pero para que eso suceda, Johnattan García Ruiz, abogado y máster en salud pública de la U. de Harvard, cree que, primero, hay que entender con más precisión por qué esas personas no se están vacunando: si es un asunto de percepción, de logística o detrás de esas cifras hay razones socioeconómicas que no estamos viendo, lo que podría traducirse en una restricción de derechos y de discriminación. “Si se va a implementar esa medida”, dice, “ojalá nos muestren los datos que la soportan, tengan muy claro si el costo de implementarla justifica sus supuestos beneficios y no vulnere derechos ni el acceso a bienes y servicios”.